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Modo: Corpus Pro

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. MOMENTO A PARTIR DEL CUAL COMIENZA A CORRER EL PLAZO DE LA PRESCRIPCION DE LAS ACCIONES EN CASO DE CESE O SUSPENSION.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 81/95. · Registro digital (IUS): 3588
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO, CUARTO Y SEXTO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Mayo de 1996, , Pág. 210.

CONTRADICCION DE TESIS 81/95. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO, CUARTO Y SEXTO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO. Tomando en cuenta que el Ministro presidente de esta Segunda Sala puso a consideración de sus integrantes la decisión de cuál tesis de las contendientes debe prevalecer, es evidente que poseen legitimación para denunciar esta contradicción de criterios, porque los artículos 107, fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, establecen que cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sostengan tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, pueden denunciar la contradicción, entre otros, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

TERCERO. I. El juicio de amparo directo 549/89, radicado en el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito tiene como antecedentes, los que a continuación se enuncian:

1). Gerardo Julián Rey Muñoz ocurrió ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, demandando del director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, las prestaciones siguientes: reinstalación, pago de los salarios caídos y reconocimiento y otorgamiento de todas las prestaciones que le correspondieran en las mismas condiciones de trabajo y beneficios respectivos generados durante la tramitación del juicio laboral.

Fundó su demanda en los hechos que en seguida se sintetizan:

2). El actor hasta el veintinueve de octubre de mil novecientos sesenta y dos se desempeñó en la categoría de auxiliar administrativo 3-"D", clave 950000-88760 adscrito a la Coordinación Administrativa de la Subdirección de Servicios Sociales del Instituto demandado.

3). Manifestó que debido al desempeño de sus servicios que calificó de eficiente y esmerado, se hizo acreedor en varias ocasiones al reconocimiento de notas buenas por esmero, eficacia y conducta ejemplar.

4). El ocho de septiembre de mil novecientos ochenta y dos le fue instrumentada acta administrativa por supuestas violaciones al Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo; destacó que no contiene los requisitos exigidos por el artículo 46 bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

5). Como consecuencia de lo anterior, el día dieciocho de octubre de mil novecientos ochenta y dos, el jefe del Departamento de Personal, por oficio le comunicó al trabajador que a partir del veintinueve de octubre de ese mismo año causaría baja en la plaza que ocupaba hasta esa fecha.

6). El titular demandado dio contestación a la precitada demanda y opuso, entre otras, la excepción de prescripción.

7). Seguido el juicio laboral por sus trámites, la Tercera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje dictó laudo definitivo el trece de julio de mil novecientos ochenta y nueve, en el sentido de absolver al titular demandado de todas y cada una de las prestaciones reclamadas, en virtud de que prosperó la excepción de prescripción.

8). Inconforme con dicho laudo, el actor promovió demanda de amparo directo, de la cual correspondió conocer y resolver al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y dictó resolución el dieciocho de octubre de mil novecientos ochenta y nueve, en el sentido de conceder al quejoso la Protección Federal solicitada, con base en las consideraciones que, en lo que interesa, en seguida se reproducen a la letra:

"TERCERO. Es fundado el primer concepto de violación hecho valer. En efecto, de la contestación de demanda producida por el representante legal del director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, se advierte que se opuso la excepción de prescripción en los siguientes términos: `3. Opongo igualmente al actor la excepción de prescripción, toda vez que el actor en el supuesto dado y no concedido que hubiere tenido algún derecho que reclamar a mi mandante, a la fecha de la presentación de su demanda, todos y cada uno de sus derechos se encontraban prescritos; en efecto, basta la simple lectura que se haga del hecho V de la demanda inicial para advertir con toda claridad que el actor dice que le fue comunicada su baja en la plaza que ocupaba el día 18 de octubre de 1982, por tanto, a partir de ese momento empezó a correr el término para que el actor reclamara si tuviera algún derecho en contra de mi representado, y transcurrieron los cuatro meses que señala el artículo 113, fracción II de su inciso a) de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, dispositivo éste que normativamente estatuye que prescriben en cuatro meses las acciones para exigir la reinstalación o indemnización que la ley concede en caso de despido o suspensión injustificada, y es el caso que el actor claramente confiesa haberle sido comunicada su baja el 18 de octubre de 1982, según lo relata en el hecho V de su demanda, por tanto su escrito de demanda debió haberlo presentado ante ese H. tribunal a más tardar el día 17 de febrero de 1983 hasta las 24 horas, pero al haberlo hecho hasta el día 22 de febrero de 1983, según sello de la Oficialía de Partes de ese H. tribunal, claramente operó la prescripción en perjuicio del actor, de donde se aduce la falta de acción y de derecho para reclamar todas y cada una de sus improcedentes reclamaciones.'- La Tercera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, resolvió que procedía dicha excepción de prescripción, aduciendo para ello que el actor reconoció que la baja de que fue objeto le fue comunicada el dieciocho de octubre de mil novecientos ochenta y dos, mediante oficio número 130-4-1/40067, de esa misma fecha, en tanto que su demanda la presentó hasta el veintidós de febrero de mil novecientos ochenta y tres, habiendo transcurrido con exceso el término de cuatro meses a que se refiere el artículo 113, fracción II, inciso a) de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, para que el ahora quejoso pudiera ejercer su acción en contra del Instituto demandado. Ahora bien, este tribunal advierte que el laudo dictado en esos términos resulta violatorio de garantías en perjuicio del ahora quejoso, ya que el cómputo de la prescripción no debió hacerse a partir del 18 de octubre de 1982, fecha en la que según el actor se dio por notificado de la baja dictada en su contra, sino que el mismo debió estimarse desde el veintinueve del referido mes y año, que es cuando se dio de baja en forma efectiva al trabajador, según se advierte del oficio número 130-4/1/40067, fechado el dieciocho de octubre de mil novecientos ochenta y dos (foja 11), ya que una exacta interpretación del artículo 113, fracción II de la ley burocrática, lleva al convencimiento de que la prescripción de la acción de los trabajadores al servicio del Estado, para exigir la reinstalación en su trabajo o la indemnización que la ley concede, empieza a correr desde el momento en que se les suspende en sus funciones y salarios, pues es a partir de entonces cuando la acción se hace exigible; por ende, si el Instituto demandado admite que la fecha en que dejó de prestar sus servicios el actor fue el veintinueve de octubre de mil novecientos ochenta y dos, se advierte que en esa fecha sucedieron los hechos relativos al despido o suspensión de que se trata, y debe de ser punto de partida para cómputo de prescripción, en esas condiciones, a partir de entonces y hasta el veintidós de febrero de mil novecientos ochenta y tres, fecha de la presentación de la demanda laboral, no pudo haber transcurrido el término de cuatro meses previsto por el artículo 113, fracción II, inciso a) de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Similar criterio sostuvo este Cuarto Tribunal Colegiado, al resolver el amparo directo DT-304/89 (2804/89), promovido por Ciro Campuzano Sánchez, en sesión de nueve de agosto de mil novecientos ochenta y nueve. En consecuencia, al resultar violatorio de garantías individuales el laudo reclamado en perjuicio de Gerardo Julián Rey Muñoz, lo procedente es otorgar a éste el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que la responsable, dejando insubsistente dicho fallo, dicte otro en el cual conforme a las anteriores consideraciones, estime no prescritas las acciones ejercitadas por el actor, resolviendo con plenitud de jurisdicción lo que en derecho corresponde frente a las respectivas argumentaciones de las partes y medios probatorios aportados por ellas al conflicto. En virtud de lo anterior, resulta innecesario el estudio de los restantes conceptos de violación que se hacen valer, de acuerdo con la tesis de jurisprudencia número 106, visible en la página 167, Octava Parte, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro: `CONCEPTOS DE VIOLACION. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO.'"

II. Respecto al diverso juicio de amparo directo DT-304/89, promovido por Ciro Campuzano Sánchez, radicado al igual en el Cuarto Tribunal Colegiado de referencia, contiene en esencia, los mismos antecedentes que el anterior, por lo que resulta innecesario reiterarlos.

La ejecutoria de fecha nueve de agosto de mil novecientos ochenta y nueve recaída al mencionado juicio de garantías, a la letra dice:

"CUARTO. Son fundados los conceptos de violación hechos valer, supliendo la deficiencia de la queja, en términos del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, por ser el promovente la parte trabajadora. En efecto, de la contestación de demanda producida por el representante legal del director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, se advierte que se opuso la excepción de prescripción en los siguientes términos: `I. LA EXCEPCION DE PRESCRIPCION, toda vez, y sin conceder, de que al actor le asista acción o derecho para reclamar las prestaciones enumeradas en los incisos a) y b), como principales y las que en forma cautelar menciona con los incisos a), b), c), d), e), f) y g), en el capítulo de reclamaciones de su demanda, la acción para reclamar su reinstalación o la cautelarmente (sic) de indemnización constitucional por despido injustificado, para el momento de la presentación de su demanda el 28 de agosto de mil novecientos ochenta y seis, según sello fechador de ese H. tribunal, se encontraban prescritas, en virtud de que transcurrieron con exceso los cuatro meses a partir del momento en que se dijo notificado del oficio No. R.L. 409/86S/F, del 21 de abril de 1986, en el que se le comunicaba su baja a partir del 30 de abril del presente año de 1986, y que recibió precisamente el día 25 del propio año...'-La Tercera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, resolvió que procedía dicha excepción de prescripción, aduciendo para ello que el actor se dio por notificado de su despido el veinticinco de abril de mil novecientos ochenta y seis, en tanto que su demanda la presentó hasta el veintiocho de agosto de ese mismo año, habiendo transcurrido con exceso el término de cuatro meses a que se refiere el artículo 113, fracción II, inciso a) de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, para que el ahora quejoso pudiera ejercer su acción en contra del Instituto demandado. Ahora bien, este tribunal advierte que el laudo en esos términos resulta violatorio de garantías en perjuicio del ahora quejoso, ya que el cómputo de la prescripción no debió hacerse a partir del veinticinco de abril de mil novecientos ochenta y seis, fecha en la que según el actor se dio por notificado de la baja decretada en su contra, sino que el mismo debió estimarse desde el treinta del referido mes y año, que es hasta cuando se dio de baja en forma efectiva al trabajador, según se advierte del oficio número R.L. 409/86 S/F, fechado el veintiuno de abril de mil novecientos ochenta y seis (foja 56), ya que una exacta interpretación del artículo 113, fracción II de la ley burocrática, lleva al convencimiento de que la prescripción de la acción de los trabajadores al servicio del Estado, para exigir la reinstalación en su trabajo o la indemnización que la ley concede, empieza a correr desde el momento en que se le suspende en sus funciones y salarios, pues es a partir de entonces cuando la acción se hace exigible; por ende, si el Instituto demandado admite que la fecha en que dejó de prestar sus servicios el actor fue el treinta de abril de mil novecientos ochenta y seis, se advierte que en esa fecha sucedieron los hechos relativos al despido o suspensión de que se trata, y debe ser el punto de partida para el cómputo de la prescripción; en esas condiciones, a partir de entonces y hasta el veintiocho de agosto de mil novecientos ochenta y seis, fecha de la presentación de la demanda laboral, no pudo haber transcurrido el término de cuatro meses previsto por el artículo 113, fracción II, inciso a) de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. En consecuencia, al resultar violatorio de garantías individuales el laudo reclamado en perjuicio de Ciro Campuzano Sánchez, lo procedente es otorgar a éste el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que la responsable, dejando insubsistente dicho fallo, dicte otro en el cual conforme a las anteriores consideraciones, estime no prescritas las acciones ejercidas por el actor, resolviendo con plenitud de jurisdicción lo que en derecho corresponde frente a las respectivas argumentaciones de las partes y medios probatorios aportados por ellas al conflicto."

III. Por cuanto atañe al juicio de amparo directo DT-4012/90, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, son de destacar los antecedentes que en seguida se enuncian.

a) María Patricia Ramírez Bárcenas, promovió juicio laboral en contra del titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y delegado estatal de dicho Instituto en Jalisco, demandándoles la nulidad del cese injustificado, su reinstalación y el pago de salarios caídos, entre otras prestaciones.

b) Como hechos sobresalientes para la resolución del presente asunto, la actora manifestó que debido al levantamiento del acta donde se hicieron constar las faltas de asistencia en que incurrió, a partir del quince de junio de mil novecientos ochenta y siete, causaría baja en la plaza de administrativo especializado clave 93-06-41-76509, adscrita a la Subdelegación de Administración en el Estado de Jalisco.

c) El titular demandado opuso la excepción de prescripción, entre otras. La Sala emitió laudo condenatorio a cargo del titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y absolvió de las prestaciones reclamadas al delegado estatal demandado.

d) Inconforme con ese pronunciamiento, el titular demandado promovió juicio de amparo directo que se radicó, por razón de turno, en el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y durante la sesión celebrada el seis de julio de mil novecientos noventa, resolvió conceder al quejoso el amparo solicitado, bajo los argumentos siguientes:

"IV. El primer concepto de violación es fundado en lo esencial. En efecto, la responsable consideró improcedente la excepción de prescripción que hizo valer el titular demandado, debido a que no demostró que se le hubiera notificado la baja a la actora el diez de junio de mil novecientos ochenta y siete. Esta consideración es ilegal porque en audiencia celebrada el veintisiete de junio de mil novecientos ochenta y ocho, por no comparecer la actora se le tuvo por confesa de las posiciones que se calificaron de legales del pliego exhibido por el titular demandado, con fundamento en los artículos 788 y 789 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria. Ahora bien, una de las posiciones que se calificaron de legales fue la dieciséis, que se articuló de la siguiente manera: `Que con fecha 10 de junio de 1987, se le notificó por oficio No. R.L.330/87 de fecha 18 de mayo de 1987 que causaría la baja a partir del 15 de mayo de ese mismo año.' Luego entonces, al tenerla por confesa fictamente de que se le había notificado su cese el diez de junio de mil novecientos ochenta y siete, sin que exista prueba en contrario, tomando en cuenta que conforme a lo dispuesto en el inciso a) de la fracción II del artículo 113 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en caso de despido o suspensión injustificados prescriben en cuatro meses las acciones para exigir la reinstalación en el trabajo o la indemnización que la ley concede, contados a partir del momento en que sea notificado el trabajador del despido o suspensión, si el titular demandado acreditó con esa confesional que notificó el cese a la actora el diez de junio de mil novecientos ochenta y siete, el término de la prescripción empezó a correr a partir de ese día y concluyó el trece de octubre siguiente, en virtud de que los días diez, once y doce de ese mes fueron inhábiles, por lo que al haber presentado su demanda hasta el día quince de ese mes, para entonces ya se encontraba prescrita su acción. Es pertinente precisar que conforme a lo dispuesto en el artículo 113, fracción II, inciso a) de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, las acciones para exigir la reinstalación en el trabajo o la indemnización, prescriben en cuatro meses contados a partir del momento en que sea notificado el trabajador del despido o suspensión, entendiéndose por notificación el hacer saber al trabajador en cualquier forma, ya sea verbal o escrita, el despido o la suspensión, y con independencia de la fecha en que se materialicen uno u otro de estos hechos. En este orden de ideas, resulta innecesario estudiar el otro concepto de violación, pues el analizado hace procedente conceder al titular quejoso la Protección Constitucional que solicita, para el efecto de que la Sala responsable dicte un nuevo laudo en el que considere que se acreditó la excepción de prescripción opuesta a la acción principal y resuelva lo que corresponda al respecto."

IV. En lo concerniente al juicio de amparo directo DT- 1996/91, promovido por Rafael Domínguez García, del índice del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, se desprenden los datos siguientes.

1. El trabajador demandó del secretario de Agricultura y Recursos Hidráulicos, entre otras prestaciones, el pago de la indemnización constitucional.

2. Relató en el capítulo de hechos del libelo reclamatorio que como último puesto desempeñaba el cargo de subjefe del Departamento de Fomento Cooperativo; que por oficio suscrito por el director general de Organización de Productores del órgano demandado le comunicó que a partir del dieciséis de junio de mil novecientos ochenta y cuatro, por sustitución causaba baja en el puesto que en ese tiempo ocupaba; en la inteligencia de que a partir de esa misma fecha sería reincorporado como personal de base, en virtud de que anteriormente al puesto que se menciona tenía asignada una plaza federal de base.

3. El titular demandado hizo valer, entre otras excepciones y defensas, la de prescripción, con fundamento en el artículo 113, fracción II, inciso a) de la ley burocrática, porque como lo afirmó el propio actor, el once de junio de mil novecientos ochenta y cuatro le fue comunicada la reincorporación a su plaza de base y al once de octubre del mismo año, en que presentó su demanda comenzaban a correr cinco meses y que, por ello, transcurrió con exceso el plazo de cuatro meses señalado por el precepto de referencia.

4. La Primera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje pronunció laudo absolutorio respecto a la acción principal ejercitada, al estimar procedente la excepción de prescripción opuesta por la parte contraria y emitió condena en cuanto a la parte proporcional por concepto de aguinaldo.

Las consideraciones torales en que se apoyó el órgano colegiado para negar al quejoso la Protección Federal solicitada, a la letra dicen:

"TERCERO. El quejoso se inconforma esencialmente porque al declarar prescrita la acción, la responsable no tomó en cuenta que en el oficio de once de junio de mil novecientos ochenta y cuatro señala que el trabajador causaría la baja en la secretaría el dieciséis de junio de ese mismo año y que debe estarse a esta última fecha que es cuando se causa la baja y no cuando se notifica la misma. El anterior concepto de violación es infundado por lo siguiente. En el artículo 113, fracción II, inciso a), textualmente señala que prescribe en cuatro meses `En caso de despido o suspensión injustificados, las acciones para exigir la reinstalación en su trabajo o la indemnización que la ley concede, contados a partir del momento en que sea notificado el trabajador, del despido o suspensión.' El actor señaló en su escrito de demanda que por oficio de once de junio de mil novecientos ochenta y cuatro se le comunicó que por sustitución causaría baja con fecha dieciséis de junio de ese año y si la Junta para declarar prescrita la acción tomó en cuenta la primer fecha no viola de ninguna manera las garantías del quejoso, porque el artículo anteriormente transcrito no requiere de interpretación, ya que claramente señala que prescriben en cuatro meses las acciones para exigir la reinstalación o indemnización y que este lapso se cuenta a partir del momento en que sea notificado del despido o suspensión; por tanto, la Sala computó en forma correcta el término de prescripción aludido al señalar que si el actor tuvo conocimiento de que causaría baja el once de junio de mil novecientos ochenta y cuatro, a la fecha en que se presenta la demanda, once de octubre de ese mismo año, transcurrió el término a que se refiere el artículo anteriormente transcrito, pues el once de junio fue día hábil, por ser lunes y los cuatro meses se cumplieron el diez de octubre también hábil porque fue miércoles y si la demanda la presentó el once de octubre es cierto que transcurrieron cuatro meses un día como lo consideró la responsable y por ello no procede conceder el amparo que solicita el quejoso."

Atento a los antecedentes relatados y con el fin de dilucidar si, en el caso, existe la contradicción de criterios denunciada, se advierte previamente, que al pronunciarse los Tribunales Colegiados de que se trata en las ejecutorias detalladas con anterioridad, plasmaron la interpretación del artículo 113, fracción II, inciso a) de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado dirigida a la forma de computar la prescripción de las acciones de los trabajadores al servicio del Estado, en caso de cese o suspensión.

Ahora bien, del análisis comparativo de las cuatro ejecutorias de amparo que intervienen en la presente contradicción, así como de los textos de las tesis respectivas, cuyos contenidos aparecen transcritos a fojas cuatro a seis de este fallo, se desprende claramente la discrepancia de criterios existente por una parte, entre los Tribunales Colegiados Segundo y Sexto frente al Cuarto, todos en Materia de Trabajo del Primer Circuito.

En efecto, mientras que para los Tribunales Colegiados Segundo y Sexto en Materia de Trabajo del Primer Circuito, se presenta uniformidad de criterios, puesto que ambos estiman que conforme a la regla establecida en el artículo 113, fracción II, inciso a) de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, las acciones para exigir la reinstalación en la categoría desempeñada, o bien, la indemnización legal, prescriben en cuatro meses contados a partir del momento en que sea notificado el empleado público del cese, baja o suspensión, es decir, desde el momento en que tuvo conocimiento de cualesquiera de las consecuencias de terminación o interrupción del vínculo laboral. Asimismo y, sin que signifique una discrepancia de criterios, el Segundo Tribunal Colegiado interviniente es más preciso, dado que especifica que esa notificación puede ser verbal o escrita e independiente a la fecha en que se materialice cualesquiera de las formas que terminan o interrumpan el nexo de trabajo.

En cambio, el criterio sustentado por los órganos de control constitucional antes enunciados se torna manifiestamente opuesto con el que establece el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en el sentido de que el momento a partir del cual empieza a correr el plazo para la prescripción de las acciones que puede ejercitar un trabajador al servicio del Estado es aquel cuando realmente ocurre el cese o la suspensión del nexo laboral, involucrando, tanto las funciones desempeñadas, como los salarios, mas no cuando anticipadamente se comunica al empleado público la determinación correspondiente.

Definida la postura de cada uno de los órganos colegiados, es menester precisar los elementos esenciales de la contradicción de criterios, a saber:

a) Al tratar cuestiones jurídicas esencialmente iguales, los Tribunales Colegiados deben adoptar posiciones o criterios jurídicamente discrepantes.

Este requisito se ve colmado, si tomamos en cuenta que respecto a la forma de computar el plazo de la prescripción de las acciones con que cuentan los trabajadores al servicio del Estado, presentado alguno de los supuestos de cese, baja o suspensión; mientras que para los Tribunales Colegiados Segundo y Sexto en Materia de Trabajo del Primer Circuito ello ocurre desde el momento en que el trabajador tiene conocimiento de alguna de las formas de terminación o suspensión de la relación de trabajo burocrático antes enunciadas, es decir, cuando se le notifica. En tanto, el Cuarto Tribunal Colegiado de iguales Materia y Circuito, sostiene que ese hecho acontece cuando se materializa el cese o la suspensión, comprendiendo la función y los salarios, porque a partir de entonces es cuando la acción se hace exigible.

b) En segundo lugar, la diferencia de criterios se manifiesta en las consideraciones, interpretaciones jurídicas o razonamientos plasmados en las ejecutorias respectivas, como se ve a continuación.

Del examen de las dos ejecutorias dictadas por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito se observa que su premisa fundamental la basa en la interpretación del artículo 113, fracción II, inciso a) de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que lo llevó al convencimiento de que la prescripción de la acción de los trabajadores al servicio del Estado, para exigir la reinstalación en su trabajo o la indemnización que la ley les concede, empieza a correr desde el momento en que se les suspende en su funciones y salarios, dado que es a partir de entonces cuando la acción se hace exigible; estimación que condujo al órgano colegiado a conceder al quejoso la Protección Federal solicitada, para el efecto de que la Sala responsable del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje considere que la excepción de prescripción no operó en la especie y resolviera la controversia, conforme a derecho correspondiera.

En contraste con lo anterior, los Tribunales Colegiados Segundo y Sexto en Materia de Trabajo del Primer Circuito, sustentan su criterio en que de acuerdo con el artículo 113, fracción II, inciso a) invocado, las acciones de los empleados públicos para exigir la reinstalación en el trabajo o la indemnización que la ley les concede, prescriben en cuatro meses a partir del momento en que se notifica el cese o la suspensión; aspecto que el Segundo Tribunal Colegiado de referencia explica sus alcances, entendiendo por notificación el hacer saber al trabajador en cualquier forma, ya sea verbal o escrita, el despido o la suspensión y con independencia de la fecha en que se materialice uno u otro de esos hechos, pero sin que esta precisión varíe la identidad sustancial de criterios entre los órganos indicados al inicio de este párrafo y como ya quedó establecido en su oportunidad.

c) Y el tercer requisito se torna satisfecho como sigue:

Los criterios disímbolos surgieron del estudio de los mismos elementos, es decir, de la excepción de prescripción que es de análisis preferente efectuado en primera instancia, en cada juicio por la Sala responsable del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, donde se encontraban tramitándose los juicios laborales instaurados por los trabajadores que ejercitaron en tres de los casos la acción de reinstalación y en otro la de indemnización legal, excepción que fue declarada procedente en unos juicios y en otros no, lo cual dio lugar a que la parte inconforme promoviera juicio de amparo directo en contra del laudo definitivo que afectó su esfera jurídica de intereses, o sea, el empleado público o el titular demandado.

En consecuencia, los Tribunales Colegiados de Circuito participantes en la presente contradicción de tesis, emitieron sus consideraciones, teniendo como denominador común el examen de la excepción de prescripción hecha valer por los titulares demandados en los juicios laborales de origen, pero arribaron a conclusiones jurídicamente discrepantes, basados sustancialmente en la interpretación del artículo 113, fracción II, inciso a) de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

Consecuentemente, evidenciada en la especie, la actualización de los tres elementos enunciados en la jurisprudencia 22/92, publicada en la Gaceta cincuenta y ocho del Semanario Judicial de la Federación, visible en la página veintidós, intitulada: "CONTRADICCION DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA", queda entonces, configurada la contradicción de criterios.

CUARTO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estima que debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia, en lo esencial, el criterio sustentado por los Tribunales Colegiados Segundo y Sexto en Materia de Trabajo del Primer Circuito.

A manera de introducción del tema a tratar, conviene puntualizar algunos datos históricos que desde la Colonia h

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/3588-13a077a6/trabajadores-al-servicio-del-estado-momento-a-partir · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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