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Modo: Corpus Pro

SUSPENSION EN MATERIA DE TRABAJO. EL DINERO QUE EL PATRON ENTREGA AL TRABAJADOR PARA ASEGURAR SU SUBSISTENCIA, CON MOTIVO DE LA SUSPENSION DE LA EJECUCION DEL LAUDO RECLAMADO, FORMA PARTE DE LA CONDENA Y, LLEGADO EL CASO, DEBE DEDUCIRSE DEL PAGO TOTAL.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 64/91. · Registro digital (IUS): 389
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO SEPTIMO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.
Localización: Octava Época. Cuarta Sala. Semanario Judicial de la Federación, Tomo X, Octubre de 1992, , Pág. 185.

CONTRADICCION DE TESIS 64/91. ENTRE EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO SEPTIMO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

TERCERO.- En el presente caso sí existe contradicción de tesis entre los criterios contenidos en las ejecutorias a que se ha hecho alusión con anterioridad, habida cuenta de que los mismos son divergentes al tratar cuestiones jurídicas esencialmente iguales, como se verá enseguida.

De lo relatado en el considerando inmediato anterior se advierte que los incidentes de liquidación tramitados en los juicios laborales de referencia versaron sobre cuestiones idénticas, pues en ambos incidentes las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje determinaron deducir del importe total de las prestaciones a que fueron condenados los demandados a cubrir en favor de los trabajadores actores en los laudos respectivos, las cantidades de dinero que habían recibido éstos por parte de aquéllos, con el fin de garantizar su subsistencia en tanto se resolvían los juicios de amparo directo interpuestos por los demandados en contra de esos laudos.

También se advierte de tal relato que la discrepancia de los criterios sustentados por los mencionados órganos colegiados gira en torno a determinar si es procedente o no esa deducción que efectuaron las Juntas Federales en los incidentes de liquidación, pues mientras que el entonces único Tribunal Colegiado del Octavo Circuito consideró que no era procedente hacer dicha deducción, el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito estimó que sí lo era.

Lo expuesto en los dos párrafos precedentes revela la existencia de la contradicción de tesis que se denuncia, ya que los referidos Tribunales Colegiados, al abordar en sus ejecutorias problemas similares, sostuvieron criterios distintos respecto a ellos.

CUARTO.- Habiendo quedado configurada la repetida contradicción de tesis en los términos antes apuntados, procede determinar el criterio que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, para lo cual es necesario tener en cuenta lo siguiente:

El artículo 174 de la Ley de Amparo, mismo que regula la suspensión de la ejecución de laudos reclamados en amparo directo, a la letra dice: "Tratándose de laudos o de resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales del trabajo, la suspensión se concederá en los casos en que, a juicio del presidente del tribunal respectivo, no se ponga a la parte que obtuvo, si es la obrera, en peligro de no poder subsistir mientras se resuelve el juicio de amparo, en los cuales sólo se suspenderá la ejecución en cuanto exceda de lo necesario para asegurar tal subsistencia. La suspensión surtirá efectos si se otorga caución en los mismos términos del artículo anterior, a menos que se constituya contrafianza por el tercero perjudicado.".

Por su parte, el artículo 173 del citado ordenamiento legal, en lo que aquí interesa, dispone: "Cuando se trate de sentencias definitivas o de resoluciones que pongan fin a juicio, dictadas en juicios del orden civil o administrativo, la suspensión se decretará a instancia del agraviado, si concurren los requisitos que establece el artículo 124, o el artículo 125, en su caso, y surtirá efecto si se otorga caución bastante para responder de los daños y perjuicios que pueda ocasionar a tercero ...".

Finalmente, cabe mencionar que esta Cuarta Sala en reiteradas ocasiones ha estimado que el término considerado como necesario para la tramitación de un juicio de garantías, es de seis meses.

Como puede apreciarse de lo puntualizado con antelación, la suspensión de la ejecución de un laudo que favorezca al trabajador sólo se concederá cuando no se ponga a éste en peligro de no poder subsistir en tanto se resuelve el juicio de amparo; de lo contrario se negará la suspensión hasta por el importe de seis meses de salario, pudiendo concederla por lo que exceda a esa suma de dinero. Asimismo se aprecia que para que surta efectos la suspensión concedida, es indispensable que el peticionario de garantías otorgue caución bastante para responder de los daños y perjuicios que pueda ocasionar a tercero.

Sirven de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 301 y la segunda tesis relacionada con ésta, publicadas en las páginas doscientos sesenta y nueve y doscientos setenta de la Quinta Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, cuyas sinopsis respectivamente son:

"SUSPENSION EN MATERIA DE TRABAJO.- El artículo 174 de la Ley de Amparo establece una facultad discrecional en favor del presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje, para conceder la suspensión de los laudos que se recurren en amparo directo, y la Cuarta Sala de la Suprema Corte ha sustentado el criterio de que la suspensión en materia de trabajo, es improcedente hasta por el importe de seis meses de salarios, por ser éste el término considerado como necesario para la tramitación del juicio de garantías.".

"SUSPENSION EN MATERIA DE TRABAJO, FIANZA EN LA.- De lo dispuesto en los artículos 173 y 174, en relación con el 125, de la Ley de Amparo, se deduce que, en materia laboral, la suspensión de la ejecución del laudo reclamado en el juicio de garantías, surte efectos si el quejoso otorga caución bastante para responder de los daños y perjuicios que con aquella pueda ocasionar a tercero si no obtiene sentencia favorable. Así pues, cuando se trata de la suspensión de la ejecución de un laudo que condena a la parte quejosa, el monto de la caución debe ser bastante para responder, por conceptos de daños, de las prestaciones a que fue condenado y, además, por concepto de perjuicios, de los intereses legales sobre esas prestaciones durante el tiempo probable para la resolución de amparo, que, según lo admite la recurrente, es de un año, pues, de lo contrario, si se fijara una fianza insuficiente daría por resultado que el laudo condenatorio, de no ser violatorio de garantías, posiblemente no tendría ejecución, de haber ejecutado el quejoso actos que trajeran consigo su insolvencia económica.".

Ahora bien, dados los supuestos de que parte esta contradicción de tesis, y en atención a lo precisado en este considerando, es incuestionable que las cantidades de dinero que recibieron los trabajadores actores por parte de los demandados, con el fin de garantizar su subsistencia mientras se resolvían los juicios de garantías interpuestos por éstos en contra de los laudos que los condenaron a cubrir ciertas prestaciones laborales en favor de aquéllos, forman parte del importe total de esas prestaciones, habida cuenta de que dichas cantidades les fueron entregadas a los actores al haberse negado parcialmente la suspensión de la ejecución de los laudos solicitada por los demandados al interponer los referidos juicios de garantías, en términos del artículo 174 de la Ley de Amparo, esto es, al ejecutarse en parte los mencionados laudos; por lo que en esas condiciones las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje estuvieron en lo correcto al deducir, en los incidentes de liquidación que tramitaron en los juicios laborales al negarse el amparo impetrado por los demandados, las cantidades de dinero de que se trata del importe total de las aludidas prestaciones laborales.

En ese orden de ideas, es de concluirse que debe prevalecer el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, ya que este órgano colegiado sostuvo en su sentencia que era procedente deducir del importe total de las prestaciones laborales que debía pagar el demandado a la actora, la cantidad que con anterioridad había recibido ésta con el fin de garantizar su subsistencia en tanto se resolvía el juicio de amparo directo interpuesto por aquél en contra del laudo que lo condenó a cubrir esas prestaciones.

Resulta pertinente señalar que el criterio contenido en la ejecutoria emitida por el entonces único Tribunal Colegiado del Octavo Circuito se aparta de lo antes considerado, como puede apreciarse de su transcripción, dado que este tribunal confunde la caución que se debe otorgar para que surta efectos la suspensión solicitada, con el aseguramiento de la subsistencia del trabajador durante la tramitación del juicio de garantías, figuras distintas que obedecen a propósitos diferentes, según se advierte del criterio sustentado por esta Cuarta Sala en la tesis que puede consultarse en la página setecientos cinco de los Precedentes que no han integrado Jurisprudencia 1969-1986, la cual es del tenor siguiente: "SUSPENSION DEL ACTO RECLAMADO, DEBE OTORGARSE FIANZA CUANDO SE CONCEDA LA, AUN CUANDO SE HAYA ASEGURADO LA SUBSISTENCIA DEL TRABAJADOR.- De acuerdo con lo que dispone el artículo 174 de la Ley de Amparo, los presidentes de las Juntas, al resolver sobre la suspensión del acto reclamado, deben asegurar la subsistencia del trabajador que obtuvo, bien sea negando la suspensión respecto de la condena a la reinstalación, o bien negando dicha suspensión hasta por el importe de seis meses de salarios, que es el término considerado como necesario por esta Cuarta Sala para la tramitación del juicio de garantías. Pero lo anterior no significa que una vez asegurada la subsistencia del trabajador, la suspensión deba concederse sin fianza respecto del resto de la condena, pues el propio precepto establece, en su primer párrafo, que la suspensión surtirá efectos si se otorga caución en los términos del artículo 173, o sea, si se otorga caución bastante para responder de los daños y perjuicios que con la suspensión puedan ocasionarse a tercero.".

Lo razonado hasta aquí, da lugar a la siguiente tesis, que en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, constituye jurisprudencia.

SUSPENSION EN MATERIA DE TRABAJO. EL DINERO QUE EL PATRON ENTREGA AL TRABAJADOR PARA ASEGURAR SU SUBSISTENCIA, CON MOTIVO DE LA SUSPENSION DE LA EJECUCION DEL LAUDO RECLAMADO, FORMA PARTE DE LA CONDENA Y, LLEGADO EL CASO, DEBE DEDUCIRSE DEL PAGO TOTAL.- La cantidad de dinero que el trabajador actor recibe del demandado, con el fin de asegurar su subsistencia mientras se resuelve el juicio de garantías promovido en contra del laudo condenatorio, forma parte de las prestaciones de condena, habida cuenta de que fue entregada al actor al haberse negado parcialmente la suspensión de la ejecución del laudo, en términos del artículo 174 de la Ley de Amparo, esto es, en esa parte se ejecuta el mencionado laudo. En esas condiciones, resulta procedente que si se niega el amparo, en el incidente de liquidación respectivo se deduzca dicha cantidad de dinero del importe total de las mencionadas prestaciones laborales.

Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en el artículo 197-A de la ley de la materia, se resuelve:

UNICO.- Debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, al resolver el amparo en revisión número 207/91.

Notifíquese; remítase la tesis de jurisprudencia aprobada al Pleno y Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a los Tribunales Colegiados de Circuito que no intervinieron en esta contradicción, así como al Semanario Judicial de la Federación y a su Gaceta para su publicación; a su vez, remítanse testimonios de esta resolución a los órganos colegiados de los que derivó dicha contradicción y, en su oportunidad, archívese el toca como asunto concluido.

Así, por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros presidente Carlos García Vázquez, Juan Díaz Romero, Ignacio Magaña Cárdenas y José Antonio Llanos Duarte, lo resolvió la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ausente el Ministro Felipe López Contreras, previo aviso. Fue ponente el Ministro José Antonio Llanos Duarte.

Firman los Ministros presidente y ponente, con la secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/389-d7d7ef7b/suspension-en-materia-de-trabajo-el-dinero-que · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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