COMPARECENCIA. ORDEN DE, PARA SU IMPUGNACION CONSTITUCIONAL DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE LOS RECURSOS ORDINARIOS.
CONTRADICCION DE TESIS NUMERO 14/90. ENTRE EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEPTIMO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Esta Primera Sala es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197- A de la Ley de Amparo y 24, fracción XII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que se trata de una contradicción suscitada entre dos tesis sustentadas por diversos Tribunales Colegiados de Circuito en juicios de amparo respecto de un tema que atañe exclusivamente a la materia penal, como lo es el relativo a si debe agotarse o no el recurso ordinario procedente en contra de una orden de comparecencia dictada por un Juez penal para el efecto de que se rinda declaración preparatoria, antes de acudir al juicio de amparo.
SEGUNDO.-El Segundo Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito, al decidir el amparo en revisión número 352/86, promovido por Francisco Hernández Magdalena, el ocho de octubre de mil novecientos ochenta y seis, por unanimidad de votos, sustentó el criterio cuya síntesis señala:
"COMPARECENCIA. ORDEN DE, PARA SU IMPUGNACION CONSTITUCIONAL DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE EL RECURSO DE REVOCACION.-Como la orden de comparecencia es un acto que no restringe la libertad personal del quejoso, para su impugnación en amparo debe satisfacerse previamente el requisito de definitividad, consistente en agotar el recurso de revocación, de conformidad con el artículo 297 del Código Procesal Penal de Veracruz, pues en caso contrario surte la causa de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, y debe sobreseerse en el juicio en términos de la fracción III del diverso 74 de la propia ley."
La parte conducente del fallo señala:
"...De autos se advierte que el acto reclamado se hizo consistir en la orden de comparecencia dictada por el Juez Mixto Municipal responsable, en los términos del artículo 154 del Código Procesal Penal veracruzano, para el efecto de que el inculpado rindiera su declaración preparatoria, ya que el delito de lesiones que se le imputa resulta ser el previsto por el numeral 114, fracción I, del Código Penal, que no es sancionado con pena corporal sino con la alternativa, y, por ende, tal acto reclamado no se encuentra dentro de los supuestos del diverso 16 constitucional como una restricción de libertad, ya que no da lugar a prisión preventiva y siendo esto verdad, el caso no está previsto por la fracción XII del artículo 107 constitucional, que establece que la violación a las garantías de los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la propia Carta Magna, se reclamará ante el superior del tribunal que la cometa, o ante el Juez de Distrito que corresponda. Así las cosas, y como según ya se dijo, los actos reclamados no restringen la libertad personal del quejoso, éste debió satisfacer el requisito de definitividad, solicitando la revocación de la comparecencia ordenada, de conformidad con el artículo 297 del Código Procesal Penal, y al no haberlo hecho así, tal como ya se anticipó surte la causa de improcedencia prevista por la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en la fracción III del diverso 74 de la propia ley, debe sobreseerse en el presente juicio de garantías revocándose la sentencia en la parte recurrida, con apoyo además en el artículo 91, fracción III del citado ordenamiento. Sirve de sustento a la anterior conclusión el criterio contenido en la tesis publicada en la página novecientos once, Tomo XCIV, de la Quinta Epoca, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: `COMPARECENCIA DE PROCESADOS. No se trata de un acto que tienda a restringir la libertad personal del acusado, si el reclamado es simplemente una orden de comparecencia (de un procesado), que no la afecta, por lo que no se está en el caso de excepción relativa a que no es necesario para interponer el amparo, agotar los recursos ordinarios'."
Por otra parte el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, al resolver el amparo en revisión 90/89, promovido por José Carmen Segura Romero, el tres de abril de mil novecientos ochenta y nueve, por unanimidad de votos sustentó la opinión cuya síntesis jurisprudencial dice:
"ORDEN DE COMPARECENCIA. PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO.- Aunque la orden de comparecencia, por su naturaleza jurídica, no afecta la libertad personal del inculpado, sin embargo dado el sigilo que se guarda en la averiguación respectiva y la circunstancia de que no se le notifica personalmente el libramiento de dicha orden, le impide agotar los medios de defensa ordinarios, en cuya virtud resulta procedente el juicio de amparo bi-instancial".
La parte conducente de la ejecutoria es del tenor literal siguiente:
"...Ahora bien, aun cuando las órdenes de comparecencia no restringen la libertad personal, en virtud de que su objetivo es el de que el indiciado comparezca a rendir su declaración preparatoria ante el Juez de la causa, quien en todo caso sólo decretará auto de sujeción a proceso, el que tiene como único efecto, el de establecer el delito, por el que seguirá el mismo sin embargo, el procedimiento seguido para hacer efectivos tales mandamientos, dado el sigilo que para ello marca la ley, no permite su impugnación por medio de defensa ordinario alguno, ya que al inculpado no se le notifica o se le cita para que acuda ante el órgano jurisdiccional para los efectos señalados, sino que se le hace comparecer, esto es, se le lleva materialmente ante dicho órgano; y por consiguiente, impide toda oportunidad de hacer valer algún recurso ordinario por el que se obtenga la revocación de la orden relativa. Todo lo anterior se desprende de lo dispuesto por los artículos 133 y 138 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de San Luis Potosí, y de lo que el Juez responsable al pie de la cuestionada orden, dispone: `Lo que deberá comunicarse al C. Procurador General de Justicia en el Estado para su ejecución'. En tal virtud, en esos casos no debe agotarse el aludido principio de definitividad, por lo que no se da la causa de improcedencia que refiere el Juez federal, ni tiene aplicación la tesis que invocó al respecto, ya que proviene de un tribunal colegiado de diverso circuito y se refiere a la legislación del Estado de Veracruz".
TERCERO.-Primeramente cabe advertir, del examen de las ejecutorias correspondientes, que sí existe contradicción de criterios pues en una de ellas se sostiene que antes de acudir al juicio de amparo cuando se reclama una orden de comparecencia dictada por un Juez penal, deben agotarse los recursos ordinarios, ya que dicha orden no afecta la libertad personal del inculpado; en cambio, la otra ejecutoria estima que se puede promover el juicio constitucional sin cumplirse previamente con el principio de definitividad, atento que se trata de un acto que se guarda en sigilo y no es notificado personalmente al afectado, circunstancia que le impide agotar los medios de defensa ordinarios.
Esta Primera Sala considera que debe prevalecer el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito.
En efecto, estamos frente a un caso en el cual se procesa a un individuo por la comisión de delitos que no están sancionados con pena corporal, o bien cuyo tipo penal prevé pena alternativa, por lo tanto no hay lugar a prisión preventiva según lo dispone el artículo 18 constitucional en su primera parte, y el hecho de que el Juez de la causa ordene la comparecencia del procesado, obedece exclusivamente a la necesidad procesal de que rinda su declaración preparatoria sin que tenga que ser privado de su libertad pues el delito por el cual fue consignado no es de aquellos que dan lugar a la prisión preventiva como ya ha quedado expuesto.
Conviene citar el texto de los artículos respectivos de los Códigos de Procedimientos Penales de los Estados de Veracruz y de San Luis Potosí, para mayor claridad de esta resolución:
"CODIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE VERACRUZ.- `Artículo 154.-En los casos en que por sancionarse el delito con pena alternativa o distinta a la de prisión no dé lugar a detención, a pedimento del Ministerio Público se librará orden de comparecencia en contra del inculpado para que rinda su preparatoria, siempre que existan elementos que permitan presumir la existencia del delito y la responsabilidad del mismo inculpado'.
CODIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.- `Artículo 133.-En los casos en que el delito esté sancionado con pena no corporal o alternativa, a pedimento del Ministerio Público se librará orden de comparecencia en contra del inculpado para que rinda su preparatoria, cuando haya elementos que permitan presumir la existencia del delito y la responsabilidad del mismo inculpado'."
El principio de definitividad en materia de amparo estudiado por la doctrina, recogido en la legislación y perfeccionado por la jurisprudencia consiste en la obligación de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio de amparo que por naturaleza es un medio extraordinario de defensa.
Así encontramos que respecto de los actos de tribunales dicho principio se encuentra contenido en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo que establece la improcedencia del juicio de garantías en aquellos casos en los cuales el particular promueve el juicio constitucional impugnando un acto emanado de algún tribunal sin haber agotado previamente el recurso que proceda.
Ahora bien, del análisis de los artículos 285 en relación con el 292 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de San Luis Potosí, así como de los artículos 297 en relación con el 303 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Veracruz se desprende que las órdenes de comparecencia libradas para el efecto de que el procesado concurra ante la presencia judicial a fin de que rinda su declaración preparatoria tratándose de delitos que no están sancionados con pena corporal, o bien para los que se prevé pena alternativa, pueden ser recurridas mediante la revocación que es un medio ordinario de defensa dispuesto en esas leyes procesales para que el particular se inconforme y logre, en su caso, la nulificación de dichas órdenes.
En cuanto al argumento de que tales órdenes de comparecencia se guardan en sigilo de tal suerte que al no ser notificadas impiden que su destinatario se defienda en contra de ellas, simplemente es una apreciación subjetiva ya que de conformidad con la técnica procesal la comparecencia del inculpado se ordena con la debida anticipación y se le hace saber para que en la fecha y hora señaladas acuda ante el Juez de la causa a rendir su declaración preparatoria y solamente en caso de no ser obedecidas se ordenará a la policía judicial que por medio de la fuerza, si es necesario, haga acatar la determinación del Juez penal.
En las relacionadas condiciones no puede afirmarse que las órdenes de comparecencia a las que se refieren las ejecutorias de los Tribunales Colegiados sean actos que sea necesaria e inexorablemente afecten la libertad de los gobernados.
Por otra parte el principio de definitividad sólo puede eximirse en su cumplimiento cuando expresamente la Constitución o la Ley de Amparo así lo permiten, y si bien es cierto que tratándose de actos que necesariamente concluirán con la privación de la libertad de los particulares como la orden de aprehensión, la jurisprudencia ha permitido que proceda de inmediato el juicio de garantías sin el previo agotamiento de los recursos ordinarios, el asunto que hoy nos ocupa es diferente ya que se trata precisamente de casos en los cuales no opera la prisión preventiva por lo cual lo único que se pretende es atender a una diligencia fundamental del procedimiento penal como lo es la declaración preparatoria, garantizándose que el procesado no será afectado en su libertad dada la penalidad del delito que se le atribuye.
En consecuencia debe prevalecer la opinión jurisprudencial del Segundo Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito que en síntesis significa, que en todos aquellos casos en los cuales la ley procesal penal permite la procedencia de algún medio de defensa ordinario en contra de las órdenes de comparecencia dictadas por los jueces penales para el efecto de que el procesado acuda a rendir su declaración preparatoria tratándose de delitos que estén sancionados con pena no corporal o alternativa, deberá cumplirse con el principio de definitividad antes de intentar el juicio de amparo, pues de lo contrario el mismo será improcedente de conformidad con lo que establece el artículo 73, fracción XIII de la ley de la materia, elevándose al grado de jurisprudencia obligatoria en los términos de lo dispuesto por el artículo 192 párrafo final de la propia ley.
No es obstáculo para la conclusión a la que se ha llegado, el hecho de que esta Primera Sala sostenga que procede el amparo contra el auto de sujeción a proceso sin agotarse los recursos ordinarios previamente, pues este caso es distinto.
En efecto, aquí se trata solamente de una orden del Juez para que se comparezca a rendir la declaración preparatoria con el fin de determinar la situación jurídica del indiciado, pudiéndose, en el término constitucional de setenta y dos horas, dictar un auto de libertad por falta de elementos para procesar (caso en el cual el particular se vería relevado de cualquier molestia en su persona); o bien, un auto de sujeción a proceso, contra el que desde luego podría promoverse el juicio constitucional en los términos que esta Sala ha sustentado, pues en este último supuesto, el procesado quedaría vinculado ya de manera constante a las determinaciones que se tomarán por el Juez durante el proceso contra su persona, situación jurídica y de hecho, diversa a la planteada en el presente asunto.
Por lo expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO.-Con eficacia de jurisprudencia debe prevalecer el criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito.
SEGUNDO.-Publíquese íntegramente en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación y remítase testimonio de esta resolución a las Salas de la Suprema Corte de Justicia, a todos los Tribunales Colegiados de la Nación, a la Coordinación General de Compilación y Sistematización de Tesis de este Alto Tribunal, y, en su oportunidad, archívese el expediente.
Notifíquese y cúmplase.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/275-c5ce46d5/comparecencia-orden-de-para-su-impugnacion-constitucional-deben · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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