SUSPENSION TEMPORAL DE LA RELACION LABORAL POR PRISION PREVENTIVA DEL TRABAJADOR.
CONTRADICCION DE TESIS 42/90. ENTRE EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO SEPTIMO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO.- El Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito al resolver el amparo 193/88, promovido por Jesús Sarabia Luna sustentó el criterio que a continuación se transcribe:
"QUINTO.- Son parcialmente fundados los conceptos de violación. En primer lugar y por razón de método, este Tribunal Colegiado analizará la violación formal expuesta por el quejoso, misma que la hace consistir en que la responsable omitió analizar y valorar las pruebas que ofreció. Los conceptos relativos son infundados por las siguientes razones: Si bien es cierto que la responsable no hizo mención, en forma pormenorizada, de las pruebas del actor natural, también lo es que (como lo señala en el considerando segundo del acto reclamado) esto fue en razón de que los demandados no comparecieron al juicio y se les tuvo por contestada la demanda en sentido afirmativo. Es decir, si la parte demandada no opuso excepciones, ni ofreció pruebas, debe estimarse que los hechos afirmados por el actor en su demanda, fueron aceptados y por tanto no existen hechos controvertidos susceptibles de prueba. De ahí que resultara innecesario que la Junta analizara y valorizara las pruebas ofrecidas por el trabajador, pues, como ya se dijo, los hechos relativos fueron afirmados fíctamente por los patrones. Claro está que lo anterior no impidió a la responsable analizar, previamente a la demostración de la acción, la procedencia de la misma, ya que esto último es un presupuesto procesal. Sin embargo, como se verá a continuación, los razonamientos expuestos por la Junta del conocimiento para considerar improcedente la acción ejercitada, son infundados por lo que respecta a la indemnización constitucional y salarios caídos. En efecto, la responsable estima que la acción intentada por el actor por despido injustificado es improcedente en virtud de que de conformidad con los artículos 42 fracción III y 45 fracción II de la Ley Federal del Trabajo, debió acreditar que su libertad la obtuvo por sentencia absolutoria y que al regresar a su trabajo, dentro de los quince días siguientes a la terminación de la causa de la suspensión temporal de la relación laboral, el mismo le había sido negado. El anterior razonamiento es inexacto y para tal efecto es necesario transcribir el contenido de los artículos 42 fracción III y 45 fracción II de la ley invocada que a la letra dice: '... 42. Son causas de suspensión temporal de las obligaciones de prestar el servicio y pagar el salario, sin responsabilidad para el trabajador y el patrón: III.- La prisión preventiva del trabajador seguida de sentencia absolutoria. Si el trabajador obró en defensa de la persona o de los intereses del patrón, tendrá éste la obligación de pagar los salarios que hubiese dejado de percibir aquél. 45. El trabajador deberá regresar a su trabajo: II.- En los casos de las fracciones II, V y VI del artículo 42, dentro de los quince días siguientes a la terminación de la causa de la suspensión ...'. De la interpretación a los preceptos en comento se concluye que la suspensión temporal de la relación laboral, sólo opera durante el tiempo en que el trabajador se encuentre detenido con motivo de una prisión preventiva y por ende imposibilitado para desempeñar su función, concluyendo dicha suspensión en el momento en que éste recupere su libertad y se presente ante el patrón a solicitar su puesto dentro del término de ley y no hasta que exista una sentencia absolutoria, pues pensar de esta última forma provocaría que el trabajador, no obstante encontrarse libre, no pudiera ejercitar una labor que le permitiera obtener un salario que es su medio de subsistencia. Cabe recalcar que de acuerdo con los artículos 42 fracción III y 45 fracción II de la Ley Federal del Trabajo, la suspensión temporal de la relación laboral sólo opera durante el tiempo en que el trabajador se encuentra detenido en forma preventiva y no hasta el momento en que se acredite una sentencia absolutoria como equivocadamente lo sostiene la responsable, por los motivos ya expuestos. Las consideraciones anteriores se corroboran por el contenido del artículo 47, fracción XIV de la misma ley, que establece como causas de rescisión de la relación laboral, sin responsabilidad para el patrón la sentencia ejecutoriada que imponga al trabajador una pena de prisión que le impida el cumplimiento de la relación de trabajo . Es decir, si el trabajador no se encuentra detenido, aunque se le esté siguiendo un proceso, la relación de trabajo continúa vigente, no se suspende y el proceso sólo podrá ser causa de rescisión, sin responsabilidad para el patrón, si en el mismo se le impone una sentencia condenatoria privativa de libertad, que le impida cumplir con sus labores. Por lo tanto, si es un hecho no controvertido que el doce de mayo de mil novecientos ochenta y siete, Jesús Sarabia Luna intentó regresar a su trabajo, debe considerarse que en esa fecha ya no estaba suspendida la relación laboral, pues aquél ya se encontraba libre; sin que sea óbice para lo anterior el que no esté demostrada la existencia de una sentencia absolutoria o que el regreso se haya o no realizado dentro de los quince días siguientes a la terminación de la causa de suspensión, pues en todo caso tales extremos correspondía demostrarlos al patrón, pues en los términos de la jurisprudencia número 76, visible a fojas 71 de la quinta parte del último apéndice al Semanario Judicial de la Federación y cuyo rubro es DESPIDO DEL TRABAJADOR. CARGA DE LA PRUEBA , es a dicho patrón a quien corresponde probar la justificación del despido. De ahí que la acción ejercitada por el actor natural, sí sea procedente. Cabe precisar que lo narrado no impediría al patrón en caso de existir, con posterioridad, una sentencia ejecutoriada que impusiera al trabajador una pena de prisión, que trajera como consecuencia la reclusión del mismo, el rescindir la relación laboral en términos de la fracción XIV del artículo 47 de la ley laboral; pero esto sólo sería hasta el momento en que existiera ese hecho jurigénico y que en nada impediría que, mientras sucede, se reanudara una relación de trabajo suspendida con motivo de una prisión preventiva al cesar los efectos de ésta. En consecuencia, si la parte patronal aceptó fíctamente los hechos afirmados por el trabajador en su demanda (según se asienta en el considerando segundo del laudo a debate) y entre ellos el relativo a que el doce de mayo de mil novecientos ochenta y siete, le negó la fuente de trabajo (situación que se corrobora con el resultado de las confesionales fictas de acuerdo al acta que corre agregada a fojas 19 del expediente laboral), es claro que el despido injustificado se configuró y por lo mismo la condena al pago de la indemnización constitucional y salarios caídos era procedente, pero al no resolverlo así la responsable violó en perjuicio del quejoso la garantía de legalidad prevista por el artículo 16 constitucional. Por lo que toca a las demás prestaciones, los conceptos de violación a estudio son infundados por los siguientes motivos: De la lectura de los capítulos IV, V y VIII del título tercero, así como del artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo, se desprende que las vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, reparto de utilidades y prima de antigüedad, son prestaciones que se cubren en razón al tiempo de duración de la relación laboral, mientras ésta persista. Por tanto, si el trabajador en su demanda laboral acepta que fue detenido con motivo de un proceso de carácter penal, derivado de un accidente automovilístico, sin precisar la fecha en que se inició tal detención, debe concluirse que efectivamente, la responsable se encontraba imposibilitada para cuantificar la condena respecto a las prestaciones descritas, pues al estar éstas en relación directa con el tiempo que dura la relación laboral y al no haberse precisado la fecha en que se inició la suspensión de ésta, claro que no contaba con los elementos suficientes para determinar en cantidad líquida el monto de tales prestaciones y en este sentido, la parte relativa del laudo reclamado se ajusta a derecho, sin que por este punto, a juicio de este cuerpo colegiado, exista motivo para suplir la deficiencia de la queja. De acuerdo a lo anotado, procede que se otorgue el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados por Jesús Sarabia Luna, para el solo efecto de que la responsable deje insubsistente el laudo reclamado y emita otro en el que condene a los demandados al pago de la indemnización constitucional y salarios caídos, tomando como base para cuantificar estos últimos, la fecha en que el actor natural pretendió regresar a sus labores, es decir, el doce de mayo de mil novecientos ochenta y siete; dejando intocado lo relativo a las demás prestaciones reclamadas."
Las anteriores consideraciones dieron lugar a la siguiente tesis:
"SUSPENSION DE LA RELACION LABORAL POR PRISION PREVENTIVA DEL TRABAJADOR. TERMINA CUANDO OBTIENE SU LIBERTAD.- De la interpretación de los artículos 42, fracción III, y 45, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, se concluye que la suspensión temporal de la relación laboral sólo opera el tiempo en que el trabajador se encuentre detenido con motivo de una prisión preventiva y, por ende, imposibilitado para desempeñar su función, concluyendo dicha suspensión en el momento en que éste recupere su libertad y se presente ante el patrón a solicitar su puesto dentro del término de ley, no hasta que exista una sentencia absolutoria, pues pensar en esta última forma provocaría que el trabajador, no obstante encontrarse libre, no pudiera ejercitar una labor que le permitiera obtener un salario que es su medio de subsistencia. Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito (TC063027 LAB). Amparo directo 193/88. Jesús Sarabia Luna. 16 de junio de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Jaime Manuel Marroquín Zaleta. Secretario: José de Jesús Echegaray Cabrera."
"TERCERO.- El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito al resolver los amparos números 183/88 y 800/88, promovidos por Farmacia Farmax, Sociedad Anónima de Capital Variable, en el primero sostuvo en la parte que interesa lo siguiente: TERCERO.- Son parcialmente fundados los conceptos de violación. En efecto, de las constancias que existen en el juicio laboral número A 592/84, aparece que Tomás Lerma Espinoza demandó a Farmacia Plaza, Sociedad Anónima y/o Farmacias Farmax, Sociedad Anónima de Capital Variable, reclamándoles el pago de algunas prestaciones de carácter laboral; aduciendo que con fecha ocho de julio de mil novecientos setenta y nueve, inició su relación con la demandada desempeñando en últimas fechas el puesto de cajero; que el día quince de mayo de mil novecientos ochenta y cuatro, fue detenido por elementos de la Policía Judicial en donde se le informó que Farmacia Plaza, Sociedad Anónima, había presentado una denuncia de robo en su contra, habiéndosele dictado auto de formal prisión por el Juez Primero de lo Penal; que en virtud de que no le fue concedido el beneficio de la libertad caucional permaneció detenido hasta el día once de julio de mil novecientos ochenta y cuatro, en que se revocó la resolución del Juez de Primera Instancia por parte del Magistrado de la Segunda Sala Penal, motivo por el cual quedó en libertad bajo fianza; que el día trece de julio del citado año se presentó a trabajar a Farmacia Plaza, Sociedad Anónima, donde la señorita Martha Arzate, gerente de dicha empresa le notificó que por instrucciones de sus directivos provenientes de la ciudad de México, Distrito Federal, no era posible aceptarlo a trabajar, ya que estaba despedido, pues para la empresa era culpable del delito de robo. Que la demandada al producir su contestación de demanda (fojas 51 a 56), manifestó que el actor carece de acción y derecho para demandar las prestaciones a que alude en su demanda, toda vez que no fue despedido de su trabajo sino que la realidad de los hechos fue que la señorita Martha Arzate, en la fecha que indica en su demanda y en presencia de varias personas, le manifestó que la relación de trabajo se encontraba suspendida hasta en tanto se dicte sentencia definitiva en el proceso penal que se sigue en su contra; por ende, en la especie no puede hablarse del despido injustificado a que alude el actor en su escrito inicial. Que con fecha nueve de diciembre de mil novecientos ochenta y siete, la Junta ahora responsable dictó el laudo correspondiente en el que consideró y resolvió en la forma siguiente: '... si bien es cierto como afirma la demandada el artículo 43 fracción II de la Ley Federal del Trabajo establece que la suspensión de la relación de trabajo surte sus efectos desde el momento en que el trabajador acredita estar detenido a disposición de la autoridad judicial o administrativa hasta la fecha en que cause ejecutoria la sentencia que lo absuelva o termine el arresto; sin embargo también es cierto que el artículo 44 fracción II establece que el trabajador deberá regresar a su trabajo dentro de los quince días siguientes a la terminación de la causa de la suspensión y el presente caso a juicio de este tribunal y según el espíritu de la Ley Federal del Trabajo la causa de la suspensión radica precisamente en la imposibilidad física o material del trabajador para presentarse a desempeñar su trabajo, ya sea por enfermedad de cualquier tipo o bien por estar arrestado o detenido o que en su caso cualquier otra situación eventual o fortuita le impida material o físicamente presentarse a desempeñar sus labores, por lo que en el presente caso el actor debió haber sido admitido a desempeñar sus labores y una vez que existiera sentencia ejecutoriada seguir normalmente la relación de trabajo en caso de que dicha sentencia fuera absolutoria o rescindir el contrato de trabajo en caso de que la sentencia fuera condenatoria en los términos del artículo 47 fracción XIV de la Ley Federal del Trabajo, ya que inclusive en este último caso la misma Ley Federal del Trabajo establece la limitación de que la sentencia ejecutoriada que imponga al trabajador una pena de prisión es motivo de rescisión, pero siempre y cuando ésta le impida el cumplimiento de la relación de trabajo, lo que implica que aun en el supuesto de que el actor o un trabajador en general es sentenciado a una pena de prisión y obtiene una condena condicional y por tanto goza de libertad puede presentarse a sus labores porque material y físicamente cesó el impedimento que había para la continuación de la relación de trabajo, por otra parte aplicar el criterio de la parte demandada implicaría afirmar que inclusive en el caso en que un trabajador que obró en defensa de los intereses del patrón que queda sujeto a proceso y obtiene su libertad bajo caución, no puede presentarse a laborar hasta que no se dicte sentencia que cause ejecutoria, lo cual es un absurdo, ya que se privaría los derechos del trabajador que la propia Constitución establece de desempeñar su trabajo y en consecuencia la de percibir su salario, por lo que a juicio de este tribunal la ejecutoria que hace valer la parte demandada en su escrito de contestación de demanda no es aplicable, ya que se está hablando inclusive de rescisión y obviamente que tal rescisión debe ejercitarse por la demandada al darse cuenta de los hechos constitutivos de la misma hasta en un término de treinta días, por lo que si el trabajador ya no está prestando servicios es absurdo que rescinda, ya que la rescisión implica necesariamente una cesación inmediata de la relación de trabajo, por las razones anteriormente expuestas se considera que el actor fue despedido en forma injustificada de sus labores y por tanto procede condenarse a la demandada Farmacia Farmax, S. A. de C. V., antes Farmacia Plaza, S. A., a pagar al actor con un salario de $21,576.00 o sea de $719.20 diarios que fue el que se reconoció fíctamente por el actor en su confesional, las prestaciones consistentes en tres meses de indemnización constitucional, prima de antigüedad y los salarios caídos, debiendo absolverse a la demandada del pago de los veinte días por año que le reclama el actor, toda vez que dicha prestación es legalmente improcedente en los casos que se ejercita la acción de despido injustificado optando por la indemnización. Ahora bien, la parte quejosa alega en su primer concepto de violación que la autoridad responsable hizo una interpretación incorrecta de los artículos 42 fracción III y 43 fracción II, de la Ley Federal del Trabajo al considerar que la prisión preventiva del trabajador, sólo es causa de suspensión de los efectos de la relación de trabajo, cuando física o materialmente ésta le impida continuar laborando, no obstante que contrario a tal consideración dice la quejosa, lo que origina la causa suspensional es que como el trabajador está sujeto a un proceso y se ignora si éste es culpable o no de los hechos delictivos que se le imputan, aunque se encuentre en libertad bajo fianza, no tiene derecho a continuar laborando, ya que subsiste la presunción de culpabilidad hasta en tanto se dicte la sentencia definitiva. Es fundada la anterior inconformidad, porque efectivamente cuando el trabajador está sujeto a prisión preventiva por la supuesta comisión de un delito, es evidente que se actualiza la causa de suspensión de los efectos de la relación obrero patronal a que se refiere la fracción III del artículo 42 de la Ley Federal del Trabajo; y por tanto no es correcto lo expresado por la autoridad responsable en el laudo reclamado en el sentido de que al concedérsele al actor aquí tercero perjudicado su libertad bajo fianza, tuviera derecho a presentarse a laborar como lo hizo el trece de julio del citado año, supuestamente porque la causa suspensional había cesado, por desaparecer la imposibilidad física del trabajador para prestar el servicio; pues contrario a ello, la causa de suspensión a que se refiere el artículo 42 fracción III de la ley laboral, se actualiza desde el momento en que el trabajador es privado de su libertad, hasta que cause estado la sentencia absolutoria que llegare a dictarse, y por ende, aunque haya obtenido el trabajador su libertad bajo fianza, en el respectivo proceso, no cesa la citada suspensión de la relación laboral, sobre todo cuando la empresa es el sujeto pasivo del delito por el que se procesó al trabajador. Es aplicable en lo conducente la tesis de la Cuarta Sala, visible en la página 717 en el libro Precedentes que no constituyen Jurisprudencia, compilación 1969-1986, cuyo rubro y contenido son los siguientes: 'SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO LABORAL, POR PRISION PREVENTIVA DEL TRABAJADOR.- Tratándose de la suspensión de la relación laboral por prisión preventiva del trabajador por la supuesta comisión de un acto delictuoso, el trabajador no tiene por qué presentarse a desempeñar sus labores a partir de la fecha en que sea dejado en libertad bajo fianza, y la rescisión que ejercite en su contra la empresa, apoyándose en la falta de asistencia que se hace referencia, es contraria a lo dispuesto por los artículos 42 fracción III y 43 fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, porque desde el momento en que el trabajador es privado de su libertad, opera la suspensión de su contrato de trabajo por encontrarse sujeto a proceso mientras no cesa la causa que motivó esa suspensión, y el contrato vuelve a producir todos sus efectos, por lo que no es posible jurídicamente rescindirlo, máxime cuando es la empresa quien denuncia los actos delictuosos'. No es obstáculo a lo anterior, lo que también expresa la Junta en el laudo reclamado en el sentido de que si un trabajador obró en defensa de los intereses del patrón, resultaría absurdo que se le privara de sus derechos de trabajador como el de percibir su salario; toda vez que, amén de que no se trata del caso que nos ocupa, la misma ley en su artículo 42 fracción III, impone al patrón la obligación de pagarle al actor los salarios que éste dejará de percibir, en un caso como ese. Así pues debido a que la Junta del trabajo condenó a la hoy quejosa a pagar las prestaciones que le reclamaron basándose en razonamientos que este tribunal ha considerado incorrectos de acuerdo a las anteriores argumentaciones, lo que procede es conceder el amparo y protección federal a la empresa Farmax, S. A. de C. V., para el efecto de que se deje insubsistente el laudo reclamado y en su lugar se dicte otro ciñéndose a lo aquí expuesto, resultando innecesario abordar los demás conceptos de violación, debido a que éstos se refieren al mismo punto de derecho ya examinado."
En el siguiente juicio o sea el identificado con el número 800/88, se sostuvo lo siguiente: "TERCERO.- Previamente al examen de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, procede elaborar una síntesis de los antecedentes del caso, con el fin de clarificar la exposición. En efecto, ante la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, acudió el licenciado Jesús González Bustillos, apoderado de José Carlos Castillo Rodríguez a demandar a las empresas denominadas 'Farmacias Plaza, S. A.' y/o 'Farmacias Farmax S. A. de C. V.', demandándoles el pago de tres meses de salario con motivo del despido injustificado de que fue objeto; veinte días de salario por cada uno de los tres años de servicios que prestó a las demandadas; la prima de antigüedad y el pago de los salarios caídos; fundándose en que el diecisiete de marzo de mil novecientos ochenta y uno inició su relación laboral como empleado de mostrador hasta el día quince de mayo de mil novecientos ochenta y cuatro, fecha esta última en que fue privado de su libertad con motivo de la denuncia presentada por los representantes de la empresa demandada, supuestamente por un robo cometido a dicha empresa, y que, como no se le concedió el beneficio de libertad provisional bajo caución, pues se le dictó auto de reclusión preventiva por el referido ilícito en el Juzgado Primero de lo Penal de esta ciudad, permaneciendo por ello privado de su libertad hasta el día once de julio de mil novecientos ochenta y cuatro, fecha esta en la que se revocó la resolución del citado Juez natural por parte del Magistrado de la Segunda Sala Penal, concediéndosele el beneficio de su libertad provisional bajo fianza, quedando por tal motivo en libertad; que el día trece de julio del año en referencia, el actor se presentó ante la demandada, en donde Martha Arzate, gerente de dicha empresa le notificó que por instrucciones de los directivos no era posible aceptarlo a trabajar, ya que estaba despedido y aunque las autoridades penales decretaren su inocencia respecto del robo que se le imputaba, para la empresa sí era responsable y por tal razón no se le podía permitir volver a su trabajo, por lo que se vio en la necesidad de promover la citada demanda laboral, pues aun cuando se encuentra pendiente de resolver el proceso instruido en su contra, no se ha determinado su culpabilidad, por lo que era obligación de la demandada continuar la relación laboral celebrada entre el actor y la misma, en virtud de haber cesado la causa de la suspensión de la relación de trabajo originada por la privación de la libertad de que fue objeto (fojas de la 1 a la 4 del expediente laboral), mismo que se registró ante la referida Junta bajo el número A-593/84 y emplazada que fue la demandada, ésta formuló contestación (fojas 61 a la 66) negando el derecho de la parte actora para reclamar la indemnización constitucional, argumentando que en ningún momento fue despedido injustificadamente de su trabajo y por ello tampoco a veinte días de salario por cada año de servicios prestados a la empresa así como salarios caídos, careciendo de acción y derecho para demandar la prima de antigüedad; narrando que efectivamente el actor empezó a laborar el día diecisiete de marzo de mil novecientos ochenta y uno en el puesto de empleado de mostrador en diversos turnos, habiendo empezado a laborar originalmente con Farmacia Plaza, S. A., la cual, el día treinta y uno de mayo de mil novecientos ochenta y cuatro se fusionó a Farmacia Farmax, S. A de C. V.; que tienen conocimiento que el actor fue detenido por agentes de la Policía Judicial del Estado el quince de mayo de mil novecientos ochenta y cuatro con motivo de una denuncia de hechos que presentó la empresa moral demandada ante el Departamento de Averiguaciones Previas de esta ciudad el treinta de abril de mil novecientos ochenta y cuatro, agregando que el día once de julio de mil novecientos ochenta y cuatro se le concedió al actor la libertad bajo caución, siendo falso que el día trece de julio del mismo año Martha Arzate Mendoza le hubiese notificado que por instrucciones de sus directores no era posible aceptarlo a trabajar, ya que estaba despedido y que para la empresa sí era culpable, ya que la realidad de los hechos es que en esa fecha, la mencionada Martha Arzate Mendoza le manifestó ante varias personas en el local que ocupa Farmacia Plaza número 1 que la relación de trabajo se encontraba suspendida hasta en tanto se dictara sentencia definitiva en el proceso penal seguido en su contra, pero en ningún momento se le despidió, ya que la relación de trabajo se encontraba suspendida conforme a lo dispuesto por el artículo 42, fracciones III y IV y artículo 43 fracción II de la Ley Federal del Trabajo; que efectivamente la actual razón social de la fuente de trabajo es Farmacia Farmax, S. A. de C. V. de acuerdo a la fusión que se hizo con Farmacia Plaza, S. A., el treinta y uno de mayo de mil novecientos ochenta y cuatro. Seguido el procedimiento laboral en sus términos normales, la responsable el día nueve de septiembre de mil novecientos ochenta y ocho dictó el laudo correspondiente, por el cual tuvo al actor por probando parcialmente sus acciones y a la demandada por probando parcialmente sus excepciones; condenando a la demandada los tres meses de indemnización constitucional por despido injustificado; la prima de antigüedad y los salarios caídos que se causaren a partir de la fecha del despido, el trece de julio de mil novecientos ochenta y cuatro, hasta que se cumpliera en definitiva el laudo de referencia, razonando en lo conducente que: '... a juicio de este tribunal la suspensión de trabajo implica una imposibilidad material del trabajador de presentarse a prestar servicios a una determinada fuente de trabajo, por lo que en tal caso, al momento en que deja de surtirse la causa motivadora de la suspensión el trabajador puede presentarse a su trabajo e inclusive la ley le concede para ello, por lo que el criterio de la Cuarta Sala que hace valer la demandada en su escrito de contestación de demanda es benéfica para el trabajador, toda vez que se puede interpretar en el sentido de que el trabajador no tiene obligación de presentarse a su trabajo aun cuando le sea otorgada la libertad bajo caución y que por lo mismo no se le puede rescindir su contrato de trabajo por tales faltas, pero no se está estableciendo como derechos y prerrogativas del trabajador y no como una obligación toda vez que al patrón se le concede el derecho de rescindir el contrato de trabajo una vez que cause ejecutoria la sentencia que se dicte en contra del trabajador si ésta resulta condenatoria pero no tiene el derecho de privar al trabajador de su trabajo cuando éste se encuentra libre por cualquier causa y está en posibilidad material de prestar el servicio, por lo que el criterio que se hace valer no es aplicable como pretende la demandada ya que ello implicaría prejuzgar sobre la culpabilidad del trabajador, razones por las cuales se considera probada la acción de despido injustificado y por lo mismo procede condenarse a la demandada a pagar al actor las prestaciones consistentes en tres meses de indemnización constitucional, prima de antigüedad y los salarios caídos y absolverse a la misma del pago de la prestación de veinte días por año por ser legalmente improcedente dicha prestación en los casos en que se ejercita la acción de despido injustificado optando por la indemnización ...'. Elaborada la precedente síntesis de los antecedentes, procede ahora examinar el primero de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, mismo que, de resultar fundado hace innecesario el examen de los demás. Así es, la empresa quejosa en primer término y en síntesis aduce que la responsable hizo una inexacta aplicación de los artículos 42 fracción III y 43 fracción II, ambos de la Ley Federal del Trabajo, violando en su perjuicio la garantía de legalidad consignada en los artículos 14 y 16 constitucionales, ya que es inexacto que el legislador haya considerado en el caso de la fracción III del artículo 42 de la Ley Federal del Trabajo, la sola detención del trabajador como causa de la suspensión de la relación laboral, pues de ser así el legislador no hubiese consignado expresamente en la fracción II del artículo 43 del citado ordenamiento que la suspensión en ese caso surte efectos desde el momento en que el trabajador se halla a disposición de la autoridad judicial o administrativa y hasta la fecha en que cause ejecutoria la sentencia que lo absuelva; es decir, la prisión preventiva supone necesariamente que el trabajador se encuentra sometido a proceso por estar acusado de la comisión de algún delito, circunstancia que constituye la hipótesis de la suspensión de la relación de trabajo por ignorarse si es o no culpable de los hechos delictuosos que se le imputan y por ello, mientras se dicte sentencia quedan en suspenso los efectos de la relación de trabajo, y si la sentencia es absolutoria volverá el trabajador a ocupar su puesto y en caso de ser condenado quedará separado, o sea que la interpretación que debe darse a la fracción III del numeral 42 del código laboral no puede ser en el sentido de que la suspensión del contrato de trabajo motivad
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/78-6e5c8855/suspension-temporal-de-la-relacion-laboral-por-prision · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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