EMPLAZAMIENTO, LEGALIDAD DEL (LEGISLACION DEL ESTADO DE PUEBLA).
AMPARO EN REVISION 605/96. MARIA LETICIA AGUILAR MENDEZ.
CONSIDERANDO:
TERCERO.- Son infundados en parte e insuficientes en otra los agravios expresados por el recurrente.
En efecto, en primer término debe decirse que no asiste razón al recurrente al aducir que el Juez de Distrito, en la resolución recurrida violó en su perjuicio las garantías consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales, pues dicho juzgador, al conocer de los juicios de amparo, tiene a su cargo el control constitucional y jurídicamente no puede conculcar esas garantías que en favor de todo gobernado establece la Constitución General de la República; en todo caso, los preceptos que dejara de observar al tramitar y resolver tales juicios, serían los relativos a la Ley de Amparo, ordenamiento legal al que debe sujetar su actuación. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 17 de esta potestad federal, que dice: "JUECES DE DISTRITO. NO VIOLAN GARANTIAS CON SUS FALLOS.- El Juez de Distrito es un órgano que tiene a su cargo el control constitucional y jurídicamente no puede conculcar garantías individuales; en todo caso los preceptos que dejara de observar al emitir su fallo, serían los relativos a la Ley de Amparo, ordenamiento legal al cual debe sujetar su actuación.", publicada como jurisprudencia número 859 en la página 586 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995.
Tampoco tiene razón el recurrente al afirmar que el Juez de Distrito a quo no apreció correctamente el acto reclamado, pues aduciendo que el mismo se hizo consistir en la falta de emplazamiento al juicio en que se decretó el arresto también impugnado, esto es, que el arresto se reclamó no por vicios propios sino que su ilegalidad se hizo depender de la falta de emplazamiento citada. Contrariamente a lo aseverado por el recurrente el Juez de Distrito sí se ocupó de analizar el acto reclamado en la forma planteada en la demanda de garantías, pues del contenido del fallo recurrido se advierte que se pronunció respecto de los actos reclamados, estableciendo en el considerando tercero de la resolución recurrida lo siguiente: "De lo anterior se colige que los actos reclamados no son violatorios de garantías, por una parte, porque previamente a la imposición del arresto fue apercibida la demandada en dicho juicio, que en caso de rebeldía y no entregara al depositario nombrado en autos los bienes de su propiedad que le fueron embargados se le impondría tal medida, lo que en la especie aconteció, de ahí que los actos reclamados no son violatorios del artículo 14 constitucional, pues se observaron las formalidades del procedimiento, máxime que el auto que contiene el requerimiento y apercibimiento le fue notificado en el domicilio señalado en autos mediante instructivo que se dejó en poder de YOLANDA MENDEZ, según ha quedado establecido; por otra parte, la Juez expresó las razones que la llevaron a imponer tal medida y fundó legalmente su determinación, por tanto, tampoco existe violación a lo dispuesto por el artículo 16 constitucional, pues la orden reclamada cumple con las exigencias de motivación y fundamentación.- Resultando también infundado el concepto de violación que hace valer la amparista en el sentido de que no ha sido emplazada dentro del juicio generador de los actos reclamados, ya que dicha afirmación resulta falsa pues de las constancias de autos se advierte que fue emplazada el día once de abril de mil novecientos noventa y seis, de acuerdo a la diligencia realizada por el diligenciario responsable (fojas 28 y 29)."
Así las cosas, es evidente que los agravios expresados resultan insuficientes para demostrar la ilegalidad de la sentencia recurrida, pues no atacan los fundamentos legales y consideraciones en que se sustenta el sentido del fallo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 322 de este Tribunal Colegiado, publicada en la página 86, Gaceta ochenta, agosto de mil novecientos noventa y cuatro, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es: "AGRAVIOS INSUFICIENTES.- Cuando en los agravios aducidos por la recurrente no se precisan argumentos tendientes a demostrar la ilegalidad de la sentencia, ni se atacan los fundamentos legales y consideraciones en que se sustenta el sentido del fallo, se impone confirmarlo en sus términos por la insuficiencia de los propios agravios."
No es óbice para lo anterior la circunstancia de que el emplazamiento es una cuestión de orden público cuyo análisis puede realizarse de oficio, pues en el caso la parte quejosa se limitó a afirmar que no había sido emplazada, siendo que obra en actuaciones la constancia relativa a dicha diligencia, sin que se justificara analizar su legalidad en virtud de que no se reclamó el emplazamiento por considerar que fuese indebido sino exclusivamente la falta de emplazamiento.
A mayor abundamiento, se advierte de las constancias que obran en el juicio de garantías que tal emplazamiento se practicó cumpliendo las formalidades de ley, ya que fue entendido con la persona que se encontraba en el domicilio de la quejosa, habiéndose cerciorado previamente el diligenciario de que allí habita la aquí recurrente, pues al efecto hizo constar que los medios que le sirvieron para comprobar tal circunstancia consistieron en el dicho de la señora Yolanda Méndez y en el de los vecinos de la calle en que se actúa, y en seguida le corrió traslado con las copias de la demanda a la persona con quien entendió el mismo, el cual fue precedido del citatorio correspondiente. Lo anterior tiene apoyo en la tesis sustentada por este Tribunal Colegiado al resolver los amparos en revisión 136/90, 147/91, 357/96 y 522/96, cuyo rubro es: "EMPLAZAMIENTO, LEGALIDAD DEL. (LEGISLACION DEL ESTADO DE PUEBLA).- Para que el emplazamiento sea legal y no violatorio de garantías, de conformidad con el artículo 49 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, quien haga la notificación debe cerciorarse previamente, es decir, antes de llevar a cabo la diligencia que en la casa designada para hacerla se halla el domicilio de la persona que ha de ser notificada y además tiene la obligación, porque así lo señala la ley, de asentar en la razón correspondiente, los medios de que se valió para ese efecto.", consultable en la página 498 del Tomo IX, correspondiente al mes de abril de mil novecientos noventa y dos, del Semanario Judicial de la Federación.
Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 83, fracción IV y 85, fracción II, de la Ley de Amparo, 35 y 37, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:
PRIMERO.- Se confirma la resolución recurrida.
SEGUNDO.- La Justicia de la Unión no ampara ni protege a María Leticia Aguilar Méndez en contra de los actos que reclama del Juez Quinto de lo Civil de esta ciudad de Puebla, diligenciario adscrito al mismo, encargado de los expedientes de número par y director del Centro de Readaptación Social del Estado de Puebla, los cuales quedaron precisados en el resultando primero de esta ejecutoria.
Notifíquese; con testimonio de la presente ejecutoria, devuélvase el expediente de amparo al Juez a quo y en su oportunidad archívese el toca.
Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron los Magistrados que integran el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Clementina Ramírez Moguel Goyzueta, Gustavo Calvillo Rangel y Antonio Meza Alarcón, siendo ponente el segundo de los nombrados.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4075-a1223af1/emplazamiento-legalidad-del-legislacion-del-estado-de-puebla · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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