PODER, EL MANDATARIO PUEDE DELEGARLO A UN TERCERO, CUANDO TIENE FACULTADES PARA ELLO (LEGISLACION DEL ESTADO DE SONORA).
AMPARO DIRECTO 537/96. BANPAIS, S.A.
CONSIDERANDO:
QUINTO.- En primer término es pertinente señalar que aun cuando el quejoso señala como acto reclamado no sólo la sentencia definitiva dictada por la responsable que se terminó de engrosar el dieciséis de abril del año en curso y la aclaración de la misma de fecha 30 del mes y año citados, lo cierto es que en los conceptos de violación no se controvierte esta última, por lo que la misma habrá de mantenerse intocada.
Antes de entrar al análisis de la cuestión planteada es pertinente reseñar algunos de los antecedentes del caso.
Por escrito presentado el diecinueve de octubre de mil novecientos noventa y tres, los apoderados generales para pleitos y cobranzas de Banpaís, S.A., demandaron en la vía ejecutiva mercantil a los aquí terceros perjudicados, el pago de diversas prestaciones, entre ellas la cantidad de treinta y tres mil novecientos cincuenta y cinco pesos, por concepto de suerte principal, intereses normales y moratorios. Dicha demanda fue admitida el veinticinco de octubre de mil novecientos noventa y tres.
Una vez emplazada la demandada, dio contestación oponiendo las excepciones y defensas pertinentes, para después, mediante escrito recibido el dieciséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, oponer la excepción de falta de personalidad de los apoderados legales de la institución bancaria actora.
Seguido el juicio por sus trámites legales, el catorce de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, se dictó sentencia definitiva en la cual se declaró que la parte actora Banpaís, S.A., por conducto de su apoderado legal, acreditó los extremos de la acción intentada en contra de la demandada, a quien se le desestimaron las excepciones y defensas opuestas (fojas 81 a 87 del juicio primiinstancial).
Inconforme con lo anterior, la demandada interpuso recurso de apelación, de la cual tocó conocer a la Segunda Sala Regional del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, quien dictó sentencia el catorce de marzo del año en curso, en la que determinó revocar la sentencia de primer grado, en virtud de que de acuerdo con los agravios planteados, se declaró procedente la excepción de falta de personalidad opuesta, absolviendo a los demandados de las prestaciones reclamadas.
Contra la sentencia anterior, la parte actora por conducto de su representante legal, interpuso demanda de amparo en la cual vertió los conceptos de violación que ahora se atienden y que resultan fundados por los motivos que a continuación se expresan.
En primer término es pertinente puntualizar que la litis en el presente caso, se constriñe a determinar si la Sala responsable estuvo en lo correcto al declarar procedente la excepción de falta de personalidad opuesta por los demandados.
En la sentencia combatida, la responsable, para declarar fundados los agravios vertidos por la parte apelante sostuvo: "... no está a discusión, porque las normas jurídicas relativas son al efecto expresamente claras, que conforme al artículo 24 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito, así como al artículo 20, fracción V, del Reglamento Orgánico del banco actor, el director general podía designar apoderados con todas las facultades generales y las especiales que requirieran cláusula especial, pero lo que la demandada y ahora apelante objetó y el Juez no decidió fue que como el carácter de director general derivaba de un nombramiento otorgado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de ello resultaba que las facultades del director general no derivaban de la libre voluntad emanada de la celebración de un contrato de mandato, respecto del cual el mandante sí podía facultar a su mandatario para que éste, a su vez, designara o delegara las facultades que recibía en otro apoderado, en términos de lo previsto por el artículo 2574 del Código Civil aplicable a la materia federal, de donde resulta que asiste la razón al apelante cuando sustenta que SERGIO H. MARTINEZ MARTINEZ en su carácter de director general, aun cuando contaba con facultades para designar mandatarios o constituir apoderados para la defensa de los intereses del banco, carecía de facultades para autorizarlos, a su vez, para que delegaran facultades de representación en otros apoderados, y ello es así porque ni el artículo 24 de la Ley aludida, ni el artículo 20, fracción V, del Reglamento Orgánico de BANPAIS consignan la facultad del director general para autorizar a los apoderados que designe para que éstos a su vez puedan nombrar nuevos apoderados; de ahí que la autorización concedida por SERGIO M. MARTINEZ a EDMUNDO G. MARTINEZ GARZA para que éste, en términos de la cláusula primera, inciso e), de la escritura pública 1,347 extendiera y revocara poderes generales o especiales a los mandatarios que el último designara, se traduce, como justamente lo dice la parte apelante, en el ejercicio de una facultad que no está comprendida en las enumeradas por los artículos 24 y 20, fracción V, de los ordenamientos legales tantas veces mencionados...".
Ahora bien, del análisis de la escritura pública 933, de fecha primero de diciembre de mil novecientos noventa y dos, se advierte que Edmundo G. Martínez Garza, en su carácter de apoderado de la institución crediticia Banpaís, confiere poder para pleitos y cobranzas a Carlos Humberto Rodríguez Ortiz y Héctor Manuel Robinson Vásquez; que el primero de los nombrados acreditó su personalidad con el primer testimonio de la escritura pública número 1,347, de veintiséis de mayo de mil novecientos ochenta y nueve, mediante la cual Sergio H. Martínez Martínez, en su carácter de director general de Banpaís, S.N.C., confirió poder en favor de Edmundo Martínez Garza, con facultades para extender y revocar poderes generales y especiales. A su vez, el director general acreditó su personalidad con diversos documentos que fueron relacionados con la escritura, tales como oficio número 101-1075 de fecha 9 de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho, mediante el cual el secretario de Hacienda y Crédito Público le comunica su designación como director general de Banpaís, S.N.C.; primer testimonio de la escritura pública 954 de fecha 20 de septiembre de mil novecientos ochenta y tres, en la cual se protocolizó el Decreto por el que se dispone la transformación de Banpaís, S.N.C., publicado en el Diario Oficial de la Federación de 29 de agosto de mil novecientos ochenta y tres; Reglamento Orgánico de Banpaís, S.N.C., publicado en el Diario Oficial de la Federación de 29 de julio de mil novecientos ochenta y cinco, que abroga el anterior reglamento publicado el 29 de agosto de mil novecientos ochenta y tres, el cual en su artículo 20, fracción V, le confiere al director general, todas las facultades de un mandatario general con todo tipo de facultades, pudiendo delegar total o parcialmente dichos poderes o revocarlos.
Por otra parte, es importante destacar lo expuesto por el Juez de primera instancia en la resolución impugnada en vía de apelación, pues en relación a tales constancias, señala: "... cuando el Lic. SERGIO H. MARTINEZ MARTINEZ, como director general, otorgó poder a MARTINEZ GARZA, esto aconteció el 26 de mayo de 1989, todavía vigente el Reglamento Orgánico del Banco de 29 de julio de 1985, y en consecuencia su numeral 20, que facultaba al director para otorgar poderes; ya que el citado Reglamento fue derogado hasta el 27 de abril de 1992, al protocolizarse los estatutos de la sociedad, luego entonces, el poder que el director general confirió a MARTINEZ GARZA fue válido, y cuando este último, con fecha 01 de diciembre de 1992, otorgó poder a RODRIGUEZ ORTIZ y ROBINSON VASQUEZ, efectivamente ya se había derogado el citado Reglamento y por lo tanto, su artículo 20, que confería poder al director general para delegar poderes, pero en la propia escritura 668, de fecha 27 de abril de 1992, y por el cual se deroga el Reglamento Orgánico del Banco de 1985, que contiene los estatutos de la sociedad, en la cual se hizo constar por el fedatario público que a EDMUNDO G. MARTINEZ, apoderado de la institución actora, no le han sido revocadas ni modificadas sus facultades, por lo tanto, puede a su vez otorgar otro poder; aún más, el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 10 de junio de 1991, fecha anterior a la derogación del referido Reglamento por el cual se transforma BANPAIS, S.N.C., en BANPAIS, S.A., en sus artículos 6o. y 7o. estatuye en su parte conducente que 'El director general así como los consejeros y comisarios designados por los titulares de los certificados de aportación patrimonial continuarán en el desempeño de sus funciones mientras no se realicen nuevas designaciones y los nombrados tomen posesión de sus cargos.- Los nombramientos, poderes, mandatos, comisiones, designaciones de delegados fiduciarios y, en general, las representaciones otorgadas y las facultades concedidas por la sociedad que se transforma, subsistirán en sus términos en tanto no sean modificados o revocados expresamente' y, el mismo Decreto en su artículo 5o. transitorio señala: 'El Reglamento Orgánico de la sociedad, quedará derogado al momento que la asamblea de accionistas apruebe los estatutos sociales de la misma: entretanto seguirá aplicándose dicho Reglamento en lo conducente', derogación que aconteció el 27 de abril de 1992, luego entonces, en esta última fecha dejó de tener efecto el Reglamento de 29 de julio de 1985, pero eso no significa, como lo pretende hacer creer el reo, que las facultades del director general y demás mandatarios hayan desaparecido, porque éstas continuaron vigentes aun después de la derogación del citado Reglamento, según lo establecen los artículos 6o. y 7o. del Decreto en comento, mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 10 de junio de 1991 ... además que no se advierte que el mismo haya sido derogado, reiterándose que el Reglamento Orgánico referido, cuando se derogó, no sucedió lo mismo con los mandatos conferidos, ya que el mismo Decreto de 1991 así lo estatuye, y de los documentos exhibidos no se advierte que sus poderes hayan sido revocados..."
Tales consideraciones se estiman correctas tal y como lo señala también la Sala responsable, pues tales afirmaciones se desprenden del análisis de la misma escritura pública 933 que aparece agregada de fojas ocho a quince del juicio de primera instancia; es por ello que, si como se ha dicho, las facultades que ostenta el director general de la institución crediticia devienen del Reglamento Orgánico de la misma ya derogado, pero subsistentes de acuerdo al Decreto que transforma Banpaís, S.N.C., en S.A., publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de mil novecientos noventa y uno, entonces el análisis de las facultades habrá de realizarse en base a los ordenamientos del Reglamento Orgánico de la institución, al haber sido retomados, como se verá más adelante.
El artículo 20 del Reglamento Orgánico de la propia institución, en lo que interesa indica: "Art. 20.- El director general tendrá a su cargo la administración de la sociedad, la representación legal de ésta y el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las facultades que correspondan al consejo directivo. Al efecto tendrá las siguientes funciones y facultades: ... V.- Representar legalmente a la sociedad, en el desempeño de su cargo, gozará de todas las facultades de un mandatario general, para actos de dominio, de administración y para pleitos y cobranzas; además de todas las facultades generales, tendrá las que requieran cláusula especial conforme a la ley, en términos del artículo 2554 del Código Civil o su correlativo en la entidad federativa de que se trate ... podrá delegar total o parcialmente estos poderes y revocarlos...".
Por su parte, el artículo 24 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito, literalmente expresa: "El director general tendrá a su cargo la administración de la institución, la representación legal de ésta y el ejercicio de sus funciones incluyendo las de delegado fiduciario general, sin perjuicio de las facultades que correspondan al consejo directivo; además podrá delegar sus facultades y constituir apoderados...".
De lo antes expuesto se desprende que le asiste la razón al recurrente, cuando manifiesta que la autoridad responsable incurre en violación por falta o inexacta aplicación de los preceptos legales a los que les da una interpretación restrictiva y alcance que no les corresponde, ya que si bien es cierto de la lectura de la escritura pública 993 anexada por la parte actora se observa que compareció el Lic. Edmundo G. Martínez Garza en su carácter de apoderado de la institución de crédito y otorgó poder general no delegable para pleitos y cobranzas en favor de Carlos Humberto Rodríguez Ortiz y Héctor Manuel Robinson Vásquez, también lo es que las facultades con las que se ostentó Martínez Garza, le fueron conferidas a su vez por Sergio Martínez Martínez, en su carácter de director general de Banpaís, de acuerdo a la escritura pública referida, en la que se estableció en el capítulo de personalidad, que las facultades de éste derivaron de la fracción V del artículo 20 del Reglamento Orgánico de la institución actora, el cual le confería el derecho de delegar total o parcialmente el poder que le fue conferido y si bien el Reglamento fue derogado por los estatutos a que quedó constreñida la institución, lo cierto es que en el Decreto de diez de junio de mil novecientos noventa y uno, el cual transforma Banpaís, S.N.C., en S.A., en su artículo 6o., establece que el director general continuará con el desempeño de sus funciones y el artículo 7o. señala que los nombramientos, poderes y mandatos, entre otros, subsisten en sus términos hasta en tanto no fuesen modificadas o revocadas expresamente; de tal forma que, contra lo que afirma la responsable, sí se autorizó expresamente al director general de Banpaís, S.A., a delegar el total de las facultades en favor de terceras personas, al provenir las mismas sin limitación alguna, de la disposición legal contenida en el artículo 20, fracción V, del Reglamento Orgánico de la citada institución bancaria.
Por otra parte, el artículo 2574 del Código Civil para el Distrito Federal y su correlativo 2853 del Código Civil para el Estado de Sonora, establecen: "... el mandatario puede encomendar a un tercero el desempeño del mandato, si tiene facultades expresas para ello", de lo que se sigue que tanto en el caso de los poderes que se otorgan entre personas físicas, o cuando se trate de apoderados o gerentes de las personas morales, es requisito esencial para que pueda existir una delegación de facultades para actuar en nombre de la persona representada, ya sea física o moral, que quien haga esa delegación de facultades esté autorizado en forma expresa por quien otorgó el mandato o la representación.
Es aplicable por analogía, el criterio emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito visible en la página 125, de los Volúmenes 115-120, Sexta Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Epoca, que dice: "PODER. SU SUSTITUCION SOLO PUEDE HACERSE TENIENDO FACULTADES EXPRESAS PARA ELLO.- Tanto en el caso de los poderes que se otorgan entre personas físicas como en el caso de las facultades de los apoderados o gerentes de las personas morales, es requisito esencial para que pueda hacerse una substitución de facultades para actuar en nombre de la persona representada, ya sea física o moral, que quien haga esa substitución de facultades esté autorizada en forma expresa por quien otorga el mandato o la representación. Así se desprende de lo dispuesto tanto por el Código Civil del Distrito Federal, aplicable en toda la República en asuntos de naturaleza federal, como de diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles. No puede desconocerse que el mandato es un acto jurídico contractual que concede a una persona -el mandatario- facultades para actuar en representación y por cuenta del mandante y así se desprende del texto del artículo 2546 del mencionado Código Civil, sin que exista limitación en la ley para que las facultades que implica el mandato se otorguen a personas físicas o morales; pero el dispositivo mencionado deja ver terminantemente que la única persona facultada para representar al mandante es aquella a quien expresamente se designa, es decir, ese dispositivo legal no admite otra interpretación más que aquella que considera al mandatario o apoderado como una persona individualmente determinada, y tal interpretación se corrobora y robustece por lo dispuesto en el artículo 2574 de la misma codificación civil, que establece que el mandatario puede encomendar a un tercero el desempeño del mandato si para ello tiene facultades expresas. Por otra parte, de las facultades de un gerente, apoderado o representante legal de cualquier tipo de persona moral, de acuerdo con la Ley General de Sociedades Mercantiles, no derivan automáticamente facultades para transmitir la representación a un tercero por el hecho de que el apoderado o representante legal posea un cargo de administración o tenga facultades de representante frente a terceros. Un gerente, apoderado, representante legal o delegado de cualquier clase de una persona moral requiere, conforme a la ley, facultades expresas para transmitir a terceros esas facultades de representante a fin de que esos terceros puedan actuar a su vez como representantes de la persona moral de que se trate, según se desprende de lo estatuido por los artículos 146, 147 y 149 de la Ley General de Sociedades Mercantiles."
De lo antes expuesto se advierte lo siguiente:
Que tanto en el caso de los poderes que se otorguen entre personas físicas, como en el caso de las facultades de los apoderados o gerentes de las personas morales, es requisito esencial para que pueda hacerse una sustitución de facultades para actuar en representación de una persona física o moral, que quien haga esa sustitución de facultades esté autorizado en forma expresa por quien otorga el mandato o la representación.
Lo anterior se desprende de lo dispuesto tanto por el Código Civil para el Distrito Federal, aplicable en toda la República en asuntos de naturaleza federal, como de diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
No puede desconocerse que el mandato es un acto jurídico contractual que concede a una persona facultades para actuar en representación y por cuenta del mandante y que ello se desprende del artículo 2546 del mencionado Código Civil, sin que exista limitación en la ley para que las facultades que implica el mandato, se otorguen a personas físicas o morales.
El dispositivo mencionado, deja ver terminantemente que la única persona facultada para representar al mandante es aquella a quien expresamente se designa y que tal dispositivo legal no admite otra interpretación más que aquella que considera al mandatario o apoderado como una persona individualmente determinada y que tal interpretación se corrobora y robustece con lo dispuesto por el artículo 2574 de la misma codificación civil que establece que el mandatario puede encomendar a un tercero el desempeño del mandato, si tiene facultades expresas para ello.
Las facultades de que goza el gerente, apoderado, representante legal de cualquier tipo de persona moral, de acuerdo con la Ley General de Sociedades Mercantiles, no lo autoriza automáticamente para transmitir la representación a un tercero, aun cuando ese apoderado o representante legal posea el cargo de administrador o tenga facultades de representante frente a terceros.
Y, finalmente, el gerente, apoderado, representante legal o delegado de cualquier clase de persona moral, requiere conforme a la ley, facultades expresas para transmitir a terceros esas facultades de representación, a fin de que estos terceros puedan actuar a su vez como representantes de la persona moral de que se trate, según se desprende de lo estatuido por los artículos 146, 147 y 149 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
Así las cosas, si del análisis de la multicitada escritura pública 933 que obra en el juicio primiinstancial, el notario público hace referencia en el capítulo relativo a la personalidad de Edmundo G. Martínez Garza, a que el director general Sergio H. Martínez Martínez, le otorgó poder al primero de los nombrados en términos de la cláusula primera, inciso e), que establece: "Extender y revocar poderes generales o especiales concediendo a los mandatarios que designen todas o alguna de las facultades comprendidas en los puntos anteriores, excepción hecha de la de avalar títulos de crédito la que no podrán delegar", entonces, es evidente, el director general de la institución crediticia quien como quedó asentado líneas arriba, tiene facultades para delegar total o parcialmente los poderes conferidos, otorgó el poder referido a Edmundo G. Martínez Garza a quien autorizó expresamente para conferir y revocar poderes, por lo que éste, en uso de las facultades conferidas, otorgó a su vez poder no delegable a los licenciados Carlos Humberto Rodríguez Ortiz y Héctor Manuel Robinson Vásquez; ello demuestra que todas y cada una de las personas que confirieron los poderes respectivos, estaban expresamente autorizados para ello.
En consecuencia, si los actos llevados a cabo por los apoderados de las instituciones de crédito lo hacen de acuerdo con los poderes otorgados, éstos pueden ser delegados, sin más exigencia que la de que existía autorización expresa, pues sólo así podrían ejecutar las actividades propias de dichas instituciones. Ahora bien, tanto en los poderes otorgados entre las personas físicas, como en los conferidos a apoderados de instituciones bancarias, si el mandante desea encomendarlo a persona determinada, basta con que en el mismo poder se establezca que el mandato es insustituible, o simple y sencillamente no se faculte al mandatario a sustituir o delegar poderes, de manera que si un apoderado legal al conferir su poder a un tercero, le confiere también, de manera expresa, la facultad de delegar su mandato, le traslada su confianza de que habrá de seleccionar a la persona adecuada para ejecutarlo.
En ese orden de ideas, al resultar fundados los conceptos de violación vertidos por el quejoso, lo procedente es conceder la Protección Constitucional solicitada para el efecto de que la Sala responsable deje insubsistente la resolución combatida, y siguiendo los lineamientos establecidos en esta ejecutoria, declare improcedente la excepción de falta de personalidad opuesta por la parte demandada en el juicio natural, y una vez hecho lo anterior, resuelva lo que en derecho proceda.
Criterio similar sostuvo este Primer Tribunal Colegiado al resolver el juicio de amparo directo civil número 92/96 en sesión de veintinueve de febrero de mil novecientos noventa y seis.
Por lo expuesto y con apoyo en los artículos 107, fracción VI, de la Constitución Federal, 76, 158, 184 y demás relativos de la Ley de Amparo y 37, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:
UNICO.- La Justicia de la Unión ampara y protege a Banpaís, Sociedad Anónima, contra los actos que reclama por conducto de sus representantes legales, de la Segunda Sala Regional del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y Juez Segundo del Ramo Civil, ambos con residencia en Ciudad Obregón, Sonora; lo cual quedó precisado en el resultando primero de este fallo. El amparo se concede para los efectos señalados en la parte final del considerando último de esta ejecutoria.
Notifíquese, publíquese y anótese en el libro de gobierno, con testimonio de esta resolución vuelvan los autos naturales al lugar de su procedencia y en su oportunidad, archívese este expediente.
Así, lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito por unanimidad de votos de los Magistrados Pablo Domínguez Peregrina, Faustino Cervantes León y el secretario Luis Humberto Morales, quien actúa en funciones de Magistrado en términos del acuerdo tomado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, siendo ponente el primero de los nombrados.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4080-aed081e9/poder-el-mandatario-puede-delegarlo-a-un-tercero · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- FIANZAS. LA EXIGIBILIDAD ES REQUISITO SINE QUA NON PARA HACERLA EFECTIVA. (ARTICULO 120 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS). (AMPARO DIRECTO)
- COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. FUNDAMENTACION DE LA. (AMPARO DIRECTO)
- ÓRDENES DE INSPECCIÓN A CENTROS DE TRABAJO PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE. REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR. (AMPARO DIRECTO)
- CARTA RENUNCIA, DEBE VALORARSE EN SU INTEGRIDAD Y ACORDE AL TEXTO DE SU CONTENIDO. (AMPARO DIRECTO)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- AMPARO. (s/clave)
- AMPARO DIRECTO. (s/clave)
- AMPARO EN MATERIA CIVIL. (s/clave)
- AMPARO DIRECTO. (s/clave)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis