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Modo: Corpus Pro

FIANZAS. LA EXIGIBILIDAD ES REQUISITO SINE QUA NON PARA HACERLA EFECTIVA. (ARTICULO 120 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS).

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 454/95. · Registro digital (IUS): 3601
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: CENTRAL DE FIANZAS, S.A.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Mayo de 1996, , Pág. 516.

AMPARO DIRECTO 454/95. CENTRAL DE FIANZAS, S.A.

CONSIDERANDO:

QUINTO.- Resultan infundados los argumentos contenidos en el único concepto de violación hecho valer por el solicitante del amparo.

Sostiene, al través de ellos, que la autoridad responsable aplicó como fundamento de su sentencia un artículo derogado en la actualidad, pues si bien la póliza de fianza OPU-416 se expidió en septiembre de mil novecientos noventa y uno lo cierto es que el requerimiento de pago, con el cual surte efectos el acto de autoridad y se inicia el ejercicio de las acciones de la fianza, fue emitido el veintinueve de septiembre de mil novecientos noventa y tres, debiendo ser el artículo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, vigente en ese momento el aplicable y no el de la fecha en que se expidió la fianza.

Considera también que no es apegada a derecho, la determinación de la responsable en el sentido de no considerar aplicable el artículo 4o. transitorio de las reformas del catorce de julio de mil novecientos noventa y tres, del ordenamiento legal antes invocado, siendo que al haberse formulado el requerimiento de pago con posterioridad al quince de julio de mil novecientos noventa y tres, se debió regular dicho requerimiento por las disposiciones que fueron reformadas y que se encontraban vigentes en esa época.

Sostiene también el quejoso que la Sala Fiscal omitió tomar en consideración, al emitir la sentencia reclamada, que la hipótesis normativa prevista en el artículo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas es de carácter procesal y que, por tal motivo, debió aplicar la Ley del momento en que haya ocurrido el hecho a que se atribuye la eficacia jurídica procesal y que, por lo mismo, no puede decirse que exista retroactividad en su aplicación.

Finalmente, sostiene el reclamante que la autoridad responsable está analizando los argumentos esgrimidos por la demandada en el juicio fiscal, sin tomar en cuenta que quien pretende hacer valer la figura de la retroactividad es una autoridad, y por tanto no puede pedir la protección de garantías individuales.

Ahora bien, a efecto de sustentar la conclusión a que arriba este órgano colegiado es necesario tomar en cuenta ciertos antecedentes que se desprenden de autos, entre los que se encuentran:

a).- A foja 16 del cuaderno fiscal, obra la fianza OPU-416, expedida por Central de Fianzas, S.A., de cuya lectura se advierte que fue emitida el veintidós de septiembre de mil novecientos noventa y uno, para garantizar el pago del adeudo de Plaza Europa, S.A., al Instituto Mexicano del Seguro Social, en relación con las cédulas de liquidación de cuotas obrero patronales correspondientes al bimestre 2/91, a fin de que la empresa citada obtuviera la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución.

De la lectura de dicha fianza, se observa también que ésta sería exigible "al quedar firme la resolución que se dicte en los recursos o juicios interpuestos, el importe a requerir será el determinado conforme a lo dispuesto en los artículos 17-A y 21 del Código Fiscal de la Federación, al momento de hacerse exigible la obligación consagrada en dicha garantía."

b).- El Instituto Mexicano del Seguro Social, con fecha diez de julio de mil novecientos noventa y uno, emitió el acuerdo 028/91, en el que decidió requerir a Plaza Europa, S.A., a pagar el importe de la cédula de liquidación correspondiente al 2o. bimestre de mil novecientos noventa y uno, apercibiéndolo que de no hacerlo se le haría efectivo el procedimiento administrativo de ejecución.

c).- En contra del acuerdo anterior, el patrón interpuso recurso de inconformidad número C.C.PUE-413/91, el que fue resuelto mediante acuerdo 748/91 de treinta de agosto de mil novecientos noventa y uno, que declaró infundado el recurso de inconformidad interpuesto.

d).- En contra de la resolución anterior, el fiado promovió el juicio fiscal 497/91, ante la Sala Regional Golfo Centro del Tribunal Fiscal de la Federación, la que por acuerdo de veintitrés de enero de mil novecientos noventa y dos, resolvió sobreseer en el juicio, notificando dicha resolución el siete de febrero de mil novecientos noventa y dos; esta afirmación fue aceptada plenamente por las partes.

Ahora bien, conviene en principio determinar cuál es el momento legalmente adecuado, para aplicar, en el caso, el artículo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.

La Sala responsable sostiene que debe aplicarse el texto vigente en el momento en que se expidió la fianza cuestionada.

La quejosa, por su parte, afirma que debe aplicarse el precepto legal con vigencia en el momento en que se efectuó el requerimiento de pago, ya que es hasta entonces cuando surte efectos el acto de autoridad.

Este órgano colegiado considera que, aún cuando parcialmente, acompaña la razón a la Sala Fiscal.

En efecto, si bien resulta cierto que el término para la prescripción, en el caso que nos ocupa, es el de tres años, ello es en razón de que el siete de febrero de mil novecientos noventa y dos, en que se notificó al fiado la última resolución recaída en el juicio fiscal 497/91 y en la que se hizo exigible la fianza, se encontraba vigente el artículo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas que así lo prevenía.

Esto es, con independencia de la fecha de expedición de la póliza de fianza, lo que da nacimiento a la vida jurídica el derecho de la autoridad para hacerla exigible, es el hecho de que, como quedó establecido en la propia póliza, quedará firme la resolución que se dictará en los juicios o recursos intentados en contra del cobro de las cédulas de liquidación origen de la controversia y no antes, dado que pudiera resultar que tal resolución fuera favorable al particular y que, por ello, la autoridad emisora de las cédulas careciera de derecho para hacer efectiva la garantía respectiva.

Así las cosas, como en el caso a estudio, la última resolución emitida en el juicio fiscal 497/91 fue notificada a la fiada el siete de febrero de mil novecientos noventa y dos (según lo acepta la ahora quejosa), es claro que a partir de esa fecha, la póliza de fianza se hizo exigible.

Luego, como la posibilidad de la autoridad de requerir la efectividad de la fianza, empieza a correr a partir de que ésta se hace exigible, resulta claro que también es en ese momento en que debe empezar a computarse el transcurso del tiempo para que pueda operar la figura de la prescripción.

Así, es evidente que siendo la exigibilidad de la fianza, requisito sine qua non para que la autoridad pueda solicitar su efectividad, debe ser la disposición vigente en ese evento, la que regule la actividad de ésta encaminada a realizar el cobro del adeudo garantizado.

Por tanto, resulta que, en el caso que nos ocupa, la disposición legal aplicable es la que se encontraba vigente en el momento en que se hizo exigible la fianza, es decir, la que tenía aplicación el siete de febrero de mil novecientos noventa y dos, disposición ésta que, como ha quedado dicho, establecía que las acciones derivadas de las fianzas prescribirían en tres años.

No es el caso, como lo pretende el quejoso, de que resulten aplicables los artículos primero y cuarto transitorios de las reformas de catorce de julio de mil novecientos noventa y tres que sufrió la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, ya que, tal como lo señala la responsable, en la especie no se trata de un procedimiento derivado de una reclamación contra una institución de fianzas, sino del derecho de oponer o no la excepción de prescripción al momento de tratar de hacer efectiva una fianza.

Similar criterio al hasta aquí sustentado, fue seguido por este tribunal, al resolver el veintidós de febrero de mil novecientos noventa y cinco, la revisión fiscal 1914/94, promovida por el subprocurador general Federal de Amparos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público...

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

UNICO.- La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Central de Fianzas, S.A., en contra del acto y de la autoridad que quedaron especificados en el resultando primero de esta resolución.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos al lugar de su procedencia y, en su oportunidad archívese el presente toca.

Así, por unanimidad de votos de los Magistrados: presidente David Delgadillo Guerrero, Jaime C. Ramos Carreón e Hilario Bárcenas Chávez, lo resolvió el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, siendo relator el primero de los nombrados.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/3601-0f8153d6/fianzas-la-exigibilidad-es-requisito-sine-qua-non · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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