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Modo: Corpus Pro

PRENDA MERCANTIL, VENTA JUDICIAL DE LA. PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN CONTRA DE LA RESOLUCION QUE PONE FIN AL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTICULO 341 DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 3/94. · Registro digital (IUS): 4109
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO Y EL ENTONCES UNICO (ACTUALMENTE PRIMERO) TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Enero de 1997, , Pág. 46.

CONTRADICCION DE TESIS 3/94. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO Y EL ENTONCES UNICO (ACTUALMENTE PRIMERO) TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO. La denuncia de contradicción proviene de parte legítima en términos de lo dispuesto en los preceptos citados en el considerando anterior, toda vez que la formula uno de los Tribunales Colegiados de Circuito autores de los criterios que se estiman posiblemente contradictorios.

TERCERO. En el caso se surte la hipótesis de contradicción de tesis, según se advierte de las constancias remitidas con motivo de la denuncia.

A. El juicio de amparo en revisión número 372/88, radicado ante el entonces único Tribunal Colegiado del Octavo Circuito (actualmente Primero), tiene estos antecedentes:

Guillermo de la Peña Burgos, por su propio derecho, acudió al juicio de amparo reclamando del Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil residente en Torreón y de otras autoridades, todas las actuaciones practicadas dentro del procedimiento especial de venta de prenda promovido en su contra por Unión de Crédito Industrial de La Laguna, Sociedad Anónima de Capital Variable, incluyendo el auto de radicación, la diligencia de emplazamiento, los proveídos que negaron el trámite al incidente de nulidad y a los recursos de revocación intentados por el mismo promovente, y el auto que ordenó la remoción de depositario del bien dado en garantía prendaria.

El Juez de Distrito sobreseyó en el juicio por considerar que "los actos impugnados por el agraviado no son de imposible reparación para que fuera procedente la presente vía, ya que las consecuencias o efectos de los autos dictados dentro del procedimiento antes mencionado, los mismos son reparables, toda vez que de autos se advierte que el agraviado compareció a juicio promoviendo incidente de nulidad por defecto o falta de emplazamiento dentro del procedimiento especial de venta de prenda, entablado en su contra ante la responsable, el cual quedó radicado bajo el número 63/88, según escrito... a mayor abundamiento, el agraviado compareció con fecha 22 de febrero del mismo año, a interponer el recurso de apelación en contra del auto de fecha 18 de febrero del año en curso por lo que se advierte que el amparista está debidamente enterado del procedimiento antes mencionado, por lo que, al comparecer el agraviado a juicio, a fin de hacer valer lo que a sus intereses convenía, se concluye que en el presente caso no se trata de los actos que señala el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, por lo que se surte la causal de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo."

Inconforme con la sentencia, el quejoso interpuso el recurso de revisión y en la sesión del día veinte de abril de mil novecientos ochenta y nueve, el Tribunal Colegiado del Octavo Circuito confirmó la sentencia recurrida con apoyo en las siguientes consideraciones:

"TERCERO. Son infundados los agravios que han quedado transcritos. Conviene tener presente a manera de antecedentes, que mediante escritura pública número 67, realizada el treinta y uno de octubre de mil novecientos setenta y tres, ante el notario público número 7, de esta ciudad, licenciado Valente Arellano López, la Unión de Crédito Industrial de La Laguna, Sociedad Anónima de Capital Variable, en su carácter de acreditante, celebró con Guillermo de la Peña Burgos en su carácter de acreditado y Esperanza Burgos viuda de de la Peña, en su carácter de avalista, un contrato de apertura de crédito hipotecario industrial con garantías hipotecaria y prendaria por la cantidad de $850,000.00 (ochocientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), por concepto de capital y de acuerdo con lo pactado en las cláusulas sexta y séptima, el acreditado se obligó a pagar a la acreditante el importe total del préstamo, mediante 60 (sesenta) amortizaciones mensuales y sucesivas, siendo la primera amortización de capital de $14,206.00 (catorce mil doscientos seis pesos 00/100 M. N.) y las subsiguientes de $14,166.00 (catorce mil ciento sesenta y seis pesos 00/100 M.N.) cada una, por concepto de capital, más aparte los intereses correspondientes, que en la cláusula sexta, el acreditado se obligó a pagar a la referida Unión, a una tasa de interés normal del 13% (trece por ciento) anual sobre saldos diarios e insolutos, que se elevarían en caso de mora al 19% (diecinueve por ciento) anual, que para garantizar el cumplimiento de su obligación de pago, tanto por lo que se refiere al capital, como a los intereses normales y moratorios, gastos y costas del juicio, y su preferencia para tal fin, el acreditado constituyó además de la garantía hipotecaria especificada en la cláusula octava, a favor de la acreedora, derecho real de prenda, señalada, expresa y preferentemente, y en primer lugar, sobre diversos bienes que se detallan en la escritura de mérito, cuya copia fotostática debidamente certificada obra glosada de la foja cincuenta y ocho a la sesenta y nueve del expediente que se estudia; que posteriormente la Unión de Crédito mencionada compareció ante el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil de esta ciudad, a promover el procedimiento especial de venta de prenda en términos de lo dispuesto por el artículo 341 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; que el Juez de origen, mediante auto de fecha dos de febrero de mil novecientos ochenta y ocho, tuvo por promoviendo (sic) a la referida Unión de Crédito Industrial de La Laguna, Sociedad Anónima de Capital Variable, el procedimiento especial de prenda y ordenó correr traslado al acreedor y a la avalista de tal petición, acordando para ello girar exhorto al Juez de Primera Instancia del Ramo Civil de Lerdo, Durango, para que diera cumplimiento a dicho auto, en virtud de que el domicilio del deudor y el de la avalista se encontraban ubicados en dicha ciudad; que posteriormente el Juez exhortado ordenó a los actuarios adscritos a su juzgado la diligenciación del auto de mérito, mismo que en su momento, se llevó al cabo; que luego Esperanza Burgos de de la Peña, mediante escrito de fecha once de febrero de mil novecientos ochenta y ocho, se opuso a la venta, y por auto de dieciocho de febrero de mil novecientos ochenta y ocho, se declaró improcedente tal oposición; que después Guillermo de la Peña Burgos y Esperanza Burgos viuda de de la Peña, en dos distintos escritos promovieron incidente de nulidad de actuaciones por defecto en el emplazamiento, y que el Juez natural mediante dos autos idénticos de fecha dieciocho de febrero de mil novecientos ochenta y ocho, acordó no darles trámite, por lo que de nueva cuenta los promoventes del referido incidente interpusieron en contra de tales autos, en dos escritos diversos, el recurso de apelación, acordando el Juez de la causa mediante dos autos también idénticos de fecha veinticinco de febrero de mil novecientos ochenta y ocho, tener por no interpuestos tales recursos de apelación; que después la Unión de Crédito solicitó al Juez del conocimiento que revocara el cargo de depositario judicial a Guillermo de la Peña Burgos respecto de los bienes otorgados en garantía prendaria, acordando procedente tal petición el mencionado Juez por proveído de veinticinco de febrero de mil novecientos ochenta y ocho; luego Guillermo de la Peña Burgos promovió incidente de recusación, mismo que acordó el Juez de origen no dar trámite, por auto dictado igualmente el veinticinco de febrero de mil novecientos ochenta y ocho; que posteriormente Esperanza Burgos viuda de de la Peña, interpuso recurso de apelación en contra de tal acuerdo y por acuerdo de siete de marzo de mil novecientos ochenta y ocho, el Juez lo desechó; que luego Guillermo de la Peña Burgos interpuso recurso de apelación contra el auto que ordenó removerlo de depositario judicial, y de nueva cuenta el citado Juez, por acuerdo de siete de marzo de mil novecientos ochenta y ocho, acordó no dar trámite al mismo. Asimismo de autos aparece que Guillermo de la Peña Burgos promovió el juicio de amparo indirecto número 259/88, que se analiza, y en su demanda de amparo se ostentó extraño al procedimiento, impugnando la diligencia de nueve de febrero de mil novecientos ochenta y ocho, por medio de la cual se le corrió traslado de la petición del acreedor, de la venta de los bienes dados en prenda, así como de las demás notificaciones y todo lo actuado dentro del mencionado procedimiento especial, entre los que figuran los autos de fechas dos de febrero de mil novecientos ochenta y ocho (que radicó el escrito inicial), el de dieciocho de febrero de mil novecientos ochenta y ocho (por el que no quiso dar trámite al incidente de nulidad de actuaciones) y los de veinticinco de febrero de mil novecientos ochenta y ocho, en los que sucesivamente se tuvo por no interpuesto el recurso de apelación contra el auto que desechó el incidente de nulidad de actuaciones, por el que se acordó no dar trámite a la recusación, y por el que acordó favorable la remoción del depositario, combatiendo además todas las resoluciones que se siguieran dictando posteriormente, expresando conceptos de violación dirigidos a impugnar la diligencia de nueve de febrero de mil novecientos ochenta y ocho, en la que se citó al deudor y a la avalista al procedimiento de referencia; seguido el juicio por todos sus trámites legales, concluyó con la sentencia que se estudia. En efecto, se conviene con el Juez de Distrito, en que el juicio de amparo que se revisa es improcedente ya que los actos reclamados no pueden considerarse ejecutados fuera de juicio, ni tal ejecución es de imposible reparación, toda vez que la solicitud de la venta de los bienes dados en prenda con que se inicia el procedimiento de mérito, que establece el artículo 341 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, es una consecuencia que deriva de la celebración del contrato de prenda, cuando se vence la obligación y el citado deudor no cubre el importe del adeudo, por lo que no pueden considerarse actos ejecutados fuera de juicio y por ello a tal contingencia se obliga dicho deudor al celebrar el contrato de mérito, debiendo señalarse que el referido deudor no puede ser oído ni vencido en ese procedimiento, por no existir juicio, ya que en el mismo no puede ofrecer pruebas, ni se da contienda, y en consecuencia no se dicta ningún fallo que resuelva el fondo del negocio, por no plantearse ninguna litis, al tener como único objeto el procedimiento, la venta de los bienes dados en prenda, no aplicándose el monto de la operación al pago, sino que viene a sustituir a la garantía otorgada, y el multicitado deudor sólo puede oponerse a tal venta exhibiendo el importe del adeudo, siendo esta la razón por la cual los actos reclamados no pueden ser analizados en el juicio de amparo, porque la violación de garantías emanará en todo caso del juicio que promueva el deudor, en el que se juzgue sobre la exigibilidad de la obligación principal, la nulidad, prescripción, pago parcial o total o cualquier otra causa que la hubiese extinguido total o parcialmente o aplazado, conservando de esta manera el mencionado deudor incólume la garantía de previa audiencia, por lo que es claro que el Juez Federal estuvo en lo correcto al expresar que los actos reclamados no tienen una ejecución que sea de imposible reparación, además de que tampoco pueden estimarse ejecutados fuera de juicio, aun y cuando no se esté de acuerdo con el a quo, en los motivos que originan que los actos reclamados no sean de imposible reparación, ya que el citado Juez expresa que ello se debe a que el quejoso hizo valer diversos medios de defensa, y aquí se estima, según se expresó líneas atrás, que es porque los actos reclamados derivados del procedimiento de venta de prenda no pueden considerarse ejecutados fuera de juicio, ni tal ejecución es de imposible reparación, al tener el deudor expedito su derecho de impugnar en un juicio la procedencia de la exigibilidad de la obligación, por lo que es claro que el Juez de Distrito correctamente sobreseyó en el juicio, sirviendo de fundamento lo dispuesto por los artículos 114, fracciones III y IV, 73, fracción XVIII y 74, fracción III, de la Ley de Amparo, no siendo por ello cierto que no se encuentre fundamentada la resolución que se revisa. Tiene aplicación de manera análoga el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicado en la tesis número 50, visible en las páginas trescientos sesenta y seis y trescientos sesenta y siete, del Informe de mil novecientos ochenta y cuatro, Primera Parte, que a la letra dice: 'PRENDA, CONSTITUCIONALIDAD DEL ARTICULO 341 DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA LA VENTA DE LA. Son las necesidades ingentes del crédito mercantil las que justifican la institución de un procedimiento muy breve para la venta de la prenda. Ella es, en efecto, uno de los instrumentos más familiares del crédito. Si antes era síntoma de desequilibrio económico del comerciante, hoy en día se encuentra en boga, como consecuencia de la gran producción de la industria y de los títulos de crédito. La sobreproducción halla natural válvula de escape en la prenda mercantil, que permite a los industriales la utilización del crédito así obtenido en la continuación de sus negocios o en otros de nueva empresa, en espera del momento favorable para la venta del producto dado en prenda. La gran producción de títulos valores también es fuente constante de la prenda. Frecuentemente las aperturas de crédito y los anticipos bancarios hallan en la prenda su sostén más importante. La necesidad urgente de utilizar, en la economía contemporánea, el dinero que se obtiene sobre la prenda, y las rápidas oscilaciones de los precios de los bienes empeñados, que permite al propietario esperar la oportunidad para una venta favorable; la necesidad, en suma, del crédito mercantil y de la circulación de la riqueza mediante la circulación o utilización de ese crédito, hicieron sentir la necesidad de formas simples y rápidas tanto para la constitución como para la venta de la prenda. Por otra parte, de conformidad con el artículo 341 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, puede el deudor, desde luego, oponerse a la venta y evitarla, exhibiendo el importe del adeudo. Pero si la venta se efectúa porque el deudor no exhiba el importe del adeudo, el producto de esa venta se sustituye en los bienes o títulos vendidos, conservándolos el acreedor en prenda, esa venta no impide al deudor que promueva juicio en el que se juzgue sobre la exigibilidad de la obligación principal, sobre la nulidad, prescripción, pago parcial o total o sobre cualquier otra causa que la hubiese extinguido total o parcialmente o aplazado. Es por eso, por lo que el precio de la venta no lo recibe el acreedor en pago, sino que lo conserva en prenda, para que su destino se decida resuelto el pleito, esto es, una vez dilucidadas las cuestiones que el deudor hubiese planteado. Así, se conserva en principio incólume, la garantía de previa audiencia; por lo tanto, el artículo 341 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito no puede conceptuarse inconstitucional.' Igualmente sirve de apoyo en lo aplicable la tesis de jurisprudencia número 236, que aparece publicada en la página seiscientos sesenta y dos del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, fallos de mil novecientos diecisiete a mil novecientos ochenta y cinco, Cuarta Parte, Tercera Sala, del tenor literal siguiente: 'PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS. El secuestro de bienes como providencia precautoria, no es acto de ejecución irreparable, porque en la sentencia que se pronuncie en el juicio, se resolverá si debe o no subsistir, y contra esa sentencia se puede interponer el amparo; por la misma consideración, no es acto que deje sin defensa al quejoso, y por último, tampoco puede considerarse como un acto ejecutado fuera de juicio.' Ahora bien, según se dijo con antelación en el procedimiento de venta de prenda, no se va a analizar el fondo del asunto, siendo en todo caso en el juicio que el quejoso promueva, si a sus intereses conviene, en donde podrá cuestionar la procedencia de exigibilidad de las obligaciones derivadas del contrato de referencia, de donde se sigue que los actos reclamados no tienen una ejecución de imposible reparación. Igual razonamiento debe expresarse en lo que se refiere a la manifestación del recurrente en el sentido de que sí se le causa un perjuicio cuya ejecución es de imposible reparación, porque el artículo 46 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, autoriza a las organizaciones auxiliares a conservar en su poder el precio que cubra las responsabilidades del deudor, que podrá aplicarse en compensación del crédito, una vez que se haya realizado la venta de los bienes dados en prenda, dado que tal hecho no le impide al deudor hacer las reclamaciones conducentes en un juicio que en su caso promueva, según se dijo párrafos atrás. Ahora bien, aun y cuando es verídico que no se verá en un nuevo juicio lo relativo a si estuvo o no bien la citación que se le hizo en el procedimiento de venta, también lo es que sí podrá demandar el deudor el pago de los daños y perjuicios que se le hubieren causado, por la venta de los bienes dados en prenda, no quedando por ello en estado de indefensión, de ahí que no se esté en presencia de actos ejecutados fuera de juicio ni su ejecución es de imposible reparación. Por otro lado, si bien es cierto el motivo por el cual los actos reclamados no son de imposible reparación, no es el expuesto por el a quo, según se expresó con anterioridad, y por ello es irrelevante si el quejoso interpuso o no incidentes y recursos previos a la interposición de la demanda de amparo y si los mismos son procedentes o no, también lo es que, según se dijo, los actos reclamados no son de imposible reparación, porque el quejoso podrá aducir las violaciones respectivas en la vía y forma idóneas. Por último, no es cierto que el Juez Federal no exprese cuáles son los actos por los cuales sobreseyó en el juicio, dado que de la simple lectura de la sentencia que se estudia, se advierte que sobreseyó en el juicio por lo que respecta a todos y cada uno de los actos reclamados. Así las cosas y toda vez que los agravios no entrañan las conculcaciones aducidas por el recurrente, lo conducente es confirmar la sentencia impugnada."

De esta ejecutoria derivó la tesis que aparece publicada en el Tomo VII del Semanario Judicial de la Federación, Octava Epoca, enero de mil novecientos noventa y uno, páginas trescientos cincuenta y seis y trescientos cincuenta y siete, que a la letra dice:

"PRENDA, SOLICITUD DE LA VENTA DE LOS BIENES DADOS EN. NO CONSTITUYE UN ACTO QUE PUEDA RECLAMARSE EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO (sic). La solicitud de la venta de los bienes dados en prenda, con que se inicia el procedimiento, que establece el artículo 341 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y los actos que de dicho procedimiento deriven, no pueden considerarse ejecutados fuera de juicio, ni tal ejecución es de imposible reparación dado que dicha solicitud es una consecuencia que deriva de la celebración del contrato de prenda, cuando se vence la obligación y el deudor no cubre el importe del adeudo y por ello a tal contingencia se obliga dicho deudor al celebrar el contrato de mérito, debiendo señalarse que el referido deudor no puede ser oído ni vencido en ese procedimiento, por no existir juicio, ya que en el mismo no puede ofrecer pruebas, ni se da contienda, y en consecuencia no se dicta ningún fallo que resuelva el fondo del negocio, por no plantearse ninguna litis, al tener como único objeto el procedimiento, la venta de los bienes dados en prenda, no aplicándose el monto de la operación al pago, sino que viene a sustituir a la garantía otorgada, y el multicitado deudor sólo puede oponerse a tal venta exhibiendo el importe del adeudo, siendo ésta la razón por la cual los actos reclamados no pueden ser analizados en el juicio de amparo, porque la violación de garantías emanará en todo caso del juicio que promueva el deudor, en el que se juzgue sobre la exigibilidad de la obligación principal, la nulidad, prescripción, pago parcial o total o cualquier otra causa que la hubiese extinguido total o parcialmente o aplazado, conservando de esta manera el mencionado deudor incólume la garantía de previa audiencia, sin que se contraponga a ello la circunstancia de que el artículo 46 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, autorice a las organizaciones auxiliares a conservar en su poder el precio que cubra las responsabilidades del deudor, que podrá aplicarse en compensación del crédito, una vez que se haya realizado la venta de bienes dados en prenda, dado que tal hecho no le impide al deudor hacer las reclamaciones conducentes en un juicio que en su caso promueva, según se dijo con antelación. Ahora bien, aun cuando es verídico que no se verá en un nuevo juicio lo relativo a si estuvo o no bien la citación que se hizo en el procedimiento de venta, también lo es que sí podrá demandar el deudor el pago de los daños y perjuicios que se le hubieren causado por venta de los bienes dados en prenda, motivo por el cual se considera correcto el sobreseimiento en el juicio, emitido por el Juez Federal, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 114, fracciones III y IV, 73, fracción XVIII y 74, fracción III, de la Ley de Amparo."

B. El juicio de amparo en revisión 561/92, radicado ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, tiene estos antecedentes:

Héctor Rogelio, Reynaldo y Adrián, todos de apellidos Ocampo Salazar, por su propio derecho acudieron al juicio de amparo reclamando del Juez Segundo de lo Mercantil con residencia en la ciudad de Colima y de otras autoridades, los actos consistentes en el auto dictado en el procedimiento especial de venta de prenda instaurado en su contra por el Banco Nacional del Pequeño Comercio, por cuya virtud se les ordena que hagan entrega de los bienes dados en prenda para proceder a su venta.

El Juez de Distrito sobreseyó en el juicio por estimar que "la solicitud de la entrega de los bienes dados en prenda con que se inicia el procedimiento que establece el artículo 341 multicitado y las consecuencias que de dicho procedimiento se deriven, contrariamente a lo aseverado en la demanda, no pueden considerarse ejecutados fuera de juicio, ni tal ejecución es de imposible reparación, en virtud de que la respectiva petición formulada por el hoy tercero perjudicado, es una consecuencia lógica de la celebración del contrato de apertura de crédito simple con garantía prendaria que fue referido líneas arriba y del impago en que incurrieron, al parecer, los hoy peticionarios, y por ello a tal contingencia se obligaron éstos al suscribir el multirreferido contrato. Además, los hoy quejosos no pueden ser oídos ni vencidos en ese procedimiento por no existir juicio, ya que la naturaleza del mismo lo constituye, como se dijo líneas arriba, la venta de los bienes dados en prenda, máxime que el monto de la operación de venta no se aplica al pago del adeudo, sino que, tal y como se aprecia del último párrafo del artículo 341 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, debe ser conservado en prenda por el acreedor ya que viene a sustituir a la garantía otorgada inicialmente. Amén de lo anterior, también es conveniente resaltar que pueden oponerse a la venta exhibiendo el importe del adeudo, de donde resulta incuestionable que los actos hoy combatidos no pueden ser analizados en esta acción constitucional, porque en caso de existir violación de garantías, la misma emanará en todo caso del juicio que promuevan los deudores, en el que se juzgue lo correspondiente respecto de la obligación principal, y así de esta manera los hoy quejosos no resultan dañados en la garantía de previa audiencia establecida en el artículo 14 constitucional, además de que tienen expedita la vía para demandar el pago de los daños y perjuicios que se les hubieren causado por la venta de los bienes dados en prenda. En este estado de cosas, es indudable que los actos que hoy se reclaman no tienen sobre los quejosos una ejecución de imposible reparación por no afectar directamente sus derechos fundamentales, en virtud de que el procedimiento natural constituye únicamente la sustitución de la garantía prendaria original tantas veces indicada, a más de que los peticionarios ya no podían disponer libremente conforme a la ley, de los bienes otorgados en prenda, por la limitación fijada al celebrar el contrato de apertura de crédito relativo, mismo que fue inscrito en el Registro Público de la Propiedad. Así las cosas, se surte desde luego la improcedencia de esta acción constitucional en los términos del artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 114, fracciones III y IV, ambos de la Ley de Amparo, de conformidad con el numeral 74, fracción III, del mismo ordenamiento legal, procede sobreseer en el juicio. Tiene exacta aplicación a lo antes considerado, la tesis VIII. 7 C, visible en la página 356, Tomo VII, enero de 1991, Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Epoca del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "PRENDA, SOLICITUD DE VENTA DE LOS BIENES DADOS EN. NO CONSTITUYE UN ACTO QUE PUEDA RECLAMARSE EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO (sic)." (ya se transcribió en el apartado anterior).

Inconforme con la sentencia, la parte quejosa hizo valer el recurso de revisión y en la sesión del día dieciocho de febrero de mil novecientos noventa y tres, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito revocó la sentencia recurrida, atentos las consideraciones que en lo conducente se transcriben:

"El agravio que los recurrentes hacen consistir en la aplicación inexacta por el a quo de la causal de improcedencia que contiene la fracción XVIII del artículo 73, en relación con las fracciones III y IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, es fundado, en la medida que este tribunal suple la deficiencia de la queja en términos de la fracción VI del numeral 76 bis de la legislación invocada. En efecto, el artículo 341 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, establece un procedimiento especial para la venta de los bienes o títulos dados en prenda, cuando se vence la obligación garantizada y no se ha cumplido con ella; el cual, para su trámite, sólo requiere la petición del acreedor con la que se corre traslado al deudor, quien puede oponerse a la venta exhibiendo el importe del adeudo, en el término de tres días. En caso de que no lo haga, el Juez mandará se efectúe la venta en los términos de ley. Este procedimiento no constituye un juicio, pues no existe demanda, ni emplazamiento, ni se da una contestación. Por consiguiente, debe considerarse que los actos que de él emanan se llevan a cabo fuera de juicio. Además, los actos combatidos por los promoventes, dadas las características del procedimiento de que se trata, son de difícil reparación, pues de llevarse a cabo la venta a terceras personas de los bienes muebles empeñados, como se pretende, se les privaría de ellos irremediablemente, pues aun cuando llegase a existir un juicio y obtuviesen sentencia favorable, la afectación o sus efectos no se destruirían con ello, porque no sería posible restituirles la propiedad ni el uso de los objetos vendidos, en virtud de que los bienes muebles ya estarían en poder de terceros. En tales circunstancias, es evidente que el juicio de amparo indirecto sí procede, conforme a la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo pues, como ya se dijo, se trata de un acto ejecutado fuera de juicio, cuya reparación es imposible y afecta los intereses de los quejosos al privarlos de su posesión, motivo por el cual procede revocar el sobreseimiento que decretó el a quo y estudiar el fondo del negocio, de conformidad con la fracción III del artículo 91 de la ley de la materia. Tiene aplicación, por analogía, la tesis de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número 3a. 43, visible en la página doscientos noventa y uno, Tomo IV, Primera Parte, julio-diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, Octava Epoca del Semanario Judicial de la Federación, que dice: 'EJECUCION DE IMPOSIBLE REPARACION. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCION III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procede el amparo indirecto 'Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...'. El alcance de tal disposición obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo.' En base a los argumentos expuestos, este órgano colegiado, no comparte el criterio que sostiene el Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, en la tesis que se publicó en las páginas trescientos cincuenta y seis y trescientos cincuenta y siete, Tomo VII, bajo el número VIII. 7 C, enero de mil novecientos noventa y uno, de la Octava Epoca del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: 'PRENDA. SOLICITUD DE LA VENTA

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4109-0d0a7258/prenda-mercantil-venta-judicial-de-la-procede-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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