MAQUINAS REGISTRADORAS DE COMPROBACION FISCAL. EL ARTICULO 29 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION NO VIOLA LA GARANTIA DE AUDIENCIA PREVISTA EN EL ARTICULO 14 CONSTITUCIONAL. MAQUINAS REGISTRADORAS DE COMPROBACION FISCAL. EL ARTICULO 29 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION NO VIOLA EL NUMERAL 25 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
AMPARO EN REVISION 283/96. MADERAS Y TRIPLAY DEL GOLFO, S.A. DE C.V.
CONSIDERANDO:
SEXTO. El argumento esgrimido en el cuarto concepto de agravio, encaminado a sostener que las máquinas registradoras afectan la actividad comercial, ya que si no se adquieren pueden afectar el patrimonio del contribuyente e incluso pueden provocar la clausura de la negociación, es infundado.
En efecto, la implantación de un sistema de registro contable a través de las máquinas de comprobación fiscal, no tiene como propósito fundamental el de imponer al contribuyente un acto de privación de su patrimonio, sino se trata de una prestación de hacer que se instrumenta a opción de los obligados, a través de dos mecanismos: uno, derivado de la relación entre el particular y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el que aquél recibe la máquina respectiva y a su vez está obligado a pagar los derechos fiscales que por los conceptos de asignación y uso se previenen; dos, el contribuyente opta por adquirir la máquina de los fabricantes o importadores autorizados por tal dependencia. Estas opciones no implican un acto de privación del patrimonio del contribuyente, pues por una parte el obligado puede celebrar contrato con Hacienda mediante el libre ejercicio de su voluntad, o bien, puede establecer las condiciones de pago con los autorizados por la propia dependencia considerando su capacidad económica. Ello definitivamente no implica un menoscabo o una disminución de su patrimonio por la adquisición de la máquina registradora de comprobación fiscal, sino en todo caso se trata de prestaciones que quedan a la voluntad de las partes contratantes.
Aplicación similar tiene la tesis de jurisprudencia de este Tribunal Pleno con el número LXXVII/93, publicada en la Gaceta número 71, del Semanario Judicial de la Federación, noviembre de 1993, en la página 46, que a la letra dice:
"MAQUINAS REGISTRADORAS DE COMPROBACION FISCAL. EL ARTICULO 29 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, NO VIOLA LA GARANTIA DE AUDIENCIA DEL ARTICULO 14 CONSTITUCIONAL. El artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, al establecer que los contribuyentes con local fijo tienen la obligación de registrar el valor de los actos o actividades que realicen con el público en general en las máquinas de comprobación fiscal, no viola la garantía del artículo 14 constitucional, pues su propósito fundamental no es el de imponer a esta clase de contribuyentes un acto de privación, sino una prestación de hacer, que se instrumenta a opción de los obligados, mediante dos mecanismos; en uno, derivado de la relación de este artículo con el 53-C de la Ley Federal de Derechos, el particular recibe de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la máquina respectiva y está obligado a pagar los derechos fiscales que por los conceptos de asignación y uso se previenen; en el otro, derivado de aquel precepto en relación con el 29-A del reglamento del citado código, el obligado adquiere la máquina de los fabricantes o importadores autorizados por esa dependencia. En el primer supuesto, el acto de privación no deriva del deber de adquirir la máquina, pues ésta se les asigna para su uso por la dependencia, sino de su obligación de pagar los derechos respectivos, razón por la cual se satisface la garantía de audiencia conforme al criterio excepcional que en materia impositiva ha sostenido este órgano colegiado, pues la determinación del crédito determinado por la aplicación de tales preceptos, podrá ser combatida en el recurso administrativo de revocación o en el juicio contencioso-administrativo con arreglo a los artículos 2o., fracción IV y 117, fracción I, del propio ordenamiento en relación con el 23, fracción I, de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación. En el segundo supuesto, la adquisición de la máquina directamente de sus fabricantes o importadores en ejercicio de la opción concedida por las normas reclamadas a los contribuyentes, que, por estimarlo favorable a sus intereses, prefieren sustraerse del programa de asignación a fin de elegir la maquinaria más idónea y útil para sus objetivos empresariales, no implica, obviamente, un acto de privación impuesto unilateralmente por el Estado respecto del cual debiera observarse la garantía de audiencia previa, pues el pago del precio deriva de un contrato celebrado en ejercicio de la voluntad del contribuyente que no se traduce en una disminución patrimonial, sino en el ingreso a su peculio de un bien."
En relación al argumento de que los actos reclamados al Ejecutivo Federal son violatorios de la garantía tutelada por el artículo 25 constitucional por contravenir la política anunciada por el Ejecutivo Federal, resulta pertinente señalar que es infundado toda vez que el artículo 25 de la Constitución Federal en ninguno de sus párrafos concede garantía individual alguna que proteja las responsabilidades fiscales o que restrinja al legislador en la imposición de obligaciones a cargo de los causantes para que adquieran máquinas registradoras que les permitan llevar un adecuado registro de sus operaciones. La rectoría del desarrollo del Estado está orientada a conceder subsidios dando facilidades a empresas de nueva creación, estimulando la exportación de productos, concediendo oportunidades para la importación de materias primas y en general a impulsar el desarrollo del país y si bien es cierto que desde mil novecientos ochenta y seis el país vive una situación económica de reajuste ello no implica que el Ejecutivo esté limitado para procurar en la esfera administrativa los reglamentos en materia fiscal que sean necesarios.
Resulta aplicable el precedente resuelto por el Tribunal Pleno publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Epoca, Tomo I-Junio, página 40, en el amparo en revisión 1134/92 de diez de abril de mil novecientos noventa y cinco, por unanimidad de nueve votos y cuyo rubro de tesis es el siguiente:
"MAQUINAS REGISTRADORAS DE COMPROBACION FISCAL. EL ARTICULO 29 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, NO VIOLA EL NUMERAL 25 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."
En cuanto a las argumentaciones vertidas en el agravio en estudio sobre el artículo 26 constitucional, en las que sostiene que se viola en su perjuicio el no realizar exactamente lo que la norma señala que es la salvaguarda de la legalidad y la seguridad jurídica para el gobernado, ya que la planeación del desarrollo nacional debe ser democrática sin afectar los derechos de los gobernados en la recaudación y crecimiento económico, son infundadas.
En efecto, la Constitución expresamente señala que la planeación será democrática y que el Ejecutivo estará facultado para establecer los procedimientos de participación y consulta popular en el Sistema Nacional de Planeación; asimismo instrumentará los controles, la formulación y evaluación del plan y los programas de desarrollo, es decir, el Estado Mexicano organizará y regirá la política económica, social y cultural de la Nación.
Los lineamientos que la Constitución precisa en este precepto, están referidos a la planeación económica del Estado y en ninguno de sus párrafos contiene garantías específicas del gobernado. Por tanto, el establecimiento del Plan Nacional de Desarrollo es una consecuencia de la rectoría económica del Estado encaminada a organizar al país, y el hecho de que se publique dicho plan no afecta la esfera jurídica de la quejosa. Resulta aplicable la jurisprudencia 1/92 emitida por el Pleno de este alto tribunal, de aplicación analógica, visible a foja cincuenta y nueve del Semanario Judicial de la Federación, Octava Epoca, Tomo IX, enero de 1992, y cuyo texto es el siguiente:
"CONTRIBUCIONES. LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY QUE LAS ESTABLECE NO DEPENDE DE SU CONTRADICCION CON ORDENAMIENTOS SECUNDARIOS O PACTOS ECONOMICOS. La inconstitucionalidad de la ley que establece un gravamen no puede fundarse en el hecho de que éste contraríe el espíritu de leyes de carácter secundario o pactos económicos, sino en la demostración de que resulta violatorio de algún precepto de la Constitución Federal."
SEPTIMO. En el agravio primero y parte del cuarto y quinto, la recurrente aduce sustancialmente que es incorrecto que el Juez de Distrito, en su sentencia, hubiese tenido por reproducidos los conceptos de violación hechos valer; y que omitió ocuparse del estudio y análisis de los conceptos de violación primero, quinto, séptimo y octavo.
Son parcialmente fundados los agravios hechos valer.
En efecto, se estima que aun cuando le asiste la razón a la quejosa en el sentido de que el a quo tuvo por reproducidos los conceptos de violación planteados, sin transcribirlos, ello no implica que haya infringido disposición alguna de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión a la quejosa, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma.
En cambio, el agravio es fundado en tanto que de la íntegra lectura de la sentencia sujeta a revisión, no se advierte que el Juez de Distrito se hubiese ocupado del estudio y análisis de los conceptos de violación primero, quinto, séptimo y octavo, por estimar que no reunían los requisitos para ser considerados como conceptos de violación, por lo que en esa virtud, este Tribunal en Pleno, con apoyo en el artículo 91, fracción I, de la Ley de Amparo, procede a analizar los referidos conceptos de violación.
En el primero de ellos se sostiene que los actos reclamados del Congreso de la Unión violan las garantías de legalidad y seguridad jurídica, toda vez que aprobó una iniciativa de ley sin haber tomado en cuenta, dentro del dictamen de la Comisión, aspectos técnicos fundamentales, ni se consultó a las cámaras de comercio, a efecto de tratar de conciliar la modernización fiscal pretendida.
Es infundado el concepto de violación, dado que contrariamente a lo que en él se aduce, en el caso no existe la violación alegada, en virtud de que el acto legislativo reúne los requisitos de fundamentación y motivación, (tal y como lo refirió el Juez del conocimiento) siendo aplicable al respecto la tesis de jurisprudencia del Pleno de este alto tribunal número 146, consultable a páginas 149, Tomo I, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que dice:
"FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD LEGISLATIVA. Por fundamentación y motivación de un acto legislativo, se debe entender la circunstancia de que el Congreso que expide la ley, constitucionalmente esté facultado para ello, ya que estos requisitos, en tratándose de actos legislativos, se satisfacen cuando aquél actúa dentro de los límites de las atribuciones que la Constitución correspondiente le confiere (fundamentación), y cuando las leyes que emite se refieren a relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas (motivación); sin que esto implique que todas y cada una de las disposiciones que integran estos ordenamientos deben ser necesariamente materia de una motivación específica."
Además, debe decirse que no es admisible estimar que, por no haberse consultado a organismos como las cámaras de comercio, a efecto de que se tratara de conciliar la modernización fiscal pretendida, se esté en presencia de una violación a las garantías de legalidad y seguridad jurídica, como erróneamente lo sostiene la recurrente, habida cuenta que ello no condiciona en modo alguno las facultades del Congreso de la Unión para decidir y establecer las normas legislativas de acuerdo con su competencia.
Los argumentos vertidos en el quinto, séptimo y octavo conceptos de violación son los siguientes:
"QUINTO. Tales artículos 28 y 29 del Código Fiscal Federal y el 29 A al K del reglamento, son en todo caso, aplicados en forma inexacta reiterando una violación a la seguridad jurídica y legalidad de los gobernados. En efecto, dichos artículos señalan la simple obligación de registrar las operaciones que efectúen los contribuyentes con local fijo. De ello se desprende que el legislador jamás pretendió incidir en el patrimonio de estos contribuyentes ya que si así hubiese sido hubiera señalado la obligación de adquirir o pagar la máquina. Esto se refuerza con el siguiente párrafo que señala la condición para la actualización de dicha obligación: ... cuando la secretaría se las proporcione (artículo 29 del Código Fiscal, quinto párrafo). Al hablar de que se las proporcione indica en una interpretación literal y gramática, que es la que la técnica jurídica establece en materia fiscal, se alude a 'dar, poner las cosas en aptitud o disposición para lo que se desea', pero jamás cobrar, asignar o vender, palabras que tienen un significado específico. La propia Ley Federal de Derechos no contemplaba el cobro de la misma sino hasta el 20 de diciembre de 1991, cinco años después de la existencia jurídica de la norma que impone las dichosas máquinas, ello es señal que la norma fundamental no contemplaba cobro alguno por las mismas y ello no se está realizando en la materialización de la ampliación de la norma. En tal virtud, independientemente de lo inconstitucional de los preceptos aludidos, los actos de aplicación de los mismos, son ilegales en cuanto a que no se ajustan a lo que señalan los mismos. Es decir, el acto de aplicación es incongruente con lo dispuesto por las normas a las que alude como fundamento del mismo. En este orden de ideas, si se establece que sólo tienen que registrar sus operaciones cuando la secretaría les proporcione las máquinas, es obvio que en tanto no ocurra tal condición no deben cumplir dicha obligación puesto que no se ha actualizado el supuesto jurídico que la determina.- SEPTIMO. Tales artículos de la Ley Federal de Derechos violan en mi perjuicio la garantía de legalidad puesto que contradicen lo literalmente expresado en términos de los artículos 1o. y 2o., fracción IV, del Código Fiscal Federal, que señalan que las contribuciones se destinarán a gastos públicos generales y que: artículo 2o. fracción IV. 'DERECHOS: Contribuciones establecidas en la ley por el uso o aprovechamiento de bienes de dominio público de la Nación así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado'.- De dicha definición se comprende que la asignación de la máquina registradora no es un servicio del Estado; ni que el uso de la misma sea un servicio que preste el gobierno. Al contrario, se trata de un acto de imposición para efecto de coaccionar a la compra y uso de la misma, significando un daño y perjuicio en el patrimonio del gobernado.- OCTAVO. Los artículos mencionados de la Ley Federal de Derechos, también violan la garantía de legalidad en cuanto a que no cumplen con el requisito de destinarse a un gasto público sino que se destinan directamente al pago del costo de la máquina; pago que se hace a los que las fabrican y/o venden por lo que siendo éstos unos cuantos, se trata de un destino específico del que no se establece en ley alguna."
De lo anterior se infiere que los conceptos de violación transcritos se refieren a cuestiones de legalidad, por lo que este órgano colegiado se encuentra impedido a analizarlos, procediendo reservar jurisdicción al Tribunal Colegiado competente.
OCTAVO. Respecto del quinto concepto de agravio, en el que alega que el ejercicio de la actividad empresarial es afectada, toda vez que los artículos 28 y 29 del Código Fiscal de la Federación impiden el desarrollo de la actividad comercial, resulta infundado; tal y como lo refirió el Juez del conocimiento, la utilización de las máquinas registradoras en forma alguna trastorna el funcionamiento de la actividad comercial a que se dedica la empresa quejosa puesto que los artículos referidos no impiden de manera alguna que siga desarrollando la actividad comercial a que se dedica sino tan sólo que registre los actos o actividades que lleve a cabo en su negociación en la máquina registradora, la cual puede adquirir de los fabricantes o importadores autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o bien optar por la asignación de la misma pagando los derechos establecidos en el artículo 53-C de la Ley Federal de Derechos, siendo pertinente señalar que si bien aquélla se podría ver afectada en el ejercicio de esa actividad al no adquirir la referida máquina, lo cierto es que con la implantación se logra un sistema de registro más confiable que coadyuva con el ejercicio de la facultad recaudadora de la autoridad hacendaria, lo que en último de los casos es lo que interesa a la sociedad, debiendo prevalecer el interés de ésta frente al particular pues el artículo 5o. de la Ley Suprema entiende la libertad de comercio en función de la sociedad al autorizar que se limite en beneficio de la colectividad. En apoyo de lo anterior resulta procedente invocar la tesis de jurisprudencia sostenida por este alto tribunal, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación número 70, octubre de 1993, en la página 12, cuyo rubro es el siguiente:
"MAQUINAS REGISTRADORAS DE COMPROBACION FISCAL. SU IMPLANTACION OBLIGATORIA PARA LOS CONTRIBUYENTES CON LOCAL FIJO NO VIOLA LA LIBERTAD DE COMERCIO."
NOVENO. En virtud de que en el sexto agravio la recurrente combate la negativa del amparo, en relación con el acto concreto de aplicación de los ordenamientos legales tildados de inconstitucionales, con fundamento en los artículos 85, fracción II y 92 de la Ley de Amparo, en relación con el 37, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, procede reservar jurisdicción al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, para que se haga cargo de los aspectos de legalidad, al que deberán remitírsele los autos del juicio de amparo, el original del escrito de expresión de agravios y las demás constancias que se estimen pertinentes.
Por lo expuesto, y fundado, y con apoyo además en los artículos 90 y 91 de la Ley de Amparo, se resuelve:
PRIMERO. En lo que es materia de la revisión, se confirma la sentencia recurrida.
SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Maderas y Triplay del Golfo S.A. de C.V., en contra de los actos y por las autoridades precisados en el resultando primero de esta ejecutoria.
TERCERO. Se reserva jurisdicción al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, en los términos y para los efectos que se precisaron en el séptimo y el último considerandos de esta resolución.
Notifíquese y cúmplase; envíese testimonio de esta resolución, para su conocimiento, al Juez Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río y, en su oportunidad, archívese el toca como asunto concluido.
Así, lo resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de once votos de los Ministros Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azuela Güitrón, Juventino Castro y Castro, Juan Díaz Romero, Genaro David Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Humberto Román Palacios, Olga María del Carmen Sánchez Cordero, Juan N. Silva Meza y presidente José Vicente Aguinaco Alemán. Fue ponente el Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4156-77c2fd37/maquinas-registradoras-de-comprobacion-fiscal-el-articulo-29 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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