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Modo: Corpus Pro

MULTAS ADMINISTRATIVAS O NO FISCALES. PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO CONTRA LAS. MULTAS NO FISCALES, SON TODAS LAS ESTABLECIDAS POR LA COMISION DE INFRACCIONES NO RELACIONADAS CON LA MATERIA TRIBUTARIA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 100/95. · Registro digital (IUS): 4179
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO NOVENO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Marzo de 1997, , Pág. 396.

CONTRADICCION DE TESIS 100/95. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO NOVENO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO. Previamente a definir el criterio que, en su caso, ha de prevalecer, debe decirse que el presidente del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, tiene legitimación para denunciar la contradicción de tesis que se plantea, porque los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, establecen que cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los propios tribunales o los Magistrados que los integran podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, para que ésta decida cuál tesis debe prevalecer; por lo anterior, al colmarse ese requisito de procedibilidad, es el caso de analizar la contradicción planteada.

TERCERO. De la resolución dictada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, en la improcedencia 301/95-II, se advierte que en el juicio de amparo respectivo, se precisaron como autoridades responsables y actos reclamados, los siguientes:

Como autoridades ordenadoras:

1) Procurador Federal del Consumidor;

2) Director general de Coordinación de Delegaciones de la Procuraduría Federal del Consumidor; y

3) Director de Recursos Administrativos de la Dirección General de lo Contencioso y de Recursos de la Procuraduría Federal del Consumidor con residencia en México, Distrito Federal;

Como autoridades ejecutoras:

4) Delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor en el Estado de Tamaulipas; y

5) Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Ciudad Victoria, Tamaulipas.

Actos reclamados:

La resolución de fecha 28 de febrero de mil novecientos noventa y cinco, mediante la cual se declaran infundados los agravios hechos valer en contra de la resolución administrativa del 25 de junio de 1992, dentro del expediente número 29/92, dictada por el C. delegado estatal de la Procuraduría Federal del Consumidor, y su ejecución.

La parte considerativa de la ejecutoria, en la parte conducente, es del tenor literal siguiente:

"CUARTO. Los agravios marcados con las letras a), b), c) y d), son ineficaces.

"Efectivamente, en ellos se aduce, sustancialmente, que en virtud del recurso de revocación promovido en contra de la multa impuesta por el delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor de esta entidad, ya se había suspendido el cobro de la sanción, por tanto, la Juez de Distrito sólo tenía que ordenar que 'se mantuviesen las cosas en el estado que guardaban'.

"Ahora bien, el hecho de que se pudiera haber otorgado la suspensión del cobro de la multa por virtud del recurso de revocación interpuesto (situación que no se encuentra probada en autos), nada tiene que ver con la razón que tuvo en consideración la Juez Federal para desechar la demanda de amparo a que este toca se refiere, pues la juzgadora estimó que debía acudirse a demandar la nulidad de la citada multa ante el Tribunal Fiscal de la Federación, atento que de acuerdo a las disposiciones del artículo 135 de la Ley de Amparo, son mayores los requisitos que deben satisfacerse en la instancia constitucional para que por vía de amparo la potestad federal ordene a las autoridades responsables que se abstengan de realizar el cobro fiscal en cuestión; amén de que la posible suspensión otorgada en el recurso de revocación concluyó al momento en que este medio impugnativo fue resuelto, resultando, de acuerdo a lo expuesto, inaceptable la pretensión de que la Juez a quo mediante un proveído dictado en el juicio de garantías, prolongue los efectos de aquella medida que según se dice, fue otorgada en la instancia de revocación, debiendo cumplirse ahora con las prescripciones de la Ley de Amparo para obtener la suspensión de los actos reclamados en la contienda constitucional.

"Los agravios identificados con los incisos f), g) y h) son infundados.

"Lo anterior es así, ya que, como bien lo consideró la Juez de Distrito, de agotarse el juicio fiscal puede obtenerse la suspensión del cobro de los créditos tributarios mediante la satisfacción de menores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva, como a continuación se explica:

"a) El artículo 135 de la ley de la materia señala: 'Cuando el amparo se pida contra el cobro de contribuciones, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado ...'; lo anterior significa que no necesariamente se encuentra obligado el juzgador federal a otorgar la suspensión en estos casos, pudiendo actuar según su prudente arbitrio, fundando y motivando su determinación. En cambio, ante las autoridades tributarias no existe tal discrecionalidad, ya que en todo caso deberán abstenerse de ejecutar los actos administrativos cuando se garantice el interés fiscal, según lo ordena el artículo 144 del Código Fiscal de la Federación, sin que haya lugar a discrecionalidad alguna.

"b) En materia de amparo necesariamente debe depositarse la cantidad que se cobra, lo cual no sucede tratándose del juicio de nulidad, pues en términos de lo ordenado por el artículo 141 del código tributario fiscal, (sic) además del depósito, se permite la prenda o hipoteca, fianza, obligación solidaria asumida por un tercero, e incluso el embargo por la vía administrativa.

"c) En lo correspondiente al monto de la garantía, existe igualdad de condiciones tanto en el juicio de amparo como ante la autoridad fiscal; pues si bien el artículo 141 del Código Fiscal de la Federación analiza los renglones que debe abarcar la misma, contemplando la suerte principal, los accesorios causados, así como los que se causen en los doce meses siguientes de su otorgamiento; cuando la ley rectora del juicio constitucional ordena que el depósito deberá comprender 'la cantidad que se cobra', ello debe entenderse como la suerte principal y todos los accesorios (multas y recargos) que por ley debe liquidar y hacer efectivos en favor del Fisco la autoridad tributaria correspondiente; pues la pretensión hacendaria no se modifica en razón al medio de defensa que elija el contribuyente para impugnar el cobro fiscal; de ahí que sea el medio ordinario de defensa o el juicio constitucional; para obtener la suspensión, 'la cantidad que se cobra' cuyo monto debe garantizarse sea la misma.

"Por último, en cuanto a la parte del artículo 135 de la Ley de Amparo que se analiza, en la cual se indica 'el depósito no se exigirá cuando se trate del cobro de sumas que excedan de la posibilidad del quejoso, según apreciación del Juez', se trata de una hipótesis muy específica que debe demostrarse en cada caso, lo cual no acontece en la especie, amén de que es muy poco probable, pues se trata de una multa por la cantidad de $266,600.00 (doscientos sesenta y seis mil seiscientos pesos 00/100 M.N. antiguos), impuesta como sanción al negocio de lavandería 'Ela' en la resolución administrativa de fecha veinticinco de junio de mil novecientos noventa y dos.

"En las relacionadas condiciones, la Juez de Distrito se apegó estrictamente a lo establecido en el artículo 73, fracción XV, de la ley de la materia al desechar la demanda de garantías por notoria improcedencia, determinación que debe confirmarse pues el acto reclamado debió ser impugnado ante el Tribunal Fiscal de la Federación, y al no haberse hecho así por la quejosa, omitió cumplir con el principio de definitividad, rector del juicio de garantías, atento que la multa impuesta puede ser modificada o revocada ante la potestad común."

De la ejecutoria transcrita derivó la siguiente tesis:

"DEFINITIVIDAD. PRINCIPIO DE, EN LOS JUICIOS DE AMPARO EN MATERIA FISCAL. En términos de lo dispuesto por el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, no es necesario agotar los medios ordinarios de defensa en materia administrativa cuando éstos no concedan la suspensión del acto impugnado, o exijan mayores requisitos que la Ley de Amparo para ello. Ahora bien, cuando en el juicio de garantías se impugna una multa impuesta por autoridades administrativas federales, en principio (salvo casos de excepción), sí es necesario acudir previamente ante el Tribunal Fiscal, puesto que las leyes tributarias otorgan la suspensión de la ejecución de tal multa sin exigir mayores requisitos a los previstos en la ley reglamentaria del juicio constitucional, lo cual queda evidenciado de acuerdo con lo siguiente: a). El artículo 135 de la ley de la materia señala: 'Cuando el amparo se pida contra el cobro de contribuciones, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado ...'; lo anterior significa que no necesariamente se encuentra obligado el juzgador federal a otorgar la suspensión en estos casos, pudiendo actuar según su prudente arbitrio, fundando y motivando su determinación. En cambio, ante las autoridades tributarias no existe tal discrecionalidad, ya que en todo caso deberán abstenerse de ejecutar los actos administrativos cuando se garantice el interés fiscal, según lo ordena el artículo 144 del Código Fiscal de la Federación, sin que haya lugar a discrecionalidad alguna. b). En materia de amparo necesariamente debe depositarse la cantidad que se cobra, lo cual no sucede tratándose del juicio de nulidad, pues en términos de lo ordenado por el artículo 141 del código tributario federal, además del depósito se permite: la prenda o hipoteca, fianza, obligación solidaria asumida por un tercero, e incluso el embargo por vía administrativa. c). En lo correspondiente al monto de la garantía, existe igualdad de condiciones tanto en el juicio de amparo como ante la autoridad fiscal, pues si bien el artículo 141 del Código Fiscal de la Federación analiza los renglones que debe abarcar la misma, contemplando la suerte principal, los accesorios causados, así como los que se causen en los doce meses siguientes de su otorgamiento; cuando la ley rectora del juicio constitucional ordena que el depósito deberá comprender 'la cantidad que se cobra', ello debe entenderse, como la suerte principal y todos los accesorios (multas y recargos) que por ley debe liquidar y hacer efectivos en favor del Fisco la autoridad tributaria correspondiente; pues la pretensión hacendaria no se modifica en razón al medio de defensa que elija el contribuyente para impugnar el cobro fiscal, ya sea el medio ordinario de defensa o el juicio constitucional. Por último, en cuanto a la parte del artículo 135 de la Ley de Amparo que se analiza, en la cual se indica 'el depósito no se exigirá cuando se trate del cobro de sumas que excedan de la posibilidad del quejoso, según apreciación del Juez'; se trata de una hipótesis muy específica que debe demostrarse en cada caso."

CUARTO. De la ejecutoria emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el amparo en revisión 2092/95, se advierte que como autoridades responsables, y actos reclamados, se señalaron:

Autoridades responsables:

1) Subprocurador de Recursos Administrativos, adscrito a la Procuraduría Fiscal del Distrito Federal, del Departamento del Distrito Federal;

2) Administrador Tributario Local en Perisur.

Actos reclamados:

a) De la autoridad señalada en primer término, "las resoluciones contenidas en los oficios números 3342 y 3346, Reg. 0660 y 0677, folios 026175 y 026176, respectivamente emitidas por el Departamento del Distrito Federal, Secretaría General de Planeación y Evaluación del D.D.F., Procuraduría Fiscal del D.F., Subprocuraduría de Recursos Administrativos, Subdirección de Recursos Administrativos, expedientes números 11-19-011-5/214.7/4046-94 y 11-19-011-5/214.7/4047-94, ambos de fecha 16 de noviembre de 1994, suscritas por el licenciado Ramón Ramírez Varela, subprocurador de Recursos, cuyo único punto resolutivo, a la letra dice: 'Desechar por improcedente el recurso de oposición al procedimiento administrativo de ejecución interpuesto por la promovente, por el cual impugnó el acto administrativo debidamente identificado en el rubro de esta resolución.' Estas resoluciones fueron notificadas el día 7 de febrero de 1995.".

b) De la lic. Rosa Ma. Cárdenas Martínez, administrador Tributario Local en Perisur, "el oficio con los números 71848 y 04947, de fecha 16 de diciembre de 1994, emitido por el Departamento del Distrito Federal, Secretaría General de Planeación y Finanzas, Tesorería del D.F., Subtesorería de Administración Tributaria, A.T.L. Perisur, U. Deptal. de Servicios Jurídicos, Notificación y Cobranza, dirigido a Automotriz Internacional, S.A. de C.V., que señala como asunto: 'Se cumplimenta resolución', suscrito por una persona diversa a la C. Lic. Rosa Ma. Cárdenas Martínez, administrador Tributario Local en Perisur, ya que advierte que junto a la firma se asentaron las letras 'p.p.', que le otorga a mi representada un plazo de quince días para cubrir el monto de la multa requerida. Documento del que tuvo conocimiento mi representada el día 7 de febrero de 1995.".

La parte considerativa de la ejecutoria en cuestión, en lo conducente, dice:

"CUARTO. Son fundados los agravios expresados por la recurrente, suplidos en lo conducente.

En efecto, contrariamente a lo afirmado por el Juez Federal, debe decirse que respecto al acto reclamado a la administradora Tributaria Local en Perisur, consistente en el oficio 71848-04947, de dieciséis de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, por el que se requiere a la sociedad mercantil quejosa el pago de la multa por la cantidad de N$1,333.00, no se surte la causal prevista en el artículo 73, fracción XII, párrafo primero, de la Ley de Amparo, relativa a la extemporaneidad de la presentación de la demanda.

En la demanda de amparo, la quejosa expresó que el siete de febrero de mil novecientos noventa y cinco tuvo conocimiento del oficio reclamado, en el que se le requiere el pago de la multa indicada; que la notificación respectiva no se practicó con las formalidades de ley toda vez que no se entendió con el representante legal.

Ahora bien, de las constancias de notificación del oficio reclamado, se advierte que el notificador entendió la diligencia con la persona que dijo llamarse Diana Vega, quien manifestó tener el carácter de secretaria de la negociación, pero no con el representante legal de la inconforme Automotriz Internacional, S.A. de C.V., de ahí que no quedó satisfecho el requisito exigido por el artículo 137 del Código Fiscal de la Federación, en que se apoyó el diligenciario.

Por tanto, no puede tenerse como fecha de conocimiento del acto reclamado, la que aparece en el acta de notificación respectiva (seis de enero de mil novecientos noventa y cinco), como lo consideró el a quo, teniendo en cuenta que la quejosa desconoce la fecha en que aparece se verificó el acto procesal, además de que no se entendió con el representante legal respectivo.

Luego, de la fecha en que la inconforme se manifestó sabedora (siete de febrero de mil novecientos noventa y cinco), a la fecha en que presentó su demanda de garantías (dieciséis de febrero de mil novecientos noventa y cinco), se desprende que no transcurrió en exceso el término de quince días a que se refiere el artículo 21 de la Ley de Amparo, de ahí que no se actualice la causal de improcedencia invocada por el Juez de Distrito.

En el mismo orden de ideas, debe considerarse fundado el segundo de los agravios que expresa la parte recurrente, en el que sustancialmente sostiene que no estaba obligada a agotar, previamente al juicio de amparo, el juicio de nulidad ante la Sala Regional correspondiente del Tribunal Fiscal de la Federación.

El artículo 107, fracción IV, de la Constitución Federal, establece que en materia administrativa el amparo procede, además, contra resoluciones que causen agravio no reparable mediante algún recurso, juicio o medio de defensa legal. No será necesario agotar éstos cuando la ley que los establezca exija, para otorgar la suspensión del acto reclamado, mayores requisitos que los que la ley reglamentaria del juicio de amparo requiera como condición para decretar esa suspensión.

Por su parte, el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo establece, como regla general, que el quejoso debe acatar el principio de definitividad del acto reclamado, esto es, que debe agotar previamente a la promoción del juicio de amparo el recurso, juicio o medio de defensa legal, cuando, conforme a la ley ordinaria que rija en el caso, se dé la posibilidad de suspender los actos reclamados, mediante su interposición, pero al mismo tiempo se señala como excepción, que en la legislación ordinaria de que se trate no se establezca la suspensión del acto o se exijan mayores requisitos que los que prevé el citado artículo 124 de la ley reglamentaria indicada, para conceder la suspensión definitiva; hipótesis esta en la que el amparo sí es procedente, desde luego, sin necesidad de agotar el recurso.

Así las cosas, claramente se advierte que para que opere el referido principio de definitividad del acto reclamado, se precisa que la ley que lo rige prevea la procedencia de la suspensión y que para otorgarla no exija mayores requisitos que los que fija la Ley de Amparo para otorgar la suspensión definitiva.

Una vez precisado lo anterior, debe decirse que, contrariamente a lo afirmado por el Juez de amparo, en el caso la quejosa no estaba obligada a agotar el juicio de nulidad ante el Tribunal Fiscal de la Federación, en contra de los actos reclamados, que se hicieron consistir en las resoluciones folios 026175 y 026176 de dieciséis de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, por las que el subprocurador de Recursos Administrativos del Distrito Federal, desechó por improcedentes los recursos de oposición al procedimiento administrativo de ejecución, promovidos en contra del cobro de multas administrativas impuestas por la Procuraduría Federal del Consumidor; con base en las siguientes consideraciones.

Los artículos 144 y 141 del Código Fiscal de la Federación, relativos a la garantía del interés fiscal y a la suspensión de los actos administrativos, establecen:

"Artículo 144. No se ejecutarán los actos administrativos cuando se garantice el interés fiscal, satisfaciendo los requisitos legales ..."

"Artículo 141. Los contribuyentes podrán garantizar el interés fiscal en alguna de las formas siguientes:

"I. Depósito de dinero en las instituciones de crédito autorizadas para tal efecto.

"II. Prenda o hipoteca.

"III. Fianza otorgada por institución autorizada, la que no gozará de los beneficios de orden y exclusión.

"IV. Obligación solidaria asumida por tercero que compruebe su idoneidad y solvencia.

"V. Embargo en la vía administrativa.

"La garantía deberá comprender, además de las contribuciones adeudadas actualizadas, los accesorios causados, así como de los que se causen en los doce meses siguientes a su otorgamiento. Al terminar este periodo y en tanto no se cubra el crédito, deberá actualizarse su importe cada año y ampliarse la garantía para que cubra el crédito actualizado y el importe de los recargos, incluso los correspondientes a los doce meses siguientes.

"El reglamento de este código establecerá los requisitos que deberán reunir las garantías. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público vigilará que sean suficientes tanto en el momento de su aceptación como con posterioridad y, si no lo fueren, exigirá su ampliación o procederá al secuestro de otros bienes.

"En ningún caso las autoridades fiscales podrán dispensar el otorgamiento de la garantía."

De los preceptos legales invocados con anterioridad, se desprende que para la suspensión de la ejecución de los actos administrativos, el contribuyente debe satisfacer los siguientes requisitos:

a) Garantizar las contribuciones adeudadas, actualizadas en cualquiera de las formas mencionadas.

b) Garantizar los accesorios causados.

c) Garantizar los accesorios que lleguen a causarse en los doce meses siguientes a su otorgamiento.

Por otra parte, el artículo 227 del Código Fiscal de la Federación, establece la forma en que los particulares pueden obtener la suspensión de la ejecución, dentro del procedimiento contencioso administrativo, al señalar:

"Artículo 227. Los particulares podrán promover el incidente de suspensión de la ejecución, cuando la autoridad ejecutora niegue la suspensión, rechace la garantía ofrecida o reinicie la ejecución, ante el Magistrado instructor de la Sala Regional que conozca del asunto o que haya conocido del mismo en la primera instancia, acompañando copia de los documentos en que se haga constar el ofrecimiento y, en su caso, otorgamiento de la garantía, así como de la solicitud de suspensión presentada ante la ejecutora y, si la hubiere, la documentación en que conste la negativa de la suspensión, el rechazo de la garantía o el reinicio de la ejecución.

"Con los mismos trámites del incidente previsto en el párrafo anterior, las autoridades fiscales podrán impugnar el otorgamiento de la suspensión cuando no se ajuste a la ley.

"El incidente previsto en este artículo podrá promoverse hasta que se dicte sentencia o resolución firme de la Sala Regional, de la Sala Superior o del Tribunal Colegiado de Circuito, en su caso. Mientras no se dicte la misma, la Sala Regional podrá modificar o revocar el auto que haya decretado o negado la suspensión, cuando ocurra un hecho superveniente que lo justifique."

De dicho precepto legal, se desprende que para obtener la suspensión los particulares deben cumplir con los siguientes requisitos:

a) Que la autoridad ejecutora niegue la suspensión, rechace la garantía ofrecida o reinicie la ejecución.

b) Presentar ante el Magistrado instructor de la Sala Regional que conozca del asunto, los siguientes documentos:

1. Copia del documento en que conste el ofrecimiento y, en su caso, otorgamiento de la garantía.

2. Copia de la solicitud de suspensión presentada ante la ejecutora y, si lo hubiere, el documento en que conste la negativa de suspensión, rechazo de garantía o reinicio de ejecución.

Finalmente, los artículos 124, 125 y 135 de la Ley de Amparo, establecen:

"Artículo 124. Fuera de los casos a que se refiere el artículo anterior, la suspensión se decretará cuando concurran los requisitos siguientes:

"I. Que la solicite el agraviado;

"II. Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público.

"Se considerará, entre otros casos, que sí se siguen esos perjuicios o se realizan esas contravenciones, cuando, de concederse la suspensión: se continúe el funcionamiento de centros de vicio, de lenocinios, la producción y el comercio de drogas enervantes; se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos, o el alza de precios con relación a artículos de primera necesidad o bien de consumo necesario; se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave, el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, o la campaña contra el alcoholismo y la venta de sustancias que envenenen al individuo o degeneren la raza; o se permita el incumplimiento de las órdenes militares;

"III. Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto.

"El Juez de Distrito, al conceder la suspensión, procurará fijar la situación en que habrán de quedar las cosas, y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio."

"Artículo 125. En los casos en que es procedente la suspensión, pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero, se concederá si el quejoso otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtiene sentencia favorable en el juicio de amparo.

"Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero perjudicado, que no sean estimables en dinero, la autoridad que conozca del amparo fijará discrecionalmente el importe de la garantía."

"Artículo 135. Cuando el amparo se pida contra el cobro de contribuciones, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, la que surtirá efectos previo depósito de la cantidad que se cobra ante la Tesorería de la Federación o la de la entidad federativa o Municipio que corresponda.

"El depósito no se exigirá cuando se trate del cobro de sumas que excedan de la posibilidad del quejoso, según apreciación del Juez, o cuando previamente se haya constituido la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora, o cuando se trate de persona distinta del causante obligado directamente al pago; en este último caso, se asegurará el interés fiscal por cualquiera de los medios de garantía permitidos por las leyes fiscales aplicables."

De acuerdo con lo anterior, se llega al conocimientode que los artículos 144 y 227 del Código Fiscal de la Federación, establecen la posibilidad de suspender la ejecución de los actos administrativos, sin embargo, exigen mayores requisitos de los que prevé la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, pues el primero de ellos determina que se garanticen las contribuciones adeudadas en forma actualizada, los accesorios causados y los que lleguen a causarse en el término de doce meses; y el segundo señala que la autoridad ejecutora niegue la suspensión, rechace la garantía ofrecida o reinicie la ejecución, además de presentar copias de los documentos en que consten tales circunstancias.

En cambio, la Ley de Amparo, tratándose del pago de contribuciones, sólo exige como requisito para la procedencia de la suspensión, el depósito de la cantidad que pretenda cobrarse (artículo 135).

Además, no debe perderse de vista que el último párrafo del artículo 141 del código tributario, establece que en ningún caso las autoridades fiscales podrán dispensar el otorgamiento de la garantía, sin embargo, el artículo 135 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, concede al Juez de Distrito la facultad discrecional de eximir al quejoso de su otorgamiento, en los siguientes casos:

a) Cuando el cobro de las sumas exceda de la posibilidad del quejoso.

b) Cuando previamente se haya constituido la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora.

c) Cuando se trate de persona distinta del causante obligado.

Por tanto, debe concluirse que el juicio de nulidad ante el Tribunal Fiscal de la Federación sí prevé la figura jurídica de la suspensión; sin embargo, como ya se vio, el Código Fiscal de la Federación (artículos 144 y 227), exige mayores requisitos de los que prevé la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva; de ahí que no se surte la causal de improcedencia invocada por el Juez de amparo, y por tanto, resulta irrelevante la circunstancia de que la sociedad mercantil quejosa, al formular su demanda de amparo, hubiese hecho valer violaciones a las leyes ordinarias.

En esas condiciones, al resultar fundados los agravios expresados por el recurrente, debe revocarse el sobreseimiento decretado por el Juez Federal y, consecuentemente, considerar los conceptos de violación cuyo estudio omitió el juzgador, en términos de lo dispuesto por el artículo 91, fracción I, de la Ley de Amparo.

Tal criterio dio lugar a la tesis que a continuación se transcribe:

"JUICIO DE NULIDAD, NO ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTIAS, NO OBSTANTE QUE SE HAGAN VALER VIOLACIONES A LAS LEYES ORDINARIAS. Los artículos 144 y 227 del Código Fiscal de la Federación, establecen la posibilidad de suspender la ejecución de los actos administrativos; sin embargo, exigen mayores requisitos de los que prevé la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, pues el primero de ellos determina que se garanticen las contribuciones adeudadas en forma actualizada, los accesorios causados y los que lleguen a causarse en el término de doce meses; y, el segundo, señala que la autoridad ejecutora niegue la suspensión, rechace la garantía ofrecida o reinicie la ejecución, además de presentar copias de los documentos en que consten tales circunstancias. En cambio, la Ley de Amparo, tratándose del pago de contribuciones sólo exige como requisito para la procedencia de la suspensión, el depósito de la cantidad que pretenda cobrarse (artículo 135). Además, no debe perderse de vista que el último párrafo del artículo 141 del código tributario, establece que en ningún caso las autoridades fiscales podrán dispensar el otorgamiento de la garantía; sin embargo, el artículo 135 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, concede al Juez de Distrito la facultad discrecional de eximir al quejoso de su otorgamiento, en los siguientes casos: a) Cuando el cobro de las sumas excedan de la posibilidad del quejoso. b) Cuando previamente se haya constituido la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora. c) Cuando se trate de persona distinta del causante obligado. Por tanto, resulta irrelevante la circunstancia de que la sociedad mercantil quejosa, al formular su demanda de amparo, hubiese hecho valer violaciones a las leyes ordinarias, porque como ya se dijo, el Código Fiscal de la Federación exige mayores requisitos de los que prevé la Ley de Amparo para conceder la medida cautelar."

QUINTO. Con el objeto de precisar si efectivamente existe o no contradicción entre las tesis sustentadas por cada uno de los Tribunales Colegiados referidos, es importante destacar que los asuntos que cada uno de ellos conoció y resolvió, se referían específicamente a multas impuestas a los respectivos quejosos, por la Procuraduría Federal del Consumidor; ello, según se advierte de la transcripción de los actos reclamados, señalados en la parte inicial de las ejecutorias aludidas, del subrayado que se hizo en la transcripción de las partes considerativas, también transcritas, y de la lectura integral de las propias sentencias.

En efecto, ante el Juez Primero d

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4179-f5811188/multas-administrativas-o-no-fiscales-principio-de-definitividad · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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