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Modo: Corpus Pro

AUTO DE SUJECION A PROCESO. DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA. PUEDE INTERPONERSE EN CUALQUIER TIEMPO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 67/96. · Registro digital (IUS): 4182
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO Y EL CUARTO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Marzo de 1997, , Pág. 270.

CONTRADICCION DE TESIS 67/96. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO Y EL CUARTO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO.- El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el recurso de revisión 578/96, interpuesto por Francisco Alfredo Sánchez Torres contra el auto de fecha primero de julio de mil novecientos noventa y seis, dictado por el Juez Séptimo de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal en los autos del cuaderno auxiliar número 19/96-1, textualmente sostuvo:

"CUARTO.- En uso de las facultades que para suplir la deficiencia de la queja establece el artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo, es fundado el motivo de disconformidad planteado, en atención a lo que a continuación se expone.- No asiste razón al Juez de Distrito recurrido cuando afirma que la demanda de garantías fue presentada en forma extemporánea, esto es, fuera del término de quince días hábiles que para su interposición señala el artículo 21 de la Ley de Amparo, argumentando que el auto de sujeción a proceso no se encuentra dentro de las hipótesis de excepción que señala el numeral 22, fracción II, de la ley de la materia, por ser un acto que importa un ataque a la libertad personal.- Esto es así, porque la debida resolución que deba emitirse en el presente recurso de revisión, debe atender al criterio plasmado en la jurisprudencia número 56, publicada en la página treinta y uno, Primera Parte, del Tomo II, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que a la letra dice: 'AUTO DE SUJECION A PROCESO, NO ES NECESARIO AGOTAR EL RECURSO DE APELACION PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO QUE SE INTERPONE EN SU CONTRA.- A las excepciones al principio de definitividad específicamente previstas por el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, consistentes en que no existe obligación de agotar recursos, dentro del procedimiento, tratándose de terceros extraños y de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro o de cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución de la República, debe añadirse la diversa excepción que se desprende de la fracción XII del artículo 107 de la Carta Magna reproducida, en esencia, en el artículo 37 de la Ley de Amparo en el sentido de que "la violación de las garantías de los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 se reclamará ante el superior del tribunal que la cometa o ante el Juez de Distrito que corresponda", pues resulta claro que tampoco en esos casos se exige el agotamiento previo de recursos. Ahora bien, para que proceda el amparo en contra del auto de sujeción a proceso no es necesario que se agote el recurso de apelación, pues tanto ese auto como el de formal prisión se encuentran regulados por el artículo 19 constitucional en virtud de que no difieren, en lo esencial, uno del otro, ya que ambos constituyen la base del proceso, que no puede seguirse sino por el delito o delitos en ellos señalados, y no pueden pronunciarse si no existen elementos suficientes para comprobar el cuerpo del delito y para hacer probable la responsabilidad del inculpado. La única diferencia existente entre ambas determinaciones radica en que el auto de sujeción a proceso no restringe la libertad sino sólo la perturba al obligar al procesado a comparecer periódicamente ante el Juez instructor y a no salir de su jurisdicción territorial si no es con su autorización. Independientemente de ello, la excepción al principio de definitividad prevista por la fracción XII del artículo 107 de la Norma Fundamental, no supedita su procedencia al hecho de que el acto reclamado afecte la libertad del quejoso, sino que la hace depender de la violación de cualquiera de las garantías tuteladas por los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la propia Constitución.'-Jurisprudencia esta que, aunque no es exactamente aplicable al caso subexamen, su contenido informa respecto de la naturaleza jurídica de los efectos del auto de sujeción a proceso, lo que permite establecer el criterio que debe adoptarse en tratándose de ese tipo de acto reclamado.- En efecto, en la jurisprudencia transcrita se establece en forma determinante que a pesar de que el auto de sujeción a proceso no restringe la libertad personal del inculpado de la manera en que objetivamente se produce con el auto de formal prisión, sí la perturba 'al obligar al procesado a comparecer periódicamente ante el Juez instructor y a no salir de su jurisdicción territorial si no es con su autorización'; de donde se sigue que el criterio que se observó para diferenciar el auto de formal prisión y el de sujeción a proceso, en cuanto a sus efectos, no tuvo como premisa la de que únicamente el primero de tales actos produjera una afectación a la libertad personal del inculpado, sino la de que ambos actos procesales penales la perturban, aunque objetivamente en diverso grado de afectación.- Luego entonces, si una de las hipótesis de excepción contenida en el artículo 22, fracción II de la Ley de Amparo radica en que el acto reclamado, in genere, importe 'ataques a la libertad personal', es inconcuso que el auto de sujeción a proceso, en cuanto a sus efectos, sí se encuentra inmerso dentro del concepto de 'ataque' que se emplea en el supuesto normativo de excepción de que se trata; primeramente, porque el mismo entraña la sola posibilidad de afectación de la libertad personal; y después, porque de ese concepto jurídico se desprende que basta que el acto reclamado produzca un ataque a dicha libertad, para que el mismo se actualice, sin establecer grado de afectación alguno, por lo que en observancia del principio general de derecho consistente en que donde la ley no distingue, no es dable distinguir, es por lo que este Segundo Tribunal Colegiado considera que el auto de sujeción a proceso sí se encuentra inmerso en la hipótesis de excepción apuntada, máxime cuando, acorde a la jurisprudencia transcrita, dicho auto de término produce, en cuanto a sus efectos, una perturbación en la libertad personal del inculpado.- En ese orden de ideas, lo que procede es revocar el auto recurrido y, en su lugar, acorde a los razonamientos jurídicos expuestos, ordenar la admisión de la demanda de garantías de que se trata, en la inteligencia de que si encontrare algún motivo manifiesto de improcedencia, proceda conforme a derecho."

El criterio que antecede dio origen a la tesis sustentada por dicho tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, septiembre de 1996, página 603, que a la letra dice:

"AUTO DE SUJECION A PROCESO, DEMANDA DE AMPARO CONTRA. PUEDE INTERPONERSE EN CUALQUIER TIEMPO.- Tomando en consideración que en la jurisprudencia número 56 publicada en la página treinta y uno, Primera Parte, Tomo II, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, bajo el rubro: 'AUTO DE SUJECION A PROCESO, NO ES NECESARIO AGOTAR EL RECURSO DE APELACION PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO QUE SE INTERPONE EN SU CONTRA', la Primera Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció en forma determinante que aunque un auto de sujeción a proceso no restringe la libertad personal del inculpado de la manera en que objetivamente se produce con el auto de formal prisión, sí la perturba 'al obligar al procesado a comparecer periódicamente ante el Juez instructor y a no salir de su jurisdicción territorial si no es con su autorización', es inconcuso que el auto de sujeción a proceso, en cuanto a sus efectos, se encuentra inmerso dentro del concepto de 'ataques a la libertad personal' que el artículo 22, fracción II, de la Ley de Amparo emplea para señalar los casos en que la demanda de garantías puede interponerse en cualquier tiempo, habida cuenta de que si el vocablo 'ataque' entraña la sola posibilidad de que el acto reclamado afecte la libertad personal, sin establecer grado de afectación alguno y que acorde al criterio jurisprudencial aludido, el auto de sujeción a proceso, en cuanto a sus efectos, perturba la libertad personal del inculpado, ello conlleva a la determinación de que dicho acto reclamado se encuentra comprendido en la hipótesis de excepción en comento."

TERCERO.- Por su parte, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión número 42/93-10 interpuesto por Rosa Nava Gallegos en contra de la sentencia dictada por el Juez Décimo Primero de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal en el juicio de amparo 1086/92 promovido por la recurrente contra actos del Juez Décimo Primero Penal del Distrito Federal, textualmente sostuvo:

"UNICO.- En el presente caso resulta innecesario entrar al estudio de los agravios formulados por la recurrente, toda vez que de la lectura de las constancias que integran el cuaderno de amparo número 1086/92, del índice del Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Penal, en el Distrito Federal, se advierte que en la especie se está en presencia de una causal de improcedencia, que por su propia naturaleza conduce a revocar el fallo combatido, y en su lugar, a que se decrete el sobreseimiento del juicio constitucional.- Ciertamente, aparece en la demanda de garantías que la quejosa Rosa Nava Gallegos reclamó de la responsable el auto de fecha veintinueve de octubre de mil novecientos noventa y dos, dictado dentro de la causa 152/92-B, en cuya virtud quedó sujeta a proceso como presunta responsable del delito de uso de documento falso.- El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que el término para interponer la demanda será de quince días, salvo los casos de excepción señalados expresamente por el artículo 22 del propio ordenamiento, a saber: cuando a partir de la vigencia de una ley, ésta sea reclamable; los actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, deportación, destierro, o cualquier otro acto de los prohibidos en el artículo 22 constitucional y la incorporación forzosa al Ejército o a la Armada Nacional.- En ese orden de ideas y tomando en consideración que el acto reclamado (auto de sujeción a proceso), no restringe la libertad personal, es inconcuso que se encuentra fuera de los casos de excepción apuntados, por lo que el presente juicio de garantías resulta improcedente, en virtud de que la demanda fue interpuesta en forma extemporánea, lo que actualiza la causal de improcedencia contenida en la fracción XII del artículo 73 de la ley de la materia.- En efecto, si como ya quedó precisado en líneas anteriores, el auto de sujeción a proceso reclamado en litis constitucional, no restringe la libertad personal, lo cierto es que en este caso la demanda respectiva debió interponerse dentro del término de quince días, contado a partir de que la quejosa haya tenido conocimiento del acto reclamado (no de que surta efectos la notificación, porque la ley de la materia no establece ningún precepto que así lo indique); luego, si, según se desprende de autos, Rosa Nava Gallegos fue notificada del auto de sujeción a proceso denunciado (sic) en su contra, el propio día en que se dictó, es decir, el veintinueve de octubre de mil novecientos noventa y dos, y la demanda de amparo fue presentada ante la Oficialía de Partes del Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Penal, hasta el veinticuatro de noviembre del mismo año, según aparece del sello de recepción correspondiente, esto es, dieciséis días hábiles contados a partir del siguiente al en que tuvo conocimiento del acto reclamado; es procedente concluir que se surte la causal de improcedencia contenida en la fracción XII del artículo 73 de la ley de la materia, que establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, es decir, aquellos contra los que no se promueve la demanda de garantías dentro de los términos a que aluden los artículos 21, 22 y 218 de esa ley.- En las relatadas circunstancias, es inconcuso que el a quo no debió entrar al estudio de los conceptos de violación expuestos en la demanda relativa, motivo por el que este Tribunal Colegiado debe revocar la sentencia impugnada y en su lugar decretar el sobreseimiento en el juicio."

El criterio antes transcrito dio origen a la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado mencionado, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Epoca, Tomo XII-Julio, página 164, que a la letra dice:

"AUTO DE SUJECION A PROCESO. TERMINO PARA IMPUGNARLO MEDIANTE EL JUICIO DE GARANTIAS.- Tomando en consideración que el auto de sujeción a proceso no restringe la libertad personal del quejoso, es inconcuso que está fuera de los casos de excepción a que se refiere el artículo 22, fracción II, de la Ley de Amparo y, por tanto, el término para impugnarlo mediante el juicio de garantías es el de quince días fijado en el artículo 21 de la misma ley; consecuentemente, si la demanda de amparo se presenta después de dicho término, debe sobreseerse el juicio por tratarse de un acto consentido tácitamente."

CUARTO.- Del análisis comparativo de los criterios antes transcritos, se concluye que sí existe la contradicción de tesis denunciada, en virtud de que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito sostiene que, tratándose del auto de sujeción a proceso, el juicio constitucional en su contra puede interponerse en cualquier tiempo, en términos del artículo 22, fracción II, de la Ley de Amparo; mientras que el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del mismo Circuito considera que el término para impugnar el auto de sujeción a proceso mediante el juicio de garantías es el fijado por el artículo 21 de la ley de la materia.

En consecuencia, procede determinar cuál criterio debe prevalecer como jurisprudencia.

QUINTO.- Esta Primera Sala estima que con el carácter de jurisprudencia debe prevalecer el criterio sustentado en esta resolución y que en lo esencial coincide con lo argumentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito.

En efecto, en principio debemos considerar que el artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales establece, como regla general, el término de quince días para la interposición de la demanda de amparo.

Las excepciones a la regla mencionada están previstas en el artículo 22 de la ley de la materia, privilegiándose, en la fracción II, el ejercicio de la acción constitucional, al no fijarse límite de tiempo, cuando se trate de actos que lesionen o transgredan valores fundamentales del ser humano como son la vida, la libertad o la integridad personal.

Específicamente, con relación a la libertad personal, cabe advertir que el legislador incluyó en la excepción en comento, a todos aquellos actos que implicaran un "ataque" a dicho valor, por lo que éstos no se deben entender limitados a una privación total de la libertad sino a una afectación de la misma, en función, precisamente, del alto valor que se protege.

En este sentido, el Diccionario de la Real Academia Española, remite la acepción ataque al verbo atacar y éste a su vez se define como acometer, afectar, palabras que conllevan como significado, respectivamente, el procurar forzar la voluntad de otro, y la imposición de obligaciones o gravámenes sobre alguna cosa sujetándola a la efectividad de ajeno derecho.

Así, en el caso concreto, para poder establecer si la demanda de garantías en contra del auto de sujeción a proceso debe promoverse dentro del término de quince días al que alude el numeral 21 o bien en cualquier tiempo, debemos determinar en primer lugar si dicho auto está comprendido dentro de los actos que contempla la excepción prevista en la fracción II del artículo 22 del ordenamiento legal citado.

Pues bien, el auto de sujeción a proceso tiene su fundamento constitucional en el artículo 19 de la Carta Magna y es la resolución que dicta el juzgador, agotado el plazo de setenta y dos horas, en la que estima que existen datos suficientes que demuestran los elementos del tipo penal del delito que se imputa al inculpado y que hacen probable su responsabilidad.

La nota distinta de este auto de término constitucional estriba en que no da lugar a decretar prisión preventiva, de conformidad con el artículo 18 de la Constitución General de la República, al tener como materia del proceso, delito o delitos no sancionados con penas privativas de libertad o bien conminados sólo con sanción alternativa.

Sin embargo, las consecuencias de dicho auto coinciden, en lo esencial, con el auto de formal prisión, ya que en ambos se fija la litis del proceso penal al establecer el delito o delitos por los que deberá seguirse forzosamente el proceso relativo.

Bajo este contexto, el auto de sujeción a proceso reviste la misma importancia que el auto de formal prisión, pero además conlleva la imposición de obligaciones específicas al procesado, que implican una afectación a su libertad personal, como son el deber de comparecer periódicamente ante el Juez, el concurrir a las diligencias que se practiquen en el proceso respectivo, el no poder hacer uso libremente de su derecho de tránsito al encontrarse sujeto a la jurisdicción del juzgador y por lo tanto a su autorización, el que se le dicte, en dado caso, el arraigo domiciliario, así como todas aquellas situaciones inherentes, a las cuales queda sujeta una persona sometida a un proceso penal.

En este orden de ideas, al constituir el auto de sujeción a proceso un acto que ataca la libertad personal del gobernado, en virtud de que afecta directamente su libertad, al sujetarla a determinadas obligaciones impuestas por el órgano jurisdiccional, dicho auto queda comprendido dentro de la excepción prevista en el artículo 22, fracción II, de la Ley de Amparo.

Por lo tanto, la demanda de amparo que se promueva contra el auto de sujeción a proceso podrá ser presentada en cualquier tiempo, en términos de lo dispuesto por la citada fracción II del artículo 22 de la ley de la materia.

En consecuencia, el criterio que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, es el siguiente:

- El auto de sujeción a proceso ataca la libertad del procesado al sujetarlo a determinadas obligaciones como son el comparecer periódicamente ante el órgano jurisdiccional, el concurrir a las diligencias que se practiquen en el proceso relativo, el no poder hacer uso de su libertad de tránsito si no es con autorización del propio juzgador, bajo cuya jurisdicción se encuentra sometido, el que se le dicte, en dado caso, el arraigo domiciliario, así como a todas aquellas circunstancias inherentes, a las cuales queda sujeta una persona sometida a un proceso penal. Por lo tanto, dicho acto queda comprendido dentro de la excepción prevista en la fracción II del artículo 22 de la Ley de Amparo, la cual permite el ejercicio de la acción constitucional sin limitación temporal alguna, cuando se trate de actos que lesionen, ataquen o transgredan valores fundamentales del ser humano como son la vida, la libertad, o la integridad personal, toda vez que la expresión "ataque" a la que alude la fracción en comento, no debe entenderse limitada a una privación total de la libertad, sino a una afectación de la misma, en función, precisamente, del alto valor que se protege y cuya defensa mediante el juicio de garantías no debe quedar sujeta a requisitos de temporalidad.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO.- Sí existe contradicción entre los criterios sustentados por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del mismo Circuito al resolver respectivamente el recurso de revisión 578/96 y el recurso de revisión 42/93.

SEGUNDO.- Debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio que aquí sustenta esta Primera Sala.

Notifíquese, remítase la tesis jurisprudencial a la Segunda Sala, a los Tribunales Colegiados de Circuito que no intervinieron en la contradicción, así como al Semanario Judicial de la Federación, remítase también copia certificada de la presente resolución a los Tribunales Colegiados de Circuito de los que derivó la contradicción y, en su oportunidad, archívese el expediente.

Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los Ministros presidente Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño Pelayo, Juan N. Silva Meza, Olga Sánchez Cordero de García Villegas (ponente) y Humberto Román Palacios.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4182-e95b0f53/auto-de-sujecion-a-proceso-demanda-de-amparo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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