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Modo: Corpus Pro

PANDILLA. EN LA CALIFICATIVA DE, DETERMINACION DE LA PENA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 19/93. · Registro digital (IUS): 2096
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS SEGUNDO Y TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Octava Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Septiembre de 1994, , Pág. 28.

CONTRADICCION DE TESIS 19/93. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS SEGUNDO Y TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO.-Al fallar los juicios de amparo directo 452/90, 510/90, 512/90, 594/90 y 660/90 el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, sostuvo el criterio que a continuación se transcribe:

"PANDILLA, EN LA CALIFICATIVA DE. DETERMINACION DE LA PENA.-De acuerdo con las reformas al artículo 164 bis del Código Penal para el Distrito Federal que prevé la calificativa de pandilla, la penalidad para esta accesoria ya no atiende sólo al cálculo del índice de peligrosidad estimada en los activos, dentro del mínimo de 6 meses a 3 años de prisión que antes se señalaba; ahora debe calcularse en forma proporcional a la que se fija para el o los delitos por el que se les sentencia; por tanto la que se aplicará a los que intervengan en su comisión, será la adicional con base en la peligrosidad estimada, pero calculada entre el mínimo de tres días que precisa el artículo 25 del ordenamiento sustantivo y el máximo señalado por la ley, o sea hasta una mitad más de las penas que les correspondan por el o los delitos cometidos."

En la sentencia que resolvió el juicio de amparo directo 452/90, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, sostuvo lo siguiente:

"CUARTO.-Los conceptos de violación que formula el quejoso, son infundados. En efecto, contrario a lo que en ellos se aduce, la Sala responsable, sin violar las reglas sobre valoración de las pruebas y apegándose a las constancias que existen en la causa, correctamente tuvo por demostrado el cuerpo del ilícito de robo calificado (cometido en pandilla), previsto en los artículos 367 y 164 bis, ambos del Código Penal para el Distrito Federal, en términos de la regla especial que establece la fracción I del número 115 del código adjetivo de la materia, así como en forma plena el reproche penal a Joel Zúñiga Maya por su coautoría en ese hecho, conforme al artículo 13, fracción III del mencionado código sustantivo, con los elementos de convicción relatados en el considerando segundo de este fallo, principalmente con base en la denuncia de Mario Andrade Gómez; con el parte informativo de la Policía Judicial, así como con lo expresado por los agentes Juan Sarmiento Pachuca, Eliseo Morales García y Guillermo Vidal González con la declaración imputativa de los coinculpados Sergio Lastiri Vera y Rafael Lastiri Ramírez y lo dicho por el menor Oswaldo Zúñiga Maya, así como por lo afirmado por el encubridor Julio Salinas Arroyo; todo lo cual encuentra apoyo en la aceptación que de los hechos expresó el acusado ahora quejoso; elementos a los que la autoridad responsable otorgó eficacia plena de acuerdo con la estimación que de ellos se hace, conforme a las reglas de los artículos 246, 261 y 286 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal; indicios que enlazados de manera natural y lógica y apreciados en conjunto, conducen en efecto, de la verdad conocida a la que se busca, integrando en esa forma la circunstancial con valor pleno, apta y suficiente para concluir que el quejoso, en coparticipación con otros sujetos (cinco), reunidos ocasionalmente, sin estar organizados con fines delictuosos, se apoderaron del vehículo Volkswagen fedatado, sin derecho y sin el consentimiento del que podía disponer de esa unidad conforme a la ley, en el lugar, tiempo y circunstancias expresadas. Lo que se analizó, pone de manifiesto lo infundado de los conceptos de violación, ya que la sentencia combatida no transgrede los principios de legalidad y exacta aplicación de la ley; ni es obstáculo para concluir lo anterior el hecho de que el peticionario de garantías, desde los agravios que formuló al apelar el fallo de primer grado y que ahora reitera en sus conceptos de violación, argumente la insuficiencia probatoria que según el, no acredita los extremos del injusto ni el reproche penal en su contra, pues como bien sostiene la Sala ordenadora, lo aceptado por el amparista en su declaración emitida ante la Policía Judicial, ratificada luego ante la presencia ministerial, no aparece aislada, pues se corroboró con lo que también admitió el coautor Sergio Lastiri, en cuyo dicho antes bien coincidió sustancialmente con aquél al narrar el suceso; pero a la vez los diversos indicios que derivan de las declaraciones de Rafael Lastiri y del menor Oswaldo Zúñiga Maya, reafirman el reproche, pues advirtieron que aquéllos tenían en su poder el vehículo afecto, el cual también 'desmantelaron' para después repartirse entre ellos las diversas piezas y las refacciones de la unidad; y como adecuadamente le apunta el tribunal responsable en la sentencia controvertida, contrario al criterio aislado que señala el recurrente, la confesión del amparista fue expuesta ante autoridades constitucionalmente estatuidas para la persecución de los delitos, en que legal y jurisprudencialmente se han establecido como aptas para recibir ese tipo de declaración (artículos 21 constitucional y 136 y 137 del Código de Procedimientos Penales de la entidad y jurisprudencia número 470, visible en la página 816, de la Compilación 1917-1988, Volumen II, bajo la 'CONFESION ANTE LA POLICIA JUDICIAL.'; por tanto, no obstante que en sus posteriores declaraciones el inculpado ahora peticionario de garantías se haya retractado de su inicial exposición, como lo advirtió el tribunal de alzada, debe atenderse a su primigenia de acuerdo al principio de inmediatez procesal que rige en la materia (jurisprudencia 480, a foja 832 del Volumen II del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación), toda vez que es obvio que fue emitida sin tiempo suficiente para reflexionarla o de ser aleccionado para que eludiera su responsabilidad como así aconteció, dado que, en primer lugar, se observa que fue hasta el primero de julio siguiente en la ampliación judicial, esto es, casi tres meses después, que el inodado adujo la violencia 'física' ejercida en su contra para externar la confesión; sin embargo, los certificados médicos y la fe ministerial practicados de inmediato y luego de declarar en acta de Policía Judicial, quedó constancia de la carencia de huellas de lesiones externas en él (fojas 5, 39 y 43v.); en segundo término, en la preparatoria el amparista, al no ratificar las precedentes, sostuvo que en éstas 'sólo mencionó que tenía tres años en el reclusorio' y 'que los accesorios que le vendió al señor Julio Salinas Arroyo los dieron a vender al declarante', no obstante en la posterior audiencia judicial, al introducir la coacción física como factor determinante para no reproducir su inicial emisión, agregó que en ésta 'estuvimos desapartados cuando estuvieron haciendo las declaraciones los agentes, no los dejaron que las leyéramos y sólo nos ordenaron que firmáramos y pusiéramos nuestras huellas', o sea que en preparatoria admitió que en confesión 'sólo reconoció ...', en cambio en ampliación dijo que los agentes redactaron el acta, sin enterarles del contenido, pues sólo les 'ordenaron que firmaran'. De lo referido se desprende lo falso e intrascendente de los restantes argumentos que se formulan, en el sentido de que no se demostró la legal existencia del automóvil, o que tampoco se evidenció que el quejoso se ubicara en el lugar del suceso, o que los agentes judiciales, 'no aportaron ninguna prueba en contra del suscrito'; pues de acuerdo con los medios de prueba examinados, éstos fueron en efecto eficaces para acreditar los extremos cuestionados, pues en ese sentido el tribunal de alzada replicó al primero, que lo analizado conducía a evidenciar la existencia fáctica del objeto material del delito, es decir el vehículo afecto, habida cuenta de que el denunciante precisó las características del mismo, el lugar y tiempo en que ocurrió el desapoderamiento; lo que coincidió substancialmente con lo que aceptó el amparista y el coautor, quienes indicaron que a esa unidad la trasladaron a otro lugar, donde la 'desvalijaron', repartiéndose entre ellos las piezas y refacciones del automóvil; a su vez explícitamente en su confesión, el recurrente se ubicó en el lugar del suceso, inclusive señaló que él 'empujó' el carro para sacarlo del estacionamiento en que se hallaba, el que después condujo Sergio, y este último sin rehuir su responsabilidad, antes bien aceptándola, indicó que entre Joel (a) 'El Cocol', y otros empujaron el vehículo para sacarlo del centro comercial, mientras el que declara se encontraba a bordo del mismo; que el menor Oswaldo Zúñiga Maya precisó que a los mencionados los vio cuando arrastraban el vehículo; por su parte, Rafael Lastiri enfáticamente mencionó que 'El Pollo', al día siguiente del suceso, lo instó a adquirir algunos accesorios del automóvil relacionado, el que fue 'desmantelado' entre otros, por el propio peticionario de garantías, y por último el encubridor Julio Salinas Arroyo, expresó que en diversas ocasiones Joel Zúñiga Maya le vendió motores y refacciones de automóviles de marca Volkswagen, los que supo eran robados por aquéllos. Es pues un hecho probado a plenitud, la existencia física del objeto motivo del apoderamiento del que, por lógica, ante su desmantelamiento, no pudo ser materia de la fe respectiva. Por otra parte, debe advertirse que de lo examinado, la sentencia reclamada se apoya en datos que producen certeza y no dubitación, atendiendo a que las pruebas son vehementes en demostrar tanto el delito como la responsabilidad penal del quejoso, por lo que el tribunal de apelación, al proceder como lo hizo, no contradijo las reglas de valoración; pero además, e independientemente de ello, el estado de perplejidad sólo incumbía a la ordenadora como tribunal de instancia, no a la de amparo, como así lo sostiene la jurisprudencia número 715, consultable en la página 1185 del Volumen III de la última compilación (1917-1988), Segunda Parte, que a la letra dice: 'DUDA, CALIFICACION EN CASO DE.-El problema de la duda sobre si el acusado cometió o no el delito que se le imputa, es de la competencia de los tribunales de instancia y no de los de amparo, que sólo califican la constitucionalidad de los actos reclamados.'. En cuanto a la individualización de la pena, pese a que no se controvierte, es de destacar que la que aplicó el tribunal de alzada es correcta, atendiendo a que se le estimó una peligrosidad ligeramente superior a la mínima, pues la de dos años dos meses de prisión y multa de ciento noventa y ocho mil pesos, a razón de mil seiscientos cincuenta pesos cada uno de los ciento veinte días multa, que se sustituyeron por igual número de jornadas de trabajo en favor de la comunidad, las que se llevarán a cabo en el lugar y términos que precisan los numerales 27 y 29 del Código Penal y 66 de la Ley Federal del Trabajo, sanciones impuestas por el ilícito básico de robo, resultan congruentes con dicha peligrosidad y están dentro de la métrica que para el delito establece el aplicable párrafo segundo del artículo 370 del código represivo, en base en que el valor de la unidad vehicular se consideró como mayor de cien pero no de quinientas veces el salario mínimo vigente en la época del suceso (tres mil seiscientos sesenta pesos), tomando en cuenta la marca, modelo, estado de conservación o uso y su funcionamiento, en que obviamente el costo comercial de la unidad no podía ser inferior a esos extremos; así también, legal, que al enjuiciado se le absolviera del pago de la reparación del daño, al no precisarse su valor en las condiciones solamente narradas, y que por otro lado se negara la concesión del beneficio previsto en la fracción II del artículo 70 del código punitivo, atendiendo a la insatisfacción de los requisitos que para ese efecto prevé el diverso numeral 90, fracción I, incisos b) y c) de dicho ordenamiento penal, o sea que se evidenció la mala conducta precedente del peticionario de garantías al suceso en función del diverso ingreso a prisión con motivo de la causa número 177/83 instruida en el Juzgado Décimo Noveno Penal por el delito de robo, a lo que es aplicable la diversa jurisprudencia número 461, foja 803, del Volumen II del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, intitulada 'CONDENA CONDICIONAL. PROCESOS PREVIOS.'. Por último, este Tribunal Colegiado estima necesario suplir la deficiencia de la queja, en términos del artículo 76 bis, fracción II de la Ley de Amparo, en virtud de que la Sala responsable soslayó lo dispuesto en el artículo 14 constitucional, párrafo primero, interpretado a contrario sensu, en relación con el 56 del Código Penal para el Distrito Federal, pues al aplicar la sanción correspondiente a la circunstancia agravadora de la punibilidad de pandilla en el delito de robo prevista en el artículo 164 bis de aquel ordenamiento punitivo, omitió considerar la reforma de éste que aparece publicada en el Diario Oficial del tres de enero de mil novecientos ochenta y nueve, en vigor el primero de febrero de ese mismo año, fecha anterior a la del dictado del fallo que se recurre (catorce de julio de mil novecientos ochenta y nueve), en que, para el caso, la nueva disposición por la agravante referida, se aplicaría 'hasta una mitad más de las penas que les correspondan por el o los delitos cometidos'; como ello favorece al sentenciado, ya que los ocho meses de prisión impuestos por la calificativa de pandilla, resultan superiores a la que correspondería atento a la reforma legal en comento, o sea que si por el delito básico se impusieron dos años dos meses de prisión, la aplicable para la pandilla ahora atenderá a las penas que en concreto se impusieron por el ilícito en su forma simple, en que la de aquella circunstancia cualificante no será mayor a una mitad de esta última sanción, es decir, que será tomado como base para el máximo, la mitad de sanción por el delito básico y como mínimo tres días de prisión, de acuerdo al límite inferior que precisa el artículo 60 del Código Penal relativo; lo que daría lugar en la especie a una pena menor de la impuesta por la calificativa de pandilla, tomando en cuenta para ello la peligrosidad considerada (ligerante superior a la mínima); en esas condiciones procede conceder el amparo y protección de la justicia federal al quejoso, para el único efecto de que la Sala responsable dejando intocado en sus demás aspectos el fallo que constituye el acto reclamado, en cambio imponga un mes de prisión por la calificativa de pandilla en el delito de robo, la que es congruente con lo anterior expresado."

Al fallar el juicio de amparo directo 510/90, se razonó:

"Cuarto.-Son parcialmente fundados los conceptos de violación. En efecto, el primero de ellos en que se aducen violaciones al procedimiento, no es fundado, en virtud de que de la lectura del proceso 238/88 del que deriva la sentencia reclamada, se advierte que al inculpado se le hizo saber el nombre de su acusador, se le permitió nombrar defensor y se le suministraron los datos necesarios para su defensa; le fueron recibidas las pruebas que ofreció legalmente y fue citado a cuantas diligencias tenía derecho de presenciar, fue careado con los testigos que declararon en su contra y el proceso se le siguió por el delito de robo por el que se le dictó la formal prisión, mismo que fue revisado y no objetado en la alzada con motivo del recurso de apelación interpuesto por el encausado y su defensor. Por otra parte, como lo sostiene la Sala responsable, el cuerpo del delito de robo, previsto por el artículo 367 del Código Penal del Distrito Federal, se demostró en términos del numeral 115, fracción I del de Procedimientos Penales aplicable, con la denuncia de Petra Olivares Torres, respecto a que el veintiséis de octubre de mil novecientos ochenta y ocho, cuando salía de su domicilio en las calles de Gregorio Atello No. 9, Colonia Constitución de 1917 en esta ciudad, un sujeto la amagó con una pistola al tiempo que le decía que eso era un asalto y que no se moviera porque mataría a su nieto Jorge Serrano; que la empujó hacia el interior de su casa y en seguida la encerró, junto con su hija, en el baño de la planta alta; que después de hacerlo, silbó a otras personas; que por el tipo de voz dedujo que éstas 'eran dos' y que cuando salió del lugar, habían desaparecido 'grabadoras', 'videocassetera', 'una cámara Canon' y trece millones de pesos. En ampliación, ante la misma autoridad, aclaró que el efectivo sustraído solo ascendía a tres millones de pesos y que la cámara no se la habían llevado los asaltantes, pues la dejaron abandonada, envuelta en una bolsa. Imputación que se corrobora con lo siguiente: a) Las declaraciones de Guillermo Ulises y Verónica Hernández Espinoza, sobre la preexistencia, propiedad y falta posterior de la grabadora marca Fisher y de unos lentes Ray Ban; b) La indagatoria de María Torres Olivares, ratificada en la instrucción y sostenida en careos, respecto a que al día del hecho, cuando bajaba de la planta de su domicilio, un desconocido, que tenía una pistola en la mano, le dijo que era un asalto y que nada hiciera porque le daba un balazo en la cabeza; que les ordenó a ella y a su mamá, se dirigieran al baño de la planta superior, lo que hicieron, acompañadas del desconocido, quien al salir dejó la puerta entreabierta y en seguida se escucharon 'más voces'; que alguien subía y que cuando se retiraron los asaltantes, la declarante corrió a la ventana y vio que tres personas, entre ellas el que las amagó, caminaban rápido y daban vuelta en la esquina; que todos llevaban cosas en las manos, y que al tener a la vista a José Javier Martínez Gómez lo reconocían como uno de los que participó en el evento; en diversa comparecencia ante el Juez de la causa, ratificó lo anterior, aclarando que fueron tres los participantes del hecho y que 4 días antes de que éste ocurriera, ya los había visto cerca de su domicilio. En el careo correspondiente identificó al encausado como uno de los que robó en su casa; c) El informe policial ratificado en la instrucción, en que Carlos Galván Pérez imputó a José Javier Martínez Gómez que éste le dijo que había participado en el suceso, describiendo la forma en que lo realizaron, habiéndole correspondido a él, como parte del producto del robo, una grabadora Fisher y unos lentes; que Carlos se llevó una video y a Mario le dieron otra grabadora; d) La fe ministerial de la radiograbadora marca Fisher, modelo PH-W805 con dos bocinas y de los lentes para caballero Ray Ban; e) La inspección ocular ministerial de la casa habitada en que ocurrió el hecho y f) La declaración ministerial del ahora quejoso José Javier Martínez Gómez, quien aceptó haber participado en el robo; que mientras Carlos amagaba a la denunciante con la pistola calibre 22, él aprovecho apoderarse de la grabadora Fisher y de los lentes Ray Ban; que Mario sustrajo una grabadora y una caja fuerte, en tanto que Carlos se llevó una videocassetera. Elementos de prueba con la valoración que de esos datos se hace en base a lo estipulado en los artículos 246, 249, 255, 257, 261 y 288 del Código de Procedimientos Penales aplicable, los que apreciados en conjunto, constituyen la circunstancial eficiente, con eficacia convictiva plena, que no sólo demuestra la materialidad del delito de robo, sino además las calificativas de violencia moral, comisión en casa habitada y por pandilla, a que se refieren los artículos 373, 381 bis y 164 bis del ordenamiento sustantivo de la materia, y a la vez evidencian la responsabilidad plena del ahora quejoso, en su comisión, al probarse que el veintiséis de octubre de mil novecientos ochenta y ocho, el ahora quejoso y otras dos personas, se reunieron ocasionalmente, para que, al través de la violencia moral, se apoderaran de la radiograbadora marca Fisher y de los lentes Ray Ban, que se encontraban dentro de la casa habitada por Petra Olivares Torres, sin derecho y sin consentimiento de quien podía disponer de ellos con arreglo a la ley. En estas condiciones, es infundado el segundo de los conceptos de inconformidad, en cuanto se arguye la incomprobación de la responsabilidad del encausado; en efecto e inversamente a lo alegado, como ya se dijo, la de José Javier Martínez Gómez tuvo demostración plena, con base en la declaración de Petra Olivares Torres, corroborada con el dicho de María Torres Olivares, quien imputó a aquél ser uno de los que robó su domicilio; con el informe de la Policía Judicial en el que consta que el ahora quejoso aceptó su participación en el hecho y que se le recogieron la grabadora marca Fisher y los lentes Ray Ban, producto del robo; pero sobre todo con la ministerial del ahora quejoso José Javier Martínez Gómez al aceptar que se introdujo al domicilio de la denunciante mientras Carlos amagaba a ésta con una pistola, y así se apoderó de la grabadora y de los lentes aludidos; probanzas que apreciadas en conjunto, constituyen el medio eficaz demostrativo de la plena responsabilidad del peticionario de garantías en la comisión del delito por el que se le sentenció. Para concluir lo anterior no es óbice la negativa del quejoso de que no había intervenido en el hecho, emitida ante el instructor, pues, por una parte, la misma sólo revela su aleccionamiento y las pretensiones defensivas, por haberse introducido al sumario, hasta el veinticuatro de abril de mil novecientos ochenta y nueve, o sea, casi seis meses después de ocurrido el hecho; pero a la vez antes no sólo lo había aceptado, al emitir su declaración ministerial, sino inclusive indicó la forma en que participó en el mismo; son, por otra parte, las primeras declaraciones del encausado las que adquieren valor preponderante por haberse emitido sin tiempo suficiente de aleccionamiento y sin pretensiones defensivas; pero es de destacar que en la especie, la ministerial del ahora quejoso, fue ratificada el once de noviembre de mil novecientos ochenta y ocho en preparatoria, la que si bien fue parcial, en ella no negó haber participado en el evento, sólo aclaró que no entró al domicilio en que se cometió el robo pues, afirma que quien lo hizo fue Carlos y que éste se apoderó de los objetos; que la pistola era de salva calibre 22, y que se repartieron el producto de lo sustraído en una tienda de la Unidad Vicente Guerrero; es decir fue hasta ese momento procesal, o sea quince días después que la modificó pero aceptó Martínez Gómez haber participado en el ilícito. En el tercero de los conceptos de violación se argumenta que no se demostraron las calificativas; afirmación inexacta ya que tanto la denunciante como María Torres Olivares sostuvieron que ambas fueron amagadas con una pistola y amenazadas de que si se movían mataban al menor o a la segunda, pero también porque el hecho ocurrió dentro del domicilio de las 2, ubicado en la calle de Gregorio Atello No. 9, Colonia Constitución de 1917; versiones que se corroboran con la indagatoria del encausado, al admitir que el suceso se desarrolló en la casa aludida y que Carlos amagó con una pistola a la denunciante; inmueble que a la vez, quedó identificado como casa habitada en base a la inspección ocular ministerial. Probanzas eficientes que por tanto demuestran tanto la violencia moral, traducida en el amago con un arma de fuego; como la de causar un mal grave, consistente en privar de la vida a un menor o a María Torres; asimismo la comisión en casa destinada a habitación, previstas por los artículos 373 y 381 bis del ordenamiento sustantivo de la materia. También se demostró la comisión plurisubjetiva del ilícito, o sea en pandilla a que alude el numeral 164 bis del mismo ordenamiento, en virtud de que, según la 'denunciante, después de que uno de los activos la amagó con una pistola y la encerró en el baño, silbó a unas personas que al parecer, por los diferentes tipos de voz, eran dos ...'; como de lo expuesto por María Torres Olivares, acerca de que se percató que un sujeto estaba atrás de su madre; que después metieron a ambas al baño y escuchó 'más voces' y que subían y que cuando uno de los activos salió al baño otro iba tras él; que éstos al retirarse, la emitente se asomó por la ventana y vio a tres personas que se llevaban las cosas, entre ellos, el que las había amenazado; pero el propio quejoso declaró que cometió el hecho, en compañía de Carlos Romero 'El Poy' y de Mario Ramírez Martínez 'El Botas'; de lo expuesto se desprende que, en efecto, 3 personas, entre ellas el encausado, se reunieron además ocasionalmente para cometer el ilícito de robo por el que Martínez Gómez fue sentenciado. El cuarto de los conceptos, suplido en sus deficiencias, se estima fundado; ciertamente en forma indebida se condenó al ahora quejoso a sufrir un año de prisión y a pagar una multa de 120 días de salario por la comisión del delito básico, pues el párrafo primero del artículo 370 del Código Penal aplicable, establece una pena hasta de 2 años de prisión y multa hasta de 100 veces el salario; por lo que, si se estimó en el inodado una peligrosidad equidistante entre la mínima y la media, al individualizarse la sanción se hizo un incorrecto uso del arbitrio judicial, pues la sanción a imponer, dada la métrica que corresponde al delito, por su monto, y si se la relaciona con la peligrosidad, la misma no debió ser mayor de 6 meses 2 días de prisión ni la multa superior a 26 días de salario. También indebidamente se aumentaron al delito básico 13 meses de privativa de libertad por la calificativa concurrente de pandilla, pues si bien el hecho acaeció cuando aún no estaba en vigor la reforma del artículo 164 bis del Código Penal del Distrito Federal, en el momento en que la Sala responsable emitió el acto reclamado, o sea el catorce de marzo del año en curso, ya se encontraba vigente la reforma del aludido precepto (primero de febrero de mil novecientos ochenta y nueve), que prevé la calificativa en cita una pena de hasta la mitad de la que corresponda al delito básico, que en el caso a estudio resulta menor que la de 6 meses a 3 años que antes de la reforma establecía este numeral; razón por la cual la ordenadora, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 56 del código sustantivo de la materia, para sancionar la pandilla debió calcular la pena de acuerdo con la prevista en el nuevo texto del artículo a comento, o sea partiendo del mínimo de 3 días, hasta la mitad de la impuesta por la comisión del delito; es decir, que si la aplicable por el de robo como ya se razonó, no debió ser mayor de 6 meses 2 días de prisión, la de la calificativa de pandilla tampoco podrá exceder de 26 días de reclusión y como por esa conducta complementada se aumentaron al quejoso 13 meses de prisión, ésta, por su incongruencia, resulta violatoria de garantías. Lo anterior, reafirma el criterio expresado por este Tribunal en el D. P. número 452/90, promovido por Joel Zúñiga Nava."

En la sentencia que resolvió el juicio de amparo directo 512/90, se estimó:

"Cuarto.-Son infundados los conceptos de violación. En efecto, como lo sostiene la Sala responsable, el cuerpo del delito de robo, previsto por el artículo 367 del Código Penal del Distrito Federal, se demostró, en términos del numeral 115, fracción I del de Procedimientos Penales aplicable, con la denuncia de Petra Olivares Torres, respecto a que el veintiséis de octubre de mil novecientos ochenta y ocho, cuando salía de su domicilio en las calles de Gregorio Atella No. 9, Colonia Constitución de 1917 en esta ciudad, un sujeto la amagó con una pistola al tiempo que le decía que eso era un asalto y que no se moviera porque mataría a su nieto Jorge Serrano; que la empujó hacia el interior de su casa y en seguida la encerró, junto con su hija, en el baño de la planta alta; que después de hacerlo, silbó a otras personas; que por el tipo de voz dedujo que éstas 'eran dos' y que cuando salió del lugar, habían desaparecido 'grabadoras, videocasseteras, una cámara <Canon> y trece millones de pesos'. En ampliación, ante la misma autoridad, aclaró que el efectivo sustraído sólo ascendía a tres millones de pesos y que la cámara no se la habían llevado los asaltantes, pues la dejaron abandonada, envuelta en una bolsa. Imputación que se corrobora con lo siguiente: a) Las declaraciones de Guillermo Ulises y Verónica Hernández Espinosa, sobre la preexistencia, propiedad y falta posterior de la grabadora marca Fisher y de unos lentes Ray Ban; b) La indagatoria de María Torres Olivares, ratificada en la instrucción y sostenida en careos, respecto a que el día del hecho, cuando bajaba de la planta alta de su domicilio, un desconocido, que tenía una pistola en la mano, le dijo que era un asalto y que nada hiciera porque le daba un balazo en la cabeza; que les ordenó a ella y a su mamá, se dirigieran al baño de la planta superior, lo que hicieron, acompañadas del desconocido, quien al salir, dejó la puerta entreabierta y en seguida se escucharon 'más voces'; que alguien subía y que cuando se retiraron los asaltantes, la declarante corrió a la ventana y vio que tres personas, entre ellas el que las amagó, caminaban rápidamente y daban vuelta en la esquina; que todos llevaban cosas en las manos, y que al tener a la vista a José Javier Martínez Gómez lo reconocía como uno de los que participó en el evento; en diversa comparecencia ante el Juez de la causa, ratificó lo anterior, aclarando que fueron tres los partícipes del hecho y que 4 días antes de que éste ocurriera, ya los había visto cerca de su domicilio. En el careo correspondiente identificó a José Javier como uno de los que robó en su casa; c) El informe policial, ratificado en la instrucción, en que Carlos Galván Pérez imputó a José Javier

Martínez Gómez que éste le dijo que había participado en el suceso, describiendo la forma en que lo realizaron, habiéndole correspondido a él, como parte del producto del robo, una grabadora Fisher y unos lentes; que Carlos se llevó una video y a Mario le dieron otra grabadora; d) La fe ministerial de la radiograbadora marca Fisher, mod

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/2096-3af7fef8/pandilla-en-la-calificativa-de-determinacion-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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