TRABAJO EN FAVOR DE LA COMUNIDAD, NO ES UN BENEFICIO EL.
CONTRADICCION DE TESIS 21/89. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y EL SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente asunto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 197-A de la Ley de Amparo y 24, fracción XII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
SEGUNDO.-El Primer Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Penal, al resolver los amparos directos 131/88, 135/88, 211/88, 209/88 y 609/88, promovidos, respectivamente, por Jorge Eduardo Romero Ramírez, Roberto Procuna Pineda y otro, Víctor Manuel Hernández Martínez, Angel García Silvano o Silván y Emilio Pérez Hernández, dijo sostener la tesis de jurisprudencia número 1, visible en la página nueve de la Tercera Parte del Informe rendido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por su presidente, al finalizar el año de mil novecientos ochenta y ocho, la que es del tenor literal siguiente:
"TRABAJO EN FAVOR DE LA COMUNIDAD. NO ES UN BENEFICIO EL.-La sustitutiva de jornadas de trabajo en favor de la comunidad, prevista en los artículos 24, punto 2 y 27 del Código Penal para el Distrito Federal en Materia del Fuero Común y para toda la República en Materia del Fuero Federal, no es un beneficio, sino una pena, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5o. constitucional, párrafo tercero, que establece: `Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial, el cual se ajustará a lo dispuesto en las fracciones I y II del artículo 123'; en tal virtud, no procede dejar a elección del sentenciado si se acoge a pagar la multa o que se le substituya por jornadas de trabajo. Consecuentemente, viola garantías la sentencia de segunda instancia que otorga tal alternativa, máxime que en la sentencia de primera instancia no se impuso la sustitutiva de multa por jornadas de trabajo y no interpuso apelación el Ministerio Público para que se aplicara."
TERCERO.-El Segundo Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Penal, en los amparos directos 94/88, 174/88, 332/88, 300/88 y 416/88, promovidos, respectivamente, por José Francisco Ornelas Palos, Julián Robledo San Juan y otro, Rodrigo Terreros Méndez, Rubén Molina García y Jorge González Carrasco, dijo sostener la tesis de jurisprudencia número 1, visible a fojas treinta y siete de la tercera parte del Informe rendido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por su presidente, al finalizar el año de mil novecientos ochenta y ocho, misma que a la letra dice:
"MULTA SUSTITUCION DE, POR JORNADAS DE TRABAJO. DEBE PRECISARSE EN LA SENTENCIA.-Conforme al artículo 21 del Ordenamiento Supremo de la Nación, corresponde única y exclusivamente a la autoridad judicial la imposición de las penas; es por ello y de acuerdo a una correcta interpretación del artículo 29 del Código Penal aplicable en el Distrito Federal y en toda la República en materia federal, que necesariamente aquélla debe precisar en las sentencias condenatorias que pronuncie, por cuántas jornadas de trabajo sustituye la multa que impone a los acusados, porque el pagar el importe de esta última o cumplir las jornadas de trabajo en favor de la comunidad en términos del artículo 66 de la Ley Federal del Trabajo, es una circunstancia propia de la ejecución del fallo, es decir, en esta etapa que es la última del procedimiento penal, el sentenciado tendrá que acreditar su capacidad o insolvencia económica, y de acuerdo con esto, deberá cubrir la pena pecuniaria o prestar el trabajo a la comunidad".
CUARTO.-Esta Sala advierte que en parte no existe la contradicción de tesis planteada, conforme a las consideraciones siguientes:
Del análisis del texto de las tesis transcritas se desprende que lo sostenido en ellas parte del supuesto en el que un Juez de primera instancia en su sentencia no precisa la substitución de la multa impuesta por jornadas de trabajo en favor de la comunidad.
Sin embargo, del examen de las resoluciones que dictaron los referidos Tribunales, se advierte que sólo en las de los juicios de amparo directo números 131/88, 209/88, 211/88 y 135/88 correspondientes al Primer Tribunal y en las de los números 416/88, 332/88, 94/88 y 174/88 correspondientes al Segundo Tribunal, existe dicho supuesto.
En efecto, el Primer Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Penal en los referidos cuatro juicios de amparo, sostuvo al resolver, en lo conducente, lo siguiente:
"D.P. 131/88 ... Sin embargo, con fundamento en lo que dispone el artículo 76 bis fracción II de la Ley de Amparo, procede en el caso suplir la deficiencia de los conceptos de violación expresados, pues la Sala sentenciadora violó garantías individuales en perjuicio del quejoso, ya que, según se aprecia de la sentencia de primera instancia, como lo menciona la Sala señalada como autoridad responsable, `que el A quo no hizo alusión alguna respecto a que si procedía o no la sustitución de la pena pecuniaria por jornadas de trabajo en favor de la comunidad como lo prevé el artículo 29 del Código Penal, para el efecto de que los encausados acreditasen que no pudieran pagarla o que la pudieran pagar en forma parcial', o sea, que el Juez de Primer Grado no sustituyó la pena de multa, por lo que al señalar la Sala responsable que la pena pecuniaria se substituye por doscientas jornadas de trabajo en favor de la comunidad, constituye un exceso, pues sólo con apelación del Ministerio Público podía modificarse la sentencia en perjuicio del acusado, pues siendo una pena la sustitutiva jornadas de trabajo en favor de la comunidad, al no aplicarla el Juez A quo, la Sala no debió imponerla de oficio, ya que como lo dice la misma autoridad señalada como responsable en el considerando segundo de la sentencia, tal sustitutiva no es un beneficio para el sentenciado, sino que se trata de una pena, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5o. constitucional, párrafo tercero, el que al respecto establece: `Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena, por la autoridad Judicial, el cual se ajustará a lo dispuesto en las fracciones I y II del artículo 113'; ello en relación con lo dispuesto en el artículo 24 apartado 2 del Código Penal para el Distrito Federal, razón por la cual no puede dejarse a juicio del procesado la consideración relativa a que se trata de una pena o de un beneficio, cuando de lo antes expresado es indudable que se trata de una pena la condena a efectuar jornadas de trabajo en favor de la comunidad, establecida tanto en la Constitución Federal como en el Código Penal, por lo que se concluye que, en este aspecto la sentencia reclamada viola garantías individuales y por lo tanto debe concedérsele al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal para el único efecto de que la Sala señalada como autoridad responsable, dejando subsistentes los demás aspectos de la sentencia reclamada, elimine la sustitutiva de doscientas jornadas de trabajo en favor de la comunidad, que impuso ilegalmente al quejoso."
"Por lo anterior resulta procedente conceder el amparo al quejoso para el único efecto de que la Sala responsable manteniendo la sentencia en sus demás aspectos, elimine la sustitutiva de doscientas jornadas de trabajo en favor de la comunidad."
"D.P. 209/88 ... Sin embargo, supliendo la deficiencia de la queja, en términos de la fracción II del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, este tribunal advierte que el ad quem indebidamente sustituyó la pena pecuniaria por jornadas de trabajo no remuneradas en favor de la comunidad, en lugar de la que, según se aprecia de la sentencia de primera instancia, había sido hecha por el Juez a quo, de multa por treinta días más de privativa de libertad, cuando que, por otra parte, a la fecha en que se dictó dicha sentencia, quince de agosto de mil novecientos ochenta y cinco, el precepto legal que permitía esto último ya había sido derogado, de donde su aplicación al caso resultaba retroactiva y en perjuicio del quejoso, y con ello la antes referida sustitución de la pena pecuniaria por jornadas de trabajo, y por otra parte, que esta sustitución constituye un exceso, pues sólo con apelación del Ministerio Público podía modificarse la sentencia de primer grado, en perjuicio del acusado, pues siendo una pena la sustitutiva de jornadas de trabajo en favor de la comunidad, no debió de ser impuesta de oficio, ya que tal sustitutiva no es un beneficio para el sentenciado."
"Independientemente de lo anterior, se advierte que la Sala responsable indebidamente también determinó dejar a juicio del procesado la consideración relativa a que la sustitución de multa por jornadas de trabajo se trata de una pena o de un beneficio, cuando que no es un beneficio sino que se trata de una pena, de acuerdo con lo establecido en el párrafo tercero del artículo 5o. constitucional, el que al respecto establece: `Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial, el cual se ajustará a lo dispuesto en las fracciones I y II del artículo 123'; ello en relación con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 24 del Código Penal para el Distrito Federal, razón por la cual no puede dejarse a juicio del procesado la consideración relativa a que se trate de una pena o de un beneficio, pues de lo antes expresado es indudable que se trata de una pena la condena a efectuar jornadas de trabajo en favor de la comunidad, establecida tanto en la Constitución General de la República como en el Código Penal, por lo que se concluye que, en este aspecto, la sentencia reclamada viola garantías individuales y, por tanto, debe de concederse al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal, para el único efecto de que la autoridad responsable, dejando subsistentes los demás aspectos de su resolución, elimine de ésta la sustitutiva de treinta jornadas de trabajo en favor de la comunidad, que impuso ilegalmente al quejoso".
"D.P. 211/88 ... Sin embargo, supliendo la deficiencia de la queja, en términos de la fracción II del artículo 76 bis de la Ley de Amparo este Tribunal advierte que el ad quem indebidamente sustituyó la pena pecuniaria por jornadas de trabajo no remuneradas en favor de la comunidad, en lugar de la que según se aprecia de la sentencia de primera instancia, había sido hecha por el Juez a quo, de multa por treinta días más de privativa de libertad, cuando que, por una parte a la fecha en que se dictó dicha sentencia, quince de agosto de mil novecientos ochenta y cinco, el precepto legal que permitía esto último ya había sido derogado, de donde su aplicación al caso resultaba retroactiva y en perjuicio del quejoso, y con ello la antes referida sustitución de la pena pecuniaria por jornadas de trabajo, y por otra parte, que esta sustitución constituye un exceso, pues sólo con apelación del Ministerio Público podía modificarse la sentencia de primer grado, en perjuicio del acusado, pues siendo una pena la sustitutiva de jornadas de trabajo en favor de la comunidad, no debió de ser impuesta de oficio, ya que tal sustitutiva no es un beneficio para el sentenciado."
"Independientemente de lo anterior, se advierte que la Sala responsable indebidamente también determinó dejar a juicio del procesado la consideración relativa a que la sustitución de multa por jornadas de trabajo se trata de una pena o de un beneficio, cuando que no es un beneficio sino que se trata de una pena, de acuerdo con lo establecido en el párrafo tercero del artículo 5o. constitucional el que al respecto establece: `Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial, el cual se ajustará a lo dispuesto en las fracciones I y II del artículo 123'; ello en relación con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 24 del Código Penal para el Distrito Federal, razón por la cual no puede dejarse a juicio del procesado la consideración relativa a que se trate de una pena o de un beneficio, pues de lo antes expresado es indudable que se trata de una pena la condena a efectuar jornadas de trabajo en favor de la comunidad, establecida tanto en la Constitución General de la República, como en el Código Penal, por lo que se concluye que, en este respecto, la sentencia reclamada viola garantías individuales y, por tanto, debe de concederse al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal, para el único efecto de que la autoridad responsable, dejando subsistentes los demás aspectos de su resolución, elimine de ésta la sustitutiva de treinta jornadas de trabajo en favor de la comunidad, que impuso ilegalmente al quejoso".
"D.P. 135/88 ... Sin embargo, con fundamento en lo que dispone el artículo 76 bis fracción II de la Ley de Amparo, procede en el caso suplir la deficiencia de los conceptos de violación expresados, pues la Sala sentenciadora violó garantías individuales en perjuicio de los quejosos, ya que, según se aprecia de la sentencia de primera instancia, como lo menciona la Sala señalada como autoridad responsable, únicamente dice que para el caso de insolvencia debidamente acreditada, se debería aplicar" lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 27 del Código Penal, "mas no a que dicha multa la haya sustituido en caso de insolvencia por dicho trabajo", o sea, que en realidad el Juez de primer grado no sustituyó la pena de multa, por lo que al señalar la Sala responsable que la pena pecuniaria se sustituye por ciento ochenta y cinco jornadas de trabajo en favor de la comunidad, constituye un exceso, pues sólo con apelación del Ministerio Público podía modificarse la sentencia en perjuicio del acusado, pues siendo una pena la sustitutiva jornadas de trabajo en favor de la comunidad, al no aplicarle el Juez a quo, la Sala no debió imponerla de oficio, ya que como lo dice la misma autoridad señalada como responsable en el considerando segundo de la sentencia, tal sustitutiva no es un beneficio para el sentenciado, sino que se trata de una pena, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5o. constitucional, párrafo tercero, el que al respecto establece: "Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial, el cual se ajustará a lo dispuesto en las fracciones I y II del artículo 123"; ello en relación con lo dispuesto en el artículo 24 apartado 2 del Código Penal para el Distrito Federal, razón por la cual no puede dejarse a juicio del procesado la consideración relativa a que se trate de una pena o de un beneficio, cuando de lo antes expresado es indudable que se trata de una pena la condena a efectuar jornadas de trabajo en favor de la comunidad, establecida tanto en la Constitución General de la República como en el Código Penal, por lo que se concluye que, en este aspecto, la sentencia reclamada viola garantías individuales y por lo tanto debe consedérsele a los quejosos el amparo y protección de la Justicia Federal, para el único efecto de que la Sala señalada como autoridad responsable, dejando subsistentes los demás aspectos de la sentencia reclamada, elimine de tal sentencia la sustitutiva de ciento ochenta y cinco jornadas de trabajo en favor de la comunidad, que impuso ilegalmente a los quejosos".
El Segundo Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Penal, al resolver en dichos cuatro juicios de amparo, en lo conducente, hizo las consideraciones que a continuación se transcriben:
"D.P. 416/88 ... Sin embargo, este órgano de control constitucional, con apoyo en el artículo 76 bis, fracción II de la Ley de Amparo, suple la deficiencia de la queja de Jorge González Carrasco, al observar que la Sala responsable no sustituyó la multa impuesta al acusado por jornadas de trabajo en favor de la comunidad tal y como lo establece el artículo 29 del Código Penal, alegando que está probada la solvencia económica del justiciable, y pasando por alto que pagar el importe de la multa o prestar el trabajo en favor de la comunidad es una potestad exclusiva del infractor, al respecto este tribunal ha sostenido en los diversos juicios de amparo directo números 94/88, 174/88, 332/88 y 300/88 el criterio de que una correcta interpretación del artículo en comento, obliga a la autoridad judicial a precisar en sus sentencias por cuántas jornadas de trabajo en favor de la comunidad sustituye la multa que impone a los acusados, jornadas que debe realizar el infractor conforme a dicho precepto y en términos del numeral 66 de la Ley Federal del Trabajo; en estas condiciones procede entonces se le conceda la protección constitucional a Jorge González Carrasco, para el único efecto de que la Sala responsable dicte una nueva resolución en la cual manteniendo en todos sus aspectos el fallo reclamado, sustituya la pena pecuniaria que por `veinte días multa' impuso al acusado de que se trata por veinte jornadas de trabajo en favor de la comunidad, tal y como lo prevén los artículos 27 y 29 del Código Penal en relación con el 66 de la Ley Federal del Trabajo."
"D.P. 332/88 ... En cambio, en suplencia de la queja, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo, se advierte que es ilegal el fallo reclamado en cuanto no sustituye la pena pecuniaria por jornadas de trabajo en favor de la comunidad, por no encontrarse demostrada la insolvencia total o parcial del peticionario del amparo; esta afirmación de la Sala responsable, resulta una apreciación apriorística sobre la situación económica del sentenciado, a quien no puede exigírsele, antes de que se resuelva la Alzada, que la cumpla en forma anticipada. Ciertamente, de una correcta interpretación del artículo 29 del Código Penal aplicable se llega al conocimiento que la autoridad judicial al pronunciar la sentencia debe precisar por cuántas jornadas de trabajo en favor de la comunidad sustituye la multa que impone a los acusados, porque el pagar el importe de esta última o cumplir las jornadas de trabajo, en términos del artículo 66 de la Ley Federal del Trabajo, es una circunstancia propia de la ejecución del fallo, es decir, en esta etapa el sentenciado podrá acreditar su capacidad o insolvencia económica, y de acuerdo con esto, cubrir la multa o cumplir las jornadas de trabajo en favor de la comunidad."
"El razonamiento que antecede obliga a conceder al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que la Sala responsable, dejando intocada en sus demás aspectos al resolución reclamada, elimine de la misma la negativa de la sustitución de la multa impuesta y a cambio la conceda para el caso de insolvencia total o parcial del encausado, por 15 jornadas de trabajo en favor de la comunidad, en términos de lo dispuesto por el artículo 29 del Código Penal, en relación con el 66 de la Ley Federal del Trabajo. Criterio sustentado por este tribunal al resolver los diversos amparos directos números 94/88 y 174/88, promovidos por JOSE FRANCISCO ORNELAS PALOS Y JULIAN ROBLEDO SAN JUAN Y OTRO, en sesiones de fechas 14 y 28 de marzo de mil novecientos ochenta y ocho, respectivamente."
"D.P. 94/88 ... En cambio, en suplencia de la queja, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo, se observa que es ilegal el fallo reclamado en cuanto que no sustituye la pecuniaria por jornadas de trabajo en favor de la comunidad, por no encontrarse demostrada la insolvencia total o parcial del peticionario del amparo; esta afirmación del Juez de Primer grado, confirmada por la Sala responsable, resulta una apreciación apriorística sobre la situación económica del sentenciado, a quien no puede exigírsele, antes de que se resuelva la alzada, que la cumpla en forma anticipada. Ciertamente, si al ser condenado en primera instancia se conforma con el fallo que se pronunció en su contra, en ejecución del mismo, debe acreditar su situación económica para que se le pueda sustituir la multa, pero ello no puede exigírsele anticipadamente antes de que el fallo cause ejecutoria como tampoco obligársele a que lo haga sin que se resuelvan los medios de impugnación de la sentencia de primera instancia. Lo procedente es que el Tribunal de Alzada conceda la sustitución de la pecuniaria para el caso de insolvencia total o parcial, la que podrá acreditar aun después de pronunciada la resolución de segundo grado; considerar lo contrario, implicaría el cumplimiento y ejecución de un fallo no firme."
"El razonamiento que antecede obliga a conceder al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que la Sala responsable, dejando intocada en sus demás aspectos la sentencia reclamada, elimine de la misma la negativa de la sustitución de la multa impuesta, y a cambio, para el caso de la insolvencia total o parcial del quejoso, reemplace la pecuniaria por diez jornadas de trabajo en favor de la comunidad, las que deberán cubrirse en términos de lo dispuesto por los artículos 27 y 29 del Código Penal, en relación con el 66 de la Ley Federal del Trabajo".
"D.P. 174/88 ... Sin embargo, este tribunal colegiado con fundamento en los artículos 107 fracción II, párrafo segundo de la Constitución Política vigente y 76 bis fracción II de la Ley de Amparo, suple la deficiencia de la queja de los peticionarios de garantías, al advertir que el ad quem indebidamente no le sustituyó la multa impuesta por jornadas de trabajo en favor de la comunidad, tal y como lo prevé el artículo 29 del Código Penal para el Distrito Federal, al aducir que la sanción pecuniaria de referencia `no se les sustituye por jornadas de trabajo en favor de la comunidad, en razón de que no se encuentra acreditado en autos que dichos acusados sean insolventes o bien que únicamente puedan pagar parte de la multa impuesta', juicio apriorístico del ad quem, que también se observa fue realizado por el Juez de primer grado, puesto que el pagar el importe de la multa o cumplir las jornadas de trabajo en favor de la comunidad en términos del artículo 66 de la Ley Laboral, es una circunstancia propia de la ejecución de la sentencia, es decir, en esta etapa que es la última del procedimiento penal, el sentenciado tendrá que acreditar su capacidad o insolvencia económica, y de acuerdo con esto, se deberá cubrir la pena pecuniaria o prestar el trabajo a la comunidad, pero necesariamente le corresponde a la autoridad judicial que es la única facultada constitucionalmente para imponer las penas, conforme al artículo 21 de la Carta Magna, y de acuerdo a una correcta interpretación del artículo 29 del ordenamiento secundario invocado, la que debe precisar en las sentencias que dicte, por cuántas jornadas de trabajo sustituye la multa que impone a los sentenciados. En estas condiciones procede se les conceda el amparo y protección de la Justicia Federal a Julián Robledo San Juan y Ernesto Trejo Ramírez para el efecto de que la Sexta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, dejando intocado en sus demás aspectos el fallo reclamado, elimine del mismo la negativa de la sustitución de la multa impuesta y a cambio se las conceda por doscientas diez jornadas de trabajo en favor de la comunidad en términos del artículo 29 del Código Penal y 66 de la Ley Laboral".
De las anteriores transcripciones se observa que tanto uno como otro Tribunal, dictaron esas resoluciones partiendo del supuesto de que el juzgador de primer grado en su sentencia no determinó la sustitución de la multa que impuso al sentenciado por jornadas de trabajo en favor de la comunidad.
Ahora bien, el primero de esos tribunales en el juicio de amparo directo 609/88, al resolver, en lo conducente, sostuvo lo siguiente:
"Sin embargo, supliendo la deficiencia de la queja, en términos de la fracción II del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, este tribunal advierte que la Sala responsable de manera indebida sustituyó la pena pecuniaria de ochocientos pesos por media jornada de trabajo en favor de la comunidad, porque el Juez de primera instancia había sustituido dicha pena por un día de trabajo en favor de la comunidad, y pretendiendo favorecer al encausado lo perjudicó, dado que el trabajo en favor de la comunidad no es un beneficio, sino una pena decretada por la autoridad judicial, por encontrarse inmersa en el capítulo de penas y medidas de seguridad, o sea que viene siendo un trabajo impuesto como sanción por la autoridad jurisdiccional, y como los días de trabajo es una pena sustitutiva que no existe en la ley punitiva, debió eliminarla el ad quem".
"En tales condiciones, debe concederse el amparo al quejoso para el único efecto de que el Primer Tribunal Unitario del Primer Circuito, dejando subsistentes los demás puntos decisorios de la sentencia reclamada, elimine la media jornada de trabajo en favor de la comunidad que le señaló como sustitución de la multa de ochocientos pesos impuesta."
De la transcripción que antecede se desprende que dicho tribunal, al resolver partió de la base de que el Juez de primera instancia sustituyó la pena pecuniaria por un día de trabajo en favor de la comunidad, o sea, de la hipótesis contraria de la que partió en sus otras cuatro resoluciones, cuyo texto quedó transcrito, en lo conducente, con anterioridad.
Igualmente, el segundo de esos tribunales en el juicio de amparo 300/88, al resolver partió de la hipótesis contraria, esto es, de que el Juez Tercero Mixto de Paz del Distrito Federal, sustituyó la multa que impuso al sentenciado por jornadas de trabajo en favor de la comunidad. Para corroborar lo anterior, a continuación se transcribe, en lo conducente, la resolución respectiva:
"Sin embargo este Tribunal Colegiado con fundamento en la fracción II del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, suple la deficiencia de la queja de Rubén Molina García, pues se advierte en el segundo punto resolutivo del fallo impugnado que se le condenó a las penas referidas `por lo que en total deberá cubrir en la Tesorería del Departamento del Distrito Federal, la cantidad de ciento cincuenta y nueve mil pesos en beneficio del Estado o trabajo en favor de la comunidad', pero no se precisó de conformidad con los artículos 27 29 del Código Penal por cuántas jornadas laborales sustituyó la pena pecuniaria relativa a la multa por los treinta días de salario mínimo vigente. En estas condiciones procede entonces se le conceda la protección constitucional al quejoso de que se trata, para el efecto de que el Juez Tercero Mixto de Paz del Distrito Federal, dicte una nueva resolución en la cual manteniendo en todos sus aspectos el fallo reclamado, sustituya la multa que impuso a Rubén Molina García, consistente en treinta días de salario mínimo vigente al momento de los hechos (ciento nueve mil pesos), por treinta jornadas de trabajo en favor de la comunidad, tal y como lo prevé los artículos 27 y 29 (sic) del Código Penal en relación con el 66 de la Ley Federal del Trabajo, es decir, las jornadas de trabajo las deberá llevar a cabo el acusado en jornadas distintas al horario de labores que represente la fuente de ingresos para la subsistencia del sentenciado y de su familia, sin que pueda exceder de la jornada extraordinaria que determina la Ley Laboral (tres horas diarias y tres veces en una semana) las cuales desarrollará en forma que no le resulte denigrante o humillante para el condenado". En las anteriores condiciones, si se toma en cuenta que lo sostenido en las tesis sujetas a análisis parte del supuesto en el que un Juez de primera instancia en sus sentencias no precisa la sustitución de la multa que impone por jornadas de trabajo en favor de la comunidad y que en las resoluciones correspondientes a los citados juicios de amparo 609/88 y 300/88 se partió del supuesto contrario, o sea, del en que un Juez de primer grado precisó esa sustitución, se llega a la conclusión de que en esas dos resoluciones realmente no se sostuvieron esas tesis.
Ahora bien, el artículo 197-A de la Ley de Amparo establece literalmente lo siguiente:
"Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustentan tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el Procurador General de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que lo integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días".
"La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias."
"La Suprema Corte deberá dictar la resolución dentro del término de tres meses y ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195."
De la lectura de esa disposición legal se advierte que en los casos en que se plantee una contradicción entre tesis de Tribunales Colegiados, para poder decidir cuál de ellas debe prevalecer, es necesario que en los juicios de la competencia de esos tribunales, en primer término, realmente se hayan sustentado las sujetas a análisis, y, en segundo lugar, que efectivamente exista contradicción entre ellas, lo que es lógico, ya que faltando uno de esos requisitos no existe materia sobre la que se pueda dictar resolución al respecto.
Conforme a las anteri
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/274-0327e70f/trabajo-en-favor-de-la-comunidad-no-es · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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