PRESCRIPCION CONSUMADA EN MATERIA MERCANTIL. RESULTA IMPROCEDENTE SU RENUNCIA. INAPLICACION SUPLETORIA DE LAS DISPOSICIONES DE LOS CODIGOS CIVILES.
CONTRADICCION DE TESIS 29/96. SUSCITADA ENTRE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO EN MATERIA CIVIL DEL SEPTIMO CIRCUITO Y SEGUNDO DEL DECIMO PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.- Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la posible contradicción de tesis denunciada, de conformidad con lo dispuesto en los artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A, de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo del acuerdo plenario 7/1995, de diecinueve de junio de mil novecientos noventa y cinco, en virtud de que las ejecutorias en conflicto se refieren a la materia civil.
SEGUNDO.- Las consideraciones de las ejecutorias de los Tribunales Colegiados de Circuito mencionados, que dieron origen a la denuncia de contradicción de criterios de que se trata, son las siguientes:
Amparo directo número 102/96, promovido por Javier Jara Becerra y Carmen Rodríguez de Jara, del conocimiento del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito.
"QUINTO.- Son sustancialmente fundados los conceptos de violación que en el caso se expresan, aunque en parte procede suplir la deficiencia de su exposición en términos del artículo 76 bis, fracción VI, de la Ley de Amparo, al advertirse que el acto reclamado incurre en una violación manifiesta de la ley que deja sin defensa a los quejosos; sirviendo además de apoyo el criterio del entonces Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenido en la ejecutoria número 86, consultable en la página seiscientos cincuenta y cuatro de la Primera Parte del Informe rendido por su presidente al terminar el año de mil novecientos ochenta y nueve, bajo el rubro: 'SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA. PROCEDE EN LAS MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA.'.
"En efecto, de la apreciación de las constancias que integran el juicio de primera instancia, antecedentes del fallo reclamado, se advierte que éste resulta conculcatorio de garantías, pues al haber desestimado la excepción opuesta, consistente en que se encontraba prescrita la acción cambiaria directa, apoyando tal desestimación en que hubo una renuncia tácita al término de la prescripción, porque en la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento a juicio, Javier Jara Becerra (no los dos apelantes como lo indica la Sala responsable), manifestó reconocer deber una cantidad líquida a los actores, sin embargo, no recuerdo con exactitud qué suma es, ya que hay intereses ...' y que en el escrito por el cual se contestó la demanda, se aceptó el adeudo aunque el documento base de la acción se hubiese presentado ante el órgano jurisdiccional treinta días después de transcurrir el lapso de tres años a que se refiere el artículo 165, fracción I, de la ley arriba indicada (Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito); con tales consideraciones se incurre en una inexacta aplicación e interpretación jurídica del artículo 1041 del Código de Comercio, en que se apoyó para ello, pues tal precepto, en su primer párrafo, en lo conducente establece: 'La prescripción se interrumpirá ... por el reconocimiento de las obligaciones ... en que se funde el derecho del acreedor ...', ello, indudablemente, al precisar 'interrumpirá', es claro que hace referencia al lapso en que está transcurriendo el tiempo fijado en la ley para que se tenga por consumada la prescripción, dada la connotación del verbo interrumpir (lat. interrumpere.) tr. Cortar la continuación de una acción en el lugar o en el tiempo. // Cortar en el tiempo la continuación de algo. //Atreverse uno con su palabra mientras está hablando otro, consultable en el Diccionario para Juristas de Juan Palomar de Miguel, publicado por Mayo Ediciones, Sociedad de Responsabilidad Limitada, mil novecientos ochenta y uno, México; esto es, no tiene aplicación dicho precepto cuando la prescripción se ha consumado, porque es obvio que no se puede interrumpir lo que ha dejado de tener vigencia, como en el caso en particular, en que, tratándose de un pagaré, el reconocimiento ocurrió cuando ya habían transcurrido los tres años para su cobro, a través del ejercicio de la acción cambiaria directa, que en la vía ejecutiva mercantil establece el artículo 165 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, como la misma Sala responsable lo acepta, pues, como ya se dijo y se reitera, consumada la prescripción, ya no hay término que interrumpir, toda vez que sólo se interrumpen los plazos que aún no han llegado a su fin.
"Ahora bien, es pertinente señalar que este tribunal no desconoce la existencia de la jurisprudencia número 21, que aparece publicada en la página doscientos dieciséis del Tomo IV, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, formada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo tenor literal es: 'PRESCRIPCION GANADA EN MATERIA MERCANTIL, RENUNCIA DE LA.' (y la transcribe); sin embargo, un atento análisis de su contenido permite estimar que no es el caso de su aplicación estricta en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, sino por el contrario, determinar la interrupción y modificación de dicha jurisprudencia, con apoyo en el diverso artículo sexto transitorio de la reforma a la Ley de Amparo, de veintiuno de diciembre de mil novecientos ochenta y siete, en vigor a partir del quince de enero siguiente, por versar el asunto sobre una materia cuyo conocimiento es exclusivo de los Tribunales Colegiados.- En efecto, para arribar a la conclusión apuntada se ha analizado que en la jurisprudencia en comento se sostiene la aplicación supletoria de disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, específicamente los artículos 1141 y 1142, cuyos contenidos son: 'Artículo 1141. Las personas con capacidad para enajenar pueden renunciar la prescripción ganada, pero no el derecho de prescribir para lo sucesivo.' y 'Artículo 1142. La renuncia de la prescripción es expresa o tácita, siendo esta última la que resulta de un hecho que importa el abandono del derecho adquirido.'; sin embargo, este Tribunal Colegiado considera que en materia mercantil no opera la supletoriedad aludida, pues el Código de Comercio, en su artículo 1039, que dice: 'Los términos fijados para el ejercicio de acciones procedentes de actos mercantiles serán fatales, sin que contra ellos se dé restitución.', contiene prohibición expresa para aplicar supletoriamente, en cuanto a la prescripción, en el preciso punto que aquí se analiza, las disposiciones de la materia civil común, si se toman en cuenta los dos términos que utiliza el precitado artículo 1039, fatales y restitución, esto es, en principio, señala que los términos para el ejercicio de acciones procedentes de actos mercantiles serán fatales, y en segundo, no permite que contra ellos se dé restitución, así se tiene, en primer lugar, que los aludidos términos, al emplearse el vocablo fatales, su connotación es de improrrogables cuando éstos por el transcurso del término que la ley establece, surgen a la vida jurídica con todos los efectos de la prescripción negativa, atento al significado de la palabra fatal, de la cual deriva fatales, acorde al significado contenido en el diccionario en consulta: (lat. fatalis.) Der. Se dice del término o plazo que es improrrogable. Cfr. año fatal, plazo fatal, término fatal; y, por otra parte, al prohibir la restitución, no se permite, concluido un término, otorgar uno nuevo, pues la palabra restitución, deriva del verbo restituir, que significa, acorde al propio diccionario: (lat. restituere) Der. Otorgar de nuevo a uno de los litigantes un término legal o judicial que ya había concluido para él, o consentirle el ejercicio de un derecho ya extinguido; de lo anterior, es por lo que se considera que los términos fijados para el ejercicio de acciones procedentes de actos mercantiles, como lo es el pagaré origen del juicio de donde deriva el fallo reclamado, por disposición de la fracción XIX, en relación con la XXIV del artículo 75 del Código de Comercio y 1o. de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, son improrrogables, sin que contra ellos pueda darse un nuevo plazo, ni por renuncia tácita, que no puede derivarse del simple reconocimiento del adeudo, lo cual no puede llevar más que a la consideración de que la deuda existe, pero la vía ejercitada no es la procedente, por haber prescrito; de ahí que, ante la disposición expresa en el Código de Comercio (artículo 1039) se consideran inaplicables en cuanto a la renuncia de la prescripción, las disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, y por ello la interrupción y modificación a la jurisprudencia precisada. Cabe señalar que, por cuanto a lo aquí tratado, específicamente a la disposición contenida en el artículo 1039 del Código de Comercio, existen diversos criterios del más alto tribunal que le han servido de apoyo, éstos son, a saber:
"I. QUINTA EPOCA:
"A) Del entonces Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la publicada en la página cuatrocientos treinta y nueve del Tomo XIX, del Semanario Judicial de la Federación: 'PRESCRIPCION EN MATERIA MERCANTIL.- Los términos fijados por el Código de Comercio, para el ejercicio de acciones procedentes de actos mercantiles, son fatales, sin que contra ellos se dé restitución; y transcurridos esos términos, sin que las acciones se ejerciten, prescribirán, sin que, de acuerdo con lo mandado por el mismo código, pueda renunciarse esa prescripción; y la renuncia que se haga es nula.'.
"B) De la Tercera Sala:
"La que aparece en la página mil quinientos sesenta y seis del Tomo XXXIII del Semanario Judicial de la Federación: 'PRESCRIPCION MERCANTIL.- Las acciones procedentes de pagarés de comercio, se prescriben en tres años, que deben computarse desde el día en que la acción pudo ser legalmente ejercitada en juicio. Esta prescripción es fatal, sin que contra la misma se dé restitución y a la prescripción mercantil son inaplicables las disposiciones de la ley civil, que permiten duplicar los plazos necesarios para la prescripción, por virtud de la renuncia que de ésta se haga.'.
"La consultable en la página tres mil ciento sesenta del Tomo XLII del Semanario Judicial de la Federación: 'PRESCRIPCION EN MATERIA MERCANTIL.- En materia mercantil, es inaplicable el artículo 1065 del Código Civil del Distrito Federal, que determina que la renuncia de la prescripción, produce el efecto de duplicar los plazos fijados por la ley, porque en el Código de Comercio existen los artículos 1038 y 1039, que ordenan que las acciones que se deriven de actos de comercio, prescriben con arreglo a las disposiciones de ese código y que los términos fijados para el ejercicio de acciones procedentes de actos de la misma naturaleza, serán fatales.'.
"La visible en la página seiscientos cuarenta y cuatro del Tomo LV del Semanario Judicial de la Federación: 'PRESCRIPCION EN MATERIA MERCANTIL, IMPROCEDENCIA DE LA RENUNCIA DE LA.- En materia de prescripción mercantil, no puede considerarse el Código Civil como supletorio del de Comercio, por lo que la renuncia de aquélla en un documento mercantil, no produce el efecto de duplicar los plazos de la prescripción, según lo disponía el Código Civil de 1884, pues al establecer el artículo 1039 del Código de Comercio, que los términos fijados para el ejercicio de acciones procedentes de actos mercantiles serán fatales, debe entenderse que el legislador se propuso impedir que por concepto alguno se prorrogaran tales términos.'.
"II. SEXTA EPOCA:
"A) De la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La que aparece en la página ciento veinticinco del Volumen XXX, del Semanario Judicial de la Federación: 'PRESCRIPCION EN MATERIA MERCANTIL, EL CODIGO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL NO ES APLICABLE EN CASO DE.- Una vez transcurrido el término de una prescripción, si se tuviera por renunciada la ganada, como automáticamente volvería a correr, el resultado sería prorrogar y restituir el término, en contravención a lo dispuesto por el artículo 1039 del Código de Comercio, cuya disposición es contraria a la del 1141 del Código Civil del Distrito Federal, que autoriza a renunciar la prescripción ganada, y por consecuencia, contraria también a la del artículo 1142 de este último código, que se refiere a los casos de renuncia expresa o tácita de dicha prescripción; y esa antinomia impide la aplicación supletoria.'.
"Por otra parte, sirve también de sustento a las facultades de este Tribunal Colegiado para interrumpir y modificar la jurisprudencia en comento, el criterio del entonces Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenido en la jurisprudencia número 26/94, que aparece publicada en la página catorce de la Gaceta número 80 del Semanario Judicial de la Federación, agosto de 1994, bajo el rubro: 'JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS ESTAN FACULTADOS PARA MODIFICAR LA ESTABLECIDA CON ANTERIORIDAD AL 15 DE ENERO DE 1988, CUANDO VERSE SOBRE CUESTIONES QUE SEAN DE SU COMPETENCIA EXCLUSIVA.'; así también, cabe precisar que la jurisprudencia que ahora se interrumpe y modifica, fue emitida con anterioridad a las reformas al artículo 107 de la Constitución General de la República, y a la vigencia del ya indicado artículo sexto transitorio de la reforma de veintiuno de diciembre de mil novecientos ochenta y siete a la Ley de Amparo, aquél, que da a los Tribunales Colegiados el ámbito de su competencia, el segundo, que faculta a éstos para interrumpir y modificar la jurisprudencia de la Suprema Corte establecida con anterioridad al quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho; lo que se concluye de la apreciación de las fechas en que se resolvieron los asuntos que constituyen los precedentes que integran la jurisprudencia cuestionada, cuyos datos se contienen en la transcripción que de ella se hizo con antelación, todas ellas con anterioridad al quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho, así como a su publicación, que lo fue en la página setenta y ocho, Segunda Parte del Informe rendido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al finalizar el año de 1981, por ende, se concluye, este tribunal estima interrumpir y modificar la tesis jurisprudencial número 321, que aparece publicada en la página doscientos dieciséis, del Tomo IV, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, bajo el rubro: 'PRESCRIPCION GANADA EN MATERIA MERCANTIL, RENUNCIA DE LA.'; por lo que, con la facultad antes indicada, previa tesis que de la presente ejecutoria se apruebe, de conformidad con el artículo 195 de la Ley de Amparo, remítase copia a los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, así como al Semanario del mismo para su publicación.
"Sentado lo anterior, procede conceder la protección constitucional solicitada, a efecto de que la Sala responsable, acorde a lo precisado en esta ejecutoria, deje insubsistente el fallo reclamado, y pronuncie otro en el que se ciña a lo aquí considerado."
Amparo directo número 442/91, promovido por Saúl Rocha Rocha, del conocimiento del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito.
"Por otro lado, aun cuando es verdad que el artículo 1042 del Código de Comercio reglamenta el nuevo término de la prescripción para aquellos casos en que, estando en vigencia el plazo, el mismo es interrumpido, así como que el diverso numeral 1039 de la citada ley establece que los términos son fatales para el ejercicio de las acciones procedentes de actos mercantiles, sin que puedan ser restituibles, también lo es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que transcurrido el término de seis meses a que se refiere el artículo 192 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito para que opere la prescripción de la acción cambiaria aducida en un juicio (sic); pero si como en el caso, consta del acta que con motivo de la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento practicada antes de la contestación del libelo actio, que el demandado reconoció expresamente el adeudo reclamado, al requerírsele de su pago, así como la firma que calza el documento con que se acciona, tal aceptación implica una renuncia de la prescripción ganada, por lo que adquirió de nuevo la obligación a su cargo, siendo aplicable al caso el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en las páginas sesenta y ocho y siguiente, Segunda Parte del Informe de labores rendido por su presidente al finalizar el año de mil novecientos ochenta y tres, que dice:
"'PRESCRIPCION MERCANTIL CONSUMADA, RENUNCIA TACITA DE LA.'-(La transcribe); de ahí que por aquellas razones deba desestimarse también el argumento consistente en que: '... De aceptar que es válido el razonamiento de la autoridad responsable se haría nugatorio para la parte demandada el derecho de oponer la excepción prevista en la fracción X del artículo 8o. de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, relativa a la prescripción de la acción, pues bastaría cualquier género de interpelación para destruir los efectos de la prescripción ya consumada y de ese modo serían perpetuas las acciones ...', en primer lugar, porque dicho criterio no contraviene el numeral y fracción invocados por el inconforme y, en segundo término, porque una cosa es que la ley contemple excepciones y defensas contra las acciones derivadas de un título de crédito y otra que las mismas resulten procedentes, aunado al hecho, ya antes comentado, de que el aludido reconocimiento expreso del adeudo demandado produce la renuncia consciente y voluntaria de la prescripción negativa ganada por el simple transcurso del tiempo, durante el cual dejó de ejercitarse la acción cambiaria directa, con la salvedad de que ese reconocimiento no implica el efecto de interrumpir el término prescriptivo, toda vez que éste, para la fecha de presentación de la demanda, ya había transcurrido.
"De igual manera, debe decirse que no le causa perjuicio alguno al inconforme el que la responsable en la sentencia impugnada haya considerado que la ejecutoria del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en las páginas doscientos treinta y siguiente, Tercera Parte del Informe de labores rendido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al finalizar el año de mil novecientos ochenta y siete, del rubro: 'PRESCRIPCION MERCANTIL. EL RECONOCIMIENTO DEL ADEUDO EN LA DILIGENCIA DE EXEQUENDO, IMPLICA UNA RENUNCIA A LA PRESCRIPCION GANADA.', fue violada por el Juez natural por falta de aplicación en la sentencia apelada, pues al respecto cabe establecer que aun cuando es verdad que por tratarse de una ejecutoria aislada su observancia no es obligatoria, también lo es que el artículo 192 de la Ley de Amparo no prohíbe a las autoridades judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal su aplicación para orientar su criterio, máxime que es práctica generalmente reconocida, que los tribunales inferiores adecuen su criterio al del superior jerárquico. Por otro lado, si bien es verdad también que la ejecutoria aludida hace referencia a la inoperancia de los conceptos de violación en el juicio que la motivó, no es menos cierto que dicho Tribunal Colegiado sostiene el criterio de que la excepción de prescripción opuesta no prosperó, porque el término de la misma fue renunciado tácitamente al reconocerse el adeudo en la diligencia de exequendo."
Amparo directo civil número 476/91, promovido por Saúl Rocha Rocha, del índice del citado Tribunal Colegiado.
"Por otro lado, aun cuando es verdad que el artículo 1042 del Código de Comercio reglamenta el nuevo término de la prescripción para aquellos casos en que, estando en vigencia el plazo, el mismo es interrumpido, así como que el diverso numeral 1039 de la citada ley establece que los términos son fatales para el ejercicio de las acciones procedentes de actos mercantiles, sin que puedan ser restituibles, también lo es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que transcurrido el término de seis meses a que se refiere el artículo 192 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito para que opere la prescripción de la acción cambiaria deducida en un juicio (sic); pero si como en el caso, consta del acta que con motivo de la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento practicada antes de la contestación del libelo actio, que el demandado reconoció expresamente el adeudo reclamado, al requerírsele de su pago, así como la firma que calza el documento con que se acciona, tal aceptación implica una renuncia a la prescripción ganada, por lo que adquirió de nuevo la obligación a su cargo, siendo aplicable al caso el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en las páginas sesenta y ocho y siguiente, Segunda Parte, del Informe de labores rendido por su presidente al finalizar el año de mil novecientos ochenta y tres, que dice: 'PRESCRIPCION MERCANTIL CONSUMADA, RENUNCIA TACITA DE LA.- Si bien es verdad que el término de seis meses a que se refiere el artículo 192 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, para que operara la prescripción de la acción cambiaria deducida en juicio, transcurrió del veinticinco de julio de mil novecientos ochenta al veinticinco de enero de mil novecientos noventa y uno, y que la demanda se presentó el cuatro de febrero siguiente, esto es, diez días después de que operara dicha prescripción, como lo sostuvo la Sala responsable, en el caso hubo renuncia de la prescripción consumada, toda vez que en el acta levantada con motivo de la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, practicada el cuatro de febrero de mil novecientos ochenta y uno, esto es, cinco días antes de la contestación de la demanda, aparece que el propio demandado reconoció expresamente el adeudo reclamado (foja seis del juicio), pues el demandado, al requerírsele de pago, manifestó: «Que reconoce el adeudo así como la firma que calza el documento toda vez que fue puesta de su puño y letra.». Por lo que su aceptación implicó una renuncia tácita al derecho de prescripción que pudo haber invocado respecto a la suma que se le reclamó, y constituyó una obligación a su cargo.', mismo que ha sido reiterado al resolverse los amparos directos números 2061/35 (José Bravo.- 20 de junio de 1936. Unanimidad de 4 votos.- Ponente: Luis Bazdresh); 1230/43 (Felipe Sánchez de la Fuente.- 29 de junio de 1943.- Unanimidad de 4 votos.- Ponente: Emilio Pardo Aspe); 5759/42 (National Paper and Type Company.- 28 de octubre de 1943.- Unanimidad de 4 votos.- Ponente: Hilario Medina); 8263/64. (Adeodato Sánchez Buena.- 2 de abril de 1966.- Unanimidad de 4 votos.- Ponente: Enrique Martínez Ulloa); y, 1466/81 (Banco Nacional de Crédito Agrícola, S.A.- 16 de octubre de 1981.- Unanimidad de 4 votos.- Ponente: Raúl Lozano Ramírez); de ahí que por aquellas razones debe desestimarse también el argumento consistente en que: '... De aceptar que es válido el razonamiento de la autoridad responsable se haría nugatorio para la parte demandada el derecho de oponer la excepción prevista en la fracción X del artículo 8o. de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, relativa a la prescripción de la acción, pues bastaría cualquier género de interpelación para destruir los efectos de la prescripción ya consumada y de ese modo serían perpetuas las acciones ...', en primer lugar, porque dicho criterio no contraviene el numeral y fracción invocados por el inconforme y, en segundo término, porque una cosa es que la ley contemple excepciones y defensas contra las acciones derivadas de un título de crédito y otra que las mismas resulten procedentes, aunado al hecho, ya antes comentado, de que el aludido reconocimiento expreso del adeudo demandado produce la renuncia consciente y voluntaria de la prescripción negativa ganada por el simple transcurso del tiempo, durante el cual dejó de ejercitarse la acción cambiaria directa, con la salvedad de que ese reconocimiento no implica el efecto de interrumpir el término prescriptivo, toda vez que éste, para la fecha de presentación de la demanda, ya había transcurrido."
Amparo directo civil número 618/91, promovido por Odilón Pereyra Mejía, del propio Tribunal Colegiado.
"En esas condiciones, indebidamente la responsable declaró procedente la excepción de prescripción prevista en la fracción X del artículo 8o. de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito opuesta por el aquí tercero perjudicado, pues si bien es verdad que la acción se ejercitó después de transcurridos los seis meses a que se refiere el artículo 192 de la ley citada, contados a partir de la fecha en queconcluyó el plazo de presentación del cheque para su pago, señalado en el numeral 181 de la referida ley; no es menos cierto que al existir la confesión del demandado reconociendo el adeudo, misma que como ya se asentó tiene el valor de prueba plena, renunció a la prescripción ganada, tal y como se sostiene en el criterio de la Tercera Sala de nuestro máximo tribunal, consultable en las páginas sesenta y ocho y sesenta y nueve, Segunda Parte del Informe correspondiente al año de 1983, del tenor literal siguiente: 'PRESCRIPCION MERCANTIL CONSUMADA, RENUNCIA TACITA A LA.- Si bien es verdad que el término de seis meses a que se refiere el artículo 192 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, para que operara la prescripción de la acción cambiaria deducida en juicio, transcurrió del veinticinco de julio de mil novecientos ochenta al veinticinco de enero de mil novecientos ochenta y uno, y que la demanda se presentó el cuatro de febrero siguiente, esto es diez días después de que operara dicha prescripción, como lo sostuvo la Sala responsable, en el caso hubo renuncia a la prescripción consumada, toda vez que en el acta levantada con motivo de la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, practicada el cuatro de febrero de mil novecientos ochenta y uno, esto es, cinco días antes de la contestación de la demanda, aparece que el propio demandado reconoció expresamente el adeudo reclamado (foja seis del juicio), pues el demandado, al requerírsele de pago manifestó: «Que reconoce el adeudo así como la firma que calza el documento, toda vez que fue puesta de su puño y letra.». Por lo que su aceptación implicó una renuncia tácita al derecho de prescripción que pudo haber invocado respecto a la suma que se le reclamó y constituyó una obligación a su cargo.'.
"Consiguientemente, la autoridad responsable no se ajustó a derecho al establecer que no se daban los supuestos para que con base en la confesión en comento se desestimara la excepción de prescripción opuesta por la parte reo en su escrito de contestación de demanda y, por ende, procedía confirmar la sentencia apelada que declaró la improcedencia de la acción por haberse ejercitado con posterioridad a los seis meses contados a partir de la fecha en que concluyó el plazo de presentación a que se refiere el artículo 181 de la ley cambiaria, pues, como bien lo dice el quejoso, debió haber arribado a la conclusión de que la excepción aludida no prosperó porque la misma fue objeto de renuncia tácita al reconocerse el adeudo en la diligencia de emplazamiento, requerimiento de pago y embargo, lo que motiva la concesión del amparo, para el efecto de que la autoridad responsable, dejando insubsistente la sentencia reclamada, pronuncie una nueva, en la que siguiendo los lineamientos establecidos en esta ejecutoria determine la improcedencia de tal excepción, y con plenitud de jurisdicción resuelva el fondo del asunto.
"El criterio anterior ha sido sostenido por este Tribunal Colegiado al resolver los juicios de amparo directos civiles números 442/91 y 476/91."
Amparo directo civil número 286/92, instaurado por Edilberto Torres Ruiz.
"La anterior forma de razonar, como bien se sostiene en los conceptos de violación, es contraria a derecho, habida cuenta que el Magistrado responsable confundió las figuras jurídicas de caducidad y prescripción, ambas de la acción cambiaria directa que puede ejercitar el tenedor del título de crédito, cuando se trata de dos fenómenos jurídicos distintos, determinando desacertadamente que para que opere la prescripción, se requiere la justificación de los requisitos que señala el artículo 191, fracción III, de la citada ley; cuando basta únicamente el transcurso del lapso de seis meses, contados a partir de aquél en que concluye el plazo de presentación, no habiendo, por consiguiente, tenido el demandado la obligación de acreditar que durante el tiempo de presentación de los cheques base de la acción, se tuvieron fondos suficientes en poder del librado y que los títulos no se pagaron por causas ajenas al librador sobrevenidas con posterioridad a dicho término.
"El criterio que antecede encuentra apoyo en lo sustentado en la tesis relacionada con la jurisprudencia número 1959, consultable a fojas 3158 del tomo correspondiente a la Segunda Parte, Salas y Tesis, índice de la P a la Z, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1988, que dice: 'CHEQUES, PRESCRIPCION Y CADUCIDAD.- El artículo 191 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito trata la caducidad de las acciones en la forma y plazos que señala, derivadas de los cheques, por no haberse presentado o protestado, en tanto que el 192 trata de la prescripción de las mismas acciones a que se refiere el artículo precedente; caducidad y prescripción, son dos fenómenos jurídicos distintos; en estas circunstancias, para que opere la caducidad, en el caso de la fracción III del 191 se requiere la justificación de las condiciones que señala; pero para la prescripción basta
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4186-d1752644/prescripcion-consumada-en-materia-mercantil-resulta-improcedente-su · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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