ORDEN DE APREHENSIÓN. EN ELLA PUEDEN VIOLARSE GARANTÍAS TUTELADAS EN ARTÍCULOS CONSTITUCIONALES DISTINTOS AL 16 CONSTITUCIONAL.
AMPARO EN REVISIÓN 305/97. SALOMÓN ZACARÍAS MARTÍNEZ.
CONSIDERANDO:
QUINTO.—Son infundados los agravios expresados por el quejoso.
En principio, debe decirse que el Juez de amparo, al contestar el concepto de violación relativo a la infracción del artículo 14 constitucional, se fundó en tesis que este tribunal no sólo no comparte sino contradice, en cuanto se afirma que es inaplicable el artículo 14 constitucional en tratándose de orden de aprehensión, toda vez que el hecho de que el artículo 16 constitucional sea el que regule los requisitos a satisfacer para el dictado de una orden de aprehensión, no limita a las garantías en éste contenido, la posibilidad de afectar al garante, pues podría bien darse el caso de que al emitir dicha orden se aplicara retroactivamente un precepto en su perjuicio, o no se hubieran cumplido las formalidades del procedimiento, situaciones que si bien no se dan en el presente caso, no impedían su impugnación. Es aplicable al efecto la tesis sustentada por este Tribunal Colegiado, visible a foja 614, Tomo XIII, junio de 1993, Semanario Judicial de la Federación: "ORDEN DE APREHENSIÓN, EN ELLA PUEDEN VIOLARSE GARANTÍAS TUTELADAS EN ARTÍCULOS CONSTITUCIONALES DISTINTOS AL 16 CONSTITUCIONAL.—La circunstancia específica de que el artículo 16 constitucional sea el que regule los requisitos a satisfacer para el dictado de una orden de aprehensión no pueden llevar al absurdo jurídico de considerar que sólo este precepto rige la orden de aprehensión, ya que evidentemente también deberá verse en su caso, si dicha orden de aprehensión no infringe garantía constitucional contenida en diverso precepto, dado que podría darse el caso que en la misma se aplicara una ley retroactivamente en perjuicio del quejoso, no fuera librada sin cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento, conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; también podría darse el caso que en el hecho estuviese involucrada una persona perteneciente al Ejército o que no estuviera fundado o motivado dicho auto, así como muchas otras hipótesis que pudieran formularse respecto de la posible violación de garantías constitucionales contenidas en preceptos diversos al 16 constitucional, luego entonces resulta limitativo y equívoco concluir que para el dictado de una orden de aprehensión, sólo deba cumplirse lo establecido en el mencionado artículo 16 constitucional y por ende que su emisión no puede ser violatoria del artículo 14 ó 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.".
Los precedentes existentes a la fecha son: Amparo en revisión 129/93. Ramón Bonora Díaz. 13 de julio de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Manuel Caravantes Sánchez.—Amparo en revisión 387/93. Jorge Gustavo Cassani Sánchez. 28 de febrero de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Manuel Caravantes Sánchez.—Amparo en revisión 337/95. Héctor Becerril Olvera. 29 de febrero de 1996. Ponente: Carlos E. Rueda Dávila. Secretario: Fausto Amador Martínez Cruz.—Amparo en revisión 701/96. Gerardo Legaria Fragoso. 31 de octubre de 1996. Ponente: Carlos Hugo Luna Ramos. Secretario: Manuel Caravantes Sánchez.
Por otra parte, como correctamente expresa el Juez del amparo en la sentencia, la orden de aprehensión reclamada reúne los requisitos exigidos por el artículo 16 constitucional, en virtud de que los datos existentes fueron suficientes para acreditar los elementos del tipo penal previsto en el artículo 367 del Código Penal y hacen probable su responsabilidad penal.
Ahora bien, tales elementos, como acertadamente lo consideró el Juez de amparo en su sentencia, se acreditaron conforme a las pruebas en las que se apoyó el Juez responsable, dentro de las que destacan la declaración de la denunciante María Isabel Carranza Borja; declaración del testigo Arturo Hinojosa Lozano; declaración del policía preventivo León Román Maldonado; informe de investigación suscrito por los agentes de la Policía Judicial Jesús de León Hernández y Martín I. Sánchez Peña; declaración del agente de la Policía Judicial Jesús de León Hernández; fe ministerial del vehículo marca Volkswagen, Atlantic, con placas de circulación CGU (sic); fe ministerial de tres tapones de plástico de color gris, con la leyenda Volkswagen y diversa diligencia respecto de tres tapones de rines con el logotipo "V.W" (Volkswagen); dictamen de valuación; declaraciones de Alejandro Chaparro Zamora; de los menores Juan Manuel Barrera Flores y Juan Manuel Cano Rosas y declaración del inculpado; elementos de prueba que, como justamente señala el Juez de amparo, fueron valorados correctamente por la autoridad responsable, en términos de los artículos 246, 255, 261 y 286 del Código de Procedimientos Penales y lo llevaron correctamente a concluir que en el caso se satisfacían los elementos que acreditaban el mencionado tipo penal y la probable responsabilidad penal del inculpado en su comisión, en los términos de la fracción III del artículo 13 del Código Penal, en relación con el 261 del Código de Procedimientos Penales, porque conducían a establecer que el inculpado Salomón Zacarías Martínez, actuando en compañía de otro sujeto y dos menores de edad, se apoderó con ánimo de apropiación, de tres tapones de rines para llantas con el logotipo "V.W", del vehículo Volkswagen tipo Jetta, modelo 93, con placas de circulación LGW-8250, que se encontraba estacionado sobre la calle Adolfo Prieto, esquina con Ángel Urraza, en la Colonia del Valle; apoderamiento que fue realizado sin derecho y sin consentimiento de la persona que podía disponer legalmente de tales objetos conforme a la ley.
Aduce el quejoso que no se apreciaron correctamente las pruebas que obran en autos, ya que no se ubican circunstancias de modo, tiempo y lugar; al respecto cabe expresar que si bien el hoy quejoso manifestó que el treinta y uno de julio de 1994 estuvo en un bar departiendo con su coindiciado y dos menores y posteriormente, como entre la una y dos de la mañana, se dirigieron al rumbo de la colonia del Valle, donde procedieron a quitar, a diversos automóviles que se encontraban estacionados en ese lugar, tapones de rines para llantas; en tanto que la denunciante María Isabel Carranza Borja sostuvo que su novio Arturo Hinojosa Lozano, le informó que el treinta de julio de mil novecientos noventa y cuatro, unos individuos habían robado los rines de las llantas de su vehículo Volkswagen, tipo Jetta, con placas de circulación LGW-8250, lo cual sostuvo dicho testigo y, por su parte, tanto el policía preventivo León Ramón Maldonado como el agente judicial Jesús de León Hernández hicieron referencia a que el primero de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, interceptaron al hoy quejoso y sus acompañantes a bordo de un Volkswagen Atlantic, modelo 1982, con placas de circulación 503-CGU, asegurándoles diversos tapones de llantas de vehículos que traían en el interior de dicho automóvil; cabe expresar, que la discordancia que existe en la fecha en que acontecieron los sucesos, no es apta para desvirtuar el hecho ilícito que se le imputa al hoy quejoso, toda vez que el testigo Arturo Hinojosa Lozano, manifestó que el día de los hechos se percató cuando dos sujetos se acercaron al vehículo Volkswagen Jetta, propiedad de su novia María Isabel Carranza Borja, mismos que maniobraban, observando después, que le hacían falta a dicho automóvil los cuatro tapones, dándose cuenta de las características de uno de los sujetos que perpetraron tal robo y que posteriormente, al leer el periódico "La Prensa", observó la fotografía de dos individuos, reconociendo a uno de ellos, que se localizaba en el lado derecho, como el mismo que robó los cuatro tapones del automóvil propiedad de su novia, exhibiendo tal fotografía, coincidiendo el sujeto del lado derecho, con los rasgos fisonómicos que proporcionó dicho testigo y que corresponden al inculpado, además de que en poder de éste se encontraron los mencionados objetos, los cuales fueron asegurados por los policías que interceptaron al hoy quejoso y sus acompañantes, por lo que en el caso sí quedaron comprobadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar en el desarrollo de los hechos y en los que se ubicó al hoy quejoso.
Con relación al argumento que hace valer el quejoso, de que se omitió tomar en cuenta que sólo se dio fe ministerial de haber tenido a la vista tres tapones y que de acuerdo a la declaración que rindió la ofendida y el testigo eran cuatro los que fueron sustraídos con todo y cadena, lo que llevaba a establecer que esos objetos no correspondían al vehículo propiedad de la ofendida, cabe expresar que lo anterior en ninguna forma es apto para desvirtuar la presunta responsabilidad que le resulta, si como en el caso, los tres tapones que se le pusieron a la vista a la ofendida, los reconoció como los mismos que correspondían a su automóvil, y de acuerdo a la fe ministerial de haber tenido a la vista el vehículo marca Volkswagen, tipo Jetta, con placas de circulación LGW-8250, se hizo constar que el mismo no tenía los cuatro tapones de los rines y que al introducir los tres tapones fedatados, éstos eran de la misma medida; por lo que, independientemente que se hubiera denunciado el robo de cuatro tapones y una cadena y no se hubiera dado fe de la misma, lo cierto es que en el caso quedó acreditado que los tres tapones en cuestión que fueron encontrados en poder del hoy quejoso y de sus acompañantes, por los elementos policiacos que los interceptaron, y que fueron denunciados como robados, correspondían, como ya se dijo, al vehículo propiedad de la ofendida.
Por tanto, como sostuvo el Juez de amparo en su sentencia, el conjunto de pruebas que quedaron enumeradas anteriormente y en las que se apoyó el Juez responsable, fueron suficientes para integrar la prueba circunstancial de eficacia probatoria, a que se refiere el artículo 261 del Código de Procedimientos Penales y que hacen probable su responsabilidad penal en dicho ilícito.
En tales condiciones, debe confirmarse la sentencia recurrida en la parte impugnada y negarse el amparo al quejoso.
Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 103, fracción I, 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los diversos 1o., fracción I, 83, fracción IV, 85, fracción II, 91, fracciones I y II, de la Ley de Amparo y 37, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:
PRIMERO.—Se confirma en lo impugnado la sentencia que se revisa y, en consecuencia,
SEGUNDO.—La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Salomón Zacarías Martínez, contra los actos que reclama del Juez Cuarto Penal y director general de la Policía Judicial, ambos del Distrito Federal.
Notifíquese; con testimonio de esta ejecutoria, vuelvan los autos al Juzgado de Distrito de su origen; además, envíese copia certificada de la misma al Juez Cuarto Penal del Distrito Federal y en su oportunidad, archívese el toca.
Así lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados presidente Carlos Hugo Luna Ramos, Elvia Díaz de León de López (ponente), y Alejandro Sosa Ortiz.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4268-7cbd0c57/orden-de-aprehension-en-ella-pueden-violarse-garantias · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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