IMPROCEDENCIA, INVOCACIÓN DE OFICIO DE LAS CAUSALES DE, AL RESOLVER EL RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO EN CONTRA DEL AUTO QUE DESECHÓ DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO.
AMPARO EN REVISIÓN (IMPROCEDENCIA) 157/96. RAÚL MENDIETA VÁZQUEZ.
CONSIDERANDO:
III. Los agravios son inoperantes. En efecto, según se desprende de autos, el quejoso, aquí recurrente, promovió demanda de amparo indirecto, de la cual correspondió conocer a la Juez Cuarto de Distrito en este Estado. Los actos reclamados, según quedó precisado en el escrito de aclaración de demanda, de fecha siete de marzo de mil novecientos noventa y seis, son los siguientes: "a) La resolución interlocutoria, de fecha 13 de junio de 1995, la que resuelve en mi contra, en su único considerando, un incidente planteado con fundamento en la excepción de litispendencia. El juzgador considera que en autos no obran las constancias con que se acredite que existe un juicio pendiente en el Juzgado Primero del Ramo Civil de este lugar; no obstante que en el auto de fecha 27 de enero de 1995, que admitió la excepción de litispendencia, consideró que efectivamente acompañé a mi promoción de contestación de demanda los anexos que consisten en dichas constancias.- b) El auto de fecha 30 de agosto del año de 1995, que deja sin efecto el auto de fecha 12 de julio del mismo año; dicho auto dictado de oficio.- c) El auto de fecha 29 de noviembre del año de 1995, que dejó sin efecto al auto de fecha 30 de agosto del año de 1995, en que admite el recurso de apelación en efecto devolutivo. Asimismo, el citado auto es omiso, al no acordar sobre unas copias certificadas que solicité de todo lo actuado.- d) En resumen, todas las actuaciones, desde el 6 de enero de 1995 al 22 de febrero de 1996, son por su relación violatorias al procedimiento y a mis derechos.". La Juez Cuarto de Distrito en el Estado, en el acuerdo que se recurre, desechó de plano la demanda de garantías, por estimarla notoriamente improcedente, fundando su determinación en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el 114, fracción IV, del mismo ordenamiento; al respecto, argumentó la Juez a quo que los actos reclamados no son de ejecución irreparable y que pueden impugnarse, en su oportunidad, en el amparo directo que se interponga, en su caso, en contra de la sentencia definitiva que se dicte en el expediente del que derivan los mismos.
Como puede verse, la Juez Cuarto de Distrito en este Estado, determinó la improcedencia manifiesta de la demanda, en relación con todos los actos reclamados.
El quejoso, aquí recurrente, en su primero y segundo agravios, no impugna los razonamientos de la Juez de Distrito para desechar la demanda de garantías, en relación con los actos reclamados distintos a la interlocutoria que declaró infundada la excepción de litispendencia opuesta por el demandado, aquí recurrente. Sólo expresa el promovente del recurso, que la Juez Cuarto de Distrito no tomó en cuenta que el acuerdo de veintisiete de enero de mil novecientos noventa y cinco es contradictorio al de trece de junio del mismo año; que el acuerdo de treinta de agosto del citado año se dictó de oficio, y que la Juez de Distrito no toma en cuenta las demás violaciones que el recurrente adujo en su demanda de garantías. Estas expresiones no implican impugnar los argumentos de la Juez a quo, pues no se dice por qué razones no opera la causal de improcedencia que la Juez de Distrito invocó; además, las cuestiones expresadas por el recurrente, sólo tendría que tomarlas en consideración la Juez de Distrito al resolver el fondo del negocio, pero no tienen relación con el desechamiento de la demanda de garantías, respecto de tales actos.
Sólo en el tercer agravio, el recurrente impugna el desechamiento de la demanda de amparo, en relación con el acto reclamado, consistente en la resolución dictada por el Juez de primera instancia, que declaró infundada la excepción de litispendencia, es decir, la interlocutoria de trece de junio de mil novecientos noventa y cinco.
Al respecto, cabe expresar que este Tribunal Colegiado ha sustentado el criterio contenido en la tesis de jurisprudencia número 821, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 558, que dice: "IMPROCEDENCIA, EXAMEN DE LA, EN LA SEGUNDA INSTANCIA DEL AMPARO INDIRECTO.- La jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que debe examinarse previamente la improcedencia del juicio de garantías, sea que las partes la aleguen o no, por ser una cuestión de orden público (Tesis 111, Apéndice de 1965, Tomo Común al Pleno y a las Salas, y 109 del mismo tomo del Apéndice de 1975), es de obligatoria observancia, tratándose del juicio de amparo indirecto, no solamente para los Jueces de Distrito al dictar sentencia en la audiencia constitucional, sino también para los Tribunales Colegiados de Circuito, cuando a través del recurso de revisión, conocen de tales juicios. De esta suerte, aun cuando el artículo 91, fracción III, de la Ley de Amparo, establece que si al conocer de los asuntos en revisión, los Tribunales Colegiados estiman infundada la causa de improcedencia expuesta por el Juez de Distrito, podrán confirmar el sobreseimiento si aparece otro motivo legal; el precepto no debe interpretarse en forma restrictiva para determinar que sólo es factible el sobreseimiento en segunda instancia, cuando en primera se ha sobreseído y se estima infundado el motivo, sino que el dispositivo debe interpretarse en concordancia con el principio de oficiosidad en el estudio de las causales de improcedencia por parte del órgano judicial que conoce del juicio de amparo en cualquiera de sus instancias, derivado de la jurisprudencia aludida. De consiguiente, es dable y aun obligatorio para el Tribunal Colegiado analizar previamente en los asuntos de que conoce en revisión, si existe una causal de improcedencia, independientemente de que el Juez de Distrito haya decretado el sobreseimiento por la misma causa o por una diversa, o de que hubiere concedido o negado la protección federal con independencia también de que la causal que se advierta haya sido o no alegada por las partes en la primera instancia o en los agravios.". En lo esencial, el criterio de referencia fue reiterado por este propio Tribunal Colegiado, en la diversa tesis de jurisprudencia número 819, visible en la página 557 del mismo compendio, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. DECLARACIÓN DE LA, AL CONOCER DEL RECURSO DE REVISIÓN.- En atención a que la improcedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público, conforme al artículo 73 in fine de la Ley de Amparo y la tesis de jurisprudencia de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación número 940, publicada en la página 1538 del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación editado en 1989, debe hacerse valer de oficio por el juzgador del amparo, aun cuando las partes no la hayan alegado y esta facultad compete no sólo a los Jueces de Distrito en la primera instancia del juicio constitucional, sino también a los Tribunales Colegiados de Circuito, al conocer de un recurso de revisión, a pesar de que en los agravios no se haga alusión a la causal y de que en la sentencia que se revisa, se haya concedido o negado la protección federal, pues en tal caso, deberá revocarse el fallo recurrido y sobreseerse en el juicio de garantías.".
Como puede verse, en dichas tesis jurisprudenciales, este tribunal ha establecido que la improcedencia del juicio de garantías es una cuestión de orden público que puede hacerse valer de oficio, aun cuando las partes no se refieran a ella en los agravios de la revisión, con independencia de lo que se haya resuelto en la primera instancia del juicio de amparo por el respectivo Juez de Distrito; e incluso cuando se haya declarado por el Juez constitucional la existencia de una diversa causal de improcedencia.
Ahora bien, en relación con el caso que se contempla, este propio Tribunal Colegiado considera que el criterio en cuestión, en lo esencial, es aplicable también, por analogía, cuando se resuelve en revisión una resolución dictada por el Juez de Distrito, en la cual se desecha de plano una demanda de garantías, por haberla considerado el a quo notoriamente improcedente. Al respecto, es aplicable al caso el criterio sustentado por la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria que dice: "ANALOGÍA, APLICACIÓN POR, DE PRECEDENTES JUDICIALES. PROCEDIMIENTO.- Si el inferior invoca dos tesis del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, referidas a que las leyes de ingresos de la Federación pueden derogar a las leyes fiscales especiales, aplicándolas por analogía a la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, la aplicación por analogía es correcta, porque una vez examinados los elementos comunes entre los dos supuestos, los de las ejecutorias y el caso a estudio; encontrados los elementos diversos entre los dos supuestos; delimitados de entre los elementos comunes, aquellos que la Suprema Corte de Justicia tomó en cuenta decisivamente para dictar sus ejecutorias; se advierte, por último, que los elementos diversos, por su número, por su naturaleza y por su contenido, no pueden modificar las disposiciones de las tesis que se aplican por analogía. Por tanto, las razones jurídicas que informan tales tesis, son aplicables por analogía a la Ley de Ingresos del Estado, en el aspecto contemplado.". (Amparo en revisión 3296/71, José de Jesús Silva González y otros, resuelto el 14 de marzo de 1972. Séptima Época. Informe de 1972. Primera Parte. Pleno. Página 292).
Ciertamente, cuando se desecha de plano una demanda de garantías por notoriamente improcedente, esto obedece a que el Juez de Distrito invoca, de oficio, la existencia de una causal de improcedencia; y en consecuencia, el Tribunal Colegiado, al conocer del recurso de revisión interpuesto en contra del auto de desechamiento, puede invocar otra causal siempre que la misma sea notoria, independientemente de lo resuelto por el a quo, por ser la improcedencia del juicio de amparo una cuestión de orden público, conforme, tanto con la última parte del artículo 73 de la Ley de Amparo, como con el criterio jurisprudencial de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, invocada en las diversas tesis jurisprudenciales de este Tribunal Colegiado.
En la especie, en lo que se refiere al acto reclamado, consistente en la interlocutoria de trece de junio de mil novecientos noventa y cinco, dictada por el Juez Sexto de lo Civil, en esta ciudad, mediante la cual declaró infundada la excepción de litispendencia opuesta por el demandado, aquí recurrente, la demanda de amparo, es notoriamente improcedente, de conformidad con el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo, y por tanto, independientemente de lo razonado por la Juez a quo, la demanda de garantías resulta improcedente y debe desecharse de plano, con fundamento en el artículo 145 de la misma codificación.
Así es en efecto, porque de la propia demanda de amparo aparece que el quejoso afirma que interpuso recurso de apelación en contra de la interlocutoria de referencia, y que el mismo fue admitido. Por tanto, resulta que se está tramitando ante los tribunales ordinarios un recurso propuesto por el quejoso, que puede tener por efecto modificar o revocar el acto reclamado.
En consecuencia de lo anterior, procede confirmar la interlocutoria que se revisa, por las razones aquí transcritas.
Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 82, 85, fracción I y 88 de la Ley de Amparo, y 37, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:
PRIMERO.- Se confirma la resolución recurrida.
SEGUNDO.- Se desecha de plano, por notoriamente improcedente, la demanda de amparo promovida por Raúl Mendieta Vázquez, por su propio derecho, contra actos del Juez Sexto del Ramo Civil en esta ciudad, acto que quedó debidamente puntualizado en el resultando primero de esta ejecutoria y que aquí se da por reproducido.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvase el cuaderno incidental al juzgado de su procedencia y, en su oportunidad, archívese el toca.
Así, por unanimidad de votos de los Magistrados Guillermo Baltazar Alvear, Enrique Arizpe Narro y Carlos Chowell Zepeda, lo resolvió este Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, siendo ponente el segundo de los nombrados.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4352-dbe771a8/improcedencia-invocacion-de-oficio-de-las-causales-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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