SENTENCIAS DE NULIDAD FISCAL PARA EFECTOS. EL ARTÍCULO 239, FRACCIÓN III, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, QUE LAS ESTABLECE, NO ES VIOLATORIO DE LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 23 CONSTITUCIONAL.
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2896/96. VACIADOS METÁLICOS, S.A. DE C.V.
CONSIDERANDO:
TERCERO.- Los agravios que se expresan son, en una parte inoperantes y, en otra, infundados.
Como se aprecia de la transcripción realizada en el considerando que antecede, en la primera parte de los agravios el recurrente expresa argumentos relacionados con los aspectos de legalidad que analizó el Tribunal Colegiado del conocimiento, en cuanto a la determinación de los efectos de la nulidad, de conformidad con lo establecido en los artículos 238 y 239 del Código Fiscal de la Federación.
Los citados argumentos resultan inoperantes en virtud de que, de conformidad con lo dispuesto por el segundo párrafo de la fracción V del artículo 83 de la Ley de Amparo, la materia del recurso de revisión que se interpone en contra de una sentencia dictada en amparo directo, sólo se constituye por las cuestiones propiamente constitucionales, sin que puedan analizarse las de legalidad, respecto de las cuales la decisión corresponde, en única instancia, al Tribunal Colegiado.
Sirve de apoyo a esta consideración, la jurisprudencia sustentada por este Tribunal Pleno, publicada con el número P./J. 46/95, en las páginas 58 y 59 del Anexo al Informe de Labores correspondiente al año de 1995, cuyo texto es:
"REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO, RECURSO DE. SON INOPERANTES LOS AGRAVIOS AJENOS A LA CUESTIÓN CONSTITUCIONAL PLANTEADA.- De conformidad con el artículo 83, fracción V, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, la materia del recurso de revisión contra resoluciones que pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, en materia de amparo directo, se limitará, exclusivamente, a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras. En consecuencia, todo agravio ajeno a las cuestiones constitucionales examinadas en la resolución recurrida resulta inoperante."
Por otro lado, los agravios relacionados con la inconstitucionalidad planteada por la ahora recurrente, en cuanto a los artículos 236, 237, 238, fracción III y 239, fracción III, todos del Código Fiscal de la Federación, son infundados.
En primer término, cabe precisar que de la lectura del segundo concepto de violación, expresado en la demanda de amparo, se desprende que los numerales citados se impugnaron, en conjunto, por estimarse violatorios del artículo 23 constitucional, sin expresarse argumentos relativos a la contravención que a cada uno de ellos se atribuía, en relación con el principio constitucional que se estimó violado. Asimismo, el Tribunal Colegiado que conoció del asunto, los analizó también en forma conjunta.
Ahora bien, la lectura de los preceptos citados, cuya transcripción se encuentra contenida en la sentencia recurrida, permite concluir que su análisis en forma conjunta obedece a que en ellos se contiene la regulación relativa al dictado de las sentencias en los juicios de nulidad de los que conoce el Tribunal Fiscal de la Federación, aun cuando el motivo de queja se desprende en realidad, de lo estatuido en el artículo 239, que remite al 238 del propio Código Fiscal, en cuanto a que en éste se establecen los efectos que deberá tener la nulidad que se decrete, en atención a los vicios que la determinen, por lo que el pronunciamiento de su apego a la Constitución Federal se refiere sólo a este aspecto.
Precisado lo anterior, se procede al análisis de los agravios en relación con la violación al artículo 23 constitucional que se aduce, mismos que, como se mencionó anteriormente, resultan infundados.
El artículo 23 constitucional, que la sociedad recurrente estima vulnerado por el diverso artículo 239 del Código Fiscal de la Federación, es del tenor siguiente:
"Artículo 23. Ningún juicio criminal deberá tener más de tres instancias. Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene. Queda prohibida la práctica de absolver de la instancia."
Del precepto supracitado, se desprenden las siguientes garantías de seguridad jurídica:
1. Que ningún juicio criminal deberá tener más de tres instancias, entendiendo por éstas, las partes o etapas de un juicio deducidas ante tribunales que reconocen un orden jerárquico y cuyos procedimientos persiguen resolver, en definitiva, la misma acción planteada.
Con ello, el precepto de la Ley Fundamental garantiza que los juicios penales no se prolonguen indefinidamente, mediante la creación de múltiples instancias que retardarían la decisión judicial sobre la inocencia o la culpabilidad de un acusado.
2. Que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene, con lo cual se persigue dar seguridad jurídica al gobernado que ha sido juzgado.
3. Que queda prohibida la práctica, que en otro tiempo existía, de absolver de la instancia, consistente en que la sentencia absolvía sólo de manera provisional, pero quedaba abierto el proceso para allegarse nuevos elementos de cargo.
De los elementos antes asentados, se concluye que el precepto de la Ley Fundamental supracitado, que la sociedad agraviada estima vulnerado, establece una garantía de seguridad jurídica para toda persona que, por imputársele la comisión de un delito, se encuentra sujeta a proceso penal, determinando que cualquier persona presuntamente responsable de la comisión de un delito, debe ser juzgada en un plazo razonable, una sola vez y de manera definitiva, a fin de que se resuelva con claridad y certeza jurídica su situación mediante un fallo definitivo, sea éste absolutorio o condenatorio.
Ahora bien, aun cuando esta garantía no se limita a la materia penal, tomando en cuenta que conforme al artículo 14 constitucional, la garantía de seguridad jurídica debe regir en todas las ramas jurídicas, a mayor abundamiento se vierten las siguientes consideraciones:
El artículo 239 del Código Fiscal de la Federación, cuya inconstitucionalidad se reclama establece:
"Artículo 239. La sentencia definitiva podrá:
"I. Reconocer la validez de la resolución impugnada;
"II. Declarar la nulidad de la resolución impugnada; y
"III. Declarar la nulidad de la resolución impugnada para determinados efectos, debiendo precisar con claridad la forma y términos en que la autoridad debe cumplirla, salvo que se trate de facultades discrecionales.
"Si la sentencia obliga a la autoridad a realizar un determinado acto, o iniciar un procedimiento, deberá cumplirse en un plazo de cuatro meses aun cuando haya transcurrido el plazo que señala el artículo 67 de este código.
"En caso de que se interponga recurso, se suspenderá el efecto de la sentencia hasta que se dicte la resolución que ponga fin a la controversia.
"El Tribunal Fiscal de la Federación declarará la nulidad para el efecto de que se emita nueva resolución cuando se esté en alguno de los supuestos previstos en las fracciones II y III, y en su caso, V del artículo 238 de este código."
El precepto invocado establece en sus tres fracciones el sentido en que pueden pronunciarse las sentencias definitivas dictadas por las Salas del Tribunal Fiscal de la Federación, ya sea reconociendo la validez de la resolución impugnada (fracción I); declarando su nulidad lisa y llana (fracción II); o bien, declarando una nulidad para efectos (fracción III), lo que implicará que la autoridad se vea obligada a realizar determinados actos o quede en libertad de hacerlo, según las peculiaridades del asunto resuelto.
De ello se sigue que las sentencias que en su caso se pronuncien por el Tribunal Fiscal de la Federación, pueden anular la resolución o procedimiento impugnados en forma lisa y llana o para efectos; y en esta última hipótesis, ya sea conminando a la autoridad a ajustarse a los lineamientos de la sentencia y a que dicte un nuevo acto conforme a lo resuelto, o bien, dejando a ésta en libertad de actuar, ajustando su proceder a derecho cuando se trate del ejercicio de facultades discrecionales.
De ahí que las sentencias que pronuncien las Salas del Tribunal Fiscal de la Federación con determinados efectos, pueden dividirse de la siguiente manera:
a) Sentencias para efectos que obligan a la autoridad administrativa a analizar determinados actos. Dentro de este tipo de resoluciones se encuentran las que se dictan, entre otras, con motivo del reconocimiento de un derecho subjetivo tutelado (devolver lo pagado indebidamente, reconocer derecho a pensiones de retiro, las que puedan corresponder sobre el cumplimiento de obligaciones derivadas de contratos de obras públicas, la insubsistencia de un acto ilegalmente emitido, con emisión de una nueva resolución que se ajuste a derecho y cuando el acto impugnado haya sido pronunciado en un recurso administrativo).
b) Sentencias que anulan la resolución impugnada y el procedimiento, pero cuyos efectos no obligan a la autoridad administrativa a un hacer, sino que simplemente dejan a salvo las facultades establecidas en las disposiciones jurídicas (declarativas). Dentro de ese tipo de resoluciones quedan comprendidos los casos de desvío de poder y aquellos actos (determinaciones y procedimientos) cuyo desempeño es facultad o atribución que las normas constitucionales, legales o reglamentarias, encomiendan a la autoridad administrativa, como la facultad de comprobar si los particulares cumplieron con sus obligaciones fiscales (artículos 16 y 31, fracción IV, constitucional y 42 y demás relativos del Código Fiscal de la Federación).
Ahora bien, el artículo 239 del código tributario federal debe ser analizado en forma conjunta con el diverso artículo 238 del propio ordenamiento legal, en virtud de que el mismo establece las causales de anulación que operan en el derecho fiscal federal y cuya fracción III sirvió de fundamento al acto reclamado en el presente juicio de garantías.
"Artículo 238. Se declarará que una resolución administrativa es ilegal cuando se demuestre alguna de las siguientes causales:
"I. Incompetencia del funcionario que la haya dictado u ordenado o tramitado el procedimiento del que deriva dicha resolución.
"II. Omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes, que afecte las defensas del particular y trascienda al sentido de la resolución impugnada, inclusive la ausencia de fundamentación o motivación, en su caso.
"III. Vicios del procedimiento que afecten las defensas del particular y trasciendan al sentido de la resolución impugnada.
"IV. Si los hechos que la motivaron no se realizaron, fueron distintos o se apreciaron en forma equivocada, o bien si se dictó en contravención de las disposiciones aplicadas o dejó de aplicar las debidas.
"V. Cuando la resolución administrativa dictada en ejercicio de las facultades discrecionales no corresponda a los fines para los cuales la ley confiera dichas facultades."
Del artículo 238 antes invocado, se pueden derivar las siguientes conclusiones generales:
1. El acto impugnado en el juicio de nulidad lo constituye una resolución administrativa (artículo 23 de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación) y, por tanto, será precisamente dicha resolución la que por virtud de la sentencia dictada será reconocida válida o declarada nula.
2. Interpretado a contrario sensu, cuando no se esté en presencia de ninguna de las causales de nulidad establecidas por el artículo, la sentencia deberá reconocer la validez de la resolución impugnada, en términos de la fracción I del artículo 239.
3. La actualización de cualquiera de las causales de anulación previstas, implica una violación a las disposiciones legales o reglamentarias a que las autoridades demandadas deben apegarse.
Analizando específicamente la causal de nulidad prevista en la fracción III del artículo mencionado, aparece que ésta contempla vicios en el procedimiento del cual derivó la resolución definitiva, siempre y cuando afecten las defensas del particular y trasciendan al sentido de la resolución impugnada, es decir, que le ocasionen un perjuicio, porque de lo contrario el concepto de anulación esgrimido sería fundado pero insuficiente para declarar la nulidad de la resolución administrativa impugnada.
Por tanto, para que se actualicen estas causales se debe examinar, en cada caso concreto, si se da la afectación a las defensas del particular y la trascendencia al sentido de la resolución impugnada.
Aquí nuevamente es conveniente hacer notar que por disposición de la ley, en términos del último párrafo del artículo 239 del código tributario federal, el Tribunal Fiscal de la Federación debe declarar la nulidad de la resolución impugnada para el efecto de que se emita nueva resolución, cuando se esté en presencia de las causales de anulación examinadas.
Ahora bien, trasladando el estudio de las disposiciones administrativas antes citadas a la garantía de seguridad jurídica que prevé el artículo 23 constitucional, también invocado con antelación, se concluye que:
1. El artículo 239, fracción III, último párrafo, del Código Fiscal de la Federación que prevé la nulidad para efectos, no permite la existencia de más de tres instancias en el juicio contencioso administrativo, ya que la resolución que se pronuncie en dicho sentido constituye una sentencia que determina la ilegalidad del acto impugnado y que puede ser combatida a través del recurso correspondiente, previsto por el tercer párrafo de dicha fracción; de tal manera que el estudio de la acción planteada encuentra su culminación precisamente con la resolución que, en su caso, recaiga al recurso ordinario de defensa, sin que resulte acertada la argumentación de la sociedad agraviada en el sentido de que el juicio se prolonga indefinidamente, ya que, se insiste, las sentencias pronunciadas por las Salas del Tribunal Fiscal de la Federación, deciden en forma definitiva respecto de las causales de nulidad alegadas en la demanda, bien sea declarando válido o nulo el acto, lo que trae como consecuencia, en este caso, que aquel acto viciado de origen quede sin efectos jurídicos y que, por ende, surta sus consecuencias en perjuicio del gobernado.
2. La nulidad para efectos que prevé el numeral multicitado, no implica que el mismo acto administrativo que es declarado nulo pueda ser materia de interminables juicios o procedimientos.
Lo anterior, puede entenderse tomando en consideración que el contribuyente demanda pretendiendo la nulidad de una resolución administrativa y la autoridad demandada contradice pretendiendo la validez. La causa petendi, es decir, la razón de ser del debate, el cual es el objeto del proceso, constituye la materia sobre la que deberá versar la sentencia que en su caso pronuncie el Tribunal Fiscal de la Federación, cuestión que, una vez resuelta, constituye cosa juzgada y respecto de la cual no procede intentar otro juicio, pues ello únicamente es posible si en un nuevo proceso, la razón que se esgrime versa sobre un acto administrativo diferente.
Así, en el caso a estudio la determinación contenida en el oficio número 48352, emitido por la Administración Fiscal del Norte del Distrito Federal, Subadministración General de Auditoría Fiscal Federal, Subadministración de Auditoría Fiscal Número 3, mediante la cual se determinó a cargo del contribuyente la existencia de un crédito fiscal, así como el procedimiento de visita domiciliaria del cual emana, no pueden volver a ser objeto de juicio de nulidad ante el Tribunal Fiscal de la Federación, en atención a que ya existe pronunciamiento respecto a la ilegalidad de ese procedimiento por parte del órgano colegiado.
3. La sentencia que declara la nulidad para efectos, como se desprende de las consideraciones asentadas en los apartados que anteceden, no se traduce en dejar en suspensión indefinida el dictado de una resolución, ya que como se ha reiterado a lo largo de la presente ejecutoria, la sentencia que dicta el Tribunal Fiscal de la Federación decide sobre las cuestiones de ilegalidad alegadas en la demanda en forma definitiva.
Cabe destacar que tratándose de irregularidades en el procedimiento por parte de la autoridad administrativa, en ejercicio de facultades fiscalizadoras, entre ellas, la práctica de visitas domiciliarias a los contribuyentes con el fin de verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales, como ya se indicó, procede la declaración de nulidad para efectos, dejando a la autoridad en libertad de ejercer nuevamente aquéllas, emitiendo un acto administrativo diverso y ello puede entenderse si se toma en cuenta que en el juicio de nulidad no se cuestionan dichas facultades sino la legalidad del acto administrativo, pues las mismas emanan de lo dispuesto en los artículos 16 y 31, fracción IV, de la Constitución General de la República, que disponen lo siguiente:
"Artículo 16. ... La autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía; y exigir la exhibición de los libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, sujetándose, en estos casos, a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos ..."
"Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos:
"...
"IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes."
Las anteriores disposiciones fundamentales, se encuentran relacionadas con el artículo 42 y demás relativos del Código Fiscal de la Federación, en cuanto prevén la forma y términos en que debe llevarse a cabo el ejercicio de las facultades de comprobación fiscal por parte de la autoridad administrativa.
En consecuencia, deben declararse infundados los agravios que formula la parte recurrente, en virtud de que como se ha puesto de manifiesto, el precepto impugnado no es violatorio de la garantía de seguridad jurídica que prevé el artículo 23 constitucional.
Por otro lado, tampoco puede afirmarse que el hecho de que queden a salvo las facultades fiscalizadoras de las autoridades administrativas, implique una actuación fuera de la ley, pues, como se señaló con anterioridad, aquéllas emanan de la propia Constitución General de la República y, por ende, son incuestionables y ajenas a cualquier procedimiento contencioso administrativo que se promueva.
Asimismo, si bien asiste la razón a la empresa quejosa en cuanto afirma que en el juicio de nulidad deben observarse los principios que rigen en materia procesal, también es cierto que en materia contenciosa administrativa no se vulneran dichos principios. Por otra parte, es menester señalar que es inexacto que en la materia impositiva deba operar la garantía de previa audiencia, ya que en ésta, la audiencia que se puede otorgar a los causantes es siempre posterior a la aplicación del impuesto, que es cuando existe la posibilidad de que los interesados impugnen, ante las propias autoridades, el monto y costo correspondiente y basta que la ley otorgue el derecho a los causantes a combatir la fijación del gravamen, para que se cumpla con el derecho fundamental de audiencia.
Apoya la anterior consideración, la tesis jurisprudencial número 79, visible a foja 93, Tomo I, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que dice:
"AUDIENCIA, GARANTÍA DE. EN MATERIA IMPOSITIVA, NO ES NECESARIO QUE SEA PREVIA.- Teniendo un gravamen el carácter de impuesto, por definición de la ley, no es necesario cumplir con la garantía de previa audiencia establecida en el artículo 14 constitucional, ya que el impuesto es una prestación unilateral y obligatoria y la audiencia que se puede otorgar a los causantes es siempre posterior a la aplicación del impuesto, que es cuando (sic) existe la posibilidad de que los interesados impugnen, ante las propias autoridades, el monto y cobro correspondiente, y basta que la ley otorgue a los causantes el derecho a combatir la fijación del gravamen, una vez que ha sido determinado, para que en materia hacendaria se cumpla con el derecho fundamental de audiencia, consagrado por el artículo 14 constitucional, precepto que no requiere necesariamente, y en todo caso, la audiencia previa, sino que, de acuerdo con su espíritu, es bastante que los afectados sean oídos en defensa antes de ser privados de sus propiedades, posesiones o derechos."
Por otra parte, resulta también infundado el razonamiento que esgrime la sociedad agraviada, en el sentido de que las facultades de fiscalización deben extinguirse una vez que se han ejercitado, sin que puedan repetir el acto concreto ya realizado; ello es así, en atención a que la materia administrativa, dentro de la que quedan comprendidas aquellas facultades, se encuentra estrechamente vinculada con los conceptos de poder soberano y poder público, en virtud de que regula las relaciones jurídicas que se suscitan entre el Estado, en ejercicio de su facultad de imperio y los particulares, y es precisamente de esa facultad soberana de donde emana el fundamento de las facultades de comprobación, entre ellas, la práctica de visitas domiciliarias por parte del fisco federal, además de que como ya quedó asentado en la presente resolución, el procedimiento contencioso-administrativo no tiene como finalidad el poner en tela de juicio esas atribuciones, sino únicamente la legalidad del acto administrativo.
En consecuencia, por todo lo hasta aquí expuesto, se concluye que es inexacto que el juicio de nulidad implique una ventaja indebida para las autoridades y una sanción para el gobernado, ya que precisamente la garantía para el gobernado consiste en que el órgano jurisdiccional correspondiente obligue a la autoridad a acatar su proceder conforme a derecho, pues, como el propio quejoso lo manifiesta, ni la Constitución ni los ordenamientos fiscales sustantivos contemplan la posibilidad de repetición por parte de la autoridad de actos ilegales y que no se encuentren apegados a los ordenamientos normativos correspondientes.
Similares consideraciones fueron sostenidas en la ejecutoria dictada en el amparo en revisión número 425/96, promovido por Juguetibici, S.A. de C.V., resuelto en sesión de diecinueve de noviembre de mil novecientos noventa y seis, por unanimidad de diez votos, dando lugar a la tesis número XVIII/97 que, por ser aplicable al caso, a continuación se transcribe:
"SENTENCIAS DE NULIDAD FISCAL PARA EFECTOS. EL ARTÍCULO 239, FRACCIÓN III, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, QUE LAS ESTABLECE, NO ES VIOLATORIO DE LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 23 CONSTITUCIONAL.- Aun cuando la garantía de seguridad jurídica que establece el artículo 23 constitucional operara no sólo en materia penal, sino también en la administrativa, es inaceptable que el artículo 239 del Código Fiscal de la Federación, en su fracción III, último párrafo, al establecer la hipótesis en que las sentencias deben declarar la nulidad para efectos en materia fiscal, sea violatorio de aquel precepto, en virtud de ser inexacto que el numeral ordinario permita más de tres instancias en el juicio contencioso administrativo, ya que la resolución que da efectos constituye una sentencia definitiva que determina la ilegalidad del acto impugnado; por otro lado, ese tipo de nulidad no implica que el mismo acto administrativo declarado nulo pueda ser materia de interminables juicios o procedimientos, tomando en consideración que la razón de ser del debate, la que fue objeto del proceso y constituyó la materia sobre la que versó la sentencia, ya fue resuelta con fuerza de cosa juzgada y respecto de ella no procede ya intentar otro juicio, pues éste únicamente es posible si se plantea en contra de un acto administrativo nuevo y, por tanto, diferente."
En consecuencia, procede confirmar la sentencia recurrida, en lo que es materia de este recurso.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO.- Se confirma la sentencia recurrida en el amparo directo en revisión 2896/96.
SEGUNDO.- La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Vaciados Metálicos, S.A. de C.V., en contra de las autoridades y por los actos precisados en el resultando primero de esta resolución.
Notifíquese; cúmplase y, en su oportunidad, archívese el toca.
Así lo resolvió el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de nueve votos de los Ministros Mariano Azuela Güitrón, Juventino V. Castro y Castro, Juan Díaz Romero, Genaro David Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Humberto Román Palacios, Olga María Sánchez Cordero y Juan N. Silva Meza, se resolvió confirmar la sentencia recurrida y negar el amparo a la quejosa. El Ministro presidente en funciones Juventino V. Castro y Castro hizo la declaratoria correspondiente. Ausentes: Ministro presidente José Vicente Aguinaco Alemán, por estar atendiendo otros asuntos inherentesa su cargo y el Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, por estar disfrutando de vacaciones. El Ministro Genaro David Góngora Pimentel hizo suyo el presente asunto.
Nota: La siguiente ejecutoria apareció publicada en el tomo V, Febrero de 1997, pág. 134, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, habiéndose ordenado su publicación en el acta de fecha 19 de noviembre de 1996.
AMPARO DIRECTO EN REVISION 425/96. JUGUETIBICI, S.A. DE C.V.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día diecinueve de noviembre de mil novecientos noventa y seis.
VISTOS; y, RESULTANDO:
PRIMERO. Mediante escrito presentado en la Oficialía de Partes de la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación, el día veintidós de mayo de mil novecientos noventa y cinco, Carlos Chávez Monzón, ostentándose como representante de Juguetibici, Sociedad Anónima de Capital Variable, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y por los actos que se indican a continuación:
"III. AUTORIDADES RESPONSABLES.- C. Magistrados de la Sala Superior del H. Tribunal Fiscal de la Federación.
"IV. LEY O ACTO QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA.- La sentencia de fecha 6 de enero de 1995, dictada por la Sala Superior del H. Tribunal Fiscal de la Federación, en el expediente número 100(14)/152/93/2945/93, en cuyos puntos resolutivos textualmente establece: 'I. El actor probó su acción; en consecuencia; II. Se declara la nulidad de la resolución impugnada, para el efecto precisado en el considerando séptimo.- III. NOTIFIQUESE. Con copia de esta resolución devuélvanse los autos del juicio de nulidad a la Sala Regional que corresponda una vez que haya quedado firme o, en su caso, se resuelva en definitiva el presente asunto y, en su oportunidad, archívese este expediente.'"
SEGUNDO. La parte quejosa señaló como preceptos constitucionales violados los artículos 14, 16 y 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y expresó como antecedentes de los actos reclamados:
"1. Mi representada es una persona moral, con registro federal de contribuyentes número JUG-861117-GD2.
"2. Con fecha 11 de diciembre de 1990, la Administración Fiscal Federal del Norte del Distrito Federal, Subadministración General de Auditoría Fiscal Federal, ambas dependientes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, expidieron el oficio No. 102-A-12-C-a-24361, dirigido a mi representada, el cual contiene la orden de visita número A.D.N1050/90.
"3. Con fecha 13 de diciembre de 1990, se levantó acta de inicio a folios del 4238406 al 4238410, inclusive, en la que se le hizo constar la notificación de la orden de visita detallada con anterioridad; de igual manera, en dicha diligencia se me requirió diversa documentación.
"Desde el inicio de la visita, el personal actuante no se identificó de manera indubitable, según se desprende de la simple lectura del acta de inicio, pues no se asentó la fecha de expedición y expiración de sus documentos identificatorios, ni la autoridad que las expidió, ni las facultades con que lo hizo, etc. En la misma acta se hace constar que fueron colocados sellos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en las puertas y ventanas de un privado, en el que guardaron las cajas que contienen la documentación que fue exhibida por mi representada, habiéndose designado depositario de las mismas.
"4. Con fecha 14 de diciembre de 1990, se levantó acta de ruptura de sellos, a folio 4238412, inclusive, en la que se hizo constar la ruptura de los sellos colocados en el local de mi representada, así como los colocados en las cajas donde se encontraba la documentación solicitada y exhibida, con el fin de examinar la misma; así como la colocación de nuevos sellos que contenían la leyenda 'Secretaría de Hacienda y Crédito Público', en las cajas anteriormente descritas y puerta del privado donde se encuentran las mismas. Igualmente se depositó mercancía de procedencia extranjera en diez jaulas (sic), en las que también se pusieron sellos con la leyenda descrita anteriormente.
"5. En la misma fecha, la Administración Fiscal Federal del Norte del Distrito Federal, expidió el oficio número 102-A-12-C-a-24400, a través del cual autorizó la habilitación de días y horas inhábiles, para que el personal comisionado en el oficio No. 102-A-12-C-a-24361, de fecha 11 de diciembre de 1990, llevara a cabo la visita domiciliaria de carácter fiscal ordenada en el mismo.
"6. Con fecha 17 de diciembre de 1990, se levantó acta de ruptura de sellos, a folios 4238415 y 4238416, en la que se hizo constar la entrega del oficio descrito en el numeral que antecede y la destrucción de los sellos colocados en el local de mi representada, así como los que fueron colocados en las cajas donde se encontraba la documentación solicitada y exhibida por la ahora actora, con el fin de poder examinar la documentación exhibida. Hecho lo anterior se procedió a colocar los papeles en su lugar y poner nuevos sellos.
"7. Con fecha 20 de diciembre de 1990, se levantó ac
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4510-e230dec6/sentencias-de-nulidad-fiscal-para-efectos-el-articulo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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