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MULTAS. NO TIENEN EL CARÁCTER DE FIJAS LAS ESTABLECIDAS EN PRECEPTOS QUE PREVÉN UNA SANCIÓN MÍNIMA Y UNA MÁXIMA. MULTAS. LAS LEYES QUE LAS ESTABLECEN EN PORCENTAJES DETERMINADOS ENTRE UN MÍNIMO Y UN MÁXIMO, NO SON INCONSTITUCIONALES.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 1302/97. · Registro digital (IUS): 6337
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: DISTRIBUIDORA MONTELARGO DE IGUALA, S.A. DE C.V.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, , Pág. 60.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1302/97. DISTRIBUIDORA MONTELARGO DE IGUALA, S.A. DE C.V.

CONSIDERANDO:

TERCERO. Son fundados los agravios que expresa la parte quejosa recurrente, por conducto de su representante legal, en lo concerniente a la omisión del Tribunal Colegiado de haber analizado en su integridad y alcance el concepto de violación relacionado con los planteamientos de inconstitucionalidad del artículo 84, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, en el texto que rigió para la imposición de la multa en cantidad de $560,000.00 (quinientos sesenta mil pesos 00/100 M.N.), conforme al sistema monetario vigente en el año de mil novecientos noventa y de equivalencia al sistema monetario actual de $560.00 (quinientos sesenta pesos 00/100 M.N.).

Respecto al concepto de violación que en lo concerniente esgrimió el representante legal de la quejosa, para impugnar el precepto fiscal mencionado, se basó en los siguientes planteamientos:

a) El atraso en los asientos contables se sanciona con multas excesivas.

b) Lo anterior porque no permite apreciar la capacidad económica y las situaciones particulares de la conducta sancionada, así como la mayor o menor gravedad de tal conducta.

c) Sobrepasa lo lícito y lo razonable.

d) Ello permite trato igual a los desiguales.

e) El texto de tal precepto no establece criterios para considerar la imposición de multas en el mínimo, máximo o intermedio del parámetro de $30.00 a $560.00 actuales y la posibilidad de defensa del particular.

f) Lo anterior determina la contravención de la norma legal secundaria al imperativo constitucional de los artículos 14, 22 y 31, fracción IV, de la Ley Fundamental de la República.

Por su parte, el Tribunal Colegiado al dictar la sentencia recurrida, se limitó a considerar:

1. El artículo 84, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, en su texto aplicado en el oficio de sanción, establece un parámetro de mínimo a máximo ($30.00 a $560.00).

2. Dentro de tales extremos, la autoridad fiscal contaba con elementos para considerar la capacidad económica y la gravedad de la infracción cometida por el contribuyente sancionado.

3. Por tales razones no se contravienen los principios constitucionales invocados por la quejosa.

Las consideraciones vertidas por el Tribunal Colegiado a quo omiten producir contestación íntegra, a los señalamientos del concepto de violación propuesto por la parte quejosa.

Particularmente en cuanto a la renuencia destacan argumentos de inconstitucionalidad relativos a que la norma legal (artículo 84, fracción III, del Código Fiscal de la Federación), deja de establecer criterios de capacidad económica, gravedad de la infracción, circunstancias particulares, reincidencia y otros datos objetivos para fundar y motivar la imposición de la sanción entre un mínimo y un máximo, o de un intermedio, lo que permite trato igual a desiguales e imposibilidad del particular de desvirtuar en su monto el grado de imposición de la multa por la autoridad aplicadora de la norma legal impugnada.

Frente a tales omisiones injustificadas, este Tribunal Pleno procede, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 91, fracción I, de la Ley de Amparo, a efecto de subsanar tal renuencia, a abordar el estudio de los planteamientos del concepto de violación respectivo, relacionado con el análisis constitucional del artículo 84, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, en el texto que regía a la fecha de imposición de la multa.

CUARTO. Los conceptos de violación vertidos por la parte quejosa, no son eficientes para demostrar la inconstitucionalidad del precepto legal mencionado en el apartado precedente.

El artículo 84, fracción III, invocado, es del siguiente tenor literal:

"Artículo 84. A quien cometa las infracciones relacionadas con la obligación de llevar contabilidad a que se refiere el artículo 83, se impondrán las siguientes sanciones:

"...

"III. De $30,000.00 a $560,000.00 a la señalada en la fracción IV."

Es conveniente señalar que el principio de equidad en las sanciones, cuya naturaleza es diferente a la de los impuestos o a los recargos, en el sentido de que se debe apreciar atendiendo a la naturaleza de la infracción de las obligaciones tributarias impuestas por la ley, así como a la gravedad de dicha violación, a la capacidad económica del contribuyente y a otros elementos subjetivos, tiene que ver con una finalidad no indemnizatoria por mora, como en los recargos, sino fundamentalmente disuasiva o ejemplar.

En otro aspecto que esgrime la parte quejosa, en relación con la proscripción del artículo 22 de la Constitución General de la República a las multas excesivas, que es un criterio que no se circunscribe a la materia penal, sino que comprende cualquier tipo de sanción pecuniaria al particular que sea considerado infractor de normas legales, entre las que regulan obligaciones de carácter fiscal, requiere que la disposición enmarque la atribución de la autoridad sancionadora, para que la correlacione con los siguientes elementos:

a) Que exista correspondencia entre la cuantía de la multa y las condiciones económicas del infractor y,

b) Que la sanción pecuniaria tome en cuenta la gravedad de la falta.

Por consiguiente, no basta que el ordenamiento respectivo establezca sólo alguno de los elementos mencionados, ya que de ser así no se daría oportunidad al infractor para demostrar si fue o no su intención causar el daño al incurrir en la conducta prohibida, su mayor o menor capacidad económica, o bien, su grado de responsabilidad en la omisión, constitutiva de la infracción; situación que de no estimarse, podría ocasionar la imposición de una multa excesiva. De ahí que, si bien importa la gravedad de la lesión, en razón del perjuicio que se ocasionó al Estado en materia tributaria, también importa el grado de responsabilidad o de intención en la conducta del contribuyente al producir la conducta que dio origen a la sanción, como la situación económica en que se encuentra el infractor.

Resulta necesario tener en cuenta el concepto excesividad en relación con las multas, respecto del que las interpretaciones dadas por la doctrina y por la Suprema Corte de Justicia, arrojan los siguientes elementos:

A) Una multa es excesiva cuando es desproporcionada a las posibilidades económicas del infractor en relación a la gravedad del ilícito fiscal.

B) Una multa es excesiva cuando se propasa, va más adelante de lo lícito y lo razonable.

C) Una multa puede ser excesiva para unos, moderada para otros y leve para muchos.

D) Para que una multa no sea contraria al texto constitucional, debe determinarse su monto o cuantía, tomarse en cuenta la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor y la reincidencia de éste en la comisión del hecho que la motiva.

E) La garantía de prohibición de multas excesivas, contenidas en el artículo 22 constitucional, se presenta en la práctica casi siempre en relación con la determinación concreta de la sanción administrativa, pero esta prohibición comprende también al legislador.

F) La multa excesiva puede estar establecida en la ley que emana del Poder Legislativo cuando se señalan sanciones fijas que no dan bases a la autoridad administrativa para individualizar esa sanción, permitiendo a ésta un actuar arbitrario, aunque esté dentro de los límites establecidos en la propia ley.

De apoyo a lo anterior sirven por analogía en la parte conducente, las jurisprudencias números 7/95 y 10/95, sustentadas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia, que aparecen publicadas en el Informe de labores del año de mil novecientos noventa y cinco, páginas 14 y 17, que dicen:

"MULTA EXCESIVA PREVISTA POR EL ARTÍCULO 22 CONSTITUCIONAL. NO ES EXCLUSIVAMENTE PENAL. Es inexacto que la ‘multa excesiva’, incluida como una de las penas prohibidas por el artículo 22 constitucional, deba entenderse limitada al ámbito penal y, por tanto, que sólo opere la prohibición cuando se aplica por la comisión de ilícitos penales. Por lo contrario, la interpretación extensiva del precepto constitucional mencionado permite deducir que si prohíbe la ‘multa excesiva’ como sanción dentro del derecho represivo, que es el más drástico y radical dentro de las conductas prohibidas normativamente, por extensión y mayoría de razón debe estimarse que también está prohibida tratándose de ilícitos administrativos y fiscales, pues la multa no es una sanción que sólo pueda aplicarse en lo penal, sino que es común en otras ramas del derecho, por lo que para superar criterios de exclusividad penal que contrarían la naturaleza de las sanciones, debe decretarse que las multas son prohibidas, bajo mandato constitucional, cuando son excesivas, independientemente del campo normativo en que se produzcan."

"MULTAS FIJAS. LAS LEYES QUE LAS ESTABLECEN SON INCONSTITUCIONALES. Esta Suprema Corte ha establecido que las leyes al establecer multas, deben contener las reglas adecuadas para que las autoridades impositoras tengan la posibilidad de fijar su monto o cuantía, tomando en cuenta la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, la reincidencia de éste en la conducta que la motiva y, en fin, todas aquellas circunstancias que tiendan a individualizar dicha sanción, obligación del legislador que deriva de la concordancia de los artículos 22 y 31, fracción IV, de la Constitución Federal, el primero de los cuales prohíbe las multas excesivas, mientras que el segundo aporta el concepto de proporcionalidad. El establecimiento de multas fijas es contrario a estas disposiciones constitucionales, por cuanto al aplicarse a todos por igual, de manera invariable e inflexible, propicia excesos autoritarios y tratamiento desproporcionado a los particulares."

Las multas como sanción, se encuentran reguladas también por la garantía de legalidad prevista por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en la parte que interesa dice:

"Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento."

Tal garantía, como se puede advertir, consiste en que todo acto de molestia, debe constar en forma escrita y se justifica como seguridad en la prueba del mismo para que el particular lo acepte o lo impugne por su ilegalidad, siendo su objeto conocer una fundamentación y motivación basada en lineamientos y criterios claros y comprensibles que regulen la facultad de la autoridad y que permitan la defensa del particular.

En el caso de las normas que establecen la imposición de multas por obligaciones previstas en la ley, es menester regular la atribución de la autoridad para que al imponer la sanción razone expresamente las circunstancias de capacidad económica del sancionado, la gravedad de la infracción, la del caso de infractor primario o del reincidente, lapso transcurrido entre la fecha en que se debió realizar el asiento contable y aquella en que la autoridad fiscal en ejercicio de sus atribuciones de comprobación advierte tal omisión y demás circunstancias subjetivas.

El artículo 84, fracción III, del Código Fiscal de la Federación no deja de cumplir los imperativos de los artículos 14, 16 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En aspecto de garantía de audiencia (artículo 14 constitucional), el procedimiento que regula la ley en materia fiscal, puede consistir en que cuando se agota la facultad de comprobación, se dé al particular la oportunidad de alegar y rendir pruebas, para cuyo efecto debe partirse de la base de que el acto de sanción contenga elementos claros y precisos que puedan ser impugnados por el sancionado; esto tiene que ver con la suficiente oportunidad de defensa que también tutela la Norma Fundamental.

La norma legal impugnada establece la imposición de multas entre límites inferior de $30,000.00 ($30.00 actuales) y $560,000.00 ($560.00 actuales) a quien incurra en infracción relacionada con la obligación de hacer asientos correspondientes a las operaciones efectuadas, hacerlos completos y exactos y dentro de los plazos respectivos, pero no establece los criterios que deben regir para la autoridad de decisión por alguno de esos extremos del parámetro legal o de cantidad intermedia a ellos, por lo que cabe acudir al precepto que correlativamente determina la medida del ejercicio de la facultad de la autoridad exactora.

Es infundado el argumento de la quejosa que vierte en torno al criterio para la imposición de la sanción, toda vez que la circunstancia de que el legislador no haya precisado en el mismo texto del precepto legal en comento los criterios o bases conforme a los cuales la autoridad administrativa debe imponer la sanción correspondiente dentro de los extremos establecidos, de ninguna manera vuelve inconstitucional el dispositivo legal, dado que encontrándose éste dentro de un contexto como lo es el título IV del Código Fiscal de la Federación denominado "De las infracciones y delitos fiscales", el legislador dejó satisfecha esa exigencia dentro del mismo marco legal, en específico, en el artículo 75, que dice:

"Artículo 75. Dentro de los límites fijados por este código, las autoridades fiscales al imponer multas por la comisión de las infracciones señaladas en las leyes fiscales, incluyendo las relacionadas con las contribuciones al comercio exterior, deberán fundar y motivar su resolución y tener en cuenta lo siguiente:

"I. Se considerará como agravante el hecho de que el infractor sea reincidente. Se da la reincidencia cuando:

"a) Tratándose de infracciones que tengan como consecuencia la omisión en el pago de contribuciones, incluyendo las retenidas o recaudadas, la segunda o posteriores veces que se sancione al infractor por la comisión de una infracción que tenga esa consecuencia.

"b) Tratándose de infracciones que no impliquen omisión en el pago de contribuciones, la segunda o posteriores veces que se sancione al infractor por la comisión de una infracción establecida en el mismo artículo de este código.

"II. También será agravante en la comisión de una infracción, cuando se dé cualquiera de los siguientes supuestos:

"a) Que se haga uso de documentos falsos o en los que se hagan constar operaciones inexistentes.

"b) Que se utilicen, sin derecho a ello, documentos expedidos a nombre de un tercero para deducir su importe al calcular las contribuciones o para acreditar cantidades trasladadas por concepto de contribuciones.

"c) Que se lleven dos o más sistemas de contabilidad con distinto contenido.

"d) Se lleven dos o más libros sociales similares con distinto contenido.

"e) Que se destruya, ordene o permita la destrucción total o parcial de la contabilidad.

"f) Que se microfilmen o graben en discos ópticos o en cualquier otro medio que autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante reglas de carácter general, documentación o información para efectos fiscales sin cumplir con los requisitos que establecen las disposiciones relativas. El agravante procederá sin perjuicio de que los documentos microfilmados o grabados en discos ópticos o en cualquier otro medio de los autorizados, en contravención de las disposiciones fiscales, carezcan de valor probatorio;

"III. Se considera también agravante, la omisión en el entero de contribuciones que se hayan retenido o recaudado de los contribuyentes;

"IV. Igualmente es agravante, el que la comisión de la infracción sea en forma continuada;

"V. Cuando por un acto o una omisión se infrinjan diversas disposiciones fiscales a las que correspondan varias multas, sólo se aplicará la que corresponda a la infracción cuya multa sea mayor.

"Tratándose de la presentación de declaraciones o avisos cuando por diferentes contribuciones se deba presentar una misma forma oficial y se omita hacerlo por alguna de ellas se aplicará una multa por cada contribución no declarada, salvo cuando se trate de declaraciones provisionales en las que se deba anotar ‘cero’ en los conceptos a los que estando obligado no tenga saldo a cargo.

"VI. En el caso de que la multa se pague dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a la fecha en que se notifique al infractor la resolución por la cual se le imponga la sanción, la multa se reducirá en un 20% de su monto, sin necesidad de que la autoridad que la impuso dicte nueva resolución. Lo dispuesto en esta fracción no será aplicable tratándose de la materia aduanera y cuando se den los supuestos previstos en el artículo 77, fracción II, inciso b) y 78 de este código."

Como es fácil de advertir, el artículo transcrito establece reglas o bases generales que deben ser tomadas en cuenta por las autoridades fiscales al imponer multas por la comisión de las infracciones señaladas en las leyes fiscales, parámetro de multas en el que, obviamente, se encuentra la prevista por el artículo 76, fracción II, del Código Fiscal de la Federación.

Entonces, son las bases generales contenidas en el artículo 75 del Código Fiscal de la Federación, las que deben servir a la autoridad fiscal para graduar el quántum de la multa dentro de los extremos previstos por el artículo 76, fracción II, de la misma legislación, bases dentro de las que se encuentra, entre otras, la naturaleza de la infracción, la reincidencia del infractor y la extensión del daño causado al fisco, por lo que resulta inexacto que sobre el particular, el legislador haya dejado a las autoridades fiscales una facultad arbitraria.

Conforme a lo anterior, resulta que al correlacionar los artículos 75, 83, fracción IV, y 84, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, resulta desestimado que el último precepto que es el reclamado, hubiera sido expedido en contravención al imperativo de los artículos 14, 16, 22 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Lo anterior es así, porque la atribución de la autoridad exactora queda inmersa, para aplicar la sanción, a los criterios expresos del artículo 75 citado, el que la obliga a actuar dentro de los límites mínimo y máximo previstos; en tal contexto debe fundar y motivar la sanción, considerar las agravantes, entre las que destacan la reincidencia del infractor, las causas severas en mayor o menor medida de no llevar la contabilidad en la forma exigida por la propia ley (obligación ex lege), la comisión de la infracción en forma continuada, lo que contesta lo relativo a la diferenciación con el infractor primero, y el supuesto en que por un acto o una omisión se infrinjan diversas disposiciones fiscales a las que correspondan varias multas.

El contenido del artículo 83, fracción IV, del citado ordenamiento fiscal, en cuanto a obligaciones de contabilidad, permite diferenciar cuatro aspectos diversos de infracción:

a) No hacer los asientos correspondientes a las operaciones efectuadas;

b) Hacerlos incompletos;

c) Hacerlos inexactos; y

d) Hacer tales asientos fuera del plazo legal respectivo.

Como común punto de partida se encuentra el de ser descubierta la anomalía por la autoridad hacendaria en uso de su facultad de comprobación.

La obligación de fundar y motivar la sanción, en su monto, también se busca entre otros aspectos en el tomar en consideración la capacidad económica del infractor, la que debe razonarse sobre el cómo y conforme a qué datos la obtiene la autoridad exactora. Tal presupuesto formal, se correlaciona con lo dispuesto por el artículo 238, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, que dice:

"Art. 238. Se declarará que una resolución administrativa es ilegal cuando se demuestre alguna de las siguientes causales:

"...

"II. Omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes, que afecte las defensas del particular y trascienda al sentido de la resoluciónimpugnada, inclusive la ausencia de fundamentación o motivación, en su caso."

Acorde con tales premisas, se obtiene:

1. La sanción que regula el artículo 84, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, requiere una necesaria correspondencia entre la cuantía de la multa y las condiciones económicas del infractor;

2. Tal sanción pecuniaria sí toma en consideración la mayor o menor gravedad de la falta;

3. No se trata de una norma legal en que el legislador permita a la autoridad administrativa, cuando individualiza la sanción, actuar en forma arbitraria, pues debe razonar su decisión de aplicar tal sanción, dentro del parámetro previsto.

4. Por tal motivo, no se está en presencia de una norma que permita multas excesivas, pues no acepta lo ilícito ni sale de lo razonable.

Lo anterior desestima la contravención de la norma legal secundaria a la garantía del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

También se obtiene como conclusión, de lo expuesto, que la parte sancionada, al exigírsele por el legislador a la autoridad exactora, el fundar y motivar cuidadosamente el monto de la multa, cuenta con elementos formales y de defensa suficientes para poder impugnar tal sanción, de tal manera que se satisfacen en dicho ordenamiento los principios de forma, audiencia y legalidad, requeridos por los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República.

La desigualdad que arguye la parte quejosa se desestima, porque el precepto legal reclamado, al correlacionarse con los artículos 75, 83 y 238, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, establece un sistema de imposición de multas que debe ser razonado de sus límites o en su intermedio aritmético, en los que considere la capacidad económica del contribuyente, la naturaleza de la obligación, la gravedad de la infracción, la reincidencia, los casos de continuidad de ilícita conducta, los de otras infracciones que coexistan y las demás particularidades del caso, de tal manera que esa conducta y circunstancias individuales del infractor, no puedan estimarse como un trato desigual, pues cualquier contribuyente que incurra en alguna infracción o normas fiscales similares, será también sancionado, conforme a las circunstancias de su caso y dentro del contexto regulado por las normas fiscales invocadas.

Finalmente, en lo concerniente al planteamiento que esgrime la parte quejosa, en el sentido de que la disposición contenida en el artículo 84, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, para cumplir con el principio de legalidad debió establecer un límite inferior de una unidad monetaria ($1.00 un peso), para de ahí conceder el uso razonado de la autoridad, a efecto de imponer multas por la comisión de la infracción fiscal respectiva, resulta infundado.

En efecto, no debe olvidarse que el artículo 31, fracción IV, de la Constitución General de la República, establece la obligación de todos los mexicanos de contribuir para los gastos públicos de la Federación, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.

Los impuestos son para el gasto público y éste es la justificación del impuesto.

Se debe considerar como de orden público y de interés social, el regular el debido cumplimiento de esa obligación ciudadana, pues de no ser así se permitiría el evadir las aportaciones y obligaciones requeridas, para que el Estado cuente con recursos suficientes para la satisfacción de los servicios que otorgue a la gran comunidad nacional.

Las multas constituyen uno de los medios con los que cuenta la autoridad para disuadir al contribuyente de incurrir en conductas de omisión a las obligaciones fiscales, medida que además tiene como otro efecto el constituirse en ejemplar para el causante incumplido.

No debe pasarse por alto la gravedad que de inicio representa para el fisco y para la sociedad el incumplimiento del obligado a llevar la debida contabilidad como contribuyente y dejar a la autoridad fiscal en posibilidad de contar con los elementos contables en orden, para advertir los ingresos reales obtenidos, los gastos erogados, las deducciones con documentos de soporte legal, lo recaudado y no enterado, las bases para advertir el punto de partida determinado, que sirva para el inicio de los plazos respectivos y otras circunstancias correspondientes.

Acorde con tales puntos, se puede apreciar que la pretensión de que el límite inferior del parámetro de mínimo a máximo de la multa, deba de ser en cantidad íntima, constituiría el dejar de tenerse una sanción que provoque disuasión y sea ejemplar para el causante que incumple una importante obligación ciudadana.

De ahí entonces que se deba estimar acertado que el legislador establezca un límite inferior de sanción, en un monto que propicie un impacto tal que haga tomar conciencia de lo delicado del incumplimiento, así sea en el caso más atenuado.

Lo anterior no desestima el cumplimiento a los requisitos de legalidad, de posibilidad de defensa y de razonabilidad de la decisión de imposición de la multa, pues dentro de los parámetros del mínimo a máximo, obliga el precepto legal reclamado y sus correlativos 75, 83, fracción IV, y 238 del Código Fiscal de la Federación, a fundar y motivar la sanción, sobre las consideraciones de capacidad económica del contribuyente, la gravedad de la infracción, la situación de infractor primario, continuo o reincidente y demás circunstancias del caso; de forma tal que es una disposición apegada a los principios requeridos por los artículos 14, 16, 22 y 31, fracción IV, de la Constitución General de la República.

En virtud de lo antes considerado, deben declararse infundados los conceptos de violación y la reiteración que de ellos se hace en los agravios, en torno al artículo 84, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y visto que no demuestra el representante de la quejosa la transgresión constitucional que invoca, procede confirmar en la parte sujeta a revisión, la sentencia de amparo directo recurrida.

Por lo expuesto, y fundado y con apoyo además en los artículos 76 a 79 y 91 de la Ley de Amparo, se resuelve:

PRIMERO.-Se confirma, en la parte sujeta a revisión, la sentencia recurrida.

SEGUNDO.-La Justicia de la Unión ampara y protege a Distribuidora Montelargo de Iguala, S.A. de C.V., por conducto de su representante legal, en contra de la autoridad y por el acto precisado en el resultando primero de esta ejecutoria.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos al lugar de su origen y, en su oportunidad, archívese el toca como asunto concluido.

Así lo resolvió el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por unanimidad de once votos de los señores Ministros Aguirre Anguiano, Azuela Güitrón, Castro y Castro, Díaz Romero, Góngora Pimentel, Gudiño Pelayo, Ortiz Mayagoitia, Román Palacios (ponente), Sánchez Cordero, Silva Meza y presidente Aguinaco Alemán, se resolvió confirmar, en la parte sujeta a revisión, la sentencia recurrida; y conceder el amparo a la quejosa en contra de la autoridad y por el acto precisado en el resultando primero.

Nota: La presente ejecutoria también aparece como precedente en la tesis P./J. 102/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, noviembre de 1999, página 31.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6337-38297026/multas-no-tienen-el-caracter-de-fijas-las · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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