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Modo: Corpus Pro

PREDIAL. LA TARIFA DEL IMPUESTO RELATIVO CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE SINALOA, VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 1994, NO SATISFACE LOS REQUISITOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 1883/96. · Registro digital (IUS): 4559
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: CONSTRUCCIONES E INMUEBLES FERBER, S.A. DE C.V. Y COAGS.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Diciembre de 1997, , Pág. 13.

AMPARO EN REVISIÓN 1883/96. CONSTRUCCIONES E INMUEBLES FERBER, S.A. DE C.V. Y COAGS.

CONSIDERANDO:

TERCERO.- No es materia de la revisión el resolutivo primero de la sentencia recurrida, regido por el considerando segundo de la misma, en el que el Juez de Distrito sobreseyó en el juicio respecto de los actos reclamados del Instituto Catastral del Estado de Sinaloa, consistentes en la aprobación definitiva de las tablas de valores unitarios de lotes tipo, valores por metro cuadrado de terreno y valuación de construcciones, publicadas en el Periódico Oficial número 152 "El Estado de Sinaloa", de diecinueve de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, así como la orden para que entren en vigor dichas tablas a partir del día primero de enero de mil novecientos noventa y cinco; igualmente, en cuanto a los actos atribuidos al Consejo Consultivo Catastral, consistentes en la aprobación provisional del Proyecto de las Tablas de Valores Catastrales; al director general del Instituto Catastral, consistentes en la aplicación, en perjuicio de los quejosos, del artículo 52 bis de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, así como del Ayuntamiento y del presidente municipal de Mazatlán, Sinaloa, consistentes en las órdenes, acuerdos, instrucciones verbales o escritas, tendientes a aplicar y a ejecutar las leyes impugnadas, en virtud de que la parte a quien pudiera perjudicar dicho resolutivo no formuló agravios en su contra.

CUARTO.- Los agravios que expresan las autoridades recurrentes resultan por una parte infundados y, por otra, inoperantes.

En efecto, los agravios son infundados porque, en el caso concreto, el Juez de Distrito, en una parte de la sentencia recurrida, concedió el amparo al considerar, en lo que interesa, que el artículo 52 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa resultaba violatorio del artículo 31, fracción IV, constitucional y específicamente de las garantías de proporcionalidad y equidad, toda vez que el legislador en la tarifa establecida consideraba desiguales a causantes ubicados en el tope o límite superior de un determinado renglón o inciso de la citada tarifa, en relación con el causante ubicado en el límite inferior del grado o renglón siguiente de la propia tarifa, no obstante que uno y otro sujeto del impuesto se encontraban en situaciones semejantes, pues la diferencia entre un valor catastral y otro era la mínima de un centavo, operando un salto cuantitativo en la tasa impositiva sin que la base gravable se incrementara en la misma proporción, es decir, porque bastaba con que el valor catastral de un predio se excediera en un solo centavo del tope máximo de un determinado renglón para que le resultara aplicable la cuota contenida en el renglón siguiente, cuota que aumentaba considerablemente y, por ello, resultaba desproporcional en relación con otro valor catastral que apenas llegara al tope del inciso o renglón que le antecedía y sin que esa desproporción se atenuara por el hecho de que se señalara una tasa al millar sobre el excedente del límite inferior de cada escalón, pues esa tasa adicional era aplicable sobre la porción que excediera del límite mínimo fijado al comprender el límite superior.

El precepto citado establece:

"Artículo 52. El impuesto predial se causará mediante la aplicación de la siguiente tarifa y tasas anuales:

"I. Predios o fincas urbanas:

Ver tarifa

"Cuando se trate de solares sin construcción o construcciones ruinosas a las que se refiere el capítulo II de la presente ley, el impuesto se calculará aplicando la tarifa anterior, más una sobretasa del 2 al millar ..."

De la lectura de la fracción I del artículo 52 transcrita con anterioridad, se colige que el legislador, en efecto, estableció una tarifa para el impuesto predial compuesta de once renglones que atienden al valor catastral de los predios; si se toma como ejemplo el rango marcado con el número 10, al que le corresponde la cantidad de 482,001.00 como mínima y 1'000,000.99 como máxima y una tasa al millar de 6.3233, al propietario de un inmueble cuyo valor catastral fuere de 1'000,000.99 (que es el límite superior de dicho renglón, nivel o rango), le correspondería pagar la cantidad de $6,323.30 (seis mil trescientos veintitrés pesos 30/100 Moneda Nacional). Por otro lado, el renglón marcado como número 11, tiene como límite inferior la cantidad de 1'000.001.00 y le corresponde la tasa de 7.7304 al millar; de tal suerte que la cantidad que, en su caso, le correspondería pagar al contribuyente, en el supuesto de que el valor catastral de su inmueble excediese en tan sólo un centavo del límite superior del rango número 10, sería la de $7,730.40 (siete mil setecientos treinta pesos 40/100 Moneda Nacional).

Ahora bien, en principio, cabe precisar que al tratarse de un recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable, el análisis de los agravios propuestos debe realizarse en los términos planteados, sin que en el caso proceda suplir su deficiencia de conformidad con el artículo 76 bis de la Ley de Amparo.

Este Tribunal Pleno, en la tesis jurisprudencial visible con el número noventa y uno, en las páginas 166 y 167 de la Primera Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, ha sostenido lo siguiente:

"IMPUESTOS, VALIDEZ CONSTITUCIONAL DE LOS.- De acuerdo con el artículo 31, fracción IV, de la Carta Magna, para la validez constitucional de un impuesto se requiere la satisfacción de tres requisitos fundamentales; primero, que sea establecido por ley; segundo, que sea proporcional y equitativo, y tercero, que se destine al pago de los gastos públicos. Si falta alguno de estos tres requisitos, necesariamente el impuesto será contrario a lo estatuido por la Constitución General. Ahora bien, aun cuando respecto de los requisitos de proporcionalidad y equidad, este Tribunal Pleno no ha precisado una fórmula general para determinar cuándo un impuesto cumple dichos requisitos, que traducidos de manera breve quieren decir de justicia tributaria, en cambio, de algunas de las tesis que ha sustentado, pueden desprenderse ciertos criterios. Así se ha sostenido, que si bien el artículo 31 de la Constitución, que establece los requisitos de proporcionalidad y equidad como derecho de todo contribuyente, no está en el capítulo relativo a las garantías individuales, la lesión de este derecho sí es una violación de garantías cuando los tributos que decreta el Poder Legislativo son notoriamente exorbitantes y ruinosos. También este Tribunal Pleno ha considerado que la equidad exige que se respete el principio de igualdad, determinando que es norma de equidad la de que se encuentren obligados a determinada situación los que se hallen dentro de lo establecido por la ley y que no se encuentren en esa misma obligación los que están en situación jurídica diferente, o sea, tratar a los iguales de manera igual. Es decir, este Tribunal Pleno ha estimado que se vulnera el derecho del contribuyente a que los tributos sean proporcionales y equitativos, cuando el gravamen es exorbitante y ruinoso y que la equidad exige que se respete el principio de igualdad."

En términos de la jurisprudencia que antecede, los impuestos deben observar, entre otras, la garantía de equidad, según la cual la ley fiscal debe tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, y la garantía de proporcionalidad, que está referida a la tributación de los particulares en función de su respectiva capacidad contributiva.

En este sentido, si lo que el Juez a quo determinó fue que el precepto 52, fracción I, de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa es inconstitucional porque al establecer una tarifa que agrupa a los contribuyentes en categorías determinadas por el valor fiscal de sus predios, cada una de las cuales tributa conforme a una cuota única, notoriamente diferente entre cada categoría, no obstante que entre una categoría y otra la diferencia puede ser de un centavo, entonces, resultan infundados los agravios hechos valer en virtud de que si bien el orden jurídico y específicamente las leyes fiscales válidamente pueden establecer límites mínimos y máximos, lo cierto es que dichos parámetros deben respetar las garantías de proporcionalidad y equidad previstas por el artículo 31, fracción IV, constitucional, lo cual no sucede cuando en una tarifa por una diferencia mínima se establecen cuotas excesivamente diferentes entre los causantes y no se atiende a su capacidad contributiva, en razón de ser también insignificante la diferencia existente en la base gravable.

Lo anterior se hace evidente tratándose del pago del impuesto predial para el año de mil novecientos noventa y cinco, en la forma establecida en el precepto 52, fracción I, impugnado, y concretamente en el ejemplo hipotético referido líneas arriba, en que puede haber dos contribuyentes con igual capacidad contributiva, en atención al valor de su patrimonio económico (con la única diferencia de un centavo en la base gravable) y, pese a ello, la ley mencionada les da un trato diferente al establecer, para el segundo de ellos, una carga superior en un 22.5%, lo que significa que tendrá que contribuir al gasto público en una cuarta parte más de su capacidad económica, respecto de otro contribuyente con igual capacidad económica, lo que trastoca el requisito de congruencia que debe existir entre un grado y otro de la propia tarifa, no obstante que uno y otro sujeto del impuesto, en el caso planteado, se encuentren en situaciones semejantes, pues la diferencia entre un valor catastral y otro es la mínima de un centavo. Semejante desproporción, que en la doctrina se conoce como "error de salto", se presenta en tributos como el que nos ocupa, cuando al pasarse de una alícuota a otra se establece un aumento en la cuota tal, que el contribuyente paga más tributo, no obstante que en la transición de un grado a otro, la base gravable (valor catastral) no se incremente en la misma proporción, en los que se prevé una cantidad fija como monto del impuesto a causantes cuyo predio tenga un valor catastral comprendido entre los quince mil y hasta quince mil setecientos ochenta y un salarios mínimos o entre los cuarenta mil y hasta cuarenta y cinco mil ciento cincuenta y seis salarios mínimos diarios de la zona.

En este sentido se ha pronunciado este Tribunal Pleno en la tesis jurisprudencial que con el número cincuenta y uno aparece publicada en la Primera Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, página doscientos sesenta y seis, que a la letra dice: "PREDIAL. LA TARIFA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 41 DE LA LEY DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL VIOLA EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL.- La tarifa contenida en el artículo 41 de la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal carece de los requisitos de equidad y proporcionalidad que a todo ordenamiento fiscal obliga a satisfacer la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De conformidad con la tarifa de que se trata, el legislador ha considerado iguales, en función de la tasa impositiva, a los causantes que tienen predios cuyo valor catastral fluctúa entre un renglón inferior y otro superior de las tasas de la propia tarifa; pero considera que son desiguales respecto de aquéllos, los causantes cuya situación jurídica se encuentre determinada por un valor catastral que exceda, aunque sea en un solo peso, el citado renglón superior, los cuales quedan sujetos a la tasa mayor siguiente. La estimación anterior otorga un trato desigual a quienes se encuentran en situaciones semejantes, pues cuando la diferencia entre un valor catastral y otro es la mínima de un peso, el legislador considera que son situaciones desiguales. En este orden de ideas, al rebasar los causantes un renglón en una cantidad mínima y al quedar comprendidos en el renglón siguiente, les resulta un aumento considerable de la tasa, aunque la suma gravada no se incremente en la misma proporción; y si se toma en cuenta que la tarifa progresiva del impuesto predial grava los valores catastrales tomados en su totalidad y no solamente en la porción que excedan de cada renglón, opera un salto cuantitativo en la tasa, la cual resulta desproporcionada en relación con otro valor catastral que apenas llegue al tope de dicho renglón."

Debe precisarse que la tarifa establecida en el artículo 52 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, en su texto vigente hasta el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y tres, se establecía una sobretasa, esto es, una tasa al millar aplicable sobre el excedente del límite inferior; sin embargo, a partir de la reforma a dicho dispositivo legal, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" el veintidós de diciembre de mil novecientos noventa y tres, que entró en vigor a partir del primero de enero de mil novecientos noventa y cuatro, ya no existe dicha sobretasa, según se advierte del texto de la propia tarifa, la cual quedó transcrita en párrafos precedentes del considerando cuarto de esta ejecutoria.

Por otra parte, si bien es verdad que es facultad del Congreso del Estado la discusión, aprobación y expedición de leyes de carácter fiscal en materias que no estén expresamente concedidas a la Federación, en términos del artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 43, fracciones III y XXV, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, el solo hecho de que dichas leyes sean discutidas y aprobadas por el Legislativo Estatal no determina su constitucionalidad, sino que tal circunstancia dependerá de su apego a la Carta Magna y, consecuentemente, a la observancia de los principios establecidos en el artículo 31, fracción IV, constitucional.

Idéntico criterio al indicado con antelación sustentó el Tribunal Pleno al fallar los amparos en revisión números 1766/96 y 1725/96, promovidos por Arrendadora e Inmobiliaria Dolores, Sociedad Anónima de Capital Variable y Óscar Enrique Barros Ferreiro y otros, en los que fueron ponentes los Ministros Juan N. Silva Meza y Juventino V. Castro y Castro, en sesión celebrada el veintitrés de enero de mil novecientos noventa y siete, por unanimidad de diez votos de los Ministros Aguirre Anguiano, Azuela Güitrón, Castro y Castro, Díaz Romero, Góngora Pimentel, Gudiño Pelayo, Ortiz Mayagoitia, Román Palacios, Sánchez Cordero y Silva Meza.

Por otra parte, los agravios son inoperantes.

En efecto, de la sentencia recurrida transcrita en el resultando cuarto de este fallo, se advierte que el Juez Federal, además de declarar inconstitucional el artículo 52 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, por considerar que dicho precepto viola las garantías de proporcionalidad y equidad tributarias previstas por el artículo 31, fracción IV, constitucional, también concedió el amparo respecto del artículo 52 bis de la citada ley hacendaria y de los diversos 7o., 8o., 9o., fracción II, 11, 14, fracciones XIII y XIV, 31, 32 y 55 de la Ley de Catastro del Estado de Sinaloa, así como en cuanto al artículo 18 del reglamento de este último ordenamiento legal, por estimar que los mencionados dispositivos vulneran la garantía de legalidad tributaria, en tanto que se dejó en manos de una autoridad administrativa, como lo es el Instituto Catastral del Estado, la determinación de uno de los elementos esenciales del impuesto predial, como lo es la base.

Sin embargo, en los agravios, las autoridades recurrentes no combaten la concesión del amparo respecto del artículo 52 bis de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, ni tampoco en cuanto a los mencionados preceptos de la Ley de Catastro del Estado y de su reglamento. Por tanto, debe confirmarse la concesión del amparo respecto de los referidos preceptos legales, dada la inoperancia de los agravios expresados por las recurrentes.

En este orden de ideas, procede, en la materia de la revisión, confirmar en sus términos la sentencia recurrida, al resultar infundados e inoperantes los agravios propuestos a estudio por las autoridades responsables.

Por lo expuesto y con fundamento, además, en los artículos 90 y 91 de la Ley de Amparo, se resuelve:

PRIMERO.- En la materia de la revisión se confirma la sentencia recurrida.

SEGUNDO.- La Justicia de la Unión ampara y protege a Construcciones e Inmuebles Ferber, Sociedad Anónima de Capital Variable, Hielera Tropical, Sociedad Anónima de Capital Variable y Agacasa, Sociedad Anónima de Capital Variable, así como a Victoria Pérez y Adela Osuna Tirado de Arce, en contra de los actos reclamados del Congreso del Estado de Sinaloa, del Gobernador Constitucional del Estado, del secretario general de gobierno, del secretario de Hacienda Pública y Tesorería, del tesorero municipal y del director de Ingresos del Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, consistentes en la aprobación, expedición, promulgación y aplicación de los artículos 52 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, así como de los diversos 7o., 8o., 9o., fracción II, 11, 14, fracciones XIII y XIV, 31, 32 y 55 de la Ley de Catastro del Estado, 52 bis de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa y 18 de su reglamento.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos al juzgado de su origen y, en su oportunidad, archívese el toca.

Así lo resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Pleno, por unanimidad de ocho votos de los Ministros Díaz Romero, Góngora Pimentel, Gudiño Pelayo, Ortiz Mayagoitia, Román Palacios, Sánchez Cordero, Silva Meza y presidente en funciones Castro y Castro.

No asistieron los Ministros presidente Aguinaco Alemán, por estar atendiendo otros asuntos inherentes a su cargo, Aguirre Anguiano, por estar disfrutando de vacaciones y Azuela Güitrón, por estar cumpliendo con una representación oficial.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4559-3ed83552/predial-la-tarifa-del-impuesto-relativo-contenida-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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