EMPLAZAMIENTO. NO BASTA QUE EL DILIGENCIARIO VERIFIQUE QUE LA CASA EN QUE SE CONSTITUYÓ, COINCIDE CON LA SEÑALADA EN LA DEMANDA, PARA CUMPLIR CON EL REQUISITO QUE ESTABLECE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 49 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE PUEBLA.
AMPARO EN REVISIÓN 712/98. CONSTRUCTORA ESPICE, S.A. DE C.V. Y OTRO.
CONSIDERANDO:
CUARTO.-Los agravios aducidos por los quejosos son parcialmente fundados y suficientes para revocar la sentencia sujeta a revisión.
En efecto, de los antecedentes que informan del presente asunto, se desprende lo siguiente:
Mediante escrito presentado el trece de agosto de mil novecientos noventa y siete, ante la Oficialía de Partes Común a los Juzgados de lo Civil de esta ciudad, Gabriel López Arellano Vinageras, representante legal de "Confía", Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Ábaco Grupo Financiero, promovió juicio ejecutivo mercantil en contra de "Constructora Espice", Sociedad Anónima de Capital Variable y de Pedro Abed Cesin, reclamándoles las siguientes prestaciones: "Primera. El pago de $972,623.34 (novecientos setenta y dos mil seiscientos veintitrés pesos con treinta y cuatro centavos moneda nacional), como suerte principal, de conformidad con la suma aritmética del importe del crédito del documento fundatorio de mi acción, título ejecutivo de crédito en su especie de pagaré, que al efecto se exhibe con la presente demanda.-Segunda. El pago de intereses ordinarios mensuales por tasa normal al tipo de interés establecido en el documento fundatorio de mi acción, de conformidad con lo establecido en el mismo y que constituye prueba preconstituida que al efecto se exhibe, desde que los demandados incurrieron en mora hasta la total solución del presente juicio.-Tercera. El pago de intereses moratorios calculados sobre la base de la tasa del pagaré que funda la acción legal, y los intereses moratorios al tipo legal desde que los demandados incurrieron en mora hasta la total liquidación del presente negocio judicial.-Cuarta. El pago de daños y perjuicios causados por mora e incumplimiento de obligaciones por mis ahora demandados contraídas.-Quinta. El pago de gastos y costas judiciales que se generen por la tramitación del presente juicio por promoverse la instancia a través de abogado titulado, con título registrado en el Tribunal Superior de Justicia del Estado.".
Con fecha catorce de agosto de mil novecientos noventa y siete, la Juez Cuarto de lo Civil de esta ciudad, a quien correspondió el conocimiento del asunto, admitió a trámite la demanda, ordenando emplazar a los demandados, para lo cual mediante auto de veintiuno de agosto del mismo año, ordenó girar exhorto al Juez de lo Civil de Cholula, Puebla para que en auxilio de sus labores desahogara la diligencia ordenada.
Con fecha tres de octubre de mil novecientos noventa y siete, el diligenciario del juzgado responsable, llevó a cabo la diligencia respectiva, levantando acta circunstanciada de la misma.
Con fecha diecinueve de febrero de mil novecientos noventa y ocho, la Juez responsable dictó sentencia definitiva condenando a los demandados al pago de todas y cada una de las prestaciones que les fueron reclamadas en el juicio de origen, la cual fue declarada ejecutoriada mediante acuerdo de dieciocho de marzo del mismo año.
Por escrito presentado el doce de agosto de mil novecientos noventa y ocho, ante la Oficialía de Partes Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Puebla, el demandado Pedro Abed Cesin, por derecho propio y en representación de "Constructora Espice", Sociedad Anónima de Capital Variable, promovió juicio de amparo indirecto, reclamando el emplazamiento en el juicio de origen y todo lo actuado en el mismo.
En la audiencia constitucional celebrada el veintitrés de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, terminada de engrosar el treinta de septiembre del mismo año, el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Puebla, a quien correspondió el conocimiento del mismo, dictó sentencia negando el amparo y protección de la Justicia Federal a los demandantes.
En la sentencia que se reclama, el Juez de Distrito sostuvo que de las razones asentadas por el diligenciario responsable, se advierte que cumplió con los requisitos previstos por el artículo 49 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, al momento de practicar el emplazamiento reclamado, pues de las mismas se desprende que se constituyó en el domicilio señalado por el actor, y después de cerciorarse plenamente de que es el de los demandados, procedió a entender la diligencia respectiva con una empleada de éstos, quienes al no estar presentes, dejó un citatorio con dicha persona para que lo esperaran a hora fija del día siguiente, pero como el día indicado no lo esperaron, entendió la diligencia de emplazamiento con la empleada de los demandados, dejándoles instructivo de la diligencia practicada y las copias de traslado respectivas, las cuales recibió de conformidad.
Que como en el pagaré base de la acción se estableció como domicilio de la empresa demandada el ubicado en el número cuatro punto cinco de la carretera Puebla a México, colonia Emiliano Zapata de San Andrés Cholula, Puebla y el de Pedro Abed Cesin en la Avenida Veintidós Sur número tres mil novecientos nueve de la colonia El Mirador de esta ciudad, y el citado Pedro Abed Cesin es presidente del consejo de administración de la mencionada empresa, el emplazamiento debe considerarse bien hecho por haberse realizado en uno de los domicilios señalados en el pagaré, aun cuando los demandados no residan en el lugar, pues el artículo 1051 del Código de Comercio establece que el procedimiento mercantil preferente a todos es el convencional.
Ahora bien, en primer lugar respecto al argumento de los quejosos en el que sostienen que en la sentencia que reclaman se violaron en su contra las garantías contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales, debe decirse que los Jueces de Distrito cuando actúan como órganos de control constitucional no violan garantías individuales, como se desprende de la jurisprudencia número 2/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que estableció al resolver la contradicción de tesis número 14/97, visible en las páginas 5 y 6 del Tomo V del mes de enero de 1997, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que establece: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO.-Históricamente las garantías individuales se han reputado como aquellos elementos jurídicos que se traducen en medios de salvaguarda de las prerrogativas fundamentales que el ser humano debe tener para el cabal desenvolvimiento de su personalidad frente al poder público. Son derechos públicos subjetivos consignados en favor de todo habitante de la República que dan a sus titulares la potestad de exigirlos jurídicamente a través de la verdadera garantía de los derechos públicos fundamentales del hombre que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consigna, esto es, la acción constitucional de amparo. Los Jueces de Distrito, al conocer de los distintos juicios de amparo de su competencia, y no de procesos federales, ejercen la función de control constitucional y, en ese caso, dictan determinaciones de cumplimiento obligatorio y obran para hacer cumplir esas determinaciones, según su propio criterio y bajo su propia responsabilidad, por la investidura que les da la ley por lo que, a juicio de las partes, pueden infringir derechos subjetivos públicos de los gobernados. Ahora bien, aun y cuando en contra de sus decisiones procede el recurso de revisión, éste no es un medio de control constitucional autónomo, a través del cual pueda analizarse la violación a garantías individuales, sino que es un procedimiento de segunda instancia que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, a través del cual, el tribunal de alzada, con amplias facultades, incluso de sustitución, vuelve a analizar los motivos y fundamentos que el Juez de Distrito tomó en cuenta para emitir su fallo, limitándose a los agravios expuestos. Luego, a través del recurso de revisión, técnicamente, no deben analizarse los agravios consistentes en que el Juez de Distrito violó garantías individuales al conocer de un juicio de amparo, por la naturaleza del medio de defensa y por la función de control constitucional que el a quo desempeña ya que, si así se hiciera, se trataría extralógicamente al Juez del conocimiento como otra autoridad responsable y se desnaturalizaría la única vía establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, que es el juicio de amparo; es decir, se ejercería un control constitucional sobre otro control constitucional.".
Por otra parte, es incorrecta la determinación del Juez Federal al haber negado a los quejosos el amparo solicitado, respecto del acto reclamado consistente en la ilegalidad del emplazamiento practicado en el juicio ejecutivo mercantil número 1124/97.
Obra en el expediente de origen constancia del citatorio previo expedido por el diligenciario responsable, del cual se desprende: "Citatorio. En la colonia Emiliano Zapata en Cholula, Puebla, siendo las catorce horas con veinte minutos del día dos del mes de octubre de mil novecientos noventa y siete, el suscrito Lic. Jesús Carreto Ochoa, diligenciario adscrito al Juzgado de lo Civil de este Distrito Judicial, me constituí en el domicilio señalado en autos sito en el kilómetro cuatro punto cinco de esta población y cerciorado en forma previa y plena de ser éste el domicilio de Constructora Espice, S.A. de C.V. a través de su representante legal y a Pedro Abed Cesin en su carácter de suscriptor y aval, por así manifestármelo la arquitecta Araceli Zayas, persona quien dijo ser trabajadora administrativa de esta empresa, y no encontrándose presente en este momento la parte demandada en este juicio, procedo a dejarle citatorio para que se sirva aguardarme en este su domicilio a las catorce horas con veinte minutos del día tres del mes de octubre de mil novecientos noventa y siete, citatorio que dejo en poder de la arquitecta Araceli Zayas, quien manifiesta quedar entendida y no firma por no creerlo necesario y no se identifica por no creerlo necesario. Conste. Doy fe.".
Por su parte, en el acta de emplazamiento correspondiente, asentó: "En la población de colonia Emiliano Zapata perteneciente al Distrito Judicial de Cholula, Puebla, siendo las catorce horas con veinte minutos del día tres del mes de octubre de mil novecientos noventa y siete, el suscrito licenciado Jesús Carreto Ochoa, diligenciario adscrito al Juzgado de lo Civil de este Distrito Judicial, asociado de la parte actora Gabriel López Arellano Tinajeras me constituí en el domicilio señalado en autos sito en la casa marcada con el número, se dice kilómetro cuatro punto cinco y cerciorado previa y plenamente de ser éste el domicilio de la parte demandada, Constructora Espice, S.A. de C.V., a través de su representante legal y Pedro Abed Cesin, en su carácter de suscriptor y aval por así haberlo constatado el suscrito por el dicho de varios vecinos del lugar y por así manifestarlo el más inmediato quien dijo llamarse José Joaquín Hernández y vivir en la casa inmediata a la referida empresa y no encontrándose presente en este momento la parte demandada el representante legal de Constructora Espice S.A. de C.V. y Pedro Abed Cesin por así habérmelo manifestado la arquitecta Araceli Zayas persona quien dijo llamarse como queda escrito y ser trabajadora administrativa del demandado, no obstante estar debidamente citado conforme a la ley, procedo por lo tanto a entender la presente diligencia con la arquitecta Araceli Zayas, misma a quien le hago saber el motivo de mi presencia en esta diligencia, notificándole por su conducto a la parte demandada y mediante instructivo debidamente certificado y autorizado de la resolución de fecha catorce de agosto de mil novecientos noventa y siete. De todo lo cual manifiesta quedar debidamente entendida. Requerida la persona con quien se entiende esta diligencia para que en nombre de la parte demandada Constructora Espice S.A. de C.V. y Pedro Abed Cesin haga a la parte actora, pronto y ejecutivo pago de la cantidad de novecientos setenta y dos, seiscientos veintitrés pesos, treinta y cuatro centavos, moneda nacional (sic) como suerte principal, más los intereses estipulados vencidos sobre dicha suma, a lo que manifestó que no paga nada. Requerida la persona con quien se entiende esta diligencia, para que en nombre de la parte demandada señale bienes suficientes de su propiedad bastantes a garantizar las especies reclamadas y los accesorios legales, en los cuales poder trabar ejecución, advertida que de no hacerlo así, le será trasladado este derecho a la parte actora, a lo que dijo: que no señala nada, traslado este derecho a la parte actora, manifestando que señalada para que se trabe formal ejecución de embargo sobre la negociación mercantil en que se actúa Constructora Espice S.A. de C.V. inscrita en el libro sexto, volumen 44, fojas 315 número 152, de fecha 25 de enero de 1985; los inmuebles ubicados e inscritos con el número de predio 242338 en la segunda parte del conjunto habitacional ‘Habitat San Pedro’ en la colonia Alseseca, inscrito bajo la partida 427, fojas 143 vuelta tomo 558, libro I, de fecha 24 de febrero de 1995; el inmueble ubicado en la casa número 715 de la Avenida 20 Poniente, inscrito bajo la partida 165, fojas 44 vuelta, tomo 476, libro I, número de predio 161247 de fecha 10 de diciembre de 1990.-Bienes que se encuentran en estado de conservación y funcionamiento y que designa como depositario judicial de los bienes y como depositario interventor con cargo a la caja a Juan Carlos Jiménez Moreno misma persona que encontrándose presente en estos momentos manifiesta que acepta el cargo que se le confiere y protesta su fiel desempeño, así mismo, expresa que señala como domicilio el mismo del actor, tanto para sus notificaciones personales, como para la constitución del depósito y todo lo relacionado con su designación. Acto seguido, el suscrito diligenciario dijo: es de trabarse y se traba formal embargo y ejecución sobre los bienes inmuebles y la negociación mercantil en que se actúa, antes descritos en esta acta, siendo la traba en la forma señalada por la actora y hasta en tanto en cuanto basten a cubrir las especies reclamadas y los accesorios legales y se tiene como depositario judicial de los bienes embargados y como depositario interventor con cargo a la caja a: Juan Carlos Jiménez Moreno persona quien en virtud de su aceptación y protesta le discierno el cargo conferido, haciéndole saber de las penas en que incurren los de su especie y no lo pongo en posición del cargo de depositario interventor por la oposición de la persona con quien se entiende la diligencia. Se hace constar que en este emplazamiento se dio fiel observancia al artículo 49 fracciones I, II, III y IV del Código de Procedimientos Civiles para el Estado. Acto seguido y por conducto de la persona con quien se entiende la diligencia, se procede a emplazar a la parte demandada en los términos de lo previsto por el artículo 1396 del Código de Comercio, para que dentro del término improrrogable de cinco días, contados a partir del día siguiente en que se actúa, se presente al juzgado de autos, a hacer paga llana de las especies reclamadas o en su caso oponerse a la ejecución si tuviere excepciones para hacer valer y le hago entrega en - fojas utilizadas de la copia de la demanda y documentos base de la acción debidamente sellados y cotejados, así como el acta de embargo. Con lo que se da por terminada esta diligencia, levantándose al efecto la presente acta, la cual se firma al calce por las personas que en ella intervinieron y quisieron hacerlo; haciéndose constar que la persona con quien se entendió la diligencia manifestó quedar entendida y sí firma por así creerlo necesario.".
En primer lugar, debe destacarse que el emplazamiento o primera notificación que se practique en un juicio determinado, constituye la actuación judicial de mayor trascendencia, pues a través de ella se da a conocer a la parte demandada la existencia del juicio instaurado en su contra, para que de esta forma tenga la posibilidad de acudir al mismo a defender sus derechos, lo que justifica que dicha diligencia esté rodeada de diversas formalidades que de ninguna manera pueden soslayarse; por lo que su estudio debe efectuarse aun de oficio, como se establece en la jurisprudencia número 247, sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 168 y 169 del Tomo IV, Materia Civil, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, que señala: "EMPLAZAMIENTO. ES DE ORDEN PÚBLICO Y SU ESTUDIO ES DE OFICIO.-La falta de emplazamiento o su verificación en forma contraria a las disposiciones aplicables, es la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, puesto que da origen a la omisión de las demás formalidades esenciales del juicio, esto es, imposibilita al demandado para contestar la demanda y por consiguiente, le impide oponer las excepciones y defensas a su alcance; además, se le priva del derecho a presentar las pruebas que acrediten sus defensas y excepciones y a oponerse a la recepción o a contradecir las probanzas rendidas por la parte actora y, finalmente, a formular alegatos y ser notificado oportunamente del fallo que en el proceso se dicte. La extrema gravedad de esta violación procesal ha permitido la consagración del criterio de que el emplazamiento es de orden público y que los Jueces están obligados a investigar de oficio si se efectuó o no, y si en caso afirmativo, se observaron las leyes de la materia.".
Expuesto lo anterior, es de indicarse que asiste la razón a los quejosos cuando argumentan que el Juez Federal no hizo un debido análisis del acto que reclamaron a través del juicio de amparo, pues efectivamente al revisar el acta levantada con motivo del emplazamiento se advierte que el diligenciario encargado de practicarlo no cumplió con los requisitos establecidos por el artículo 49 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, puesto que únicamente señaló como elementos que le sirvieron para cerciorarse que el lugar donde se constituyó era el domicilio de los demandados, el dicho de varios vecinos, siendo el más próximo José Joaquín Hernández y lo manifestado por la arquitecta Araceli Zayas, quien dijo desempeñarse como trabajadora administrativa de los demandados, lo cual es insuficiente para ese fin, en virtud de que el precepto legal que regula el emplazamiento, al referirse a la obligación que tiene el diligenciario de cerciorarse de que el domicilio en que actúa es el correcto, exige datos claros que permitan tener certeza de esa situación, lo que no se consigue señalando que llegó a ese conocimiento sólo por la manifestación de varios vecinos de la casa en que se constituyó, mencionando el nombre de uno de ellos, sin especificar siquiera en qué casa vivía, sino que requiere también que el funcionario constate que precisamente en esa casa tiene su domicilio la persona o personas buscadas, lo cual se omitió en la especie, pues de ninguna forma se desprende que haya llamado a la puerta de la casa y requerido la presencia de éstas, siendo que procedió sin mayor trámite a entender la diligencia de emplazamiento con quien dijo ser trabajadora administrativa de los demandados, sin asentar siquiera si previamente requirió la presencia de los enjuiciados, o si la persona con quien entendió la mencionada diligencia se encontraba en el interior de la casa donde se constituyó o en algún otro lugar; máxime que ni siquiera se advierte de las transcripciones indicadas, que la persona con quien se entendió la diligencia haya manifestado si en el lugar en que se constituyó el diligenciario, tenían los demandados su domicilio, no obstante que la fracción II del artículo 49 del código adjetivo civil del Estado, dispone: "Quien haga la notificación debe cerciorarse previamente, que en la casa designada para hacerla se halla el domicilio de la persona que ha de ser notificada, y asentará en la razón correspondiente, los medios de que se valió para ese efecto.".
Por otra parte, se desprende también de la diligencia de emplazamiento que si bien el diligenciario que la llevó a cabo asentó que entregó instructivo notificatorio debidamente sellado y cotejado y que incluso corrió traslado con la copia de la demanda y los documentos exhibidos fundatorios de la acción, lo cierto es que no existe en autos constancia del mencionado instructivo para ver si reúne los requisitos establecidos por la fracción VIII del mencionado ordenamiento legal, que establece: "En el instructivo se hará constar: a) El nombre y apellido del promovente; b) El tribunal que mande practicar la diligencia; c) La determinación que se mande notificar, individualizándola por su fecha, y por la mención del negocio y expediente en que se dictó; d) La fecha y la hora en que se deja; e) El nombre y apellido de la persona a quien se entrega, o en su caso, que se practicó conforme a la fracción V de este artículo; f) El nombre, apellido y cargo de la persona que practique la notificación.", lo cual hace ilegal la diligencia de emplazamiento practicada a los demandados del juicio ejecutivo mercantil número 1124/97.
Por otra parte, en el caso que nos ocupa se desprende que son dos los demandados en el juicio de origen, y en tal acta de emplazamiento simplemente se estableció que se procedió a emplazar a la parte demandada para que en el término de cinco días se presentara al juzgado de los autos a hacer paga llana de las prestaciones reclamadas, haciendo entrega de la copia de la demanda y documentos base de la acción debidamente sellados y cotejados, así como el acta de embargo, pero no se especifica si se entregó copia de tales documentos para cada uno de los demandados puesto que ni siquiera se menciona de cuantas fojas útiles constaban los documentos con los que corrió traslado a "la parte demandada".
Tiene aplicación al caso el criterio sustentado por este Tribunal Colegiado, publicado en la página 799 del Tomo V, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta correspondiente al mes de marzo de 1997, que establece: "EMPLAZAMIENTO. NO BASTA QUE EL DILIGENCIARIO PREVIAMENTE HAYA VERIFICADO QUE LA CASA EN QUE SE CONSTITUYÓ, COINCIDE CON LA SEÑALADA EN LA DEMANDA, PARA CUMPLIR CON EL REQUISITO QUE ESTABLECE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 49 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE PUEBLA.-De acuerdo con lo establecido por el artículo 49, fracción II, del código adjetivo civil del Estado, el diligenciario debe cerciorarse previamente de que ‘en la casa designada’ para hacer la notificación, ‘se halla el domicilio de la persona que ha de ser notificada’. Ahora bien, al referirse la ley a la ‘casa designada’, alude al lugar que el actor señaló para practicar el emplazamiento. Por tanto, lo que la ley exige al fedatario es que no sólo verifique previamente que la nomenclatura de la casa citada en la demanda es la misma que la de la casa en que se constituye, sino que constate también que precisamente en esa casa tiene su domicilio el enjuiciado.".
También es aplicable la jurisprudencia número J/85, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que este tribunal comparte, publicada en la página 279 del Tomo V, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de enero de 1997, que establece: "EMPLAZAMIENTO, LEGALIDAD DEL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).-Para que el emplazamiento sea legal y no violatorio de garantías, de conformidad con el artículo 49 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, quien haga la notificación debe cerciorarse previamente, es decir, antes de llevar a cabo la diligencia, de que en la casa designada para hacerla se halla el domicilio de la persona que ha de ser notificada y además tiene la obligación, porque así lo señala la ley, de asentar en la razón correspondiente, los medios de que se valió para ese efecto.".
Lo anterior por sí solo es suficiente para considerar ilegal el emplazamiento practicado en el juicio ejecutivo mercantil citado, independientemente de que además es acertado lo expuesto por los recurrentes en su escrito de expresión de agravios pues respecto de la quejosa "Constructora Espice", Sociedad Anónima de Capital Variable, no existe certeza de que el domicilio en que se constituyó el diligenciario responsable pertenezca efectivamente a dicha sociedad, pues en la demanda que dio origen al juicio ejecutivo mercantil se señaló como domicilio de la misma el ubicado en el kilómetro cuatro punto cinco de la carretera federal Puebla-México, colonia Emiliano Zapata de San Andrés, Cholula, Puebla, mientras que el diligenciario asentó simplemente que para emplazar a la misma se constituyó en el kilómetro cuatro punto cinco, sin especificar de dónde, lo cual no corresponde al domicilio señalado por el actor para practicar el emplazamiento mencionado.
De igual forma, en la demanda se señaló como domicilio del demandado Pedro Abed Cesin, el ubicado en la casa número tres mil novecientos nueve de la Avenida Veintidós Sur, de la colonia El Mirador, de esta ciudad, sin que exista constancia en autos de que se haya constituido el diligenciario responsable en ese lugar para emplazar a dicho demandado, y tampoco se estableció por qué se emplazó en el mismo lugar que se menciona en el acta que obra en autos.
En tales condiciones, ante la ilegalidad del emplazamiento practicado a los quejosos dentro del juicio de origen, lo procedente es revocar la sentencia sujeta a revisión y concederles el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que las autoridades responsables dejen sin efecto los actos reclamados y el Juez Cuarto de lo Civil de esta ciudad reponga el procedimiento a partir de la diligencia de emplazamiento, ordenando que ésta se efectúe legalmente; y hecho lo cual continúe con el trámite del juicio y resuelva con plenitud de jurisdicción lo que en derecho corresponda.
Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 91 de la Ley de Amparo, se resuelve:
PRIMERO.-Se revoca el fallo sujeto a revisión.
SEGUNDO.-Para los efectos precisados en la parte final del último considerando de esta ejecutoria, la Justicia de la Unión ampara y protege a "Constructora Espice", Sociedad Anónima de Capital Variable y a Pedro Abed Cesin, en contra de los actos y autoridades que quedaron precisados en el resultando primero de la misma.
Notifíquese, con testimonio de esta resolución devuélvanse los autos al juzgado de su origen enviándose copia de la misma, para la autoridad responsable ordenadora y en su oportunidad archívese el toca.
Así por unanimidad de votos lo resolvieron los señores Magistrados que integran el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, licenciados Filiberto Méndez Gutiérrez, Jaime Manuel Marroquín Zaleta y José Manuel Torres Pérez, este último en su carácter de secretario en funciones de Magistrado, autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en términos de la fracción XXII del artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, siendo ponente el primero de los nombrados.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5691-17a65bb8/emplazamiento-no-basta-que-el-diligenciario-verifique-que · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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