ACTIVO DE LAS EMPRESAS, IMPUESTO AL. AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA EL DECRETO DEL 31 DE OCTUBRE DE 1995 QUE EXIME DEL PAGO DE AQUEL A DETERMINADOS CONTRIBUYENTES, SI SE CONSINTIO LA LEY.
AMPARO EN REVISION 555/96. ESTRUCTURAS DE CONCRETO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.
CONSIDERANDO:
TERCERO.- Con apoyo en el segundo párrafo de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, esta Segunda Sala procede a examinar la procedencia del juicio de garantías que se revisa.
En efecto, previamente conviene precisar que la quejosa solicitó la protección de la Justicia de la Unión contra actos del presidente de la República y secretario de Hacienda y Crédito Público, los que hizo consistir en la expedición y refrendo del Decreto expedido el treinta y uno de octubre de mil novecientos noventa y cinco, publicado en el Diario Oficial de la Federación el primero de noviembre del mismo año, mediante el cual el Ejecutivo Federal en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 89, fracción I de la Constitución Política, exime del pago del impuesto al activo de las empresas que se cause durante el ejercicio fiscal de mil novecientos noventa y seis, a los contribuyentes del citado impuesto, cuyos ingresos para efectos del impuesto sobre la renta no excedan de siete mil pesos en el ejercicio de mil novecientos noventa y cinco. A continuación, se transcribe la parte conducente del Decreto controvertido:
"PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO DECRETO por el que se exime del pago de diversas contribuciones federales y se otorgan estímulos fiscales.
Ernesto Zedillo Ponce de León, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confiere la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 39 del Código Fiscal de la Federación; y,
CONSIDERANDO
Que en los términos de la Alianza para la Recuperación Económica, los sectores productivos del país consideraron necesario redoblar esfuerzos para asegurar la recuperación económica y el empleo y consolidar las bases para el crecimiento sostenido de la economía;
Que en congruencia con lo anterior, el Gobierno Federal ha determinado que la política tributaria se oriente a apoyar decididamente la recuperación económica para que se traduzca, a la brevedad en mayor inversión y generación de empleos; así como a iniciar un profundo proceso de simplificación fiscal y modernización de la administración tributaria que redunde en una mayor seguridad jurídica para los contribuyentes;
Que para llevar a cabo el impulso de la reactivación económica y del empleo, se propone disminuir la carga impositiva de las empresas pequeñas y medianas, importante fuente de empleo, estimándose pertinente exentarlas temporalmente del Impuesto al Activo.
Que la reactivación del empleo requiere del otorgamiento de incentivos fiscales a la contratación de nuevos trabajadores;
Que también resulta necesario estimar nuevas inversiones de las empresas, para lo cual se considera oportuno permitir esquemas de deducción más favorables;
Que hasta en tanto las tasas de interés de mercado del país no retornen a niveles estables, se requiere mantener los instrumentos que atenúen la carga fiscal extraordinaria que impacta a los trabajadores que recibieron de sus empleadores préstamos con tasas preferenciales y que actualmente gozan de una condonación parcial del Impuesto sobre la Renta, y
Que el sector automotriz reviste gran importancia para México, ya que participa con casi el 10 por ciento del Producto Interno Manufacturero, con un impacto significativo en el desarrollo de otras industrias y constituyendo una importante fuente de empleo. A pesar de ello, la situación actual de la economía ha provocado una disminución en más del 70 por ciento de la demanda doméstica de dicho sector durante el presente año, por lo que conviene adoptar medidas fiscales que reactiven a esta importante industria, incluso por las ventajas que para el mejoramiento del medio ambiente representa la renovación del parque vehicular, he tenido a bien expedir el siguiente Decreto por el que se exime del pago de diversas contribuciones federales y se otorgan estímulos fiscales.
Artículo Primero.- Se exime totalmente del pago del Impuesto al Activo que se cause durante el ejercicio de 1996 a los contribuyentes del citado impuesto cuyos ingresos para efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta en el ejercicio de 1995, no excedan de siete millones de nuevos pesos."
También conviene transcribir lo dispuesto por los artículos 1o., 2o., 7o. y 17 de la Ley del Impuesto al Activo, que establecen:
"Artículo 1o.- Las personas físicas que realicen actividades empresariales y las personas morales residentes en México, están obligadas al pago del impuesto al activo, por el activo que tengan cualquiera que sea su ubicación. Las residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país están obligadas al pago del impuesto por el activo atribuible a dicho establecimiento. Las personas distintas a las señaladas en este párrafo, que otorguen el uso o goce temporal de bienes que se utilicen en la actividad de otro contribuyente de los mencionados en este párrafo, están obligadas al pago del impuesto, únicamente por estos bienes.
También están obligados al pago de este impuesto, los residentes en el extranjero, por los inventarios que mantengan en territorio nacional para ser transformados o que ya hubieran sido transformados por algún contribuyente de este impuesto.
Artículo 2o.- El contribuyente determinará por ejercicios fiscales aplicando al valor de su activo en el ejercicio, la tasa del 2%.
Artículo 7o.- Los contribuyentes efectuarán pagos provisionales mensuales, a cuenta del impuesto del ejercicio.
Las personas morales y las personas físicas enterarán el impuesto a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquel al que corresponda el pago, respectivamente.
El pago provisional mensual se determinará dividiendo entre doce el impuesto actualizado que correspondió al ejercicio inmediato anterior, multiplicando el resultado por el número de meses comprendidos desde el inicio del ejercicio hasta el mes al que se refiere el pago, pudiendo acreditarse contra el impuesto a pagar los pagos provisionales del ejercicio por el que se paga el impuesto, efectuados con anterioridad.
El impuesto del ejercicio inmediato anterior se actualizará por el período comprendido desde el último mes del penúltimo ejercicio inmediato anterior a aquel por el cual se calcule el impuesto.
Los contribuyentes que de conformidad con la Ley del Impuesto sobre la Renta deban efectuar los pagos provisionales del impuesto al activo por el mismo período y en las mismas fechas de pago que las establecidas para el impuesto sobre la renta.
Por los meses comprendidos entre la fecha de terminación del ejercicio y el mes en que se presente la declaración, del mismo ejercicio, el contribuyente deberá efectuar sus pagos provisionales en la misma cantidad que se hubiera determinado para los pagos provisionales del ejercicio inmediato anterior.
En el primer ejercicio en el que los contribuyentes deban efectuar pagos provisionales, los calcularán considerando el impuesto que les correspondería, si hubieran estado obligados al pago.
Los contribuyentes menores pagarán este impuesto como parte de la determinación estimativa para efectos del impuesto sobre la renta, a que se refiere la ley respectiva.
El contribuyente podrá disminuir el monto de los pagos provisionales cumpliendo los requisitos que señale el reglamento de esta Ley.
Cuando a través de un fideicomiso o de una asociación en participación se realicen actividades empresariales, el fiduciario o el asociante efectuará por cuenta de los fideicomisarios o por cuenta propia y de los asociados, según sea el caso, los pagos provisionales a que se refiere este artículo, por el activo correspondiente a las actividades realizadas por el fideicomiso o asociación, considerando para tales efectos el activo que correspondió a dichas actividades en el último ejercicio del fiduciario o asociante.
Las personas físicas que realicen actividades agrícolas o ganaderas, estarán relevadas de efectuar pagos provisionales en los términos de este artículo.
Artículo 17.- Las personas físicas y las asociaciones y sociedades civiles podrán efectuar los pagos provisionales del impuesto en forma cuatrimestral a más tardar el día 15 de los meses de mayo, septiembre y enero del siguiente año, mediante declaración que presentarán ante oficinas autorizadas, en lugar de hacer dichos pagos provisionales en los plazos previstos en el artículo 7o. de la Ley."
Por su parte, la peticionaria de garantías exhibió copias certificadas de las declaraciones que presentó ante Banca Serfín, S.A., con fechas diez de febrero, veinte de marzo, siete de abril, trece de mayo, catorce de junio, diecisiete de julio, diecisiete de agosto, dieciocho de septiembre, diecisiete de octubre y veintiuno de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, mediante las cuales acredita haber efectuado pagos provisionales del impuesto al activo, en las fechas y por las cantidades que se consignan en los propios documentos.
Ahora bien, del decreto y preceptos antes transcritos y las documentales relacionadas en el párrafo que antecede, queda de manifiesto, en primer lugar, que la sociedad quejosa es causante del impuesto al activo, en términos de lo previsto en el artículo primero de la ley relativa y que su obligación para enterar la contribución de que se trata, deriva de los preceptos antes transcritos; y, en segundo lugar, que las obligaciones fiscales impuestas por dicho ordenamiento tributario están firmes y fuera de análisis en relación con la peticionaria de garantías, por existir consentimiento de su parte, lo que se demuestra con los pagos provisionales que ha realizado y a los que se ha hecho referencia en la presente ejecutoria.
En este orden de ideas, si la quejosa reclamó en el presente juicio de garantías la inconstitucionalidad del Decreto multirreferido, resulta claro que en el caso concreto debe subsistir su obligación de cubrir el entero del impuesto al activo, toda vez que, se insiste, la misma deriva de una ley en sentido formal y material, la cual se encuentra firme para la agraviada y, por ende, resulta inexacto lo que alega la inconforme en el sentido de que mediante el Decreto controvertido se está gravando a los contribuyentes que obtuvieron ingresos mayores a siete millones de pesos, en el ejercicio de mil novecientos noventa y cinco.
Por tanto, debe concluirse que resulta improcedente el análisis de la constitucionalidad del Decreto reclamado en el presente juicio de garantías, pues aunque pudieran resultar fundados los agravios que formula y, en su caso, los conceptos de violación hechos valer en la demanda de garantías, se estaría en imposibilidad de concretar a favor de la quejosa los efectos de la concesión del amparo.
En efecto, conforme al artículo 80 de la ley de la materia, la sentencia que conceda el amparo tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exige. Lo anterior de conformidad con la tesis visible en la página 2868, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1988, que dice:
"SENTENCIA DE AMPARO, EFECTOS DE LA.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: `SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven', y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención) se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija."
De la lectura del apartado relativo a los actos reclamados de la demanda de garantías, el cual quedó transcrito en el resultando primero de esta ejecutoria, se advierte que se reclamaron actos de carácter positivo, como lo es la expedición del decreto por el que el Ejecutivo Federal exime del pago del impuesto al activo que se cause durante el ejercicio de mil novecientos noventa y seis, a los contribuyentes del referido tributo cuyos ingresos, para efectos del impuesto sobre la renta en el ejercicio de mil novecientos noventa y cinco, no excedan de siete mil pesos.
En tales condiciones, resulta claro que el efecto de la concesión del amparo respecto del Decreto impugnado, se traduciría en incluir a la parte quejosa en la exención respecto al pago del impuesto al activo; empero, ello resulta jurídicamente imposible, en virtud de que la obligación de pagar ese impuesto no deriva del Decreto cuya inconstitucionalidad plantea, sino de la Ley del Impuesto al Activo, que para la enjuiciante constitucional ha quedado firme por haberla consentido. De ahí que no resulta atendible analizar a contrario sensu el precedente que invoca la inconforme, en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad simplemente especulativa. Por ello, como para la procedencia del juicio de amparo se requiere que la sentencia produzca efectos en el acto reclamado, lo que no se puede lograr en el caso concreto aun cuando pudieran estimarse fundados los agravios respectivos, resulta incuestionable que a la quejosa no se le afecta en su interés jurídico con los actos que reclama. En apoyo de lo anterior cabe invocar el criterio sustentado por la anterior Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 58, Tercera Parte, Volumen 145-150, Séptima Epoca del Semanario Judicial de la Federación, que dice:
"AMPARO, PROCEDENCIA DEL. REQUIERE QUE LA SENTENCIA PRODUZCA EFECTOS EN EL ACTO RECLAMADO, CON QUE SE OBTENGA EL RESPETO DE INTERESES JURIDICOS DEL QUEJOSO.- En acatamiento del artículo 80 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia de este alto tribunal, que con el número 174, página 297, puede consultarse en la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, para que un juicio de amparo resulte procedente es menester que la sentencia que en él llegare a pronunciarse pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto combatido en dicho juicio sea de carácter positivo; o que sea factible obligar a la autoridad responsable, si el acto reclamado constituye una abstención, a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a que se cumpla lo que tal garantía exija, ya que el juicio constitucional debe tener siempre una finalidad práctica y no servir para realizar una actividad meramente especulativa. De ahí que proceda contra leyes solamente cuando, por ser éstas autoaplicativas, la determinación de su inconstitucionalidad pueda dar por resultado la no aplicación de sus disposiciones; o cuando, por no serlo, ya hayan sido aplicadas, sea factible la privación de efectos inconstitucionales del acto de aplicación."
En estas condiciones, procede revocar la sentencia recurrida y sobreseer en el juicio de amparo que se revisa.
Similar criterio sostuvo esta Segunda Sala al resolver el amparo en revisión 648/96, el treinta y uno de mayo de mil novecientos noventa y seis, por unanimidad de cinco votos.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO.- Se revoca la sentencia recurrida.
SEGUNDO.- Se sobresee en el juicio de garantías a que se refiere este toca.
Notifíquese, con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos al juzgado de origen; y, en su oportunidad, archívese el toca como asunto concluido.
Así, lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos, de los Ministros: Juan Díaz Romero, Mariano Azuela Güitrón, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y presidente Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Mariano Azuela Güitrón.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/3783-f0b68587/activo-de-las-empresas-impuesto-al-amparo-improcedente · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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