INCONFORMIDAD. DEBE DECLARARSE INFUNDADA Y TENERSE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, CUANDO SE ACREDITA QUE UN INFERIOR JERÁRQUICO DE LA RESPONSABLE, CUYAS FUNCIONES SE VINCULAN CON LO SOLICITADO, YA DIO CONTESTACIÓN.
INCONFORMIDAD 124/97. MIGUEL ALBERTO ALVARADO GUTIÉRREZ.
CONSIDERANDO:
TERCERO.- Primeramente debe puntualizarse que asiste la razón al inconforme cuando aduce que en el auto recurrido el Juez de Distrito incurrió en una inexactitud, relativa a la afirmación consistente en que el quejoso no desahogó la vista que se le dio con el oficio y anexo mediante el cual el director de Autorización y Registro Profesional de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, informó sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria protectora, pues al respecto basta con destacar que si bien es cierto que en el escrito presentado ante el juzgado del conocimiento el veinticinco de marzo de mil novecientos noventa y siete (foja cuarenta y dos del expediente de amparo) no se alude expresamente a que el mismo tiene como finalidad desahogar la vista que se dio al peticionario en auto del día veinte del mismo mes y año, también lo es el hecho de que de las constancias de autos se llega al conocimiento de que el mencionado ocurso sí tuvo ese efecto.
Ello es así, porque debe tomarse en consideración que el acuerdo mediante el cual el Juez Federal dio vista al quejoso con el oficio de cumplimiento referido, es de fecha veinte de marzo de mil novecientos noventa y siete (transcrito en el resultando quinto de la presente resolución), y que tal acuerdo se notificó, primero, a las partes mediante lista del día veinticuatro del mismo mes y año y, posteriormente, al quejoso en lista del veinticinco, por no haberse podido llevar a cabo la notificación personal ordenada en autos.
Igualmente importa destacar que el supracitado libelo, presentado ante la Oficialía de Partes del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal el veinticinco de marzo próximo pasado, en su parte conducente, es del tenor siguiente:
"... En relación con el presente amparo que tuvo a bien concederme su Señoría para que la directora general de Profesiones, Lic. Diana Cecilia Ortega Amieva, dé formal contestación a mi petición de fecha 11 de noviembre de 1996, con todo respeto manifiesto lo siguiente: Habiéndome presentado los días 11, 12 y 13 de marzo del presente año ante la oficina de la responsable, se me ha negado dar contestación escrita a mi petición. Habiendo presentado escrito de fecha lunes 17 de marzo de 1997 a la responsable, como lo acredito ante su Señoría con copia debidamente sellada de recibido, la responsable se ha negado a cumplir con la ejecutoria.- Con fundamento en los artículos 104, 105 y 107 de la Ley de Amparo, solicito a su Señoría requiera a la responsable y al superior jerárquico, en este caso, el C. secretario de Educación Pública, para obligar a la responsable a dar debido cumplimiento a la ejecutoria en forma cabal, formal, legal, legítima y seria, dando contestación a mi petición de fecha 11 de noviembre de 1996, para que diga si el C. Anselmo Pulido Contreras tiene en el respetable registro de profesiones haber realizado estudios de psiquiatría; haber sustentado un examen profesional de grado en la especialidad de psiquiatría; y si tiene la autorización de esa dependencia para ejercer la especialidad de psiquiatría, mediante una cédula debidamente expedida por la Dirección General de Profesiones para ejercer como psiquiatra. Si estuviera expedida esta cédula, mencionar su número de registro, así como la fecha de expedición, tal como se hace normalmente en las formas oficiales CG2, como lo acredito ante su Señoría con los oficios DAEP-1-0530/94 y DAEP-1-0531/94, mismos que anexo en original y copia sobre otras consultas realizadas ..."
De lo anteriormente precisado, es fácil advertir que si en auto de veinte de marzo próximo pasado se corrió traslado al quejoso con el oficio y anexo a través de los cuales el indicado director de Autorizaciones y Registro Profesional informó sobre el cumplimiento al fallo concesorio, habiéndose notificado ese proveído, primero a las partes por lista del día veinticuatro siguiente y después al quejoso de la misma manera, el veinticinco, al no haberle podido notificar personalmente dicho auto como estaba ordenado en el mismo, según aparece de las constancias que obran a fojas treinta y nueve, cuarenta y cuarenta y uno del expediente principal, y que el propio día veinticinco de marzo el agraviado manifestó al Juez Federal que hasta esa fecha no se había cumplido con la ejecutoria y que, por ello, debía requerirse al secretario de Educación Pública, en su carácter de superior jerárquico de la autoridad responsable, como se aprecia del ocurso arriba transcrito, resulta evidente que el multicitado escrito de veinticinco de marzo próximo pasado sí tuvo como finalidad desahogar la prevención contenida en el auto del día veinte de dicho mes y, en esa medida, la invocada afirmación contenida en la actuación materia de la presente inconformidad (auto de cuatro de abril del año en curso) es inexacta, pues aun cuando tal escrito es de la misma fecha en la que se realizó al quejoso la notificación de la vista de mérito, lo cierto es que desde el día veinticuatro anterior estuvo en condiciones de imponerse de la prevención que a la vez se le formuló en dicha vista y, por ello, es lógico deducir que el ocurso tantas veces indicado sí tenía como finalidad evacuarla, a pesar de no ser expreso en ese sentido.
No obstante lo anterior, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que, en el caso, el incidente de inconformidad de que se trata es infundado.
Ciertamente, de la lectura integral de la demanda de garantías se aprecia que el quejoso reclamó la falta de contestación a su escrito de fecha once de noviembre de mil novecientos noventa y seis, dirigido al director general de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, mediante el cual solicitó información sobre la profesión y especialidades ejercidas y registradas de Anselmo Pulido Contreras.
Asimismo, de la sentencia ejecutoria que pronunció el Juez de Distrito se advierte que, después de sobreseer en el juicio respecto de los actos atribuidos a la diversa autoridad señalada como responsable, secretario de Educación Pública, otorgó la protección constitucional exclusivamente en relación con el acto reclamado del director general de Profesiones de la propia secretaría en los términos siguientes:
"... Es fundado el argumento que se sintetiza ... En efecto, por una parte, aunque de manera indiciaria, aparece probado en autos que con fecha once de noviembre de mil novecientos noventa y seis el ahora quejoso presentó ante la responsable, director general de Profesiones, la solicitud recibida con el número de folio 07119 ... Ahora bien, el artículo 8o. constitucional establece: (transcribe) ... En esas circunstancias, toda vez que el acto reclamado consiste en una abstención, lo que constituye un acto de naturaleza omisiva, la carga procesal de la prueba para demostrar que se cumplió con el referido precepto constitucional corresponde específicamente a la autoridad responsable ... y como ésta no demostró durante la secuela procedimental que hubiera emitido la contestación conducente, es manifiesta la violación en perjuicio del quejoso ... por consiguiente, lo procedente es concederle el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado para el efecto de que la autoridad responsable pronuncie en breve término la resolución que en derecho corresponda y la haga saber al peticionario ..."
Ahora bien, en términos de lo dispuesto por el artículo 80 de la Ley de Amparo, la sentencia que proteja al quejoso tendrá por objeto restituirlo en el cabal goce de la garantía violada, restableciendo las cosas al estado en que se encontraban antes de cometida la transgresión, si el acto reclamado es de carácter positivo; y si es de naturaleza negativa, el efecto de la protección consistirá en obligar a la autoridad a que actúe en el sentido de respetar la garantía infringida y a cumplir lo que la misma exija.
En el caso, la garantía violada en perjuicio del quejoso fue la contenida en el artículo 8o. de la Constitución Federal, cuyo texto dice:
"Artículo 8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que éste se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario."
De acuerdo con el artículo transcrito, se advierte que la garantía relativa al derecho de petición en él contenida, se satisface cuando la autoridad a la que va dirigido el ocurso respectivo dicta un acuerdo por escrito en contestación a éste y lo hace saber en breve término al peticionario.
Luego, no existe duda en cuanto a que tratándose de la violación a la indicada garantía individual, la obligación que se exige para el cumplimiento de una sentencia concesoria del amparo, en términos de lo dispuesto por el invocado numeral 80 de la ley de la materia, consta precisamente de esos elementos, es decir, que a la petición del gobernado recaiga un acuerdo por escrito por parte de la autoridad a la que va dirigida, que ésta haga del conocimiento del peticionario dicha contestación y que lo haga en breve término. Por interpretación jurisprudencial se ha determinado que, a la vez, la contestación debe ser congruente con lo pedido.
En el resultando cuarto que antecede se precisó la existencia del oficio suscrito por el director de Autorización y Registro Profesional de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública (fojas treinta y siete y treinta y ocho del expediente de amparo), a través del cual hizo del conocimiento del Juez de Distrito que ya se había notificado al quejoso la contestación recaída al escrito de éste, que motivó el otorgamiento de la protección constitucional, para lo cual anexó copia del diverso oficio (transcrito en el referido resultando), en el que efectivamente aparece que, en atención a la petición formulada por Miguel Alberto Alvarado Gutiérrez, con fecha once de noviembre de mil novecientos noventa y seis, se le informó el número y fecha de expedición de la cédula profesional de médico cirujano a nombre de Anselmo Pulido Contreras, así como el reconocimiento con que cuenta dicha persona para ejercer la especialidad en psiquiatría. Incluso, en el oficio de mérito consta una firma de recibido.
En este orden de ideas, es claro que si en el escrito de once de noviembre de mil novecientos noventa y seis, cuya contestación había omitido la responsable y que motivó la concesión de la protección constitucional, el quejoso solicitó información sobre el legal reconocimiento de la actividad profesional de Anselmo Pulido Contreras, como consta en tal ocurso (foja tres del expediente principal), y la autoridad responsable acreditó haber contestado esa petición y haberla hecho del conocimiento del particular, es dable concluir que, en el presente caso, ya se dio cumplimiento a la sentencia que otorgó el amparo, puesto que la mencionada actuación de la autoridad se relaciona directamente con la obligación a que se le sujetó por virtud de la ejecutoria, en tanto que hay una contestación de dicho ente público a la petición que le dirigió el quejoso, y aparece que se notificó esa respuesta, lo que, como se dijo, son elementos de la garantía consagrada en el numeral 8o. de la Constitución Federal y que deben observarse cuando, como en la especie, se determinó la transgresión a esa prerrogativa.
Razones por las que se llega al conocimiento de que el proveído de cuatro de abril de mil novecientos noventa y siete, mediante el cual el Juez Federal tuvo por cumplida la sentencia protectora, es correcto.
No constituye obstáculo para la conclusión a la que se arribó, el argumento del quejoso inconforme consistente en que es incorrecto que el Juez de Distrito haya tenido por cumplida la sentencia concesoria con el oficio y anexo signados por el director de Autorización y Registro Profesional de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, porque tal autoridad no fue señalada como responsable y menos aparece estar facultado para sustituir o representar a la que sí tiene ese carácter, es decir, la directora general de Profesiones, única obligada a contestar la petición, porque fue a ella a la que se le dirigió.
Como se dijo, tales afirmaciones no son óbice para estimar que ya se cumplió con la ejecutoria, toda vez que sobre el particular debe destacarse, en primer lugar, que aun cuando efectivamente el oficio y anexo con los que se comprobó haber acatado el fallo protector están signados por el director de Autorización y Registro Profesional, no lo es menos que de la propias constancias se aprecia que esta autoridad depende directamente de la responsable directora general de Profesiones, pues así se observa del encabezado de tales oficios del tenor siguiente: "Secretaría de Educación Pública. Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica. Dirección General de Profesiones", y en el sello que ostentan las propias documentales se lee: "SEP Dirección General de Profesiones. Dirección de Autorización y Registro Profesional"; además, en el escrito mediante el cual el quejoso elevó la petición correspondiente a la autoridad responsable, aparece una leyenda que dice: "Dirección General de Profesiones.- Solicitud de certificación al archivo de registro de profesiones".
Por tanto, es indubitable que si el citado director de Autorización y Registro Profesional depende directamente de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, y la materia de la petición del quejoso se vinculó precisamente con las funciones de dicho director, en tanto que la constituyó la información sobre la legal autorización y registro de la actividad profesional de Anselmo Pulido Contreras, no puede estimarse que la contestación realizada por el supracitado director no sea apta para tener por satisfecho el cumplimiento de la garantía individual violada, puesto que en el desempeño de sus funciones y en su carácter de inferior jerárquico de la autoridad responsable, resolvió la petición dirigida a ésta.
Consecuentemente y en mérito a las consideraciones expuestas con antelación, lo procedente es declarar infundado el incidente de inconformidad de que se trata.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
ÚNICO.- Es infundada la inconformidad promovida por Miguel Alberto Alvarado Gutiérrez, en contra del auto de cuatro de abril de mil novecientos noventa y siete dictado por el Juez Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, en los autos del juicio de amparo 58/97, que tuvo por cumplida la ejecutoria respectiva.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos al lugar de origen y, en su oportunidad, archívese el expediente.
Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los Ministros Juan Díaz Romero, Mariano Azuela Güitrón, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Sergio Salvador Aguirre Anguiano y presidente Genaro David Góngora Pimentel. Fue ponente el último de los nombrados.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4602-4075cf43/inconformidad-debe-declararse-infundada-y-tenerse-por-cumplida · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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