LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA. CONCEPTO. INFORME JUSTIFICADO. EL JUZGADOR DE GARANTÍAS NO ESTÁ OBLIGADO A RESPONDER LOS ARGUMENTOS EN QUE AQUÉL SOSTIENE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO. INFORME JUSTIFICADO. EL JUZGADOR DE GARANTÍAS NO ESTÁ OBLIGADO A RESPONDER LOS ARGUMENTOS EN QUE AQUÉL SOSTIENE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.
AMPARO EN REVISIÓN 1947/97. NÉSTOR FAUSTINO LUNA JUÁREZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo y 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto tercero, fracción I, del Acuerdo 1/97, tomado por el Tribunal Pleno el veintisiete de mayo de mil novecientos noventa y siete, en virtud de que se interpone en contra de una sentencia pronunciada por un Juez de Distrito, en la audiencia constitucional de un juicio de amparo en el que se reclamó una ley, y aunque se está en el caso de analizar los aspectos de constitucionalidad, existen criterios jurisprudenciales del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el tema fundamental, que resuelven las cuestiones que al respecto se plantean en los agravios, sin que se esté en el caso de remitir el asunto a un Tribunal Colegiado para la aplicación de dichos criterios, en virtud de que previamente deben analizarse cuestiones relativas a la procedencia del juicio, cuyo estudio y resolución ameritan la intervención de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.
SEGUNDO. En atención a que la procedencia es una cuestión de orden público, es de estudio preferente y, por tanto, en primer término se procede al análisis de los requisitos necesarios para la procedencia del presente recurso de revisión, consideración que se apoya en la siguiente jurisprudencia:
"REVISIÓN. LA LEGITIMACIÓN Y PERSONALIDAD DE QUIEN INTERPONE ESTE RECURSO, DEBE EXAMINARSE DE OFICIO. El Tribunal ad quem, al resolver la procedencia de un recurso de revisión debe estudiar, de oficio, si quien promueve tiene personalidad para interponerlo, puesto que es de orden público en el juicio de garantías analizar si quien lo interpuso es parte o tiene personalidad acreditada, en particular en los amparos contra leyes en donde el artículo 87 de la ley de la materia establece expresamente que sólo podrán interponer el recurso de revisión las autoridades responsables encargadas de su promulgación o quienes las representen.". Octava Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Primera Parte, tesis P. LIV/90, página 20.
Esta Sala considera que el recurso interpuesto por el agente del Ministerio Público adscrito al juzgado del conocimiento debe desecharse, ya que si bien, en términos de la fracción IV del artículo 5o. de la Ley de Amparo, tiene calidad de parte en el juicio de amparo y tiene facultad para interponer recursos, la sentencia a que este toca se refiere no afecta el interés jurídico que las normas constitucionales y legales le otorgan.
En efecto, el artículo 5o. de la Ley de Amparo debe interpretarse, para su aplicación, de acuerdo con los principios que rigen el juicio de amparo, entre los cuales se encuentra el de instancia de parte agraviada, derivado de los artículos 4o. y 73, fracción V, de la ley citada, que si bien se refiere al ejercicio de la acción y a la parte quejosa, se ve reflejado en las disposiciones que regulan el procedimiento y la tramitación de los recursos, de manera que puede afirmarse que la ausencia del requisito señalado produce la falta de legitimación para accionar en el juicio o para interponer el recurso de que se trate.
El principio enunciado está presente también en el artículo 87 de la ley en comento, que establece que las autoridades responsables sólo podrán interponer revisión en contra de las sentencias que afecten directamente el acto que se les reclamó y, en caso de amparo contra leyes, también podrán hacerlo las autoridades encargadas de su promulgación.
En estas condiciones, el recurso de revisión es improcedente si la parte que lo interpuso no resintió ningún perjuicio con la sentencia, así se desprende de los principios que rigen el juicio de amparo y de la interpretación que esta Suprema Corte ha dado a los mismos, según se refleja en las siguientes tesis:
"REVISIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente el recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable cuando el fallo del Juez de Distrito le ha sido favorable y no afecta los actos de ella reclamados, según lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo.". Tercera Sala, Apéndice de 1995, Tomo VI, Primera Parte, Suprema Corte de Justicia de la Nación, tesis 474, página 315.
"REVISIÓN SIN MATERIA INTERPUESTA POR QUIEN OBTUVO FALLO FAVORABLE. Cuando la sentencia, que otorga el amparo ha de quedar firme porque no la recurrieron las autoridades encargadas de la elaboración de los ordenamientos reclamados, aunque lo haga la parte que obtuvo resolución favorable, al haberse violado en su perjuicio la garantía de audiencia, carecerá de materia su recurso, porque cualquiera que sea la omisión que atribuya al juzgador, podrá ser reparada previamente a la ejecución de cualquiera de los actos reclamados, por efecto del referido fallo.". Pleno, Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Tomo 49, Primera Parte, página 64.
Ahora bien, aun cuando los criterios anteriores se refieren a la parte quejosa y a las autoridades responsables, reflejan la necesidad de la existencia de una afectación al interés de quien interpone el recurso, por lo que aplicados dichos principios al Ministerio Público, como parte en el juicio de amparo, debe determinarse que, como las demás partes, su legitimación para interponer el recurso de revisión se encuentra limitada a la afectación que la sentencia recurrida cause a sus intereses.
Al respecto, el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, sostuvo el siguiente criterio jurisprudencial:
"MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. ES PARTE EN EL JUICIO DE GARANTÍAS Y PUEDE INTERPONER LA REVISIÓN AUN EN AMPARO CONTRA LEYES, SÓLO CUANDO LA MATERIA DE LA LEY IMPUGNADA AFECTE SUS ATRIBUCIONES. El artículo 5o., fracción IV, de la Ley de Amparo, reformada por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, establece que el Ministerio Público Federal es parte en el juicio de garantías, con facultades para intervenir en todos los juicios e interponer los recursos que señala dicho ordenamiento; por tanto, el Ministerio Público está facultado para interponer el recurso de revisión, aun en amparo contra leyes, pero ello no significa que tenga legitimación para interponerlo ad libitum ni en todos los casos, sino únicamente cuando la Constitución o las leyes le encomiendan la defensa de un interés específico como propio de su representación social, pues aun cuando los artículos 2o., 3o., fracción I y 10, fracción I, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, le señalan genéricamente la tarea de velar por el orden constitucional, ésta debe interpretarse sin demérito de los principios que rigen todo juicio y, en especial, el de amparo, en cuanto que las partes sólo están legitimadas para interponer los recursos en contra de las resoluciones que afecten el interés que respectivamente les corresponde. Por tanto, el Ministerio Público Federal está legitimado para interponer el recurso de revisión tratándose de las disposiciones contenidas en el artículo 102 constitucional y en los ordenamientos penales y procesales relativos que le otorgan atribuciones para proseguir ante los tribunales los delitos del fuero federal, lo mismo que en todos aquellos casos y materias en que el orden legal le señala específicamente a dicho representante de la sociedad, la defensa de un interés. Por el contrario, si con la sola invocación genérica o abstracta de defender el orden constitucional, se aceptara que el Ministerio Público puede interponer la revisión en el juicio de garantías a su libre voluntad y en cualquier caso, se estaría desfigurando el concepto del interés en sí, el cual ya no estaría sujeto a la comprobación objetiva de los supuestos de la norma, sino a la expresión subjetiva del recurrente, además de que tratándose del amparo contra leyes, trastornaría el equilibrio procesal de las partes en perjuicio del quejoso, en virtud de que su intervención sólo vendría a reforzar la posición de las autoridades responsables, tanto de las que expiden, como de las que promulgan las leyes.". Octava Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII-Enero, tesis P. 4/91, página 17.
Este criterio se apoyó, fundamentalmente, en las siguientes consideraciones:
"Así, el artículo 102, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los ordenamientos penales y procesales penales relativos, otorgan atribuciones al Ministerio Público Federal para perseguir ante los tribunales los delitos del orden federal; con base en tales atribuciones definidas por el orden jurídico, el Ministerio Público, como parte dentro de un juicio de amparo en que el Juez de Distrito haya otorgado la protección constitucional al reo quejoso, tiene legitimación para interponer la revisión. De hecho así lo viene haciendo cotidianamente ante los Tribunales Colegiados de Circuito.
"Mas no solamente en materia penal se encomienda al Ministerio Público la defensa de un interés que lo legitima para interponer el recurso de revisión en un juicio de amparo, sino también en todos aquellos casos y materias en que la Constitución y las leyes así lo señalan.
"Debe hacerse hincapié en que bajo tal supuesto, el Ministerio Público Federal estará legitimado para interponer el recurso de revisión aun en amparo contra leyes, de la misma manera que el quejoso o el tercero perjudicado pueden hacer lo mismo defendiendo sus respectivos derechos, si éstos son perjudicados por la sentencia del Juez de Distrito.
"Pero de esto a que el Ministerio Público pueda interponer la revisión en cualquier caso y asumiendo intereses de cualquiera de las otras partes, media una diferencia tan grande y trascendente, que aceptarla equivaldría a trastocar las reglas del juicio de amparo, sin que a este extremo conduzcan el artículo 107, fracción XV, constitucional, ni los artículos 2o., 3o., fracción I y 10, fracción I, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, que al dar al Ministerio Público Federal el carácter de parte en el juicio de garantías y la facultad de interponer recursos, le encomienda genéricamente la atribución de velar por el orden constitucional.
"En efecto, si velar por el orden constitucional y el interés público significa, en el caso a estudio, la facultad de actuar en defensa del interés que la Constitución y las leyes señalan específicamente como propio de la institución Ministerio Público, el concepto es correcto; pero si con ello se pretende sostener que con la sola invocación genérica o abstracta de defender la constitucionalidad, el Ministerio Público puede interponer los recursos en el amparo con toda discrecionalidad y fuera del interés que específicamente le encomienda la ley, se estará desfigurando, de entrada, el concepto de interés jurídico, que ya no estará sujeto a la comprobación técnica acerca de si se dan objetivamente los supuestos de la norma específica, sino que bastará la expresión subjetiva del recurrente.
"Cuando el artículo 3o. de la mencionada Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República establece, refiriéndose al Ministerio Público, que la vigilancia de la constitucionalidad y legalidad que le corresponde comprende su intervención como parte en el juicio de garantías, dentro del cual puede interponer recursos, ello debe interpretarse en la justa medida del interés que el derecho positivo le asigna.
"No puede ser de otra forma, porque dentro del juicio de amparo el Ministerio Público es una parte y, como tal, queda sujeto, en cuanto al ejercicio de sus derechos y al logro de sus fines, a los principios que rigen su condición. Propugnar por la constitucionalidad de las leyes y del orden jurídico en general, no es tarea exclusiva del Ministerio Público en el juicio de amparo; la misma finalidad persiguen todas las partes y el Juez, pero ni siquiera éste, único que está en aptitud de lograrlo sin estar mediatizado por la parcialidad de un interés, puede hacerlo según su voluntad discrecional, sino apegándose, bajo su estricta responsabilidad, a la ley, y si esto es así, por mayoría de razón las partes tampoco pueden velar por la constitucionalidad de modo incondicional o discrecional; hasta el quejoso, que como particular puede hacer todo aquello que no está prohibido, tiene que demostrar objetivamente que el acto reclamado que tilda de inconstitucional afecta su interés jurídicamente protegido, máxime el Ministerio Público que es antes que nada una autoridad y, como tal, sólo puede hacer aquello que la ley le permite (Tesis de jurisprudencia 68, compilación de 1985, Octava Parte, página 114).
"Como corolario de lo expuesto debe considerarse que la atribución otorgada al Ministerio Público Federal para vigilar la constitucionalidad y legalidad en el juicio de amparo, como parte, no implica la de interponer recursos sin la demostración objetiva de que la resolución impugnada afecta el interés jurídico que la Constitución o las leyes le encomiendan de manera específica.
"Si en vez de esto, se acepta que el Ministerio Público tiene facultad para interponer la revisión de manera incondicional o discrecional, en el sentido de no estar sujeto al filtro de comprobar la afectación del derecho que legalmente le toca defender, esto es, con la sola invocación genérica o abstracta de la defensa de la constitucionalidad, se rompería el sistema regulador que impulsa los actos procesales en el juicio de amparo, como ya se manifestó y, además, se trastornaría el equilibrio procesal de las partes en perjuicio del quejoso."
Ahora bien, en el juicio de amparo a que este toca se refiere, se reclamaron los artículos 65 y 66 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, con motivo de su aplicación en una resolución que determinó la terminación del nombramiento del quejoso como agente de la Policía Judicial Federal, cuyos textos son:
"Artículo 65. Por la naturaleza de sus funciones, son trabajadores de confianza los agentes del Ministerio Público de la Federación, agentes de la Policía Judicial Federal, los peritos adscritos a los Servicios Periciales de la institución y los secretarios del Ministerio Público de la Federación, así como los servidores públicos de las demás categorías y funciones previstas en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
"Artículo 66. El personal que preste sus servicios en la institución se regirá por las disposiciones del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional. Dicho personal quedará incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado."
Como se advierte de la transcripción anterior, los preceptos impugnados no comprenden cuestiones relativas a funciones que constitucional o legalmente se encomienden, de manera específica, al Ministerio Público, ya que se refieren a la clasificación que la ley realiza del personal a su servicio, por lo que no se encuentra legitimado para interponer el presente recurso y, por tanto, debe desecharse.
Cabe señalar que el recurso interpuesto por la diversa autoridad responsable es procedente en tanto que en la sentencia de amparo se concedió el amparo en contra del acto que se le reclamó, por estimarse que no se cumplió con la garantía de audiencia antes de emitir la resolución que decretó la terminación del nombramiento del quejoso, por lo que se encuentra legitimada para expresar los agravios que se relacionen con el acto que se le reclamó. Sirve de apoyo a esta consideración el criterio de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación que a continuación se transcribe:
"REVISIÓN, LEGITIMACIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EJECUTORA PARA INTERPONER EL RECURSO DE. La autoridad responsable ejecutora está legitimada para interponer el recurso de revisión cuando mediante él, no pretende sostener la validez de los actos de la ordenadora, sino cuestiones diversas que la afectan directamente.". Octava Época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, Primera Parte, página 291.
TERCERO. El oficial mayor de la Procuraduría General de la República expresó los siguientes agravios:
"La resolución que se recurre y que causa agravios de difícil reparación a esta Procuraduría General de la República, en la parte conducente de su considerando quinto establece: (transcribe). Primero. De la anterior transcripción se aprecia claramente que el juzgado del conocimiento, al emitir la sentencia que se recurre, realiza un razonamiento vago e impreciso de la causal de improcedencia que se hizo valer a fojas cuatro y cinco del informe justificado correspondiente, violando en perjuicio de esta Procuraduría General de la República, lo dispuesto por la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo, al desestimar la causal de improcedencia invocada por esta autoridad, manifestando al respecto, que en el presente caso no se actualiza dicha causal en virtud de que el quejoso presentó su demanda de amparo dentro del término de quince días que señala el artículo 21 de la Ley de Amparo y que la circunstancia de que dichos preceptos establezcan ciertos requisitos que deban cumplir los elementos de la Policía Judicial Federal, no implica que el quejoso deba impugnarlos, al considerar esta autoridad que no cumple con los requisitos en ellos previstos, ya que esta apreciación la hace precisamente la autoridad responsable y no el quejoso; por lo tanto, el oficio reclamado no es un acto derivado de otro previamente consentido. Dicho razonamiento resulta infundado pues, como se estableció en el referido justificado, el oficio que constituye el acto reclamado es consecuencia de los artículos 23 y sexto transitorio de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, los cuales fueron del conocimiento del quejoso desde que entró en vigor dicha ley, es decir, el día once de mayo del año en curso, y a partir de esta fecha el quejoso sabía que no reunía los requisitos mencionados en esos preceptos para permanecer como agente de la Policía Judicial Federal; luego entonces, se trata de actos consentidos tácitamente y de actos derivados de actos consentidos, pues basta con la demostración de que el quejoso los haya conocido y no los reclamara oportunamente para tenerse como tales, por lo que, contrariamente a lo razonado por el a quo, en el presente juicio se configura la causal de improcedencia que se ha precisado; por consiguiente, la sentencia que se recurre deberá ser revocada, en virtud de que se violan en perjuicio de esta institución los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, fracción XII, 74, fracción III, 77, fracción II, 192, 193 y 196 de la Ley de Amparo en vigor. De igual forma, la sentencia del día treinta de diciembre de mil novecientos y seis (sic) y que causa agravios de difícil reparación a esta procuraduría, en la parte conducente de su considerando quinto señala: (transcribe). Segundo. De la parte del quinto considerando transitorio se desprende que el C. Juez del conocimiento, al pronunciar la sentencia que se recurre, viola en perjuicio de esta Procuraduría General de la República lo dispuesto por la fracción XV del artículo 73, en relación con el numeral 74, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, al manifestar que es infundada la causal de improcedencia citada, en razón de que cuando en la demanda de garantías se hagan valer únicamente violaciones directas a la Constitución, no es necesario que los quejosos promuevan recursos o medios ordinarios de defensa en contra de los actos que se consideren violatorios de su garantías individuales, ya que es una cuestión de inconstitucionalidad de los actos reclamados y no de inexacta aplicación de la ley secundaria, por lo que en el presente caso no opera el principio de definitividad que rige al juicio de garantías. El razonamiento realizado por el juzgado del conocimiento para desestimar la causal de improcedencia que se hizo valer al rendir el informe justificado a fojas 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 resulta infundado, toda vez que de sobra es sabido que uno de los principios rectores del juicio de amparo lo constituye el principio de definitividad, cuyo contenido nos indica que el juicio de garantías es la última instancia que debe tramitarse para resolver sobre un negocio concreto, es decir, que antes de elevar la demanda de amparo, es preciso que se hayan agotado todos los medios de defensa legales y recursos ordinarios señalados en las leyes y el incumplimiento a este mandamiento constitucional y legal es la declaratoria de la improcedencia del amparo, por no haberse hecho valer previamente a la promoción del juicio constitucional los recursos ordinarios permitidos por las leyes secundarias. Por lo que en el caso concreto y contrariamente a lo sostenido por el Juez natural, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3o., párrafo segundo, del Acuerdo número A/010/96 del procurador general de la República, mediante el cual se instaló el Consejo de Profesionalización del Ministerio Público de la Federación, éste es competente para conocer del recurso de revocación, respecto de las personas que por no cumplir con los requisitos constitucionales, legales y reglamentarios, su nombramiento respectivo hubiese sido objeto de terminación; por consiguiente, el quejoso debió haber interpuesto el citado recurso de revocación en contra del acto reclamado; luego entonces, no le asiste la razón al citado juzgador para declarar infundada la causal de improcedencia hecha valer, pues el amparo en materia administrativa no procede en los casos en que las leyes ordinarias establezcan contra el acto reclamado recurso o medios ordinarios que reparen los agravios que se estimen cometidos; por consiguiente, la sentencia que se recurre deberá ser revocada, toda vez que se vulneran las disposiciones contenidas en los artículos 73, fracción XV, 74, fracción III, 77, fracción II, 192, 193 y 196 de la Ley de Amparo. A mayor abundamiento, la violación a lo dispuesto por el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo se produce toda vez que dicho numeral establece que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo deben contener los fundamentos legales en que se apoyen para sobreseer en el juicio, o bien, para declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, y de la lectura que se sirva realizar ese H. Tribunal Colegiado, de la sentencia que se recurre, podrá apreciar que la misma carece del principio de congruencia que debe contener toda sentencia emitida en un juicio de amparo; lo anterior es así, en virtud de que de la referida sentencia se desprende la superficialidad con que el Juez Federal abordó el estudio de las causales de improcedencia que se hicieron valer en las páginas de la 4 in fine a la 15 del informe justificado, las cuales se apoyaron en una serie de criterios sustentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por los Tribunales Colegiados, sin que dicho juzgado se pronunciara al respecto, motivo por el cual la sentencia que se recurre deberá ser revocada. Así también, la sentencia de fecha treinta de diciembre de mil novecientos noventa y seis y que causa agravios de difícil reparación a esta Procuraduría General de la República, en la parte conducente de su considerando sexto establece: (transcribe). Tercero. De la anterior transcripción se aprecia que el juzgado del conocimiento, al emitir la sentencia que se recurre, viola en perjuicio de esta institución lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 222 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, los cuales consagran el principio de congruencia que debe contener toda sentencia pronunciada en un juicio de amparo; esto es así, en razón de que el citado juzgado establece que el acto reclamado es violatorio de las garantías individuales que tutela el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de que de las constancias de autos se advierte que las autoridades de esta institución no cumplieron con la garantía de audiencia consagrada en el citado artículo y no acreditaron haber efectuado un procedimiento previo a los actos reclamados, en el cual se hubiera dado al quejoso la intervención dentro del procedimiento de referencia para que alegara lo que a su derecho conviniera. El anterior razonamiento resulta infundado, ya que del estudio que sirva hacer ese H. Tribunal Colegiado del acto reclamado, podrá apreciar que contrariamente a lo manifestado por el Juez del conocimiento, en primer término, el oficio de donde se deriva el acto reclamado no contiene determinación que imponga una sanción de destitución o cese, ya que su contenido solamente reconoce y declara una situación de terminación de los efectos del nombramiento, originada por la vigencia de la nueva Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 10 de mayo de 1996, con entrada en vigor al día siguiente, cuyo artículo 23 establece los requisitos que deben satisfacerse tanto para ingresar, como para permanecer como agente de la Policía Judicial Federal, lo cual se vincula con los párrafos quinto y sexto del artículo 21 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, de tal forma que las personas que no reunieran la totalidad de los requisitos mencionados en las fracciones contenidas en dicho numeral, los nombramientos expedidos con anterioridad a su favor dejaron de surtir efectos. De lo anterior queda expuesto que el acto reclamado no impone una sanción de destitución o cese, por la que se hubieren afectado derechos administrativos o laborales, sino únicamente reconoce y declara la terminación de los efectos del nombramiento de quien siendo agente de la Policía Judicial Federal, al entrar en vigencia la nueva Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, no reuniera en ese momento los requisitos exigidos en su artículo 23 y es obvio que para hacer tal reconocimiento y declaración, contrariamente a lo que afirma el juzgador, no se hacía necesario oír previamente al quejoso, ya que no se le iba a privar de los derechos que pudieran derivar de su nombramiento respectivo, en razón de que el acto reclamado no contiene determinación que imponga una sanción de destitución o cese; por consiguiente, no tenía por qué seguirse un procedimiento en el cual se observaran las formalidades esenciales del mismo; por lo tanto, no existen violaciones al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como erróneamente lo manifiesta el a quo, violando, en consecuencia, los numerales anteriormente precisados, al no haberse estudiado cuidadosamente y resuelto de modo acertado en la sentencia recurrida los planteamientos que al respecto se hicieron valer al rendir el informe justificado correspondiente, llegándose a conceder el amparo supuestamente por violación a la garantía de audiencia. Pero además, la transgresión directa a todos esos preceptos se produjo por no haberse ocupado el órgano jurisdiccional de los extensos razonamientos que con apoyo en diversos precedentes se desarrollaron en las páginas 15 a 26 del informe justificado, razonamientos en los cuales se tiene planteado que la resolución reclamada no es un acto privativo de derechos, porque no impone una sanción de destitución, cese o baja, sino solamente reconoce y declara una situación de terminación de los efectos del nombramiento que tuvo el quejoso como agente de la Policía Judicial Federal. Así las cosas, no era el caso estar a lo dispuesto en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para conceder previa audiencia al quejoso, sino que bastaba que se cumplieran los requisitos del artículo 16, también constitucional; pero esto no significó que se le vedara la posibilidad de inconformarse con lo declarado en la resolución reclamada, porque, como en la misma se indica, el interesado podía hacer valer su inconformidad mediante el recurso de revocación ante el Consejo de Profesionalización del Ministerio Público de la Federación, que es el previsto en el artículo tercero del Acuerdo A/010/96 del C. procurador general de la República, acuerdo que en la fecha en que se notificó al quejoso la resolución reclamada ya estaba vigente. Como todo este capítulo de refutación específica de los conceptos de violación, integrado en el informe justificado, que aquí doy por reproducido, quedó sin estudio, porque la sentencia está limitada a la aseveración dogmática de que hubo violación a la garantía de audiencia, queda palpable la transgresión de los artículos antes mencionados, para cuya reparación será necesario que el Tribunal Colegiado haga el estudio que en la sentencia se omitió. Asimismo, cabe mencionar que la violación de los preceptos que se citan en este agravio, deriva también de la circunstancia de que un servidor público de la Procuraduría General de la República, en el cargo de agente de la Policía Judicial Federal, como lo fue el hoy quejoso, es un trabajador al servicio del Estado de confianza y como tal, si bien sus derechos laborales fundamentales están tutelados en lo general por el apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos y por el artículo 5o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4608-bccf9fb2/legitimacion-procesal-activa-concepto-informe-justificado-el-juzgador · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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