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Modo: Corpus Pro

PERDÓN DEL OFENDIDO EN LOS DELITOS QUE SE PERSIGUEN POR QUERELLA NECESARIA DE PARTE.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 3/97. · Registro digital (IUS): 4617
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Enero de 1998, , Pág. 124.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 3/97. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO.- El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, al resolver el veintiuno de noviembre de mil novecientos noventa y seis, el amparo en revisión penal 527/96-I, promovido por el Juez de Primera Instancia del Ramo Penal de Ciudad Madero, Tamaulipas, en la parte que interesa sostuvo:

"PRIMERO.- Este tribunal es competente para conocer del presente recurso de revisión, conforme a los artículos 107, fracción VIII, parte final, de la Constitución General de la República; 85, fracción II, de la Ley de Amparo; 37, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y los Acuerdos 1/88 y 1/93, del Pleno de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, de quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho y trece de enero de mil novecientos noventa y tres, respectivamente.

"SEGUNDO.- El recurso que se examina es procedente, atento lo dispuesto por los artículos 82 y 83, fracción IV, de la Ley de Amparo, y fue interpuesto dentro del término de diez días que señala el artículo 86 del citado ordenamiento, habida cuenta de que la sentencia impugnada se notificó al recurrente el veinte de septiembre de mil novecientos noventa y seis, y el escrito de agravios fue presentado el cuatro de octubre siguiente.

"TERCERO.- Las consideraciones fundamentales en que se apoya la sentencia recurrida son las siguientes: 'PRIMERO.- Son ciertos los actos reclamados de las autoridades responsables, según se desprende de la forma como éstas rindieron su informe justificado.- SEGUNDO.- Ahora procede examinar el fondo del presente asunto, sin que haya necesidad de transcribir los conceptos de violación, pues los mismos obran en la demanda de garantías y aquí se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran. Es fundado lo alegado por el amparista en su demanda de garantías, de fecha veintitrés de julio de mil novecientos noventa y seis, en cuanto a la violación al artículo 16 constitucional. Ciertamente, el amparista reclama del Juez Penal de Primera Instancia del Tercer Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, la orden de aprehensión librada en su contra el día dieciocho de julio de mil novecientos noventa y seis, por el delito de daño en propiedad que establece el artículo 433 del Código Penal en vigor en el Estado de Tamaulipas. Ahora bien, de las constancias certificadas que remitiera el Juez responsable en su informe justificado de la causa penal 212/96, de donde emana la orden de aprehensión reclamada, se advierte que con posterioridad a la presentación de la querella por parte de Emanuel del Ángel Cervantes, el citado quejoso y el querellante Emanuel del Ángel Cervantes celebraron un convenio de fecha diez de abril de mil novecientos noventa y seis, sobre la forma de finiquitar el asunto motivado entre querellante y quejoso por el accidente automovilístico en donde resultara dañado un vehículo de fuerza motriz, convenio que fuera ratificado ante el notario público número 231, de ejercicio en esta ciudad, por lo que atendiendo a la naturaleza de los hechos cuestionados que sólo afectan el patrimonio del querellante, consecuentemente debe estimarse que desaparece la intención de que la autoridad competente penalice la conducta inicialmente atribuida como delictuosa, pues lo que en un principio pudo ser considerado así, se transformó, por la voluntad de las partes contenida en el convenio, en un asunto puramente civil, cuyo incumplimiento, en su caso, debe reclamarse en la vía conducente. Es aplicable al caso el criterio sostenido por el Honorable Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, al resolver el amparo en revisión 382/95, que aparece publicado en la página 371, del Tomo III, abril de 1996, Pleno, Salas y Tribunales Colegiados, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: «CONVENIOS POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE UNA QUERELLA. SU REPERCUSIÓN EN EL PROCESO.». Lo anterior permite concluir que el mandamiento aprehensorio reclamado resulta violatorio de las garantías individuales, lo que impone otorgar a Ramón Ramos Martínez, el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada, contra el acto que reclamó del Juez Penal de Primera Instancia del Tercer Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Madero, Tamaulipas, consistente en la orden de aprehensión librada en contra del quejoso por el delito de daño en propiedad, de fecha dieciocho de julio de mil novecientos noventa y seis, en los autos de la causa penal número 212/96, en agravio de Emanuel del Ángel Cervantes. Haciéndose extensiva la protección constitucional a los actos de ejecución reclamados del comandante de la Policía Judicial del Estado con residencia en Ciudad Madero, Tamaulipas.'.

"CUARTO.- Los agravios hechos valer por el recurrente dicen: 'Primer agravio. Lo hago consistir en el hecho de que el C. Juez de Distrito, al resolver en la audiencia constitucional, concede el amparo y protección a Ramón Ramos Martínez, por considerar que ha desaparecido la causa para que el Juez de Primera Instancia del Ramo Penal en Ciudad Madero, Tamaulipas, penalice la conducta desarrollada por el quejoso Ramón Ramos Martínez, considerando que ha desaparecido la punibilidad de su conducta con base en el convenio celebrado por aquél y el ofendido en la causa penal número 212/96, doctor Emanuel del Ángel Cervantes.- Segundo agravio. No causa la resolución al que ha desaparecido (sic) en el caso la conducta punible del C. Ramón Ramos Martínez, sólo por la existencia del convenio antes mencionado, pues la responsabilidad penal derivada de la comisión de algún delito no solamente incluye la pena de reparación del daño sino también la pena corporal y multa en su caso. En el caso que nos ocupa, si bien es cierto que el ofendido en la causa penal de origen y el quejoso en el de garantías celebran un convenio, ha de entenderse que únicamente se refiere en cuanto al renglón de la reparación del daño, resultando inadmisible que por ese solo hecho se tengan por extinguidas las demás responsabilidades penales derivadas de la conducta ilícita del ahora quejoso, máxime que en el convenio de referencia, en ningún momento se establece que, en forma expresa ni tácita, por ese conducto se otorgue el pleno perdón de toda responsabilidad penal al C. Ramón Ramos Martínez.- Tercer agravio. Lo hago consistir en la interpretación y estudio del convenio multicitado, pues en dicho documento las partes intervenientes acordaron en que por su parte el doctor Emanuel del Ángel Cervantes se comprometió a no promover nada respecto al asunto penal durante un término de 15 días, mediante el cual el C. Ramón Ramos Martínez se comprometió a hacer la reparación total de lo dañado, haciéndose la observación de que en el último de los casos, se promovería lo conducente ante el Juzgado del Ramo Penal, para que el asunto de referencia se tuviera como totalmente concluido, entendiéndose con esto que el perdón estaría condicionado a la entrega del bien dañado debidamente reparado a entera satisfacción del doctor Emanuel del Ángel Cervantes, lo que en el caso no se concretizó por causas imputables al C. Ramón Ramos Martínez, ya que él incumplió en el término concedido, con la entrega del bien dañado debidamente reparado, por lo que, se repite, el perdón que podría haberse otorgado no se concretizó al no haberse cumplido con la condición establecida en el convenio por causa imputable al quejoso y, por tanto, estimo que la responsabilidad penal del C. Ramos Martínez subsiste para todos los efectos legales, máxime que esta autoridad jamás ha decretado el sobreseimiento del proceso penal por el supuesto perdón otorgado, aunado a que existe en autos de la causa penal de origen el pleno reconocimiento y aceptación por parte del C. Ramón Ramos Martínez de la responsabilidad penal derivada de su conducta punitiva respecto a los hechos que dieron origen a este juicio, siendo consecuencia lógico-jurídica el ejercicio de la acción penal por los hechos en que se basa el escrito inicial de denuncia. En los anteriores términos se formulan los agravios que ocasionan la resolución de fondo que se recurre.'.

"QUINTO.- Son fundados, en lo esencial, los anteriores agravios, pues basta examinar el fallo combatido para constatar que el Juez del amparo se aparta de toda hermenéutica jurídica, al otorgar al convenio de diez de abril del año en curso un alcance y valor que no tiene, ya que si bien dicho documento consigna la obligación del peticionario de garantías de entregar al ofendido en un término de quince días, contados a partir de esa fecha y debidamente reparado, el vehículo de su propiedad que resultara dañado a consecuencia de un percance de tránsito acaecido el dieciséis de marzo de este año y, en caso de no hacerlo, como así sucedió, tendría que pagarle la cantidad de cien pesos diarios hasta el día en que ocurriera tal evento (entrega), también lo es que tal concertación no es apta para tener por extinguida la acción penal en beneficio de Ramón Ramos Martínez, toda vez que el perdón de parte ofendida requiere para su operancia que se otorgue de manera expresa, lisa y llana, y nunca inferirse a base de presunciones, como sucede en la especie, donde si bien el convenio puede ser un acto jurídico de naturaleza civil, cuyo cumplimiento es factible que se ventile ante los juzgados de la misma naturaleza, ello no implica que se hubiera otorgado el perdón al indiciado, pues tal interpretación riñe con los principios de la lógica y del derecho, y permite que presuntos delincuentes obtengan su libertad en agravio de la sociedad en general y del ofendido en particular, quienes tienen interés en que se sancione a quienes presuntivamente han delinquido, máxime si se considera que la reparación del daño es una pena pública que, en su caso, corresponde aplicar al Juez del proceso; de tal manera que la voluntad de las partes, a través de un convenio privado, no puede sustituir la potestad de los órganos jurisdiccionales. Por todo ello, no se comparte la opinión, respetable, del Segundo Tribunal Colegiado de este circuito, en que se apoyó el Juez del amparo, y debe hacerse la correspondiente denuncia de contradicción de tesis."

TERCERO.- Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado del mismo circuito, al resolver el amparo en revisión penal número 382/95-IV, promovido por Javier Carrera Ruesga, en ejecutoria de veinticuatro de enero de mil novecientos noventa y seis sostuvo, en lo conducente, lo siguiente:

"PRIMERO.- Este Segundo Tribunal Colegiado es competente para conocer del presente recurso de revisión, por razón de turno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción VIII, parte final, de la Constitución General de la República; 83, fracción IV y 85, fracción II, de la Ley de Amparo; y 37, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, en relación con el Acuerdo VII/90 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de veintiuno de junio de mil novecientos noventa, toda vez que se impugna una sentencia dictada en la audiencia constitucional por un Juez de Distrito, residente en este circuito; recurso que sólo comprende cuestiones de legalidad.

"SEGUNDO.- El recurso de revisión fue interpuesto en tiempo, de acuerdo a lo que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, en virtud de que la resolución impugnada se notificó al quejoso el veinticuatro de agosto de mil novecientos noventa y cinco, y el escrito de expresión de agravios se presentó el cinco de septiembre del mismo año.

"TERCERO.- El Juez Federal, al dictar sentencia, razonó de la siguiente manera: '... TERCERO.- Son infundados los conceptos de violación expresados por el quejoso en la demanda de garantías que presentara ante este tribunal el día veintinueve de mayo del año en curso.- Efectivamente, el amparista reclama del Juez Primero Penal de esta ciudad la orden de aprehensión del día veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y cinco, dictada en la causa penal número 189/95, por el delito de fraude específico, que establece la fracción III del artículo 418 del Código Penal para el Estado de Tamaulipas, cometido en agravio de Hugo Muñoz de Alba.- Las pruebas que obran en el sumario de donde emana el acto reclamado son las siguientes: 1. Querella presentada por el licenciado Jaime L. Rábago Vite, en su calidad de apoderado del ofendido Hugo Muñoz de Alba, de cuyo contenido se desprende que se narran, entre otros, los siguientes hechos: «... Con fecha de los primeros días del mes pasado de diciembre, mi representado estableció una compraventa de ganado con el señor Javier Carrera, sin poder precisar el segundo apellido, únicamente con la inicial R, para lo cual solicitó a su comprador que al momento de recibir el producto le extendiera un cheque para su pago, ya que sería una cantidad considerable, por razón de 46 toretes de raza suizo cebú. Dicho ganado se trasladó para su peso al Municipio de Ébano, San Luis Potosí, y estos mismos fueron llevados a su vez para su venta al rastro de Ecatepec, Estado de México, según el dicho por el ahora indiciado; así, posteriormente me fue entregado por un trabajador Apolinar Pérez el documento cheque (sic), el cual fue llenado hasta por la cantidad de N$100,715.00 (cien mil setecientos quince nuevos pesos 00/100 M.N.), que fue el resultado del peso de la totalidad del ganado vendido, así como un 3% de descuento establecido a N$5,000.00 kilo. Ya estando totalizada la operación de venta, se procedió a hacer el depósito correspondiente, resultando el documento cheque sin fondos (sic), habiendo sido depositado el día trece de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, que fue al día siguiente de que éste había sido girado, siendo el cheque número 4353238, de la cuenta 295-202857-4, por lo que se acudió en varias ocasiones a través de la vía telefónica, solicitando la presencia del señor Carrera, mas sin embargo fue negativa, e inclusive sospechosa, ya que cuando se hacía la operación siempre contestaba las llamadas, y después de lo anterior manifestaban que no se encontraba en la ciudad, para lo cual se solicita acudiendo a esta representación social, para el debido esclarecimiento de los hechos aquí expuestos ...».- 2. Copia autorizada del cheque número 4353238, de la cuenta número 295-202857-4, a cargo de la institución bancaria Bancomer, Sociedad Anónima, de fecha doce de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, por la cantidad de cien mil setecientos quince nuevos pesos, en cuyo reverso obra un aviso de devolución de fecha catorce de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro.- 3. Declaración de Apolinar Pérez Rivera de fecha nueve de enero de mil novecientos noventa y cinco, rendida ante el representante de la sociedad, en donde dijo, entre otras cosas, lo siguiente: «... El suscrito fui mandado por el ingeniero Hugo Muñoz de Alba para que me encargara de pesar cuarenta y seis cabezas de novillos o toretes, en Ébano, San Luis Potosí; ya estando ahí, después de la pesada que fue en el mes de diciembre del año próximo pasado, dichas reses provenían del rancho Cuarenta, Municipio de Ébano, San Luis Potosí, dichas cabezas de ganado eran del ingeniero Muñoz Ávila (sic), que a su vez, él las había comprado y se las vendió a Javier Carrera Ruesga quien, según dijo, las iba a mandar al sacrificio al rastro de México, Distrito Federal, porque una vez terminado el pesaje el señor Javier Carrera Ruesga le hizo entrega de un cheque por la cantidad de cien mil setecientos quince nuevos pesos, que fue el precio de la operación, por lo que hice entrega del referido cheque al señor Hugo Muñoz de Alba y el mismo fue llenado por puño y letra de Adalberto sin saber el apellido, esto por cuanto hace a la cantidad con número y letra, quien ya llevaba el cheque firmado por Javier Carrera y a nombre de Hugo Muñoz, y también traía llenada la fecha y el cheque era de Bancomer de esta ciudad, ya que las oficinas de Javier están en la colonia Guadalupe, y el trato lo hicieron en esta ciudad, incluso Adalberto me dio una tarjeta de presentación de Javier Carrera, posteriormente me enteré que el cheque no fue pagado, incluso el señor Muñoz de Alba me mandó cobrar en varias ocasiones el cheque encontrándome a Adalberto en las oficinas de Javier quien me dijo que pasara a la oficina después para que me liquidaran el cheque que en cuanto ellos cobraran un dinero, el señor Hugo Muñoz ha estado tratando de localizar a Javier, lo cual no ha sido posible hasta la fecha ...».- 4. Declaración de Lorena Muñoz de Alba Villalobos de fecha dieciocho de enero de mil novecientos noventa y cinco ante el representante de la sociedad en donde dijo, entre otras cosas, lo siguiente: «... En el mes de diciembre, el día tres, del año de mil novecientos noventa y cuatro, le traspasé un ganado a mi papá el ingeniero Hugo Muñoz de Alba, el ganado era propiedad de la suscrita y de mi esposo Pedro Sors García, para que él hiciera el trato de venta de dicho ganado al señor Javier Carrera Ruesga, se le vendió el ganado a dicho señor, es decir, mi padre se lo vendió a Javier Carrera, el cual pagó, se dice, le pagó a mi padre con un cheque de Bancomer de esta ciudad, ya que fue la cantidad de cuarenta y seis toretes o cabezas de ganado, entre ellos había novillos y toretes, yendo a parar a la ciudad de Ecatepec (sic), Estado de México, el precio de la operación fue de cien mil setecientos quince nuevos pesos, en esto incluye ya el descuento que sé que mi padre le hizo al señor Javier Carrera, el cual tiene una compañía que se llama Foganh, sociedad anónima de capital variable y a la fecha resultó que dicho señor Carrera no ha contestado las llamadas que se le han hecho, únicamente dicen que está fuera de la ciudad, ya que tengo conocimiento que el cheque no tuvo fondos, razón por la cual se le ha estado tratando de localizar, en este acto exhibo recibos de pago de guía que se relaciona con la operación que hizo mi padre con Javier Carrera, misma que solicito se cotejen con las copias que anexo ...».- 5. Copias fotostáticas autorizadas de los recibos 13383 y 9532 de fecha tres de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, y de la nota número 15731573 de la misma fecha.- 6. Declaración del amparista Javier Carrera Ruesga de fecha diecisiete de febrero de mil novecientos noventa y cinco, rendida ante el fiscal segundo investigador de esta ciudad, en donde sostuvo, entre otras cosas, lo siguiente: «... Efectivamente realicé la operación a la que se hace mención en la denuncia, sin embargo, no manifiestan los señores que han sido otorgados abonos en diferentes fechas y que hemos estado en contacto en diferentes ocasiones, tan es así que presento copia de un convenio de pago de la deuda que al día de la firma del mismo convenio ascendía a cincuenta y tres mil setecientos veintidós nuevos pesos, ya que se habían abonado con fechas anteriores cincuenta y cuatro mil nuevos pesos, para lo cual dejo copias simples ya que el original se encuentra en poder de la señora Lorena Muñoz de Alba, misma con la que he estado en contacto, asimismo el día dieciséis de febrero por instrucciones de la misma señora se le depositaron quince mil nuevos pesos a la cuenta 025078564 de Banorte con el fin de liquidar el adeudo a la mayor brevedad posible, exhibo la copia del depósito sellada por la caja registradora y que en ningún momento me niego a pagar ...». Concatenadas las anteriores pruebas, de las mismas se infiere que el amparista obtuvo un beneficio indebido consistente en diversa cantidad de cabezas de ganado vacuno, expidiendo un documento de los denominados cheques cuya copia autorizada obra en autos, a sabiendas de que no iba a ser pagado por no tener fondos suficientes la cuenta respectiva, actualizándose con esto los elementos del tipo penal de fraude que establece el artículo 418, fracción III, del Código Penal para el Estado de Tamaulipas. De igual forma, las enunciadas pruebas nos permiten estimar válidamente que quien presuntivamente desplegó la conducta antes descrita lo fue el quejoso Javier Carrera Ruesga, en los términos de la fracción I del artículo 39 del código represivo del Estado de Tamaulipas. En esta virtud, el mandamiento de captura reclamado al Juez Primero Penal de esta ciudad se encuentra ajustado a derecho porque satisface los requisitos de forma y fondo que establece el artículo 16 constitucional para librar una orden de aprehensión como la impugnada. Por tanto, resultan infundados los conceptos de violación expresados por el amparista en su demanda de garantías que presentara ante este juzgado el día veintinueve de mayo de mil novecientos noventa y cinco, pues, por principio de cuentas, en cuanto alega el amparista que los hechos que motivaron la causa penal de donde emana la orden de aprehensión reclamada constituyen una deuda de carácter civil, ya que la venta del ganado fue a crédito, entregando en garantía el cheque cuestionado a cargo de Bancomer, Sociedad Anónima, esto es inatendible, ya que no acreditó en los autos de donde emana el acto reclamado el presente juicio (sic), la circunstancia de que la venta del ganado fuera a crédito y el hecho de que se formalizara un reconocimiento de adeudo con fecha veintisiete de enero del año en curso, no es de tomarse en cuenta para tal efecto, porque es posterior a los hechos que motivaron la causa penal de donde emana el acto reclamado. En cuanto a que el querellante no se encuentra legitimado por el ofendido para la presentación de querellas, en razón de que el ganado motivo de la compraventa, según refiere el amparista, lo era de Lorena Muñoz de Alba, esto resulta infundado en cuanto a que la propia Lorena Muñoz de Alba refiere haber traspasado dicho ganado al ofendido Hugo Muñoz de Alba, quien fue quien realizó la compraventa del ganado y a favor de quien se expidió el cheque cuestionado. Por último, en cuanto a que el tipo penal por el que se libró la orden de aprehensión reclamada se configura solamente cuando se otorga o endosa un documento nominativo a la orden o al portador, situación que según el quejoso no se da porque en el presente caso se expidió o libró un cheque de la institución bancaria Bancomer, Sociedad Anónima, esto es infundado, ya que en la expresión «otorgándole» que establece la fracción III del artículo 418 del Código Penal para el Estado de Tamaulipas, se contempla la circunstancia de la expedición y entrega de un documento de los denominados cheques, como lo fue en el presente caso. En ese orden de ideas, los conceptos de violación expresados son infundados, y la orden de aprehensión reclamada no le irroga al amparista violación alguna de sus garantías individuales y lo procedente es negarle a Javier Carrera Ruesga el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos reclamados que se precisan en el resultando primero del presente fallo.'.

"CUARTO.- El recurrente expresa como agravios lo siguiente: 'Considero que en el presente asunto no se acredita el cuerpo del delito de fraude ni la probable responsabilidad del suscrito en su ejecución. En efecto, solicito que los argumentos planteados en los conceptos de violación de mi demanda se reproduzcan como si se insertasen a la letra, advirtiéndose que se está en presencia de una venta de ganado a crédito con garantía de un cheque para realizar el pago en fecha posterior, lo que se viene a confirmar con el reconocimiento de adeudo firmado por las partes y en donde se hacen constar los pagos iniciales aportados por el suscrito. Ahora bien, reitero que el querellante no se encuentra legitimado como ofendido, pues el propietario de los animales objeto de la venta lo es una persona distinta, y aunque si bien aduce haberle traspasado dichos semovientes, tal circunstancia no se acredita.'.

"QUINTO.- El agravio que se formula resulta fundado en lo esencial y en su deficiencia será suplido, en términos de lo dispuesto en el artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo.- En efecto, es cierto lo alegado por el quejoso en el sentido de que los hechos que originaron la querella que por el delito de fraude fue formulada en su contra y en los que se basa la orden de aprehensión reclamada, constituyen ahora una deuda de carácter puramente civil por la que no puede ser privado de la libertad, circunstancia desestimada por la responsable y por el a quo, que se desprende del convenio de reconocimiento de adeudo que obra a foja 48 del sumario y en el cual las partes, reconociendo haber celebrado previamente un contrato de compraventa y haberse cubierto su pago con un cheque que careció de fondos, así como posteriormente haberse realizado abonos respecto del mismo, convienen en la forma en que habrá de finiquitarse el adeudo, los intereses a cubrir, señalándose incluso diversos bienes en garantía de su cumplimiento.-De lo anterior se sigue que lo que en principio pudo ser considerado como delictuoso se transformó, por la intención de las partes plasmada en el aludido convenio, en un asunto puramente civil cuyo incumplimiento, en su caso, deberá reclamarse en la vía correspondiente, pues aun cuando en términos de lo dispuesto en el artículo 438 del Código Penal del Estado de Tamaulipas, entre otros, el delito de fraude se perseguirá a instancia de parte ofendida, este tribunal opina que si existe una querella con motivo de determinados hechos que afectan el patrimonio del ofendido, y éste celebra posteriormente con el inculpado un convenio de naturaleza civil a su favor sobre los mismos, desaparece su intención de que la autoridad competente penalice la conducta inicialmente atribuida como delictuosa, que en dichas condiciones deberá reclamarse en la vía que corresponde."

La ejecutoria antes transcrita dio origen a la siguiente tesis:

"CONVENIOS POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE UNA QUERELLA. SU REPERCUSIÓN EN EL PROCESO.- Si existe una querella con motivo de determinados hechos que afectan sólo el patrimonio del ofendido y éste celebra posteriormente con el inculpado un convenio de naturaleza civil favorable a sus intereses sobre la forma en que habrá de finiquitarse el asunto; debe estimarse que desaparece la intención de que la autoridad competente penalice la conducta inicialmente atribuida como delictuosa, pues lo que en principio pudo ser considerado así, se transformó, por la intención de las partes plasmada en el convenio, en un asunto puramente civil cuyo incumplimiento, en su caso, deberá reclamarse en la vía que corresponde.". Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, abril de 1996, página trescientos setenta y uno.

CUARTO.- Dado que se trata de un aspecto de estudio preferente, procede examinar si existe o no contradicción entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados referidos.

Para tal efecto, han de precisarse los razonamientos expuestos por el Primer y Segundo Tribunales Colegiados del Décimo Noveno Circuito, en las ejecutorias transcritas.

El inicialmente mencionado, básicamente sostuvo que:

a) El convenio celebrado entre el peticionario de garantías y el ofendido, que consigna la obligación de aquél de entregar a este último, en un término de quince días, el vehículo debidamente reparado que resultó dañado en un percance de tránsito acaecido el dieciséis de marzo de mil novecientos noventa y seis, no es una concertación que deba tener por extinguida la acción penal.

b) El perdón de la parte ofendida requiere para su operancia que se otorgue de manera expresa, lisa y llana, por lo que nunca debe inferirse a base de presunciones, ya que si bien el convenio es un acto jurídico de naturaleza civil, lo cierto es que eso no implica que se hubiera otorgado el perdón al indiciado.

c) La reparación del daño es una pena pública que, en su caso, corresponde aplicar al Juez del proceso, de tal manera que la voluntad de las partes a través de un convenio privado no puede sustituir la potestad de los órganos jurisdiccionales.

Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado estableció el criterio inserto en la tesis transcrita, razonando, principalmente, que:

a) Los hechos que originaron la querella por el delito de fraude se transformaron, por la intención de las partes plasmada en el convenio de reconocimiento de adeudo, en un asunto puramente civil, por el que no se puede privar al quejoso de su libertad personal.

b) Si existe una querella con motivo de determinados hechos que afectan el patrimonio del ofendido, y éste celebra posteriormente con el inculpado un convenio de naturaleza civil a su favor, desaparece su intención de que la autoridad competente penalice la conducta inicialmente atribuida como delictuosa.

De lo anterior deriva que el punto de derecho en contradicción consiste en determinar si al existir querella de parte por la comisión de un delito, las partes (ofendido e indiciado) celebran convenio en favor del primero para resarcirle del daño patrimonial sufrido, tal acto per se constituye o no perdón respecto del delito por el que la víctima formuló querella inicialmente.

En torno a dicho problema, los órganos colegiados de referencia llegaron a conclusiones contrarias, pues mientras el Primer Tribunal sostiene que el perdón del ofendido debe ser expreso, liso y llano, y no inferirse presuntivamente por la sola existencia de un convenio celebrado entre el indiciado y la víctima, en el que se establece la forma en que el primero reparará el daño causado al patrimonio del segundo, por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado razonó que dicho convenio transforma lo que en principio pudo ser considerado como delictuoso, por un asunto puramente civil, cuyo incumplimiento, en su caso, deberá reclamarse en la vía correspondiente y, de esa forma, la intención del ofendido de que la autoridad competente penalice la conducta atribuida inicialmente

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4617-a5856071/perdon-del-ofendido-en-los-delitos-que-se · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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