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Modo: Corpus Pro

PRUEBA PERICIAL MÉDICA EN MATERIA LABORAL. LA CONDICIÓN DE QUE EL TRABAJADOR SE TRASLADE A UN LUGAR DIVERSO AL EN QUE RESIDE PARA SU DESAHOGO, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL DE IMPOSIBLE REPARACIÓN QUE HACE PROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO Y, POR LO MISMO, NO PUEDE CONSIDERARSE ANÁLOGA A LAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 159 DE LA LEY DE AMPARO, LO QUE IMPOSIBILITA IMPUGNARLA EN LA VÍA DIRECTA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 8/97. · Registro digital (IUS): 5168
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Septiembre de 1998, , Pág. 376.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 8/97. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

TERCERO. Es conveniente a continuación, determinar si existe la contradicción denunciada entre los criterios señalados.

Con ese objeto es necesario realizar las siguientes precisiones:

El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, al resolver el toca de improcedencia laboral 290/96-1, promovido por Nicolás Mireles Rodríguez, sostuvo, en la parte que a esta contradicción interesa, lo siguiente:

"PRIMERO. Este Tribunal Colegiado es competente para conocer del presente recurso de revisión, conforme a los artículos 107, fracción VIII, parte final, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 85 fracción I, de la Ley de Amparo, 37 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y los acuerdos 1/88 y 1/1993 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho y trece de enero de mil novecientos noventa y tres, respectivamente. SEGUNDO. El recurso que se examina es procedente, atento a lo dispuesto por los artículos 82 y 83 fracción I, de la Ley de Amparo, y fue interpuesto dentro del término de diez días que señala el numeral 86 del citado ordenamiento, habida cuenta de que el acuerdo impugnado se notificó al recurrente por lista el siete de junio de mil novecientos noventa y seis y el escrito de agravios fue presentado el veintiuno del mismo mes y año. TERCERO. El acuerdo recurrido es el siguiente: ‘Ciudad Victoria, Tamaulipas, a cuatro de junio de mil novecientos noventa y seis. Vista la demanda de amparo promovida por Nicolás Mireles Rodríguez, contra actos de la Junta Especial Número 37 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, que en esencia hizo consistir en: «Lo constituye la resolución de fecha 7 de mayo de 1996, dictada dentro del expediente laboral No. 308/95, relativo a la reclamación laboral promovida por Nicolás Mireles Rodríguez, contra el IMSS, reclamándose las consecuencias y efectos del mencionado acto.»; y advirtiéndose que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del artículo 114 y 159, fracción XI, del citado ordenamiento legal. En efecto, teniendo en consideración que en la especie se trata de un acuerdo mediante el cual la responsable acordó una diligencia de prueba en el sentido de fijar hora, fecha y lugar para que tenga desahogo una prueba pericial, y que ésta debe abordarse al combatir la sentencia definitiva de amparo directo, ya que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación únicamente cuando afectan los derechos fundamentales del gobernado que tutela la Constitución mexicana, a través de las garantías individuales, lo que no sucede tratándose del proveído en estudio, ya que éste sólo produce efectos intraprocesales; quedando comprendida esta hipótesis dentro del artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo, al tratarse de violaciones al procedimiento, que trascienden al resultado del fallo, pues de conformidad con el artículo 107, fracción III, inciso a) de la Constitución General de la República Mexicana, el juicio de amparo directo o uniinstancial procede en tratándose de violaciones cometidas durante el procedimiento sólo cuando se afectan las defensas del quejoso y esta afectación incide en el resultado del fallo, lo que implica que la procedencia del amparo directo no sólo se da en aquellos casos en que exista privación de defensa, sino también en los que sólo afecten a éstas y no únicamente por violaciones a las partes sustanciales del procedimiento, sino también por violaciones al procedimiento, como es el auto de referencia, por lo que, de acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b) de la Constitución mexicana y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo que regula la procedencia del juicio de amparo indirecto biinstancial, dicho juicio es improcedente en contra de la resolución que decida sobre el tema en estudio, porque la misma no constituye un acto de ejecución irreparable. Cabe citar en apoyo a la consideración precedente, el criterio sustentado por la Tercera Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 3/89, consultable en las páginas 70 y 71 del Informe de Labores correspondiente al año de 1989, Volumen I, Segunda Parte, que dice: «AMPARO POR VIOLACIONES PROCESALES. CUÁNDO Y CÓMO PROCEDE. La Constitución y la Ley de Amparo no establecen que el amparo proceda contra todas las violaciones que se puedan dar en el procedimiento judicial; por el contrario, la Constitución en el artículo 107, fracción III, inciso a), señala que para que proceda el amparo por violaciones en el procedimiento, éstas deben afectar <las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo>. La Ley de Amparo, con las mismas palabras repite esta orden constitucional en su artículo 158, para determinar la procedencia del amparo directo. La propia Constitución señala a la anterior regla general, las excepciones contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan y contra actos que afecten a personas extrañas a juicio. Así, para las violaciones en el procedimiento hay una regla general establecida en el artículo 107, fracción III inciso a), de la Constitución y 158 de la Ley de Amparo y en estos casos procede el amparo directo; y una serie de excepciones que señala la propia Constitución en el artículo 107, fracción III, inciso b) y c) y que precisa el artículo 114, fracciones III, IV y V de la Ley de Amparo, procediendo en estos casos el amparo indirecto.»; en consecuencia, se desecha de plano la demanda de referencia por su manifiesta e indudable improcedencia, esto con apoyo en lo dispuesto por el artículo 145 del invocado ordenamiento legal. Fórmese cuaderno auxiliar.’. CUARTO. El recurrente hace valer como agravios los siguientes: ‘1. La resolución mediante la cual se desecha de plano la demanda de garantías y amparo, es violatoria del artículo 77 fracción I y II de la Ley de Amparo, por no fijar en forma clara y precisa el acto reclamado, así como por no apreciar en forma correcta las pruebas para tener por acreditado el mismo; así mismo por no apreciar en forma correcta las pruebas para tener por acreditado el mismo; así mismo porque resultan inaplicables los artículos 73 fracción XVIII, 114 fracción IV y 159 fracción XI de la Ley de Amparo, porque el a quo hace una incorrecta interpretación de los mismos, en virtud de que en principio no se actualiza la hipótesis legal de la fracción XVIII del primero de los artículos en cita, ni del último, toda vez que la violación a las leyes del procedimiento no podría ser válidamente reparada al pronunciarse el laudo, porque el acto reclamado que llegare a ejecutarse dejaría sin materia la violación que el a quo pretende que sea subsanada mediante el amparo directo o uniinstancial; por el contrario se viola el artículo 114 fracción IV por parte del Juez de Distrito, toda vez que el acto reclamado que se hizo consistir en el acuerdo o resolución de fecha 7 de mayo de 1996, mediante la cual la responsable fija término para el desahogo de la pericial, así como para que el suscrito se presente en la Ciudad de México para que sea auscultado y el citado perito emita el dictamen correspondiente es un acto de imposible reparación en el amparo directo. Al efecto, contrariamente a lo que sostiene la C. Juez de Distrito, el acuerdo que se recurre en amparo indirecto, afecta mis derechos fundamentales establecidos en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 17, en virtud de que no se funda y motiva en dispositivos legales constitucionales en cita, en atención a la obligación de los tribunales para administrar justicia y la expeditez para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, al efecto, como se advierte en el acto reclamado, no obstante que en forma clara la Ley Federal del Trabajo, establece término de tres días para la realización o práctica de algún acto procesal o el ejercicio de un derecho, la autoridad laboral señaló hasta el mes de enero de 1997, el desahogo de la prueba pericial y además que ésta debería desahogarse en la Ciudad de México, es decir fuera de la jurisdicción competencial de la Junta, constituyendo lo anterior una violación no reparable en el amparo directo, pues la violación del acto reclamado se hizo consistir en que la responsable está fijando un término completamente al margen de la ley laboral, así como el desahogo de dicha prueba, en lugar distinto al en que se lleva el juicio laboral respectivo; en los anteriores términos de manera sustancial debió la Juez de Distrito integrar o fijar el acto reclamado, y haber tomado en consideración el acuerdo que como prueba le fue aportado, consistente en la resolución de fecha 7 de mayo de 1996, sin embargo no fue así y consecuentemente los fundamentos legales para sobreseer el juicio resultan inaplicables por las razones antes apuntadas, por la cual pido se resuelva que es procedente este recurso de revisión.’. QUINTO. Son infundados los anteriores agravios sin que se esté en el caso de suplirlos en alguna deficiencia en términos del artículo 76 bis fracción IV de la Ley de Amparo por no existir motivo manifiesto para ello. En efecto, el acto que se reclama y que fue considerado acertadamente por la Juez Federal como de aquellos que no son de imposible reparación desechando la demanda de garantías por notoriamente improcedente; se hizo consistir en el proveído mediante el cual el tribunal del trabajo señalado como responsable, designó perito tercero en discordia en la Ciudad de México, Distrito Federal, así como fecha y hora para que el actor aquí recurrente compareciera ante él para el examen correspondiente. Efectivamente, como ya se dijo y ahora se reitera y contra lo que alega el inconforme, dicho acto no es de aquellos contemplados en la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, ya que el mismo no es de ejecución irreparable ni afecta los derechos sustantivos del recurrente pues por el contrario, como bien juzgó la a quo, sus efectos sólo son intraprocesales es decir, lesivos de derechos adjetivos susceptibles de ser reparados al promoverse el amparo directo contra el laudo que en su oportunidad se dicte; actualizándose así la hipótesis prevista en la fracción III del artículo 159 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales y en ese tenor, las violaciones de que se duele el recurrente, como ya se dijo, debe hacerlas valer en el amparo directo al impugnar el laudo en caso de que le sea adverso, en términos del artículo 161 de la Ley de Amparo; siendo correcta y perfectamente aplicable al caso la jurisprudencia invocada por la Juez de Distrito quien, contra lo que opina el quejoso, sí precisó y apreció debidamente el acto reclamado. Lo demás que alega el promovente se vincula con el fondo del amparo que no se examinó en virtud del desechamiento de la demanda por notoria improcedencia. En consecuencia, ante lo infundado de los agravios acabados de estudiar, lo que procede es confirmar el proveído que se revisa. Por lo expuesto y con apoyo, además, en el artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve: PRIMERO. Se confirma el auto impugnado. SEGUNDO. Se desecha la demanda de garantías interpuesta por Nicolás Mireles Rodríguez contra los actos y autoridades que se encuentran precisados en el resultando primero de este propio fallo. Notifíquese ..."

Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, al resolver el toca de improcedencia 284/96-VIII laboral, promovido por Gertrudis López Monroy, sostuvo el siguiente criterio:

"PRIMERO. Este Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, es competente para conocer del presente recurso por razón de turno, de conformidad con los artículos 107, fracción VIII, parte final, de la Constitución General de la República; 85, fracción I, de la Ley de Amparo, y 37, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo VII/90 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de veintiuno de junio de mil novecientos noventa. SEGUNDO. El recurso de revisión fue interpuesto en tiempo, en los términos del artículo 86 de la Ley de Amparo. TERCERO. Los agravios expuestos por la parte recurrente son los siguientes: ‘1. La resolución mediante la cual se desecha de plano la demanda de garantías y amparo, es violatoria del artículo 77 fracciones I y II de la Ley de Amparo, por no fijar en forma clara y precisa el acto reclamado, así como por no apreciar en forma correcta las pruebas para tener por acreditado el mismo; asimismo porque resultan inaplicables los artículos 73 fracción XVIII, 114 fracción IV y 159 fracción XI de la Ley de Amparo, porque el a quo hace una incorrecta interpretación de los mismos, en virtud de que en principio no se actualiza la hipótesis legal de la fracción XVIII del primero de los artículos en cita, ni del último, toda vez que la violación a las leyes del procedimiento no podrían ser válidamente reparadas al pronunciarse el laudo, porque el acto reclamado de llegar a ejecutarse dejaría sin materia la violación que el a quo pretende que sea subsanada mediante el amparo directo o uniinstancial; por el contrario se viola el artículo 114 fracción IV por parte del Juez de Distrito, toda vez que el acto reclamado que se hizo consistir en el acuerdo de fecha siete de mayo de mil novecientos noventa y seis, mediante el cual la responsable fija término para el desahogo de la pericial, así como para que la suscrita se presente a la Ciudad de México para que sea auscultada y el citado perito emita el dictamen correspondiente, es un acto que tiene sobre mi persona una ejecución de imposible reparación en el amparo directo. Al efecto, contrariamente a lo que sostiene la C. Juez de Distrito, el acuerdo que se recurre en amparo indirecto, afecta mis derechos fundamentales establecidos en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 17, en virtud de que no se funda y motiva en dispositivo legal el acto reclamado, independientemente de ello se viola también el segundo de los dispositivos legales constitucionales en cita en atención a la obligación de los tribunales para administrar justicia y la expeditez para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, al efecto, como se advierte del acto reclamado, no obstante que en forma clara la Ley Federal del Trabajo establece el término de tres días para la realización o práctica de algún acto procesal o el ejercicio de un derecho, la autoridad laboral señaló hasta el mes de enero de mil novecientos noventa y siete el desahogo de la prueba pericial y además que ésta debería desahogarse en la Ciudad de México, es decir fuera de la jurisdicción competencial de la Junta, constituyendo lo anterior una violación no reparable en el amparo directo, pues la violación del acto reclamado se hizo consistir en que la responsable está fijando un término completamente al margen de la ley laboral, así como el desahogo de dicha prueba, en lugar distinto al en que se lleva el juicio laboral respectivo; en los anteriores términos de manera sustancial debió la Juez de Distrito integrar o fijar el acto reclamado, y haber tomado en consideración el acuerdo que como prueba le fue aportado, consistente en la resolución de fecha siete de mayo de mil novecientos noventa y seis, sin embargo no fue así y consecuentemente los fundamentos legales para sobreseer el juicio resultan inaplicables, por las razones antes apuntadas, razón por la cual pido se resuelva que es procedente este recurso de revisión.’. CUARTO. El agravio que se formula resulta fundado en lo esencial. En efecto, como se aduce, el Juez de Distrito incurrió en un incorrecto examen de la demanda de garantías al considerar que la resolución reclamada de siete de mayo de mil novecientos noventa y seis, dictada en el expediente laboral 5/94 promovido por la quejosa en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social sobre el otorgamiento de una pensión de invalidez, constituye una violación procesal reclamable en amparo directo hasta una vez que se dicte la sentencia definitiva en cuanto al fondo del asunto, determinando por ende el desechamiento de plano de la citada demanda. Lo anterior es así, atento que la peticionaria de garantías al formular la demanda de amparo, manifestó entre otras cosas, ‘como se advierte del texto de la resolución de fecha siete de mayo de mil novecientos noventa y seis, la Junta nombra como un perito tercero a la doctora Jesús Silva Rodríguez (sic) y se comisiona al actuario para que le notifique al actor que deberá presentarse en la coordinación de peritajes ubicada en doctor Barragán número 63, colonia Doctores, en México, Distrito Federal, señalándose las ocho horas del día veintiuno de enero de mil novecientos noventa y siete, para que se presente a la práctica de los estudios médicos respectivos’; situaciones que la agraviada considera violatorias de las garantías de justicia rápida y expedita establecida en el artículo 17 constitucional y de legalidad tutelada por el artículo 16 de la propia Constitución, argumentando que el plazo de aproximadamente ocho meses señalado para su desahogo es excesivo e ilegal y que no existe dispositivo que faculte a la Junta a ordenar el desahogo de la prueba en la forma en que lo hizo y fuera de su residencia. Ahora bien, debe convenirse con la Juez de Distrito en que la resolución reclamada por virtud de la cual se designa perito tercero en discordia con residencia en la Ciudad de México, Distrito Federal y se señala lugar, fecha y hora para el desahogo de tal probanza, es un acto de naturaleza intraprocesal; sin embargo, cabe advertir que el caso reviste características especiales en virtud de que en la citada resolución se señala como perito tercero a una persona que se encuentra en la Ciudad de México, Distrito Federal y dicha circunstancia implica para el quejoso la obligación de acudir a esa ciudad para el examen médico de su persona, con la consiguiente erogación patrimonial que ello representa y que trasciende a los derechos sustantivos del demandante de manera tal, que si procediera a su traslado para el desahogo de la prueba correspondiente ya no podría recuperar lo que en ello hubiere invertido; y, por otra parte, también existe el riesgo de que, de continuar el procedimiento en estos casos se atente en forma directa contra la garantía consagrada en el artículo 17 constitucional, atento que el desahogo de la prueba de mérito, se encuentre señalada para el veintiuno de enero de mil novecientos noventa y siete; de ahí que la mera posibilidad de afectación directa de esta garantía por un acto procesal, hace procedente el juicio de amparo indirecto, como lo ha sostenido este tribunal en la tesis TC192018.9 KO 1, aplicada por analogía al caso concreto, cuyo rubro y texto dicen: ‘LA NEGATIVA INJUSTIFICADA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE PARA DICTAR RESOLUCIÓN DENTRO DEL TÉRMINO LEGAL, ES RECLAMABLE EN AMPARO INDIRECTO. La negativa injustificada de la autoridad responsable para resolver dentro del término legal un incidente de falta de personalidad es reclamable en amparo indirecto pues no se trata de un acto intraprocesal, en virtud de que tal omisión podría vulnerar de manera directa la garantía de seguridad jurídica consagrada en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.’. En las relacionadas condiciones, procede revocar la resolución recurrida y ordenar la admisión de la demanda de garantías, de no existir algún otro motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Por lo expuesto y con apoyo en los artículos 76 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se revoca el auto recurrido. SEGUNDO. Se ordena admitir a trámite la demanda de garantías promovida por Gertrudis López Monroy, en contra del acto reclamado a la Junta Especial Número Treinta y Siete de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, que quedó precisado en el resultando primero de la presente ejecutoria. Notifíquese ..."

Realizadas las anteriores transcripciones y también con el propósito de dilucidar si existe o no oposición entre los criterios jurídicos sustentados por los tribunales mencionados, resulta conveniente determinar qué requisitos o presupuestos esenciales deben concurrir para que se actualice la figura de la contradicción de tesis.

Al respecto, resulta ilustrativo el criterio sustentado en la jurisprudencia 178, publicado en la página 120, Tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a los años de 1917 a 1995, que es del tenor literal siguiente:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."

En el caso que nos ocupa, se advierte que ante los dos Tribunales Colegiados de Circuito contendientes se plantearon cuestiones jurídicas esencialmente iguales, ya que en ambas, la parte quejosa interpuso juicio de amparo indirecto, señalando como acto reclamado el acuerdo de la Junta Especial Número 37 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tamaulipas, mediante el cual ésta acordó una diligencia respecto a una prueba pericial, en el sentido de fijar fecha para su desahogo, además, de designar como perito tercero en discordia a uno con residencia en la Ciudad de México y determinar que para su desahogo el quejoso se trasladara a esa ciudad.

En ambos casos, el Juez Primero de Distrito en el Estado mencionado, desechó de plano las demandas de amparo, bajo el argumento de que los acuerdos reclamados, constituían una violación procesal que no tenía una ejecución de imposible reparación y que, por lo mismo, debían ser impugnadas en el amparo directo que se promoviera contra el laudo que al respecto se pronunciara.

Inconformes con esta determinación, las quejosas en ambos juicios, interpusieron sendos recursos de revisión, de los cuales tocó conocer, en relación con el promovido por Nicolás Mireles Rodríguez, al Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, el que por resolución de quince de agosto de mil novecientos noventa y seis, determinó confirmar el acuerdo recurrido, aduciendo para ello que ese acto no era de ejecución irreparable ni afectaba los derechos sustantivos del recurrente, ya que sus efectos eran únicamente intraprocesales, los cuales podrían ser reparados al promoverse el amparo directo contra el laudo que en su oportunidad se dictara.

En cambio, el Segundo Tribunal Colegiado del mismo circuito, resolvió revocar el acuerdo de desechamiento y ordenar la admisión de la demanda, debido a que consideró que si bien era cierto que el acto reclamado tenía una naturaleza intraprocesal, también lo era que, el caso, revestía características especiales, toda vez que el hecho de que se señalara como perito tercero a una persona que se encontraba en la Ciudad de México, implicaba para el quejoso la obligación de acudir a esa ciudad para el examen médico de su persona, con la consiguiente erogación patrimonial que ello representaba y que trascendía a los derechos sustantivos del demandante, debido a que si procediera a su traslado para el desahogo de la prueba correspondiente, ya no podría recuperar lo que en eso hubiera invertido, además de que se correría el riesgo de que, al señalarse una fecha tan lejana para el desahogo de la prueba pericial, se atentara contra la garantía consagrada en el artículo 17 constitucional, lo que, a parecer de dicho órgano colegiado, hacía procedente el juicio de amparo indirecto promovido por Gertrudis López Monroy.

Lo hasta aquí expuesto, denota que los criterios que sustentaron los tribunales contendientes fueron opuestos, pues en tanto el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, sostuvo que el acuerdo por el cual se desechó la demanda de amparo en contra del acto reclamado, era correcto, por las razones que se expusieron anteriormente, el Segundo Tribunal Colegiado, estimó que la resolución recurrida era incorrecta y ordenó la admisión de la demanda de amparo que le dio origen al toca de revisión.

En consecuencia, como los negocios examinados, contienen situaciones jurídicas esencialmente iguales, que fueron resueltas de manera discrepante por los Tribunales Colegiados correspondientes, mediante una serie de razonamientos e interpretaciones que cada uno de ellos adoptó en las sentencias respectivas, provenientes del examen de los mismos elementos, es claro que en el caso sí se configura la contradicción de tesis denunciada.

Se estima pertinente aclarar que si bien ninguno de los órganos contendientes formuló materialmente una tesis que contuviera la síntesis de los razonamientos que expusieron en las resoluciones reproducidas en líneas anteriores, ello en nada impide que se actualice la presente contradicción, en virtud de que cuando los artículos 107, fracción XIII constitucional y 197-A de la Ley de Amparo, que regulan lo relativo a las contradicciones que nos ocupan, utilizan el término "tesis", debe entenderse que el legislador se refiere a la posición que asume el juzgador en la solución del negocio jurídico que se le ha planteado y que se manifiesta en una serie de consideraciones y proposiciones que se expresan con carácter de propias, además de que lo que las normas enunciadas tratan de regular es la contradicción o divergencia sobre una misma cuestión jurídica, como forma o sistema de integración de jurisprudencia, que lleve a la unificación de los criterios jurídicos sostenidos por los diversos órganos jurisdiccionales.

En este orden de ideas, en nada afecta el hecho de que los Tribunales Colegiados no hayan emitido una tesis que reprodujera el criterio jurídico que sostuvieron en un determinado asunto, pues como se tiene dicho, lo determinante para decidir si existe o no la contradicción denunciada, radica en que los Tribunales Colegiados hayan resuelto los negocios jurídicos, examinando cuestiones jurídicas esencialmente iguales, sustentando criterios jurídicos discrepantes, provenientes del examen de los mismos elementos, lo cual, como se tiene visto, sí ocurre en la especie.

CUARTO. Así las cosas, conviene ahora definir cuál de los criterios jurídicos expuestos, debe subsistir.

Para ello es conveniente tomar en cuenta, que el presente conflicto involucra necesariamente el problema relativo a la procedencia del juicio de amparo en materia laboral, ya sea en la vía directa o indirecta, cuando los actos reclamados provienen de tribunales del trabajo, esto es, del llamado amparo judicial, cuyo enfoque habrá de concretarse, específicamente, a lo concerniente al desahogo que la Junta laboral pretende dar a la prueba pericial ofrecida en un juicio en el que se reclaman diversas prestaciones laborales; así como a la posibilidad de que, al reclamarse la dilación excesiva dentro del trámite de un procedimiento de esta naturaleza, se transgreda la garantía fundamental contenida en el artículo 17 constitucional.

Aquí se habrá de definir, entonces, si la determinación de la Junta, en cuanto a la forma, términos y condiciones en que habrá de desahogarse la referida probanza y al excesivo lapso que se fijó para ese desahogo, constituyen violaciones de procedimiento que hacen procedente el juicio de amparo directo o si lo conducente en contra de tales determinaciones es ocurrir al juicio constitucional por la vía indirecta.

Tenemos así, que las reglas básicas que rigen la procedencia del amparo judicial, en materia laboral, se encuentran en el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones III, V, inciso c) y VI, cuyo texto consigna:

"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley; de acuerdo con las bases siguientes: ... III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a) Contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, respecto de las cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificadas o reformadas, ya sea que la violación se cometa en ellas o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo; siempre que en materia civil haya sido impugnada la violación en el curso del procedimiento mediante el recurso ordinario establecido por la ley e invocada como agravio en la segunda instancia, si se cometió en la primera. Estos requisitos no serán exigibles en el amparo contra sentencias dictadas en controversias sobre acciones del estado civil o que afecten al orden y a la estabilidad de la familia; b) Contra actos en juicio cuya ej

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5168-8c42c914/prueba-pericial-medica-en-materia-laboral-la-condicion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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