DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO POR NOTORIA IMPROCEDENCIA. AMPARO CONTRA LEYES. PODER JUDICIAL DEL ESTADO. EL DECRETO 297 DE LA QUINCUAGESIMOSEXTA LEGISLATURA DEL ESTADO DE GUANAJUATO,QUE LO FACULTA PARA EMITIR JURISPRUDENCIA, NO ES DE ÍNDOLE AUTOAPLICATIVO Y LA DEMANDA DE AMPARO EN INDIRECTO QUE CONTRA ÉL SE INTERPONGA DEBE DESECHARSE DE PLANO.
AMPARO EN REVISIÓN 285/97. BANCO MEXICANO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO INVERMÉXICO.
CONSIDERANDO:
CUARTO.-De los agravios insertos, unos son infundados y otros inoperantes.
De la demanda de garantías promovida por la persona moral aquí recurrente se desprende que reclamó ante el Juez de Distrito la inconstitucionalidad de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, publicada en el Decreto Legislativo 297, de la Quincuagesimosexta Legislatura Local, con base en: a) No haberse dado exacto cumplimiento al proceso de publicación de la ley señalada en el artículo 61 de la Constitución Política del Estado de Guanajuato; b) Considerar que dicho cuerpo legal contiene disposiciones inconstitucionales que facultan al Poder Judicial del Estado a emitir jurisprudencia (artículos 28, fracción XXIII, y 137 al 140) invadiéndose así la esfera de la autoridad federal; y c) Porque el refrendo otorgado era ilegal, por provenir del subsecretario de Gobierno y Servicios a la Comunidad de la Secretaría de Gobierno, quien no cuenta con facultades legales para emitir dicho acto, y no por el secretario de Gobierno como correspondía. Impugnando dicho decreto como ley autoaplicativa porque a su criterio creaba una situación concreta de derecho que vulneraba las garantías individuales desde la promulgación y entrada en vigor, y crear, modificar, trasmitir y extinguir situaciones concretas de derecho sin condición previa alguna.
El Juez de Distrito desechó de plano la demanda de garantías, promovida contra actos del gobernador del Estado de Guanajuato y otras autoridades que intervinieron en la sanción, promulgación, publicación, refrendo, inicio de vigencia, proceso legislativo y ejecución de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado contenida en el Decreto Legislativo 297, básicamente porque se estaba en presencia del supuesto de impugnación de una ley heteroaplicativa, ya que su vigencia por sí sola no ocasionaba perjuicio al promovente, pues para ello era necesario un acto de aplicación que en la especie no se había actualizado (haciéndose consistir en la existencia de alguna jurisprudencia definida y en su aplicación en un asunto judicial en el que el promovente fuera parte en su perjuicio), considerando actualizada de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia, prevista por la fracción VI del artículo 73 de la Ley de Amparo en relación con el párrafo segundo de la fracción XII del mismo ordenamiento.
En la primera disconformidad, la quejosa aduce que la determinación del Juez de Distrito es indebida porque, con la sola lectura de la demanda, no estaba en posibilidad de determinar la naturaleza de la ley impugnada como heteroaplicativa o autoaplicativa, pues para ello era necesario que conociera los informes justificados y el contenido de las pruebas que pudieran presentar las partes, concluyendo que la causa de improcedencia invocada por el resolutor no era manifiesta ni indudable, porque aquellos extremos quedaban sujetos a prueba; citando en apoyo a la postura, un criterio de la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que transcribe e identifica con el rubro: "AMPARO CONTRA LEYES, DEBE ADMITIRSE LA DEMANDA DE.".
Carece de razón el inconforme.
En efecto, tratándose del juicio de amparo contra leyes, se dan dos supuestos genéricos de procedencia de la acción: El relativo a leyes autoaplicativas y el que se refiere a las leyes heteroaplicativas.
Para considerar una ley autoaplicativa deben reunirse las siguientes condiciones: a) Que desde que las disposiciones de la ley entren en vigor, obliguen al particular, cuya situación jurídica prevé a hacer o dejar de hacer; y b) Que no sea necesario un acto posterior de autoridad para que se genere dicha obligatoriedad.
Como contrapartida, es heteroaplicativa una ley cuando es necesario un acto de aplicación, que se funde en preceptos de la ley de que se trata y que cause un perjuicio o agravio jurídico al quejoso.
La anterior distinción adquiere relevancia dado que es verdad que el amparo resulta improcedente contra leyes que por su sola expedición no causen perjuicio al quejoso, sino que se necesita un acto posterior de autoridad para que se realice.
Ahora bien, cuando se promueve amparo contra una ley, habrá casos en que no sea posible determinar, con la sola lectura de la demanda, o exista duda, si el acto reclamado tiene el carácter de ley autoaplicativa o heteroaplicativa.
En la primera hipótesis, es indudable, no debe resolverse a priori que determinado cuerpo de leyes no entrañe afectación por su sola expedición ni que es necesario que se realice un acto posterior de autoridad, que pueda venir a realizar dichas violaciones, sino que la proposición relativa debe establecerse como resultado del estudio que se haga, en vista de los informes de las autoridades responsables y de las pruebas que rindan las partes, lo cual implica la admisión y tramitación de la demanda de amparo, sin perjuicio de dictar el sobreseimiento que corresponda, si de ese estudio aparece realmente la existencia de una causa de improcedencia, por ser sabido que la improcedencia debe probarse plenamente y no apoyarse en presunciones.
En el segundo supuesto, no existirá obstáculo alguno para que el Juez de Distrito, con la sola lectura de la demanda, emita auto desechatorio de la misma, puesto que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, el desechamiento de plano de la demanda procede cuando la causa de improcedencia del juicio es manifiesta e indudable y se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito relativo.
En el caso, es evidente que nos encontramos en el segundo de los supuestos comentados, dado que el decreto que contiene la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, publicado en el Decreto Legislativo 297 de la Quincuagesimosexta Legislatura Local, en la parte que faculta al Poder Judicial del Estado a emitir jurisprudencia, artículos 28, fracción XXIII y 137 al 140 inclusive, es de índole heteroaplicativa, pues de la sola lectura de tales disposiciones se desprende que, por sí solos, no causan un perjuicio al promovente, sino que es necesario un acto posterior de autoridad para que trascienda a la afectación de su esfera jurídica; circunstancia que en el presente asunto no se ha actualizado, pues no se sabe de emisión de jurisprudencia alguna definida por el pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado ni menos aún, que se haya aplicado en un asunto judicial en el que el promovente fuera parte y en forma adversa a sus pretensiones, como bien lo adujo el Juez de Distrito.
Por consiguiente, la determinación impugnada no es indebida ni violatoria del numeral 145 de la Ley de Amparo, dado que la determinación del Juez de amparo se llevó a cabo con base en las facultades que en forma expresa le confiere dicho numeral y previo análisis de la notoria improcedencia.
Con respecto al criterio de la anterior Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que invoca el recurrente en apoyo a su postura, transcrito e identificado en los agravios, con el rubro: "AMPARO CONTRA LEYES, DEBE ADMITIRSE LA DEMANDA DE."; debe decirse que resulta inaplicable, puesto que el tema que se dilucidó en dicho criterio fue el relativo al supuesto en que en un amparo contra leyes, se reclamó también la ejecución de la misma, con base en que el quejoso estimaba le causaba perjuicio por su sola existencia y contener un principio de ejecución, sin necesidad de actos posteriores; caso en el cual precisamente por existir duda sobre la naturaleza de la ley en relación con la autoaplicabilidad o heteroaplicabilidad y sobre la existencia o no del principio de ejecución mencionado, era preferible la admisión y tramitación de la demanda de amparo para que se analizara exhaustivamente el carácter del acto reclamado, sin perjuicio de sobreseer en el futuro; mientras que en la especie lo que planteó la quejosa fue un caso distinto, consistente sólo en la inconstitucionalidad de la ley de que se trata, sin aludir siquiera a acto de aplicación alguno, pues no señaló ninguna otra autoridad distinta de aquellas que intervinieron en el proceso legislativo; aspecto que orilla a concluir, en concordancia con el Juez de Distrito, que de la sola lectura de la demanda se advierte que la ley se impugnó como autoaplicativa y que por no tener tal carácter válidamente se dio el desechamiento de plano. Es decir, la ley, por su sola expedición, no causó perjuicio alguno a la parte quejosa, pues carece de principio instantáneo de ejecución; antes bien, requiere, por su naturaleza propia, de un acto posterior de autoridad, para que cause perjuicio, tanto que la propia quejosa no mencionó siquiera cuál era el perjuicio actual que por la sola expedición de la ley, ésta le haya causado.
Pretender que en todos los casos donde se reclame la inconstitucionalidad de una ley, se deje para sentencia el pronunciamiento sobre la improcedencia, incluyendo los casos notorios e indudables en donde ésta se advirtiera, iría en contra del principio jurídico de justicia pronta y expedita contenido en el artículo 17 constitucional y haría nugatorio el contenido del numeral 83, fracción I, de la Ley de Amparo, en casos de desechamientos de demandas de amparo contra leyes, dispositivo que otorga competencia a los Tribunales Colegiados para conocer del recurso de revisión contra resoluciones de Jueces de Distrito que desechen o tengan por no interpuestas las referidas demandas de amparo, cuando tal precepto no contiene excepción alguna.
Dando contestación a la segunda de las disconformidades, en la que medularmente se aduce que el Juez de Distrito omitió establecer razonamientos lógico-jurídicos para arribar a su conclusión, cabe decir que es infundada.
Basta la sola lectura del auto impugnado para constatar, contrario a lo afirmado, que el juzgador de amparo sí fundó y motivó sus asertos y lo hizo en legal forma.
Ciertamente, el resolutor utilizó como apoyo para el desechamiento de plano de la demanda el artículo 145 de la Ley de Amparo, que como ya se dijo le otorga facultades para ello; estimó actualizada de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción VI, en relación con la diversa XII, ambas de la ley de la materia y la hizo consistir en la heteroaplicación de la ley, misma que explicó en qué consistía. Citó en apoyo de su determinación dos criterios jurisprudenciales que transcribió e identificó con los rubros: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA." y "AMPARO CONTRA LEYES HETEROAPLICATIVAS. PROCEDE CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN.", que se estiman perfectamente aplicables; de ahí lo infundado de los agravios ya relatados.
En otra parte de las disconformidades, la recurrente insiste en que a su juicio la ley reclamada de inconstitucional es autoaplicativa y que debió admitirse la demanda, haciéndolo depender de frases tales como: porque la ley no está sujeta a condición alguna; porque el juzgador hizo depender la procedencia del amparo de dos contingencias; porque sí le afecta en su interés jurídico; porque de promover amparo contra el primer acto de aplicación lo colocaría en el supuesto de consentimiento de la ley; porque no se dirime el conflicto entre normas de distinta jerarquía constitucional y de invasión de esferas; porque el artículo 73 constitucional no faculta a las Legislaturas de los Estados a emitir leyes permitiendo al Poder Judicial del Estado crear jurisprudencia; porque se presentarán conflictos entre normas desde el momento de la entrada en vigor de la ley; y porque se causan agravios generales y abstractos con la sola vigencia de la ley, ya que hace suya una facultad que no le corresponde.
Lo aducido resulta infundado.
Cuando se promueve amparo contra una ley alegando que por su sola expedición causa perjuicio al quejoso, es necesario que éste pruebe que es sujeto de la norma y que sus disposiciones afectan su interés jurídico; esto es, que desde el momento de su promulgación haya quedado ciertamente comprendido dentro de la hipótesis de su aplicación.
Ahora bien, en el caso quedó establecido y evidenciado que la ley impugnada era de carácter heteroaplicativo porque era necesario un acto de aplicación de autoridad que se fundara en preceptos de la ley de que se trate y que con ello se causara un perjuicio jurídico al quejoso, por lo que no existió afectación de tal índole, tan es así que se desechó por notoria improcedencia la demanda de amparo.
De esta suerte, el recurrente ya no podía insistir acerca de que la ley reclamada de inconstitucional era autoaplicativa, por más que pudiera ser verdad que desde el momento de su entrada en vigor cree conflictos entre normas de distintas jerarquías, dado que el juicio de garantías sólo procede cuando se actualiza un perjuicio personal, directo e inmediato con la sola expedición de la ley, que no es el caso, ni se está en presencia de un procedimiento de controversia constitucional, previsto en el artículo 105 de la Carta Magna.
Por último, se duele la quejosa de omisión de estudio de los conceptos de violación segundo y tercero, en los cuales, respectivamente, se combatía la inconstitucionalidad de la ley por indebida publicación y por defectos en el refrendo de la misma, argumentos que vuelve a reiterar íntegramente en el cuerpo de su escrito.
El anterior agravio es infundado e inoperante en sus diversos aspectos.
En efecto, si la ley impugnada se consideró heteroaplicativa y con base en ello se desechó la demanda por notoria y manifiesta improcedencia, en virtud de lo cual no se estudió el fondo del asunto; entonces, todos los actos del proceso legislativo, entre ellos la publicación y el refrendo, deben correr la misma suerte. Esto es, si el Juez de Distrito estaba impedido para analizar la inconstitucionalidad de la ley, ante la evidente improcedencia, no tenía por qué hacer consideraciones especiales respecto a los actos del proceso legislativo que menciona el recurrente y tal omisión en modo alguno causó perjuicios al quejoso.
Finalmente, si en el auto combatido el Juez Federal estimó que se surtía de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción VI, de la Ley de Amparo, en relación con el párrafo segundo de la fracción XII del mismo precepto legal, y basado en ello resolvió desechar de plano la demanda de garantías, deben considerarse inoperantes los agravios que expresa el recurrente, porque a más de ser reiterativos de los conceptos de violación, en lugar de combatir los argumentos y razonamientos que el juzgador formuló para arribar a aquella conclusión, versan sobre la inconstitucionalidad de los actos del proceso legislativo de publicación y refrendo de la ley, lo cual es un problema de fondo que el juzgador no abordó, precisamente por el sentido del fallo.
Así las cosas, ante lo infundado e ineficaz de los agravios, lo procedente es confirmar el auto sujeto a revisión.
Por lo expuesto, fundado, y con apoyo en los artículos 91, 184, 188 y 190 de la Ley de Amparo, se resuelve:
PRIMERO.-Se confirma el auto recurrido.
SEGUNDO.-Se desecha la demanda de garantías promovida por Mario Alberto Rodríguez Mariscal, quien se ostenta como apoderado legal de Banco Mexicano, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inverméxico, en contra de las autoridades y por los actos que precisados quedaron en el resultando primero de esta ejecutoria.
Notifíquese; anótese en el libro de registro; con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos a su lugar de origen y, en su oportunidad, archívese el expediente.
Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron los Magistrados Froylán Guzmán Guzmán, Juan Manuel Arredondo Elías y Javier Pons Licéaga, integrantes del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, siendo ponente el primero de los nombrados.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4664-8cd04f8c/desechamiento-de-plano-de-la-demanda-de-amparo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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