POLICÍA JUDICIAL FEDERAL. LOS ARTÍCULOS 65 Y 66 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, EN LOS QUE SE LES CONSIDERA TRABAJADORES DE CONFIANZA, SON INCONSTITUCIONALES DE ACUERDO CON LA JURISPRUDENCIA TEMÁTICA RELATIVA.
AMPARO EN REVISIÓN 3034/96. JERÓNIMO EDUARDO OSORNO LARA Y OTRO.
CONSIDERANDO:
CUARTO.-Por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, se procede al análisis de los argumentos relativos a la procedencia del juicio de amparo, que plantean en sus agravios el oficial mayor y el director jurídico de la Procuraduría General de la República, así como el agente del Ministerio Público Federal adscrito al juzgado del conocimiento.
El director general jurídico de la Procuraduría General de la República aduce en sus agravios que indebidamente la Juez del conocimiento omitió analizar la causal de improcedencia que hizo valer en su informe justificado, derivada de que, por las características de sus funciones, no puede ser considerada como autoridad para efectos del amparo, omitiendo aplicar la jurisprudencia en la que apoyó su manifestación.
El agravio resumido es fundado en la medida de que, efectivamente, de la lectura de la resolución impugnada se advierte que no se hizo pronunciamiento alguno respecto de la manifestación realizada por el citado director general jurídico, por lo que esta Sala se aboca al análisis de la procedencia del juicio, en contra de los actos que se atribuyeron a dicha autoridad y cuya existencia fue reconocida al rendir el correspondiente informe.
El acto reclamado al director general jurídico fue la emisión de los dictámenes que sirvieron de apoyo a los oficios reclamados, para dar por terminado el nombramiento de los quejosos como elementos de la Policía Judicial Federal, cuya emisión y existencia quedó acreditada en autos.
Para determinar si por la emisión del dictamen correspondiente debe considerarse al director, señalado como responsable, como autoridad para efectos del amparo, es necesario precisar que el citado dictamen se emitió a solicitud del procurador general de la República, para ser enviado al oficial mayor de la misma, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 7o. fracción IV y 17, fracciones I y XIII, del reglamento de la ley orgánica de dicha institución, vigente al primero de agosto de mil novecientos noventa y seis (fecha de la solicitud), actualmente abrogado; dichos artículos establecen:
"Artículo 7o. Al frente de la Oficialía Mayor habrá un oficial mayor, quien tendrá las atribuciones siguientes:
"...
"IV. Expedir las constancias de los nombramientos de los empleados, autorizar los movimientos del personal y resolver los casos de terminación de los efectos del nombramiento, previo dictamen de la Dirección General Jurídica; desarrollar los sistemas de reconocimientos y recompensas que determina la ley y las condiciones generales de trabajo, y emitir los lineamientos relativos a la aplicación, modificación y revocación de las sanciones administrativas a que se haga acreedor el personal de la procuraduría, dentro del ámbito de su competencia; ..."
"Artículo 17. Al frente de la Dirección General Jurídica, habrá un director general, agente del Ministerio Público Federal, quien tendrá las atribuciones siguientes:
"I. Realizar estudios y rendir dictámenes; auxiliar en asuntos en que deba emitir consejo jurídico el procurador, así como atender las consultas jurídicas formuladas por unidades de la procuraduría y emitir su consejo a las diversas dependencias del Gobierno Federal;
"...
"XIII. Dictaminar para la resolución definitiva del oficial mayor, sobre la procedencia de la terminación de los efectos del nombramiento de los servidores públicos de la institución; ..."
Ahora bien, en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo, por autoridad responsable debe entenderse "... la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado.", lo que no acontece en el presente caso, ya que los dictámenes emitidos por el director general jurídico son opiniones solicitadas por el procurador para ser remitidas al oficial mayor, quien tiene la facultad de resolver respecto de la terminación del nombramiento respectivo, por lo que el director recurrente no tiene carácter de autoridad responsable al carecer su actuación de las características necesarias para ser considerada como autoridad para efectos del amparo, ya que el dictamen que emite no vincula ni obliga al oficial mayor a resolver en un determinado sentido, de lo que se infiere que no ordenó el acto consistente en la terminación de los nombramientos de los quejosos, ni tiene facultades para ejecutarlo, por lo que, en todo caso, los dictámenes señalados como reclamados constituyen una etapa previa a la resolución de terminación de nombramiento reclamada y, en esa medida, se encontrará obligada al cumplimiento de la ejecutoria, en lo que a su ámbito corresponda.
Sirven de apoyo a esta consideración, por su contenido, las tesis que a continuación se transcriben:
"AUTORIDADES. QUIÉNES LO SON.-El término ‘autoridades’ para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública, en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen." Cuarta Sala, Apéndice de 1995, Tomo VI, Materia Común, Parte HO, tesis 1103, página 763.
"DEPARTAMENTOS JURÍDICOS DE LAS SECRETARÍAS DE ESTADO. NO SON AUTORIDADES.-Los departamentos jurídicos de las secretarías de Estado no son autoridades que puedan ser enjuiciadas en el amparo, ya que son órganos de consulta sin más fin que el de opinar acerca de los asuntos que se someten a su consideración y, por tanto, no tienen capacidad para decidir y resolver sobre tales asuntos, ni ejecutar los acuerdos o mandamientos de los titulares de dichas secretarías." Séptima Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación, Volumen 27, Primera Parte, página 60.
"DEPARTAMENTOS JURÍDICOS DE LAS SECRETARÍAS DE ESTADO. NO SON AUTORIDADES.-Los departamentos jurídicos de las secretarías de Estado no son autoridades que puedan ser enjuiciadas en el amparo, pues son órganos de consulta, sin más función que la de opinar acerca de los asuntos que se sometan a su consideración, sin que, por tanto, tengan capacidad para decidir y resolver sobre ellos, ni para ejecutar los acuerdos o mandamientos de los titulares de dichas secretarías." Segunda Sala, Apéndice de 1995, Tomo III, Materia Administrativa, Primera Parte, tesis 49, página 36.
"COMISIÓN AGRARIA MIXTA. NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO AL RENDIR DICTAMEN SOBRE PROCEDENCIA DE DOTACIÓN DE TIERRAS.-No reviste la característica de ser un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, el dictamen que rinden las Comisiones Agrarias Mixtas sobre la procedencia o improcedencia de una dotación de tierras, de conformidad con los artículos 237 del Código Agrario y 291 de la Ley Federal de Reforma Agraria, porque constituyen una simple opinión que tales órganos someten al Ejecutivo Local, la cual puede adoptarse o rechazarse por el gobernador del Estado en la resolución que dicte de conformidad con los artículos 238 del Código Agrario y 292 de la Ley Federal de Reforma Agraria; por lo que, al actuar las Comisiones Agrarias Mixtas en cumplimiento de la citada función, no tienen el carácter de autoridades para los efectos del juicio de amparo." Segunda Sala, Apéndice de 1995, Tomo III, tesis 218, página 155.
En estas condiciones, debe sobreseerse en el juicio con apoyo en la fracción XVIII del artículo 73, en relación con el 11 de la Ley de Amparo, respecto de los dictámenes reclamados al director general jurídico de la Procuraduría General de la República.
El oficial mayor de la Procuraduría General de la República sostiene, en su primer agravio, que la Juez de Distrito no analizó debidamente los argumentos que planteó en su informe justificado, en el que se solicitó el sobreseimiento en el juicio conforme a lo dispuesto por la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, en virtud de que los quejosos debieron agotar el principio de definitividad antes de acudir al juicio de amparo, ya que no se hacen valer únicamente violaciones directas a preceptos constitucionales, por lo que, estima, dejó de aplicarse la jurisprudencia obligatoria publicada con el número 1574 en la página 2521 de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, cuyo texto transcribe, con la consiguiente contravención al artículo 192 de la Ley de Amparo.
Es infundado el agravio resumido, en atención a que el sobreseimiento que se propone con apoyo en la fracción XV del artículo 73 de la citada Ley de Amparo y en la jurisprudencia que menciona la recurrente, no se actualiza en el caso, en tanto que en la demanda de amparo se reclamaron preceptos legales por estimarlos violatorios de la Constitución Federal, por lo que la procedencia del juicio debe analizarse en relación con lo dispuesto por las fracciones VI y XII del mismo precepto, que se refieren al amparo contra leyes y no en relación con la fracción XV invocada, que se refiere a distintos actos de autoridad.
En este mismo orden de ideas, es inexacto que en el caso resultara aplicable la jurisprudencia mencionada por la autoridad, ya que en la misma no se contempla el supuesto de la procedencia del amparo contra leyes, como se advierte de su contenido, que a continuación se transcribe:
"RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN.-En principio un juicio de garantías es improcedente y debe ser sobreseído cuando la parte quejosa no hace valer, previamente a la promoción de dicho juicio, los recursos ordinarios que establezca la ley del acto, pues entre los principios fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se halla el de definitividad, según el cual este juicio, que es un medio extraordinario de defensa, sólo será procedente, salvo los casos de excepción que la misma Constitución y la Ley de Amparo precisan, y, con base en ambas, esta Suprema Corte en su jurisprudencia, cuando se hayan agotado previamente los recursos que la ley del acto haya instituido precisamente para la impugnación de éste. Como una de las excepciones de referencia, esta Suprema Corte ha establecido la que se actualiza cuando el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, ya que no instituirla significaría dejar al quejoso en estado de indefensión, porque precisamente esas carencias (falta absoluta de fundamentación y motivación) le impedirían hacer valer el recurso idóneo para atacar dicho acto, pues el desconocimiento de los motivos y fundamentos de éste no le permitirían impugnarlo mediante un recurso ordinario. Empero, no hay razón para pretender que, por el hecho de que en la demanda de garantías se aduzca, al lado de violaciones a garantías de legalidad por estimar que se vulneraron preceptos de leyes secundarias, violación a la garantía de audiencia, no deba agotarse el recurso ordinario, puesto que, mediante éste, cuya interposición priva de definitividad al acto recurrido, el afectado puede ser oído con la amplitud que la garantía de audiencia persigue, ya que tiene la oportunidad de expresar sus defensas y de aportar las pruebas legalmente procedentes. En cambio, cuando únicamente se aduce la violación de la garantía de audiencia, no es obligatorio, para el afectado, hacer valer recurso alguno. El quejoso debe, pues, antes de promover el juicio de garantías, agotar el recurso establecido por la ley de la materia, pues la circunstancia de que en la demanda de amparo se haga referencia a violaciones de preceptos constitucionales no releva al afectado de la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que estatuye la ley ordinaria que estima también infringida, pues de lo contrario imperaría el arbitrio del quejoso, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca."
Como se advierte de la transcripción anterior, las hipótesis que se contemplan en el criterio invocado por la recurrente no se refieren a los casos en que se impugnen en el amparo leyes o reglamentos, sino sólo en aquellos en que se solicite la protección federal por ausencia de fundamentación y motivación, en tanto que ello impide al agraviado hacer valer recursos al no poder impugnar motivos y fundamentos que desconoce, lo que justifica que en esos casos sea procedente el amparo, aun sin agotar los recursos que pudieran modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad. Además, se precisa en el criterio jurisprudencial en cuestión, que al aducir violaciones a leyes secundarias, conjuntamente con las violaciones a las garantías de legalidad, el particular no queda relevado de agotar los recursos ordinarios que la ley establezca, en observancia al principio de definitividad.
Como se advierte, los supuestos básicos que dieron lugar al criterio contenido en la jurisprudencia que se analiza, no incluyen el amparo contra leyes, por el contrario, se excluyen los casos de excepción, al mencionarse que "... salvo los casos de excepción que la misma Constitución y la Ley de Amparo precisan ..." lo que, indudablemente, comprende la excepción establecida en la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en cuanto a la oportunidad de los particulares para impugnar, desde luego, la ley a través del juicio de amparo, sin agotar los recursos o medios de defensa en contra del acto de aplicación.
En estas condiciones, resulta inexacto que la impugnación de las normas jurídicas no pueda realizarse antes de agotar los recursos o medios de defensa establecidos en contra del acto de autoridad, pues si lo que se estima contrario a la Constitución no es el acto mismo de la autoridad, sino la norma en la que se apoya, las autoridades del orden común no podrían dirimir dicha cuestión, por encontrarse reservada al Poder Judicial Federal, por lo que si el acto de autoridad es reclamable en amparo, de acuerdo a las normas que rigen el juicio de garantías, las normas aplicadas en el mismo pueden ser impugnadas sin necesidad de agotar otros medios de defensa.
En apoyo a estas consideraciones, cabe citar las tesis que respecto a este tema ha sostenido este Alto Tribunal:
"RECURSOS. PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO CONTRA LEYES, NO ES NECESARIO AGOTARLOS, AUN CUANDO CONFORME A LAS MISMAS LEYES SE SUSPENDAN LOS EFECTOS DE DICHOS ACTOS MEDIANTE SU INTERPOSICIÓN.-De conformidad con lo establecido en el artículo 73, fracción XII, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, tratándose de leyes es optativo para el quejoso hacer valer el recurso ordinario o bien promover el juicio de garantías, en virtud de que existe la excepción al principio de definitividad que consagra nuestro juicio de garantías. Lo anterior es así aun cuando conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos mediante la interposición del recurso, pues la condición señalada en la fracción XV del artículo 73, en el sentido de que debe agotarse el recurso siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal, sin exigir mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva, es para la regla general contenida en dicha fracción, pero no para la excepción que expresamente señala la misma Ley de Amparo en el tercer párrafo de la fracción XII." Octava Época, Pleno, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 61, enero de 1993, tesis P. III/93, página 56.
"AMPARO CONTRA LEYES, CUÁNDO OPERA EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, TRATÁNDOSE DE.-Si conforme a la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo se reclama la inconstitucionalidad de una ley, en virtud de su primer acto de aplicación, es optativo para el interesado el agotar o no los recursos ordinarios procedentes en contra de aquél de manera que si opta por reclamar la inconstitucionalidad de la ley desde luego, no opera el principio de definitividad, el que sólo se actualiza en el caso contrario; luego es inexacto que atento a lo dispuesto en la fracción de referencia, en el primer supuesto siga vigente la observancia del principio de definitividad, sólo en relación con el acto de aplicación, conclusión que además de inadecuada resulta incongruente, pues de sobreseerse en lo que ve a tal acto, necesariamente deberá también sobreseerse respecto de la ley que, por sí sola, no le causa perjuicio al quejoso. Es verdad que los aspectos de legalidad y de constitucionalidad son dos cuestiones distintas, pero ello no significa que en el supuesto de que se reclame la ley por su primer acto de aplicación, pueda analizarse aisladamente la ley y el acto, de manera que el principio de definitividad opere sólo en cuanto a este último, contrariando así el sentido del tercer párrafo de la fracción XII del multicitado artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, al desvincular el estudio de la ley de su acto de aplicación concreto." Novena Época, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, enero de 1997, tesis 1a. I/97, página 187.
Por otro lado, es inexacto que la Juez haya omitido el análisis de los argumentos contenidos en los agravios que se analizan, ya que de la lectura de la sentencia que se revisa, se advierte que se ocupó del estudio de las causales de improcedencia aducidas por la autoridad y de los argumentos relativos al fondo de la cuestión; además, resulta infundado que la Juez tuviera obligación de dar respuesta expresa a todos y cada uno de los argumentos planteados en el informe justificado, pues la pretensión de la recurrente rebasa las disposiciones que rigen el trámite y resolución de los juicios de amparo.
En efecto, no puede considerarse que la autoridad responsable en el juicio de amparo, sea equiparable a la parte demandada en un juicio ordinario; basta que se cumpla con el análisis del acto reclamado en términos de los artículos 73, 77, 78 y demás relativos de la Ley de Amparo, de acuerdo a los conceptos de violación, a lo expuesto por la autoridad en su informe, y se observen las formalidades que se establecen en el capítulo correspondiente al trámite del juicio de amparo, para que la sentencia se encuentre apegada a las normas que rigen el juicio de garantías, sin que pueda exigirse que los Jueces de Distrito hagan una relación pormenorizada de los argumentos de las responsables y den respuesta expresa a cada uno de ellos, porque esa obligación no se desprende de lo dispuesto en los artículos citados, ni del 149 de la propia Ley de Amparo; además, el estudio correspondiente puede resultar innecesario de acuerdo al sentido de la resolución, quedando las autoridades, en todo caso, en posibilidad de expresar los agravios que se causen con la falta de análisis de aquellos razonamientos que se consideran trascendentes para la defensa de la constitucionalidad de su acto.
Cabe citar, en el caso, la tesis sostenida por la anterior Tercera Sala de este Tribunal Supremo, correspondiente a la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, publicada en el Tomo IV, Primera Parte, con el número CLXXII/89, página 237, de dicho órgano informativo, cuyo texto es:
"INFORME JUSTIFICADO, NO ES OBLIGATORIA LA REFERENCIA A LAS ARGUMENTACIONES DEL, EN LA SENTENCIA.-No existe obligación para el Juez de Distrito de referirse en su sentencia, necesariamente y de manera expresa, a las argumentaciones que se contengan en el informe justificado que rindan las responsables, por no establecerlo así los artículos 77 y 149, párrafo segundo, de la Ley de Amparo."
Por último, el agente del Ministerio Público Federal recurrente sostiene que debió sobreseerse en relación con el artículo 65 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en atención a que no fue aplicada en los oficios reclamados.
Es infundada la causal de improcedencia aducida, en virtud de que si bien es cierto que en los oficios reclamados no se cita el artículo 65 mencionado, sí se aplica en el texto del oficio (cuyo contenido es idéntico en ambos casos), como se verá a continuación.
"Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 21, 73, fracción XXIII, 123, apartado B, fracciones XIII y XIV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5o. fracción II, inciso 1) y 8o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; 14, 15, 21, 23, 26, 66, sexto transitorio y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; así como en ejercicio de las facultades previstas en la fracción IV del artículo 7o. del reglamento de la ley orgánica de la institución y previo dictamen de la Dirección General Jurídica de la Procuraduría, se resuelve la terminación del nombramiento, expedido a su favor, como agente de la Policía Judicial Federal, a partir de esta fecha para todos los efectos legales correspondientes.-Es motivación específica de lo anterior, los decretos de reformas y adiciones a los artículos 21 y 73, fracción XXIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994 y el 3 de julio de 1996, en lo referente a que el servicio de seguridad pública deberá ser prestado conforme a los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez; las fracciones XIII y XIV del apartado B del artículo 123 de la Constitución, que prescriben que los miembros de los cuerpos de seguridad pública se rigen por sus propias leyes y constituyen y son considerados como personal de confianza con obligaciones y derechos específicos; el artículo 23 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, que señala cuáles son los requisitos para permanecer dentro de la institución como agente de policía; y el artículo sexto transitorio de la misma ley orgánica que señala cuáles son los requisitos y procedimientos para incorporarse al servicio civil de carrera, los cuales a la fecha no fueron satisfechos por usted, por lo que su nombramiento no goza de definitividad."
Por su parte, el artículo 65 establece:
"Artículo 65. Por la naturaleza de sus funciones, son trabajadores de confianza los agentes del Ministerio Público de la Federación, agentes de la Policía Judicial Federal, los peritos adscritos a los Servicios Periciales de la institución y los secretarios del Ministerio Público de la Federación, así como los servidores públicos de las demás categorías y funciones previstas en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Como se advierte, en los oficios reclamados se menciona que los quejosos, en su calidad de agentes de la Policía Judicial Federal, son personal de confianza, y además se cita el artículo 123 apartado B constitucional, por lo que es inconcuso que el artículo 65 también les fue aplicado.
Sirve de apoyo a esta consideración, la siguiente tesis de jurisprudencia:
"INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMAR UNA LEY. LO TIENE EL QUEJOSO CUANDO EN UNA RESOLUCIÓN SE LE APLICA, AUNQUE NO SE CITEN LOS PRECEPTOS RELATIVOS.-Constituye acto de aplicación de un precepto legal la resolución que de manera indudable se funda en él, por darse con exactitud sus supuestos normativos, aunque el mismo no se invoque expresamente, debiendo concluirse que el quejoso tiene interés jurídico para reclamar la resolución y la ley aplicada." Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, agosto de 1996, tesis P./J. 30/96, página 29.
No existiendo diversos agravios en relación con la procedencia del juicio, se procede al análisis de los relativos a la concesión del amparo respecto de los artículos 65 y 66 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
QUINTO.-Los agravios que se expresan son infundados, ya que sobre el tema existe jurisprudencia del Pleno de este Alto Tribunal, relativa a que los miembros de los cuerpos de seguridad pública están excluidos de ser considerados como trabajadores de confianza al servicio del Estado, en tanto que su relación es de naturaleza administrativa y los preceptos reclamados se impugnan por estimarse contrarios a lo dispuesto en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, constitucional, al considerar que los agentes de la Policía Judicial son trabajadores de confianza al servicio del Estado y se rigen por las normas de dicho apartado B.
En primer término, cabe citar los preceptos de la ley orgánica impugnados, así como los diversos 1o. y 19, por derivarse de ellos la situación jurídica que guardan los agentes de la Policía Judicial.
"Artículo 1o. Esta ley tiene por objeto organizar la Procuraduría General de la República, ubicada en el ámbito del Poder Ejecutivo Federal, para el despacho de los asuntos que al Ministerio Público de la Federación y a su titular, el procurador general de la República, les atribuyen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este ordenamiento y demás disposiciones aplicables."
"Artículo 19. Son auxiliares del Ministerio Público de la Federación: I. Directos, y por lo mismo se integran a la institución: a) La Policía Judicial Federal; b) Los Servicios Periciales; ..."
"Artículo 65. Por la naturaleza de sus funciones, son trabajadores de confianza los agentes del Ministerio Público de la Federación, agentes de la Policía Judicial Federal, los peritos adscritos a los Servicios Periciales de la institución y los secretarios del Ministerio Público de la Federación, así como los servidores públicos de las demás categorías y funciones previstas en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
"Artículo 66. El personal que preste sus servicios en la institución se regirá por las disposiciones del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional. Dicho personal quedará incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado."
Como se advierte, los agentes mencionados son considerados como auxiliares del Ministerio Público de la Federación y como trabajadores de confianza, sujetos al régimen del apartado B del artículo 123 constitucional y a su ley reglamentaria, lo que hace que los preceptos impugnados resulten inconstitucionales de conformidad con los criterios jurisprudenciales sostenidos por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se transcriben:
"POLICÍAS MUNICIPALES Y JUDICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y DE SUS MUNICIPIOS. SU RELACIÓN JURÍDICA ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA.-La relación Estado-empleado fue, en principio de naturaleza administrativa, pero el derecho positivo mexicano, en beneficio y protección de los empleados, ha transformado la naturaleza de dicha relación equiparándola a una de carácter laboral y ha considerado al Estado como un patrón sui generis. Sin embargo, de dicho tratamiento general se encuentran excluidos cuatro grupos a saber: los militares, los marinos, los cuerpos de seguridad pública y el personal del servicio exterior, para los cuales la relación sigue siendo de orden administrativo y, el Estado, autoridad. Por tanto, si los miembros de la policía municipal o judicial del Estado de México, constituyen un cuerpo de seguridad pública, están excluidos por la fracción XIII, apartado B del artículo 123, en relación con los artículos 115, fracción VIII, segundo párrafo y 116, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la determinación jurídica que considera la relación del servicio asimilada a la de trabajo y al Estado equiparado a un patrón, de donde se concluye que la relación que guardan con el Gobierno del Estado o del Municipio, es de naturaleza administrativa y se rige por las normas también administrativas de la ley y reglamentos que les correspondan y que, por lo tanto, las determinaciones que dichas entidades tomen en torno a ésta no constituyen actos de particulares, sino de una autoridad, que en el caso particular referente a la orden de baja del servicio, hace procedente el juicio de amparo ante el Juez de Distrito." Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, septiembre de 1995, tesis P./J. 24/95, página 43.
"POLICÍAS, COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA BAJA DEL SERVICIO DE LOS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA.-La relación Estado-empleado fue, en principio, de naturaleza administrativa, pero el derecho positivo mexicano, en beneficio y protección de los empleados, ha transformado la naturaleza de dicha relación equiparándola a una de carácter laboral y ha considerado al Estado como un patrón ‘sui generis’. Sin embargo, de dicho tratamiento general se encuentran excluidos cuatro grupos, a saber los militares, los marinos, los cuerpos de seguridad pública y el personal del servicio exterior, para los cuales la relación sigue siendo de orden administrativo y, el Estado, autoridad. Por tanto, si los miembros de la policía preventiva del Distrito Federal constituyen un cuerpo de seguridad pública, están excluidos por la fracción XIII, apartado B, del artículo 123 constitucional y por el artículo 8o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, de la determinación jurídica que considera la relación del servicio asimilada a la de trabajo y al Estado equiparado a un patrón, de donde se concluye que la relación que guardan con la administración pública sigue siendo de naturaleza administrativa y se rige por las normas, también administrativas, de la ley y reglamentos que les corresponden y que, por lo tanto, el ac
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4709-3d2d72a5/policia-judicial-federal-los-articulos-65-y-66 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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