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Modo: Corpus Pro

ARRESTO COMO MEDIDA DE APREMIO. NO ES VIOLATORIO DE LOS ARTÍCULOS 17, 21 Y 22 CONSTITUCIONALES.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 443/97. · Registro digital (IUS): 4799
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: JESÚS MELO RUIZ.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Abril de 1998, , Pág. 595.

AMPARO EN REVISIÓN 443/97. JESÚS MELO RUIZ.

CONSIDERANDO:

SEXTO.-Son ineficaces los agravios que vierte el recurrente.

En ellos se aduce, en esencia, que la sentencia recurrida es violatoria de garantías en virtud de que la notificación de fecha cinco de junio de mil novecientos noventa y seis no fue realizada en forma personal, como lo afirma el actuario del Juzgado Segundo de Primera Instancia de Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, ya que no consta en las actuaciones del juicio respectivo, que él haya recibido dicho documento donde se le requiera la entrega de los bienes embargados y se le aperciba con un arresto para el caso de desobediencia, por lo que se trata de un procedimiento viciado; y que, por otra parte, el arresto combatido es contrario a lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Política del país, que señala que nadie podrá ser aprisionado por deudas de carácter civil, por lo que no puede girarse una orden de esa índole en un juicio civil.

Ante todo, debe decirse que el recurrente imputa al a quo violación de garantías individuales, lo cual resulta suficiente para desestimar dicha afirmación, y considerar inoperante ese argumento, toda vez que los Jueces de Distrito, tratándose de juicios de amparo, actúan como órganos de control constitucional, con la finalidad de tutelar las garantías individuales contra las transgresiones en que pudieran incurrir las autoridades en ejercicio de sus funciones públicas, por lo que en todo caso, lo que ellos podrían infringir serían las disposiciones de la Ley de Amparo, pero no de la Constitución, y si en la especie la recurrente señala que el a quo viola sus derechos subjetivos públicos, tal argumento resulta inoperante.

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 2/1997, pronunciada en la contradicción de tesis 14/94 de fecha catorce de noviembre de mil novecientos noventa y seis, por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en las páginas números treinta y siguiente, Tomo V, febrero de mil novecientos noventa y siete, Primera Parte, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO.-Históricamente, las garantías individuales se han reputado como aquellos elementos jurídicos que se traducen en medios de salvaguarda de las prerrogativas fundamentales que el ser humano debe tener para el cabal desenvolvimiento de su personalidad frente al poder público. Son derechos públicos subjetivos consignados en favor de todo habitante de la República que dan a sus titulares la potestad de exigirlos jurídicamente a través de la verdadera garantía de los derechos públicos fundamentales del hombre que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consigna, esto es, la acción constitucional de amparo. Los Jueces de Distrito, al conocer de los distintos juicios de amparo de su competencia, y no de procesos federales, ejercen la función de control constitucional y, en ese caso, dictan determinaciones de cumplimiento obligatorio y obran para hacer cumplir esas determinaciones, según su propio criterio y bajo su propia responsabilidad, por la investidura que les da la ley, por lo que, a juicio de las partes, pueden infringir derechos subjetivos públicos de los gobernados. Ahora bien, aun cuando en contra de sus decisiones procede el recurso de revisión, éste no es un medio de control constitucional autónomo, a través del cual pueda analizarse la violación a garantías individuales, sino que es un procedimiento de segunda instancia que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, a través del cual, el tribunal de alzada, con amplias facultades, incluso de sustitución, vuelve a analizar los motivos y fundamentos que el Juez de Distrito tomó en cuenta para emitir su fallo, limitándose a los agravios expuestos. Luego, a través del recurso de revisión, técnicamente, no deben analizarse los agravios consistentes en que el Juez de Distrito violó garantías individuales al conocer de un juicio de amparo, por la naturaleza del medio de defensa y por la función de control constitucional que el a quo desempeña ya que, si así se hiciera, se trataría extralógicamente al Juez del conocimiento como otra autoridad responsable y se desnaturalizaría la única vía establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, que es el juicio de amparo; es decir, se ejercería un control constitucional sobre otro control constitucional.".

En otro aspecto, es infundado lo que aduce el recurrente, en torno a que no existe constancia de que haya recibido notificación alguna, en donde fuera requerido para hacer entrega de los bienes embargados y se le apercibiera con un arresto hasta por treinta y seis horas, para el caso de desobediencia; ello es así, porque contrario a lo que refiere el recurrente, como correctamente lo estimó el a quo, las constancias que corren agregadas a fojas cincuenta y seis vuelta y cincuenta y siete del expediente de amparo, demuestran de manera incontrovertible que el demandado en el juicio natural (aquí recurrente) sí fue requerido personalmente para que hiciera entrega de los bienes embargados al depositario señalado en autos para ese efecto, con el apercibimiento de que en caso de negarse a hacerlo, se haría acreedor a un arresto hasta por treinta y seis horas, diligencia que tiene valor probatorio pleno, toda vez que los actuarios se encuentran investidos de fe pública, por lo que si no existen pruebas que contraríen lo asentado por éstos en las diligencias que realizan, su dicho tiene eficacia jurídica suficiente para tener por ciertos los hechos que en ellas se hacen constar.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publica en la página mil ochocientos setenta y cinco, Quinta Época, Tomo CIV, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ACTUARIOS, VALOR PROBATORIO DE LAS RAZONES DE NOTIFICACIONES ASENTADAS POR LOS.-Las razones de notificaciones asentadas por los secretarios actuarios, que gozan de fe pública, tienen valor probatorio pleno, de acuerdo con el artículo 413 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito y Territorios Federales, si no son desvirtuadas por prueba en contrario.".

Lo anterior, con independencia de que la decisión del a quo, de que la orden de arresto que se combate se encuentra debidamente fundada y motivada, por las razones que al respecto argumenta, se advierte legal.

Ahora bien, es infundado también lo que se aduce en los agravios en análisis, respecto de que de acuerdo con el artículo 17 de la Constitución General de la República, nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter civil, de ahí que tratándose en el caso de una acción ejecutiva mercantil, la orden de arresto por el término de treinta y seis horas, que como medida de apremio le impuso al demandado el Juez natural, es contraria a lo dispuesto por el mencionado artículo. Ello es así, porque opuesto a lo que alega el recurrente, la orden de arresto impugnada no entraña la imposición de una pena, pues consiste solamente en una medida de apremio tomada por el Juez natural para hacer cumplir sus determinaciones, dictada en el juicio ejecutivo mercantil del caso, motivo por el cual no se rige por lo dispuesto en el artículo 21 constitucional, ni resulta aplicable en la especie el artículo 17 de la misma Ley Suprema, que invocan los recurrentes, sino en lo establecido por el artículo 53, fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, de aplicación supletoria.

Tiene aplicación a lo expuesto, el criterio sostenido por este tribunal en la tesis aislada número 1/92, pronunciada en el amparo en revisión número 786/91, fallado en sesión de once de febrero de mil novecientos noventa y dos, que dice: "-El arresto como medida de apremio de la que disponen los Jueces para hacer cumplir sus determinaciones, no tiene el carácter de pena, ni es de naturaleza penal, por no provenir de un procedimiento instaurado con motivo de la comisión de un delito, por lo que no conculca el artículo 17 de nuestra Carta Magna, en cuanto este precepto establece que nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil, pues el artículo 53 del Código de Procedimientos Civiles del Estado confiere al juzgador la facultad de emplear ese medio coercitivo, entre otros; tampoco infringe el artículo 21 constitucional, ya que dicha medida tiene por objeto compeler a las partes a que acaten una decisión judicial; igualmente, no constituye un peligro de privación de la vida, deportación o destierro, ni se encuentra considerado dentro de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, dado que tal medida no está encaminada a ello.".

En las relatadas condiciones, ante lo infundado de los agravios analizados, lo que procede es confirmar la sentencia que se revisa y negar al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita.

Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 107, fracción VIII, último párrafo, de la Constitución General de la República; 85, 86 y 90 de la Ley de Amparo y 37, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

PRIMERO.-Se confirma la resolución que se revisa.

SEGUNDO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Jesús Melo Ruiz, contra los actos y las autoridades que se precisan en el resultando primero de esta ejecutoria.

Notifíquese.

Anótese en el libro de gobierno; con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos naturales al lugar de su procedencia y, en su oportunidad, archívese este toca.

Así lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados Adrián Avendaño Constantino, Alfonso Ortiz Díaz y Omar Losson Ovando, firmando el primero como presidente y ponente.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4799-b787587c/arresto-como-medida-de-apremio-no-es-violatorio · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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