Corpus
Modo: Corpus Pro

SUSPENSIÓN, FIANZA PARA LA. ES INNECESARIO FIJARLA CUANDO LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE LLEGARAN A OCASIONARSE SERÍAN EN DETRIMENTO DE LA PROPIA PARTE A QUIEN SE LE CONCEDE, EN UNA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL.

Tipo de asunto: RECURSO DE RECLAMACIÓN EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y EN ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD 10/95. · Registro digital (IUS): 4821
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ARTURO AYALA MARTÍNEZ, LEOPOLDO H. SALINAS GAYTÁN Y JOSÉ RAMÍREZ DE LA ROSA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y SÍNDICO SEGUNDO DEL AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA, N
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Abril de 1998, , Pág. 559.

RECURSO DE RECLAMACIÓN EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN EN LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 10/95. ARTURO AYALA MARTÍNEZ, LEOPOLDO H. SALINAS GAYTÁN Y JOSÉ RAMÍREZ DE LA ROSA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y SÍNDICO SEGUNDO DEL AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA, NUEVO LEÓN.

MINISTRO PONENTE: JOSÉ DE JESÚS GUDIÑO PELAYO.

SECRETARIO: LUIS IGNACIO ROSAS GONZÁLEZ.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día trece de noviembre de mil novecientos noventa y cinco.

VISTOS; Y

RESULTANDO:

PRIMERO.-Mediante escrito del día ocho de agosto de mil novecientos noventa y cinco, Arturo Ayala Martínez, Leopoldo H. Salinas Gaytán y José Ramírez de la Rosa, en su carácter de presidente municipal, secretario del Ayuntamiento y síndico segundo del Ayuntamiento de Santa Catarina, Nuevo León, respectivamente, con fundamento en el artículo 105 de la Constitución General de la República, promovieron controversia constitucional en los siguientes términos:

"Órgano demandado. El Poder Ejecutivo, representado por el Gobernador del Estado de Nuevo León, el Poder Legislativo que le corresponde al Congreso del Estado de Nuevo León, el contador mayor de Hacienda del Estado de Nuevo León; el primero con domicilio en el Palacio de Gobierno del Estado de Nuevo León, ubicado en 5 de Mayo y Zaragoza en Monterrey, Nuevo León; el Congreso del Estado, con domicilio en el Estado de Nuevo León, ubicado en Matamoros y Zaragoza en Monterrey, Nuevo León, en el Edificio Legislativo y el contador mayor de Hacienda del Estado de Nuevo León, en Monterrey, Nuevo León, ubicado en el edificio Corpus Cristi, tercer piso, de la calle San Francisco, número 120, de la colonia San Francisco en Monterrey, Nuevo León.-Terceros perjudicados. Los CC. Atanacio González Puente, Jaime Pinto Cortinas, Arturo Ayala Martínez, Raymundo Guzmán Soltero, Basilio Navarro Granados, Guadalupe Talamantes Vargas, Heriberto Martínez Oviedo, Rubén Martínez Seca, Adrián Góngora García, Alejandro J. González Contreras, Raymundo Ibarra Coronado, Juan Francisco Caballero Garza y Juana María Martínez Galván, todos éstos con domicilio común para oír y recibir notificaciones en la calle Zaragoza número 416 Norte, entre Morazán y Guerrero en Santa Catarina, Nuevo León, a excepción de los dos últimos, quienes tienen su domicilio común para el mismo efecto mencionado, sito en la calle Juárez número 111, también en el Municipio de Santa Catarina, Nuevo León, del Estado de Nuevo León; se aclara que no existe unidad personal en lo que corresponde a Arturo Ayala Martínez, ya que actualmente es presidente municipal de Santa Catarina, Nuevo León, pero la ejecución del acto reclamado se le hace en forma personal por haber desempeñado el puesto de regidor en la administración anterior 1992-1994.-Norma general cuya invalidez se demanda y medio oficial en que se publicó. Norma general: Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, específicamente el contenido jurídico y aplicación de la misma según el artículo 129 del cuerpo de leyes ya indicado, publicado el 16 de diciembre de 1917 en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León."

La parte actora señaló como preceptos violados los artículos 14, 16 y 115 de la Ley Suprema.

La propia parte actora expuso los siguientes hechos y conceptos de invalidez:

"Hechos o abstenciones que constituyen antecedentes de la norma general y actos cuya invalidez se reclaman (sic). En fecha 18 de julio del año en curso, mediante oficio número 0304/95, de fecha 17 de julio del año corriente, dirigido al C. presidente municipal de Santa Catarina, Nuevo León, Arturo Ayala Martínez, por parte del contador mayor de Hacienda del Estado de Nuevo León, C.P. Gerardo González Rodríguez y en el que se notifica a la Presidencia Municipal de Santa Catarina, Nuevo León, se dé cumplimiento al Acuerdo Número 53, de fecha 18 de mayo de 1995, publicado en el Periódico Oficial el día 2 de junio del año corriente, expedido por el H. Congreso del Estado de Nuevo León y en el que se determinó instruir a la Contaduría Mayor de Hacienda a fin de que ejercite ante las autoridades correspondientes las acciones restitutorias en favor de la hacienda pública municipal (sic) las cantidades percibidas por concepto de gratificación por los integrantes del Ayuntamiento administración 1992-1994 sin aprobación del H. Congreso del Estado, fincamiento de responsabilidades y notificación y cobro a cargo del ex presidente municipal, ex síndicos y ex regidores; el proceder del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León, a través de la Contaduría Mayor de Hacienda del Estado de Nuevo León, es vulnerante en perjuicio de la presidencia municipal y Ayuntamiento de Santa Catarina, Nuevo León, del artículo 115 de la Constitución Política Federal vigente, ya que restringe la autonomía municipal de la parte recurrente, toda vez que se deja señalado que el Gobierno del Estado de Nuevo León, a través del artículo 129 de su Constitución Política, restringe el manejo de egresos de la hacienda pública municipal y en el que se coarta la autonomía y soberanía municipal, pues la disposición del erario municipal sujeta el pago de salario a los miembros de los Ayuntamientos, en particular el del Municipio de Santa Catarina, Nuevo León, a la aprobación del Congreso Estatal.-Conceptos de invalidez: Establece el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que este cuerpo de leyes es la Ley Suprema en toda la Unión, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.-Señala el artículo 115 del mismo cuerpo de leyes preinvocado, en particular las fracciones II (sic) en que se deja señalado que los Municipios, en particular en el caso a estudio el de Santa Catarina, Nuevo León, que los Municipios (sic) manejarán su patrimonio conforme a la ley. La fracción IV del mismo ordenamiento legal establece que los Municipios, en el caso a estudio el de Santa Catarina, Nuevo León, administrarán libremente su hacienda.-De lo anterior se colige que el Ayuntamiento es un cuerpo colegiado deliberante, autónomo y soberano y es la base de la división territorial, de su (sic) organización política y administrativa del Municipio.-Pese a lo anterior, la Constitución Política del Estado de Nuevo León establece que según el artículo 129 (sic), que ‘Los Ayuntamientos no podrán acordar remuneración alguna para sus miembros sin aprobación del Congreso.’, del texto de la Constitución Política del Estado de Nuevo León se desprende que existe antinomia jurídica relacionada con el artículo 115 de la Constitución Política Federal, siendo evidente su contradicción con la Constitución Política Federal (sic) y dada su jerarquía constitucional, debe prevalecer el mandato constitucional contenido en el artículo 115 de nuestra Carta Magna. La intromisión ilegal tanto de la Contaduría Mayor de Hacienda, del Congreso del Estado de Nuevo León, como del Ejecutivo Estatal de Nuevo León, al materializar el contenido del artículo 129 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León e inmiscuirse en el manejo del erario público municipal del R. Ayuntamiento de Santa Catarina, Nuevo León, resulta anticonstitucional por encontrarse en contravención con el mandato constitucional federal, según el artículo 115 de la Constitución Política Federal relacionado con el 133 del mismo cuerpo de leyes, que nos lleva a la conclusión de que un estudio analítico-jurídico, relacionados entre sí (sic), conllevan a dejar precisado que los actos llevados a cabo por las autoridades señaladas como órganos demandados resultan anticonstitucionales, conforme a los razonamientos y fundamentos jurídicos preinvocados, por lo que se solicita de esa H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, previos los trámites de ley, se dicte sentencia al tenor de que la Justicia de la Unión ampara y protege a la parte actora del presente juicio de amparo contra los actos reclamados de los órganos demandados y se deje señalada la anticonstitucionalidad del artículo 129 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, consecuentemente se restituya (sic) las garantías jurídicas reclamadas.-Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 14, 16 y 18 del decreto de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, decretado por el H. Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en 11 de mayo de 1995 en el Diario Oficial de la Federación, se solicita en vía incidental la suspensión provisional de los actos reclamados.-Con fundamento en los artículos 39 y 40 del decreto antes señalado se solicita muy atentamente, si advierte algún error en los preceptos invocados, corrija los mismos y examine en conjunto los razonamientos y se resuelva la cuestión que efectivamente se plantea y suplir la deficiencia de la demanda."

SEGUNDO.-El presidente de este Alto Tribunal, en su carácter de Ministro instructor designado para conocer del presente asunto, emitió un acuerdo que es del tenor siguiente:

"México, Distrito Federal, a veintiuno de agosto de mil novecientos noventa y cinco.-Visto el escrito de Arturo Ayala Martínez, Leopoldo H. Salinas Gaytán y José Ramírez de la Rosa, en su carácter de presidente municipal, secretario y síndico segundo, del Ayuntamiento de Santa Catarina, Nuevo León, respectivamente; con fundamento en lo establecido en los artículos 14 y 17 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y como está ordenado en el auto de esta misma fecha, con copia de la demanda presentada en vía de controversia constitucional, promovida por los comparecientes contra actos del gobernador, Congreso y contador mayor de Hacienda del Congreso, todos del Estado de Nuevo León, fórmese el incidente de suspensión respectivo. Ahora bien, por cuanto hace a la aprobación y promulgación del artículo 129 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, así como respecto a la expedición del oficio número 0304/95, de fecha diecisiete de julio del año en curso, suscrito por el contador mayor de Hacienda del Congreso del Estado de Nuevo León, mediante el cual requiere al presidente municipal del Ayuntamiento actor, a fin de que se sirva girar instrucciones a la tesorería municipal para que proceda a la notificación y cobro de fincamientos de responsabilidades a cargo de diversos ex funcionarios del mismo Ayuntamiento, administración 1992-1994, y proporcione a la autoridad requirente copias certificadas de dichas notificaciones, recibos de pago que efectúen los responsables o, en su caso, acta de embargo de bienes que cubran dichos fincamientos, con fundamento en lo establecido en el artículo 14 de la citada ley reglamentaria, se niega la suspensión que se solicita, en virtud de que tales actos tienen el carácter de consumados; además de que el primer acto señalado constituye una norma de carácter general, cuya suspensión expresamente prohíbe el último párrafo del artículo 14 de la ley reglamentaria del artículo 105 constitucional, que es del tenor siguiente: ‘La suspensión no podrá otorgarse en aquellos casos en que la controversia se hubiere planteado respecto de normas generales.’. Por otra parte, en relación con los actos tendientes a dar cumplimiento al contenido del oficio número 0304/95 citado, con fundamento en los artículos 14 y 18 de la referida ley reglamentaria, se concede la suspensión que solicita el Ayuntamiento de Santa Catarina, Nuevo León, para el efecto de que se mantengan las cosas en el estado en que se encuentran hasta en tanto se resuelva la presente controversia constitucional. Notifíquese; haciéndolo por medio de oficio a las partes, mediante despacho que se gire al Juez de Distrito en turno en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey.-Lo proveyó y firma el Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, licenciado José Vicente Aguinaco Alemán, en su carácter de instructor designado para conocer del presente asunto. Doy fe."

El anterior acuerdo se notificó por lista del día veintidós de agosto de mil novecientos noventa y cinco y a las partes mediante despacho girado al Juez de Distrito respectivo, según constancias visibles a fojas de la 194 a la 204 del expediente de suspensión relativo.

A foja 23 del sumario obra diligencia de notificación personal del acuerdo transcrito, de fecha veintiocho de agosto de mil novecientos noventa y cinco, a quien se dijo era el autorizado de la actora en términos del artículo 11, segundo párrafo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

TERCERO.-Por oficio número 160/95, recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia, el día doce de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, el licenciado Arturo Charles Charles, ostentándose como diputado y presidente de la Diputación Permanente de la LXVII Legislatura Constitucional del Estado de Nuevo León, y en representación del Congreso de esa entidad federativa, con fundamento en los artículos 51, fracción IV, 52 y 53 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución General de la República, interpuso recurso de reclamación en contra del acuerdo antes transcrito, de fecha veintiuno de agosto de mil novecientos noventa y cinco.

Lo propio hizo, en oficio número 395/95, recibido el día doce de septiembre de mil novecientos noventa y cinco en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, el C.P. Gerardo González Rodríguez, contador mayor de Hacienda del Congreso del Estado de Nuevo León.

CUARTO.-El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pronunció un acuerdo que establece:

"México, Distrito Federal, a catorce de septiembre de mil novecientos noventa y cinco.-Agréguense al presente expediente los oficios números 160/95 y 395/95 y anexos, suscritos por Arturo Charles Charles y Gerardo González Rodríguez, quienes comparecen en su carácter de presidente de la Diputación Permanente de la LXVII Legislatura Constitucional del Estado de Nuevo León y contador mayor de Hacienda del Congreso de la propia entidad federativa, respectivamente, recibidos en la Subsecretaría General de Acuerdos el día doce de los corrientes. Ahora bien, con fundamento en el artículo 11 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución General de la República, se les reconoce a los comparecientes la personalidad con que se ostentan, en los términos de las constancias que exhiben, consistentes en el ejemplar del Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, de veintitrés de junio del año en curso, que contiene la publicación del Decreto Número 79, del día quince del mismo mes y año, así como la copia certificada del Periódico Oficial de la propia entidad federativa, de veinticinco de mayo de mil novecientos noventa y dos, que contiene la publicación del Decreto Número 63, de veintidós de mayo del propio año; consecuentemente, con fundamento en los artículos 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 14, fracción II, primer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 51, fracción IV, 52 y 53 de la ley reglamentaria citada, se les tiene por presentados a los comparecientes, interponiendo recurso de reclamación en contra del proveído de fecha veintiuno de agosto último y se tienen por exhibidas las pruebas que acompañan a dichos escritos con relación al recurso que hacen valer; consecuentemente, con copia de los escritos de mérito, córrase traslado a las partes para que dentro del término de cinco días manifiesten lo que a su derecho convenga; en su oportunidad, túrnese el expediente al Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, a quien le corresponde conocer del asunto según el turno que al efecto se lleva en la Subsecretaría General de Acuerdos, para que formule el proyecto de resolución correspondiente y, en su oportunidad, dé cuenta con él al Pleno de este Alto Tribunal. Téngase por autorizados para oír y recibir notificaciones, por el Congreso del Estado de Nuevo León, a los señores Alfonso Verde Cuenca y Benjamín Reyes Retana; y por el contador mayor de Hacienda del referido Congreso, a los señores Héctor Silvano Salinas Vázquez, Armando Suárez Luna, Jorge Américo Elizondo y Patricia Mata Flores. Por último, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señalan en sus oficios de cuenta, respectivamente. Notifíquese por medio de oficio a las partes, a través de despacho que al efecto se gire al Juez de Distrito en turno en el Estado de Nuevo León, con residencia en la ciudad de Monterrey.-Lo proveyó y firma el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, licenciado José Vicente Aguinaco Alemán. Doy fe."

El anterior acuerdo se notificó por lista del día quince de septiembre de mil novecientos noventa y cinco y a la parte demandada mediante despacho que se giró al Juez de Distrito respectivo en el Estado de Nuevo León, según aparece a fojas de la 184 a la 193 del expediente de suspensión.

A foja 162 del sumario obra una constancia que es del siguiente tenor:

"En México, Distrito Federal, siendo las quince horas del día dieciocho de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, el suscrito actuario licenciado Sergio Francisco Pérez Gómez, adscrito a la Subsecretaría General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hago constar que me constituí en la calle de Ángel Urraza número 812, colonia del Valle de esta ciudad, para el efecto de entregar el oficio número 18670, correspondiente al acuerdo de fecha catorce de septiembre del año en curso, relativo al incidente de suspensión de la controversia constitucional 10/95, acompañado de 17 (diecisiete) fojas dirigido al presidente municipal del Ayuntamiento de Santa Catarina, Nuevo León, C. Arturo Ayala Martínez y otros; en el citado domicilio fui atendido por una persona que dijo llamarse el licenciado Germán Martínez Cázares y ser el director jurídico del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de Acción Nacional, quien manifestó: ‘Que este asunto es un problema político y no me puedo inmiscuir por temor a una represalia, por lo que no puedo recibir el oficio y sus anexos.’, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe.-El C. actuario.-Lic. Sergio Francisco Pérez Gómez.-(aparece rúbrica)."

QUINTO.-El procurador general de la República, en oficio número PGR 0482/95, de fecha veintiséis de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, expuso:

"... desde este momento, me permito indicar la improcedencia de los alegatos esgrimidos en el recurso de reclamación interpuesto, en virtud de que la resolución impugnada es suficientemente clara al expresar los alcances del otorgamiento de la suspensión de los actos consistentes en el cumplimiento del oficio 0304/95, de fecha 17 de julio del año en curso, suscrito por el contador mayor de Hacienda del Congreso del Estado de Nuevo León, mediante el cual requiere al presidente municipal del Ayuntamiento actor, a fin de que se sirva girar instrucciones a la tesorería municipal para que proceda a la notificación y cobro de fincamiento de responsabilidades a cargo de diversos ex funcionarios del mismo Ayuntamiento, administración 1992-1994, y proporcione a la autoridad requirente copias certificadas de dichas notificaciones, recibos de pago que efectúen los responsables o, en su caso, acta de embargo de bienes que cubran dichos fincamientos.-En efecto, al señalar usted, como Ministro instructor, que los efectos de la suspensión otorgada respecto de actos encaminados al cumplimiento del contenido del oficio 0304/95 se constriñe a dejar las cosas en el estado en que se encuentran, habiendo referido detalladamente el órgano obligado a respetar los efectos de la suspensión, los actos específicamente suspendidos y concernientes al Municipio de Santa Catarina, Nuevo León, procede desde luego que se conceda la misma suspensión.-Tampoco es procedente la argumentación esgrimida por los recurrentes en el sentido de que se fije una caución como requisito de efectividad de la suspensión otorgada, en virtud de que la hacienda municipal de Santa Catarina, Nuevo León es la que resulta, en todo caso, afectada por el pago de percepciones no autorizadas y el requerimiento formulado por la Contaduría Mayor del Congreso del Estado de Nuevo León es sólo para el efecto de que sea informado del resarcimiento a la hacienda del mismo Municipio materia de la litis.-Es decir, es imposible que el propio Municipio de Santa Catarina se garantice a sí mismo los daños y perjuicios que pudieren ocasionarse en caso de que no obtuviere sentencia favorable.-Bajo estas premisas, me permito solicitar la confirmación de la resolución impugnada, en cuanto hace al otorgamiento de la suspensión de los actos consistentes en el cumplimiento del multicitado oficio 0304/95, a fin de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran; desechando asimismo los argumentos esgrimidos por los recurrentes para que se fije un monto caucional para que surta sus debidos efectos la suspensión otorgada, con base en los argumentos que a continuación se expresan: Primero. Los recurrentes alegan que el otorgamiento de la suspensión del acto impugnado no acata los requisitos mínimos prevenidos por el artículo 18 de la ley reglamentaria del artículo 105; sin embargo, sí se tomaron en cuenta las circunstancias y características particulares de la controversia constitucional y se señalaron los alcances y efectos de la suspensión, el órgano obligado a cumplirla, los actos suspendidos, el ámbito territorial y el día en que surtan sus efectos. Tal especificación se hizo en el momento en que el auto impugnado describió el contenido del oficio 0304/95 como acto materia de controversia, mismo que fue suscrito por el contador mayor de Hacienda del Congreso del Estado de Nuevo León, mediante el cual requiere al presidente municipal de Santa Catarina para que proceda a la notificación y cobro de fincamiento de responsabilidades a cargo de diversos ex funcionarios del mismo Ayuntamiento durante la administración 1992-1994 y proporcione a la autoridad requirente copias certificadas de dichas notificaciones, recibos de pago que efectúen los responsables o, en su caso, acta de embargo de bienes que cubran dichos fincamientos.-Resulta totalmente claro que la autoridad que debe acatar y respetar la orden de suspensión de los actos de cumplimiento del oficio 0304/95 es el propio Congreso del Estado de Nuevo León, a través de la Contaduría Mayor del mismo, quien emitió el oficio correspondiente; los actos cuyo cumplimiento se suspende son la notificación y cobro de fincamientos de responsabilidades a cargo de diversos ex funcionarios del Ayuntamiento de Santa Catarina, durante la administración 1992-1994 y el otorgamiento de la autoridad requirente de copias certificadas de dichas notificaciones, recibos de pago que efectúen los responsables o, en su caso, acta de embargo de bienes que cubran dichos fincamientos.-El territorio respecto del cual opera la suspensión es el que comprende al Municipio beneficiado con la misma, el día en que surta sus efectos se fija de acuerdo a las reglas generales de la suspensión, mismo que lógicamente se suscitará desde luego que la misma se conceda. Tal razonamiento tiene su fundamento en lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 139 de la Ley de Amparo, aplicado subsidiaria y analógicamente al caso, mismo que a la letra dice: ‘El auto en que un Juez de Distrito conceda la suspensión, surtirá sus efectos desde luego, aunque se interponga el recurso de revisión; pero dejará de surtirlo si el agraviado no llena, dentro de los cinco días siguientes de la notificación, los requisitos que se le hayan exigido para suspender el acto reclamado.’.-Bajo estos lineamientos es improcedente considerar que hubo una incorrecta, arbitraria e ilegal motivación o una falta de razonamientos lógico-jurídicos en el otorgamiento de la suspensión materia del presente recurso, pues en el caso se concedió la suspensión solamente de actos encaminados al cumplimiento del contenido del oficio 0304/95 y lógicamente no a su expedición, por tratarse de un acto consumado al que no se puede suspender para darle efectos restitutorios. Con fundamento en los artículos 14 y 18 de la ley reglamentaria del artículo 105, usted, en su papel de Ministro instructor, resolvió conceder la suspensión a partir de los elementos proporcionados por las partes y a petición de la parte actora, en lo que concierne a los actos de cumplimiento del multicitado oficio.-Segundo. No se perjudica a los demandados en el expediente principal y recurrentes en el expediente incidental con el otorgamiento de la suspensión provisional, respecto de los actos encaminados al cumplimiento del contenido del oficio 0304/95, que esa misma autoridad giró, en virtud de que tal medida tiene efectos meramente provisionales mientras resuelve el fondo del asunto; pues si se negare tal medida, las autoridades municipales tendrían que dar cumplimiento al mencionado oficio, dejando sin materia a la presente controversia, pues los actos habrían quedado totalmente consumados.-En este sentido, Ricardo Couto, en su Tratado Teórico-Práctico de la Suspensión en el Amparo, indica que ‘... la suspensión provisional es a la definitiva, lo mismo que ésta es al amparo: la suspensión definitiva es para conservar la materia del juicio y evitar perjuicio al agraviado; la provisional es para conservar la materia de la suspensión.’.-Tercero. Por otra parte, y al no existir impedimento legal alguno para que se otorgue la suspensión de los actos de cumplimiento del oficio 0304/95, tampoco se violentan los intereses del Congreso del Estado de Nuevo León ni de la Contaduría Mayor de Hacienda, pues no será hasta en definitiva cuando se determine si el Congreso del Estado posee facultades o no para emitir el acto materia de la controversia.-Cuarto. Conforme a los razonamientos anteriores, es improcedente la afirmación de los recurrentes en el sentido de que se hubiesen violentado las garantías de legalidad y seguridad jurídica previstas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues la aplicación de los numerales relativos al otorgamiento de la suspensión que se contienen en la ley reglamentaria del artículo 105 ha sido oportuna y exacta en cuanto al otorgamiento de la suspensión e indicación de sus efectos.-Quinto. No es procedente tampoco modificar el auto impugnado en lo que respecta a la fijación de una caución suficiente para garantizar el pago del daño e indemnización de los perjuicios que con el otorgamiento de la suspensión se causaren si la parte actora no obtiene sentencia favorable en la presente controversia.-En efecto, la suspensión provisional tiene por objeto que las cosas se mantengan en el estado que guardan hasta que se dicte la providencia definitiva, de manera que con los simples datos de la demanda se pueda decretar la medida, con un gran margen de discrecionalidad, tomando en cuenta la naturaleza de la infracción alegada, el peligro inminente de su ejecución y los notorios perjuicios que puede sufrir el actor.-La fijación de la caución, como medida de efectividad de la suspensión, tiene por objeto obligarse de una manera directa y efectiva ante la autoridad que concede la suspensión a responder de los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse con la suspensión de la ejecución del acto reclamado.-En el caso que nos ocupa, los posibles daños que pudieran ocasionarse con la suspensión del acto reclamado actuarían en menoscabo de la hacienda del Municipio de Santa Catarina, pues el oficio 0304/95 que emitió el contador mayor de Hacienda del Estado de Nuevo León tuvo su fundamento en el Acuerdo Número 53, de 18 de mayo de 1995, expedido por el Congreso del Estado, por el que se instruyó a dicho contador a fin de que requiriera al presidente municipal de Santa Catarina, Nuevo León, para que éste remita los elementos probatorios que sean solicitados, relativos al pago de gratificaciones realizado durante el ejercicio fiscal de 1993, a integrantes del R. Ayuntamiento del Municipio en cuestión, para que el contador mayor de Hacienda ejercite ante las autoridades correspondientes las acciones restitutorias que procedan en favor de la hacienda pública municipal.-La instrucción emitida por el Congreso del Estado se constriñe (y así debe ser interpretado) a indicar a la Contaduría Mayor del mismo, que dentro de sus atribuciones gestione el fincamiento de responsabilidad de ex funcionarios del Municipio de Santa Catarina ante las autoridades correspondientes, allegarse de elementos probatorios y poder ejercitar así, también ante las autoridades correspondientes, las acciones restitutorias que procedan en favor de la hacienda municipal de Santa Catarina, Nuevo León.-Bajo estas premisas, no estamos ante el requerimiento de créditos fiscales, ni de pagos resultado del fincamiento de responsabilidad alguna, pues ni siquiera ha mediado un procedimiento administrativo que haya dado lugar a la determinación de una posible responsabilidad, cuya sanción tuviera que cumplirse en beneficio de las arcas del Estado de Nuevo León.-Se reafirma entonces la improcedencia de la pretensión de la parte recurrente en el sentido de que para que tenga vigencia la suspensión otorgada en el presente incidente, se fije una caución a la parte beneficiada, pues es absurdo que se pretenda que el Municipio de Santa Catarina, Nuevo León, se garantice a sí mismo la posible comisión de daños o perjuicios a sus arcas.-Por lo anteriormente expuesto, atentamente solicito a esa Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el estimable conducto de usted Ministro president

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4821-1c06c851/suspension-fianza-para-la-es-innecesario-fijarla-cuando · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.