MUNICIPIOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. EL ARTÍCULO 129 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE DICHO ESTADO, EN CUANTO IMPIDE A LOS AYUNTAMIENTOS DE AQUÉLLOS ACORDAR REMUNERACIONES PARA SUS MIEMBROS SIN APROBACIÓN DEL CONGRESO, NO INFRINGE EL ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 10/95. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, NUEVO LEÓN.
MINISTRO PONENTE: JOSÉ VICENTE AGUINACO ALEMÁN.
SECRETARIO: OSMAR ARMANDO CRUZ QUIROZ.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintiuno de noviembre de mil novecientos noventa y seis.
VISTOS; Y
RESULTANDO:
PRIMERO.-Mediante escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el quince de agosto de mil novecientos noventa y cinco, Arturo Ayala Martínez, Leopoldo H. Salinas Gaytán y José Ramírez de la Rosa, en su carácter de presidente municipal, secretario y síndico segundo del Ayuntamiento Municipal de Santa Catarina, Nuevo León, respectivamente, promovieron demanda en la vía de controversia constitucional contra actos del Congreso, del gobernador y del contador mayor de Hacienda del Estado de Nuevo León, consistentes en: la disposición contenida en el artículo 129 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León y su aplicación (oficio 304/95 de dieciocho de julio de mil novecientos noventa y cinco emitido por el contador mayor de Hacienda del Estado de Nuevo León).
SEGUNDO.-La parte demandante narró los hechos que se transcriben a continuación:
"En fecha dieciocho de julio del año en curso, mediante oficio número 304/95 de fecha diecisiete de julio del año corriente, se dirigió al presidente municipal de Santa Catarina, Nuevo León, Arturo Ayala Martínez, por parte del contador mayor de Hacienda del Estado de Nuevo León, contador público Gerardo González Rodríguez y en el que se notifica a la Presidencia Municipal de Santa Catarina, Nuevo León, se dé cumplimiento al Acuerdo Número 53 de fecha dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y cinco, publicado en el Periódico Oficial el día dos de junio del año corriente, expedido por el Congreso del Estado de Nuevo León y en el que se determinó instruir a la Contaduría Mayor de Hacienda a fin de que ejercite ante las autoridades correspondientes las acciones restitutorias en favor de la hacienda pública municipal las cantidades percibidas por conceptos de gratificación por los integrantes del Ayuntamiento, administración 1992-1994, sin aprobación del Congreso del Estado, fincamiento de responsabilidades y notificación y cobro a cargo del expresidente municipal, exsíndicos y exregidores, el proceder del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León, a través de la Contaduría Mayor de Hacienda del Estado de Nuevo León, es vulnerante (sic) en perjuicio de la Presidencia Municipal y Ayuntamiento de Santa Catarina, Nuevo León, del artículo 115 de la Constitución Política Federal vigente, ya que restringe la autonomía municipal de la parte recurrente, toda vez que se deja señalado que el Gobierno del Estado de Nuevo León a través del artículo 129 de su Constitución Política restringe el manejo de egresos de la hacienda pública municipal y en el que se coarta la autonomía y soberanía municipal, pues la disposición del erario municipal sujeta el pago de salario a los miembros de los Ayuntamientos, en particular el del Municipio de Santa Catarina, Nuevo León, a la aprobación del Congreso Estatal."
TERCERO.-Los conceptos de invalidez que adujo la parte actora son los siguientes:
"Establece el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que este cuerpo de leyes es Ley Suprema en toda la Unión, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.-Señala el artículo 115 del mismo cuerpo de leyes preinvocado, en particular la fracción II, en que se deja señalado que los Municipios, en particular el caso a estudio, el de Santa Catarina, Nuevo León, manejarán su patrimonio conforme a la ley. La fracción IV del mismo ordenamiento legal establece que los Municipios, en el caso a estudio, el de Santa Catarina, Nuevo León, administrarán libremente su hacienda.-De lo anterior se colige que el Ayuntamiento es un cuerpo colegiado deliberante, autónomo y soberano y es la base de la división territorial, de su organización política y administrativa del Municipio.-Pese a lo anterior, la Constitución Política del Estado de Nuevo León establece que, según el artículo 129: ‘Los Ayuntamientos no podrán acordar remuneración alguna para sus miembros sin aprobación del Congreso.’.-Del texto de la Constitución Política del Estado de Nuevo León se desprende que existe antinomia jurídica relacionada con el artículo 115 de la Constitución Política Federal, siendo evidente su contradicción con la Constitución Política Federal y dada su jerarquía constitucional debe prevalecer el mandato constitucional contenido en el artículo 115 de nuestra Carta Magna. La intromisión ilegal tanto de la Contaduría Mayor de Hacienda, del Congreso del Estado de Nuevo León, como del Ejecutivo Estatal de Nuevo León al materializar el contenido del artículo 129 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, e inmiscuirse en el manejo del erario público municipal del Ayuntamiento de Santa Catarina, Nuevo León, resulta anticonstitucional por encontrarse en contravención con el mandato constitucional federal, según el artículo 115 de la Constitución Política Federal, relacionado con el 133 del mismo cuerpo de leyes, nos lleva a la conclusión de que de un estudio analítico jurídico, relacionados entre sí conllevan a dejar precisado que los actos llevados a cabo por las autoridades señaladas como órganos demandados resultan anticonstitucionales conforme a los razonamientos y fundamentos jurídicos pre-invocados, por lo que se solicita de esa Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, previos los trámites de ley, se dicte sentencia al tenor de que la Justicia de la Unión ampara y protege a la parte actora del presente juicio de amparo contra los actos reclamados de los órganos demandados y se deje señalada la inconstitucionalidad del artículo 129 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, consecuentemente se restituyan las garantías jurídicas reclamadas (sic)."
CUARTO.-El gobernador del Estado de Nuevo León, al formular su contestación de demanda, en síntesis, manifestó lo siguiente:
a) Opone la excepción de falta de acción de la parte actora, por carecer de fundamento legal su demanda.
b) Respecto del oficio que se dice fue enviado por el contador mayor de Hacienda del Estado de Nuevo León, no se hace ninguna manifestación por referirse a autoridad ajena a la que suscribe.
c) No es cierto que se viole la autonomía municipal de la parte actora, ya que este concepto tiene un carácter relativo y no absoluto, pues respecto de su autonomía sólo tiene las siguientes facultades: gobierno propio con representantes electos en forma directa por la población; trato directo con el Estado sin autoridad intermedia; personalidad jurídica y patrimonio propios conforme a las limitaciones establecidas; expedición de bandos de policía y buen gobierno, de reglamentos, circulares y disposiciones administrativas, pero no de manera irrestricta, sino limitado a las bases normativas establecidas por el Congreso Local; prestación de servicios públicos, pero con el concurso del Estado conforme a las disposiciones de ley; administración de su hacienda conforme a los ingresos que le son propios constitucionalmente y que establezca el Congreso Estatal en su favor; aprobación de su presupuesto de egresos sujeto a revisión por el Congreso Estatal (incluye remuneraciones de sus miembros); formulación, aprobación y administración de diversas áreas de desarrollo urbano, suelo y tenencia de la tierra, conforme a las disposiciones de las leyes federales y estatales.
d) Son infundados los conceptos de invalidez, ya que el artículo 129 de la Constitución del Estado de Nuevo León no contraría el artículo 115 de la Constitución Federal, pues, por el contrario, se ajusta a éste, ya que no se afecta la autonomía del Municipio, pues la fracción IV del artículo 115 en cita faculta a las Legislaturas de los Estados para aprobar las leyes de ingresos y revisar las cuentas públicas de los Municipios, y en esta facultad se incluye la revisión de remuneraciones al presidente municipal, síndicos y regidores del Ayuntamiento, pues los pagos que se les hacen a dichos funcionarios constituyen un renglón de la cuenta pública a revisar.
e) Los ciudadanos del Ayuntamiento eligieron a sus representantes en el Congreso del Estado, que es precisamente el que revisa las remuneraciones de los funcionarios municipales. Además, es de importancia para la población que exista un órgano que revise las remuneraciones de los miembros del Ayuntamiento, pues, de lo contrario, cada Ayuntamiento lo haría a su arbitrio. El órgano adecuado para revisar las remuneraciones de los funcionarios del Ayuntamiento es la Legislatura Estatal; de otra manera, serían los propios funcionarios municipales los que se vigilarían y revisarían.
f) Las facultades de los Ayuntamientos para elaborar sus presupuestos de egresos, no se le quitan con el artículo 129 de la Constitución Local, sólo se les limita la facultad en lo referente a las remuneraciones de sus miembros, para proteger sus finanzas y en beneficio de la población.
QUINTO.-El contador mayor de Hacienda del Estado de Nuevo León, al formular su contestación de demanda, expresó en síntesis lo siguiente:
a) Es infundado (sic) el acto reclamado consistente en el oficio 304/95, de fecha diecisiete de julio de mil novecientos noventa y cinco, por el que esencialmente se requiere al presidente municipal de Santa Catarina, Nuevo León, la restitución en favor de la hacienda municipal, de las cantidades percibidas por concepto de gratificaciones a los integrantes del Ayuntamiento, administración 1992-1994, sin la aprobación del Congreso Local. Es infundada ya que el oficio respectivo es la conclusión de la revisión constitucional de la cuenta pública y de ninguna forma se atenta contra la autonomía municipal, pues el propio artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal, autoriza a las Legislaturas de los Estados a la revisión de las cuentas públicas de los Municipios.
b) El contador mayor de Hacienda del Estado de Nuevo León cuenta con atribuciones conforme a la Ley de la Contaduría Mayor de Hacienda: para fincar responsabilidad a causa de las irregularidades detectadas (artículo 7o., fracción II); incurre en responsabilidad quien cause daño o perjuicio a la hacienda pública estatal (21); la implicación de daños y perjuicios patrimoniales a la hacienda pública estatal, municipal o de sus entidades, se determinará y cuantificará la responsabilidad administrativa (23, fracción II); las responsabilidades y sanciones económicas tendrán el carácter de crédito fiscal (23, último párrafo).
c) No es cierto que el oficio impugnado viole los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, puesto que, por el contrario, tiene su fundamento en el artículo 23, fracción II, de la Ley de la Contaduría Mayor de Hacienda del Estado, y se expresan los motivos que lo sustentan.
d) Es infundado el argumento en el que se dice que el acto reclamado viola el artículo 115, fracción IV, primero y último párrafos, de la Constitución Federal, pues, si bien el Ayuntamiento es quien estudia y autoriza el gasto público municipal, también lo es que a éste le corresponde enviar al Congreso del Estado, para su aprobación definitiva, la remuneración de los miembros del Ayuntamiento, a efecto de garantizar un uso eficiente e imparcial del gasto y evitar la determinación arbitraria de sus ingresos personales en perjuicio del interés público, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 129 de la Constitución Estatal, que en ningún momento se contrapone a la disposición federal, sino que se complementan.
e) Son improcedentes las pretensiones de la parte actora, ya que no agotó previamente el procedimiento legal establecido en el artículo 8o. de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León, que dispone que de las controversias de cualquier índole que se susciten entre Municipios o entre ellos y el Estado, conocerá la Legislatura Local conforme a lo dispuesto por dicha ley. Por tanto, la presente controversia constitucional debe sobreseerse con fundamento en el artículo 19, fracción VI, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal.
f) Los demandantes consintieron el acto reclamado, al someterse a la aprobación del Congreso del Estado en relación con las remuneraciones que percibieron en 1993 los integrantes del Ayuntamiento de Santa Catarina, Nuevo León, y no haberse inconformado con el acuerdo de fecha diecinueve de febrero de mil novecientos noventa y tres.
SEXTO.-El Congreso del Estado de Nuevo León, en su oficio de contestación de demanda, en síntesis expresó:
a) Es infundada la demanda, ya que la parte actora hace una indebida interpretación del artículo 129 de la Constitución Local, pues, contrario a lo que afirma, este numeral no invade la esfera municipal sino que es acorde y correlativo de la atribución que tiene la Legislatura del Estado para revisar y examinar la totalidad de la cuenta pública municipal, como lo previene el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal y se apoya en el artículo 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León.
b) Debe tomarse en cuenta que en la presente controversia constitucional no se combate la Ley de la Contaduría Mayor de Hacienda en el Estado, reglamentaria de las facultades del Congreso del Estado, ni el Acuerdo 53, de fecha dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y cinco, expedido por la Legislatura Estatal, en que se fundamenta en forma inmediata y directa el acto concreto de aplicación.
c) La libre administración de la hacienda municipal no es un postulado irrestricto, sino limitado conforme al artículo 115 de la Constitución Federal, por lo que la autonomía financiera alegada es correlativa y paralela a la diversa atribución de las Legislaturas Estatales. En el caso, el artículo 129 de la Constitución del Estado de Nuevo León se armoniza con el 115, fracción IV, último párrafo, de la Constitución Federal.
d) Falta de interés jurídico de la parte actora, pues no se demuestra afectación o perjuicio en su órbita legal de competencia.
SÉPTIMO.-Por acuerdo del veintiuno de agosto del año en curso, dictado por el presidente de esta Suprema Corte de Justicia, se admitió la demanda de referencia, ordenándose formar y registrar el expediente respectivo; se hizo del conocimiento de las partes, que le correspondía fungir como instructor al Ministro José Vicente Aguinaco Alemán. En consecuencia, se emplazó a las autoridades demandadas y, por último, se le dio vista al procurador general de la República, a fin de que estuviera en aptitud de manifestar lo que a su derecho conviniere.
OCTAVO.-Por oficio número 0498/95, presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte el cuatro de octubre del presente año, el procurador general de la República desahogó la vista a que se ha hecho referencia, solicitando se declare la invalidez del artículo 129 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, así como la de su acto de aplicación (fojas 63 a 79).
NOVENO.-Por proveído de fecha veintitrés de octubre del año en curso se tuvo por contestada la demanda y por desahogada la vista concedida al procurador general de la República; asimismo, se tuvieron por exhibidas las pruebas ofrecidas por los codemandados.
DÉCIMO.-El día trece de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, se celebró la audiencia de ofrecimiento, desahogo de pruebas y alegatos. En ese mismo acto procesal se ordenó turnar el expediente para su estudio al Ministro José Vicente Aguinaco Alemán, y
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Este Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer y resolver la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 104, fracción IV, 105, fracción I, inciso i) y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o. y 36 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución General de la República y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que se trata de una controversia constitucional suscitada entre un Municipio y un Estado, en la que se plantea la inconstitucionalidad del artículo 129 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León y de su acto de aplicación consistente en el oficio número 304/95, expedido por el contador mayor de Hacienda del Congreso de la misma entidad federativa.
SEGUNDO.-Previo a cualquier otra cuestión, es necesario analizar las causales de improcedencia invocadas por las partes, por ser de orden público que debe estudiarse de manera preferente.
El gobernador del Estado de Nuevo León opone como excepción la falta de acción de la parte actora, lo que propiamente debe considerarse como falta de legitimación de la demandante.
Es infundada la excepción opuesta.
Conforme a las normas que rigen la competencia para conocer de la presente controversia, los Municipios están legitimados para promoverla, atento lo dispuesto en el artículo 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice:
"Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá en los términos que señala la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
"I. De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre:
"...
"i) Un Estado y uno de sus Municipios, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales, ..."
Entonces, conforme a lo dispuesto en tal disposición, si el Municipio de Santa Catarina, del Estado de Nuevo León, ocurre por conducto de su legal representación a promover la presente controversia constitucional en contra del mismo Estado, es claro que se ubica en el supuesto a que se refiere el precepto invocado, por lo que aquella entidad política tiene legitimación para intentar la acción.
Por otra parte, la Legislatura del Estado de Nuevo León invoca la excepción de falta de interés jurídico de la parte actora, en atención a que, en la especie, el Ayuntamiento demandante no demuestra en forma alguna que se le esté originando afectación o perjuicio en su órbita legal de competencia con motivo de la aplicación del acto reclamado.
De igual manera, es infundada la excepción antes invocada, ya que, contrariamente a lo que aduce la autoridad demandada, del contenido del acto controvertido se advierte que existe una afectación al interés jurídico de la parte actora, por la sencilla razón de que se emite en su contra requerimiento de cobro de los fincamientos de responsabilidades, a fin de resarcir a la Tesorería Municipal de las cantidades que se dice indebidamente percibieron los integrantes de ese Ayuntamiento de la administración 1992-1994.
El contador mayor de Hacienda del Congreso del Estado de Nuevo León invoca la causal de improcedencia establecida en el artículo 19, fracción VI, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Aduce, en esencia, que son improcedentes las pretensiones del Municipio demandante en virtud de que no agotó previamente el procedimiento legal establecido en el artículo 8o. de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León, el cual establece que de las controversias de cualquier índole que se susciten entre los Municipios, o entre ellos y el Estado, conocerá la Legislatura Local conforme a lo dispuesto por esta ley y la Constitución Política del Estado.
Resulta infundada dicha causal de improcedencia.
La fracción VI del artículo 19 de la ley que rige las controversias constitucionales, y que fue transcrita anteriormente, consagra el principio de definitividad en el trámite de estos mecanismos de control constitucional.
Por su parte, el artículo 8o. de la ley estatal antes referida, ordena:
"Artículo 8o. De las controversias de cualquier índole que se susciten entre Municipios, o entre ellos y el Estado; conocerán la Legislatura Local conforme lo dispuesto por esta ley y la Constitución Política del Estado."
Cabe mencionar que la causal de improcedencia establecida en la fracción VI del artículo 19 de la ley reglamentaria no se encontraba prevista en la iniciativa de ley que el titular del Ejecutivo Federal envió a la Cámara de Senadores, la que fungió como la de origen. Fue en el dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación, Primera Sección, de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Tercera Sección, del Senado de la República, donde se incluyó el artículo 19, tal como fue aprobado por ambas Cámaras del Congreso de la Unión. En dicho dictamen sólo se explicó:
"En el capítulo III, se regulan, por razones de orden público, las causas evidentes que puedan hacer improcedente la controversia constitucional intentada y las causas de sobreseimiento del juicio, previéndose que las causales de improcedencia deban ser examinadas de oficio, independientemente de que las aleguen o no las partes."
Es conveniente señalar que la causal de improcedencia en análisis no existía en el marco legal vigente con anterioridad al diez de junio de mil novecientos noventa y cinco, y fue introducida por la entrada en vigor de la Ley Reglamentaria del Artículo 105 Constitucional.
No pasa inadvertido que el Tribunal Pleno, en sesiones celebradas el seis de noviembre y cinco de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, resolvió en lo principal las controversias constitucionales 3/93 y 1/95 promovidas respectivamente por los Ayuntamientos de San Pedro Garza García y Monterrey, ambos del Estado de Nuevo León, declarando la validez constitucional de los actos reclamados; sin embargo, las controversias fueron tramitadas conforme al marco jurídico anterior, en atención a lo ordenado por el artículo octavo transitorio del decreto de fecha treinta de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día siguiente, por el que se modificaron varios artículos constitucionales, entre ellos el 105; dicho precepto es del tenor literal siguiente:
"OCTAVO.-Las reformas al artículo 105, entrarán en vigor en la misma fecha en que entre en vigor la ley reglamentaria correspondiente."
Los artículos transitorios relativos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de mayo del presente, señalan:
"PRIMERO.-El presente decreto entrará en vigor 30 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.-SEGUNDO.-Las controversias constitucionales y ordinarias pendientes de resolución a la entrada en vigor del presente decreto, se tramitarán y resolverán en los términos establecidos en las disposiciones aplicables al momento en que se iniciaron."
Al haberse presentado la demanda de la presente controversia el quince de agosto de mil novecientos noventa y cinco, ésta se tramitó y deberá resolverse conforme a lo ordenado por el artículo 105 reformado y su nueva ley reglamentaria, donde se contiene el principio de definitividad en materia de controversias constitucionales.
Precisado lo anterior, se pasa al estudio de la causal correspondiente.
No obstante existir un recurso ante la Legislatura, este tribunal constitucional considera que el mismo no se refiere a las controversias constitucionales entre los Estados y los Municipios, respecto de la constitucionalidad de sus actos o disposiciones de carácter general a las que se refiere el artículo 105 de la Constitución Federal.
Ciertamente, en la fracción I, inciso i), de ese dispositivo, se hace referencia específica a esos conflictos, como de aquellos en que deberá conocer la Suprema Corte, lo que hace coherente el artículo 8o. de la Ley de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León, que se refiere a conflictos entre el Estado y los Municipios, pero en relación con la Constitución y leyes locales, de lo que se infiere que la expresión "controversias de cualquier índole" que en el mismo se utiliza, debe circunscribirse a las acabadas de señalar.
De lo anterior se sigue que el Congreso del Estado de Nuevo León resultaba constitucionalmente incompetente para resolver el conflicto planteado que se refiere a la "constitucionalidad" de actos del Estado en contra del Municipio o accionante. Además, resulta obvio que al regular el artículo 105 de la Constitución Federal las controversias constitucionales, las vincula a ella misma y no a las Constituciones Locales.
La litis de la controversia versa sobre la interpretación del artículo 115 de la Constitución Federal, con la finalidad de establecer si la facultad de aprobar los emolumentos de los servidores públicos del Ayuntamiento, los puede realizar de manera autónoma o si se está en presencia de una potestad de la Legislatura Local, esto es, se trata de establecer si la facultad de aprobar las remuneraciones de los servidores públicos del Ayuntamiento es municipal o estatal, de acuerdo con la Constitución Federal. Por ello, la Legislatura Local resultaba incompetente para conocer del conflicto, dado que la interpretación de la norma fundamental corresponde en exclusiva, dentro de nuestro sistema constitucional, al Poder Judicial de la Federación y, en última instancia, a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El artículo 8o. de la Ley de la Administración Pública Municipal establece una vía para la solución de conflictos entre el Estado de Nuevo León y sus Municipios; ello no puede involucrar el análisis relativo a si se violó la Constitución Federal, sino sólo de violaciones a la Constitución y leyes locales. La causal de improcedencia relativa al principio de definitividad que establece la Ley Reglamentaria del Artículo 105 Constitucional, tendría que vincularse con una vía establecida específicamente para la decisión de ese tipo de controversias que dejara a la Suprema Corte el carácter de tribunal de última instancia en ese tipo de asuntos, lo que por el momento no ha acontecido.
Es fundatorio de lo anterior, la tesis jurisprudencial número 51/1996, del Tribunal Pleno, que tiene como base la ejecutoria emitida al resolverse por mayoría de siete votos, en sesión del dieciocho de marzo de mil novecientos noventa y seis, la controversia constitucional número 13/95, promovida por el Ayuntamiento de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, que dice:
"CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES ENTRE EL ESTADO DE NUEVO LEÓN Y SUS MUNICIPIOS. PROCEDEN SIN NECESIDAD DE AGOTAR PREVIAMENTE LA VÍA PREVISTA POR EL ARTÍCULO 8o. DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.-El artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que las controversias constitucionales son improcedentes ‘cuando no se haya agotado la vía legalmente prevista para la solución del propio conflicto’, principio de definitividad que no opera tratándose de controversias promovidas contra el Estado de Nuevo León, por alguno de sus Municipios, sobre la constitucionalidad de sus actos, en relación a la vía de defensa prevista en el artículo 8o. de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal de ese Estado, pues si bien en él se especifica que ‘de las controversias de cualquier índole que se susciten entre Municipios, o entre ellos y el Estado, conocerá la Legislatura Local’, conforme a lo dispuesto por la propia ley y la Constitución Política del Estado, debe interpretarse que ello se circunscribe a controversias derivadas de la aplicación de estos ordenamientos, sin comprender aquellas que se vinculen a la Constitución Federal, pues, en este supuesto, el principio de definitividad referido sólo operaría en relación con una vía específicamente prevista en la ley para la solución de este último tipo de conflictos. Lo anterior se fortalece con lo dispuesto en la fracción I, inciso i), del propio artículo 105 de la Constitución Federal, que al prever las controversias constitucionales de que debe conocer la Suprema Corte de Justicia y mencionar los conflictos entre el Estado y sus Municipios, los limita a aquellos que versen sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales, resultando coherente que los referidos a la Constitución y leyes locales se resuelvan en la vía prevista por estos ordenamientos, o sea en la hipótesis de que se trata, por el artículo 8o. citado."
A mayor abundamiento, para que pudiera operar la referida causal de improcedencia, tendría que ser la propia Ley Reglamentaria del Artículo 105 de la Constitución, o algún ordenamiento del mismo rango, la que previera y regulara una vía de defensa previa ante algún órgano del propio Poder Judicial de la Federación, único facultado constitucionalmente para examinar y definir cuestiones relativas a si se respetó la supremacía constitucional.
Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, en la tesis XLIV/96, que se transcribe a continuación:
"CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES ENTRE UN ESTADO Y UNO DE SUS MUNICIPIOS. A LA SUPREMA CORTE SÓLO COMPETE CONOCER DE LAS QUE SE PLANTEEN CON MOTIVO DE VIOLACIONES A DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES DEL ORDEN FEDERAL.-Para determinar los planteamientos cuyo conocimiento corresponda a esta Suprema Corte, propuestos mediante la acción de controversia constitucional suscitada entre un Estado y uno de sus Municipios, debe tomarse en consideración que los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución General de la República y 10, fracción I, de la Ley
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4678-c3995583/municipios-del-estado-de-nuevo-leon-el-articulo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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