SOBRESEIMIENTO EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. PROCEDE DECRETARLO CUANDO LA NORMA GENERAL CONTROVERTIDA HA SIDO MATERIA DE UNA EJECUTORIA DICTADA EN ESA VIA CONSTITUCIONAL Y EXISTE IDENTIDAD DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ Y DE PARTES (ARTICULO 19, FRACCION IV DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTICULO 105 CONSTITUCIONAL).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 9/95. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON.
MINISTRA PONENTE: OLGA MARIA DEL CARMEN SANCHEZ CORDERO DE GARCIA VILLEGAS.
SECRETARIO: MIGUEL ANGEL CRUZ HERNANDEZ.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día trece de agosto de mil novecientos noventa y seis.
VISTOS; y
RESULTANDO:
PRIMERO. Por escrito presentado el día dos de agosto de mil novecientos noventa y cinco, ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fernando Margain Berlanga y Alfredo Garza Reyna, presidente y síndico segundo, respectivamente, del Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, plantearon controversia constitucional en contra de la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado de Nuevo León, por el acto que a continuación se indica:
ACTO:
"Constituye el acto reclamado la petición del contador mayor de Hacienda del Congreso del Estado de Nuevo León, dirigida al suscrito en su carácter de presidente municipal del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, contenida en el oficio No. 0220/95, de fecha 12 de junio de 1995, cuya materia consiste en la notificación y cobro de `fincamientos' de responsabilidad en contra de los integrantes del Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León 1992-1994 y el envío de copias certificadas de `los fincamientos debidamente notificados, así como de los recibos de pago que efectúen los responsables, o en su caso el acta de embargo de bienes que cubran dichos créditos fiscales.'"
Señalaron como terceros interesados al Congreso del Estado de Nuevo León y procurador general de la República, y fundaron su demanda en los siguientes,
HECHOS:
"1. Con fecha 28 de octubre de 1993, el Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, 1992-1994, interpuso CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL por invasión de esferas, en contra del gobernador constitucional del Estado de Nuevo León, secretario de la Contraloría General del Estado y H. Congreso del Estado de Nuevo León, en la que se señalaron, entre otras pretensiones, las siguientes: `...f) Declaración de que la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal es una ley constitucional en los términos de los artículos 152, 45, 63, fracción XIX, 94 y 121 de la Constitución Política de Nuevo León y que sus reformas están sujetas al cumplimiento de las mismas reglas que las reformas a la propia Constitución, en consecuencia: a) Que al exigir el Congreso del Estado que las remuneraciones de presidente municipal, regidores y síndicos del Municipio de San Pedro Garza García, sean aprobadas por el Congreso del Estado, se invade la esfera de acción del Municipio y se conculca lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal. b) Que la disposición contenida en el artículo 129 de la Constitución Política de Nuevo León, que expresamente dispone: `Los Ayuntamientos no podrán acordar remuneración alguna para sus miembros sin aprobación del Congreso', resultó modificado por el artículo 16 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal, que tiene el carácter de ley constitucional, y que por ser una ley nueva debe entenderse que deroga la anterior.'- 2. La CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL fue admitida y radicada bajo el expediente No. 3/93, por proveído de fecha 15 de noviembre de 1993, dictado por el C. presidente de ese máximo tribunal. 3. El expediente fue turnado al Ministro Juan Díaz Romero para su instrucción, y hasta el momento se encuentra pendiente de resolución. 4. Con fecha 13 de julio del año en curso (1995), fue recibido por la Presidencia Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, el oficio No. 0220/95, de fecha 12 de junio de 1995, que contiene el acto reclamado cuya materia se señaló anteriormente. 5. El suscrito presidente municipal convoqué a una sesión extraordinaria del Ayuntamiento para imponerlo del acto reclamado, a fin de respetar estrictamente el principio de legalidad contenido en los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 30 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, que establece que las atribuciones de la autoridad `se limitan sólo al ejercicio de las facultades expresamente designadas', ya que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, párrafo primero, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León, el presidente municipal es el ejecutor de las resoluciones del Ayuntamiento y no tiene atribuciones para ejecutar las órdenes recibidas de la Contaduría Mayor de Hacienda. 6. La sesión referida se celebró el 24 de julio de 1995 y en la misma se ordenó que en virtud de que el acto reclamado invade la esfera de atribuciones del Municipio en materia hacendaria, afecta su autonomía y que además adolece de vicios de legalidad, por lo que se acordó acudir ante esa H. Suprema Corte de Justicia de la Nación en vía de CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL, solicitando la declaración de invalidez del acto reclamado."
Asimismo, expresaron los siguientes,
CONCEPTOS DE INVALIDEZ:
"1. El acto reclamado adolece de validez por ser violatorio del artículo 115, fracción IV, primero y último párrafos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 16, 26, inciso c), fracción II, 130 y 134 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León, por las siguientes razones: a) El artículo 129 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, prescribe: `Los Ayuntamientos no podrán acordar remuneración alguna para sus miembros sin la aprobación del Congreso'. Esta disposición entró en vigor el 1o. de enero de 1918. b) El artículo 115, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que `Los Municipios administrarán libremente su hacienda' (párrafo primero) y que `Los egresos serán aprobados por los Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles' (párrafo último). Esta norma constitucional fue reformada y se encuentra en vigor a partir del 3 de febrero de 1983. No debemos olvidar que el segundo transitorio del Decreto de fecha 3 de febrero de 1993, establece que los Estados deberán reformar sus constituciones para adecuarlas a la reforma de la Constitución Federal. El transitorio en comento dice textualmente: `el Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados, en un plazo de un año computado a partir de la vigencia de este Decreto procederán a reformar y adicionar las leyes federales, así como las constituciones y leyes locales, respectivamente, para proveer al debido cumplimiento de las bases que se contienen en el mismo...'- c) Con fecha 28 de enero de 1991, entró en vigor la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León, misma que tiene la categoría de ley constitucional, por disponerlo así el artículo 152, en relación con el 121, ambos de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, y la misma en sus artículos 16, 26, inciso c), fracción II, disponen que a los Ayuntamientos les corresponde elaborar sus Presupuestos Anuales de Egresos; que las remuneraciones de los miembros de los Ayuntamientos se fijarán en los Presupuestos de Egresos correspondientes, estableciendo a su vez el artículo 130 que `Los Presupuestos de Egresos Municipales serán los que aprueben los Ayuntamientos respectivos... y el 134, que el Gasto Público comprende las erogaciones por concepto de gasto corriente...'- d) La Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado, tiene el mismo rango que la propia Constitución, porque proviene del Poder Constituyente, Poder este que solamente existe para establecer los principios supremos bajo los cuales debe regirse el orden jurídico del Estado y cumplido lo cual desaparece, quedando toda otra actividad legislativa a cargo del Poder Constituido. Este aserto se confirma porque las leyes constitucionales, en el caso de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León, requieren para su reforma de requisitos especiales: para ser admitidas a discusión se necesitará el voto de la mayoría de los miembros presentes de la Legislatura, las adiciones o reformas se publicarán y circularán profusamente con extracto de la discusión, no podrán ser votadas antes del inmediato período de sesiones, su aprobación necesitará del voto de las dos terceras partes de los diputados que integran la Legislatura y el gobernador no tendrá el derecho de formular observaciones (artículos 148, 149, 150, 151 y 152 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León). e) Es principio general de derecho, contenido en el artículo 9 del Código Civil vigente en el Estado de Nuevo León, que la ley queda abrogada o derogada por otra posterior cuando sus disposiciones sean incompatibles total y parcialmente con la ley anterior. f) El principio de autoridad formal de la ley contenido en el artículo 72, inciso f) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 73 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, ha sido cabalmente respetado, porque en el proceso de derogación del artículo 129 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, se han seguido los mismos trámites establecidos para su formación. En razón de lo anterior es inconcuso que la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León, dejó sin vigencia al artículo 129 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León. Por otra parte, resulta incuestionable que las remuneraciones de los miembros de los Ayuntamientos constituyen un egreso, que se comprende dentro del capítulo del Gasto Corriente y que por lo tanto forma parte del Presupuesto de Egresos (artículo 134 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal). En razón de lo anterior las atribuciones para aprobar las remuneraciones de los miembros de los Ayuntamientos del Estado de Nuevo León, ya no corresponden al H. Congreso del Estado, sino a los propios Ayuntamientos. Sin embargo, el órgano demandado en el acto reclamado, contrariando los principios expuestos y vulnerando la libertad del Municipio y su autonomía, ordena cobrar a los integrantes del Ayuntamiento, Administración 1992-1994, cantidades por concepto de lo que ella denomina `sobresueldos' porque, según estima fueron pagados sin autorización del H. Congreso del Estado. Es conveniente considerar que con fecha 28 de octubre de 1993, el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, interpuso diversa CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL en contra del H. Congreso del Estado, cuya materia es la pretensión que este Poder se arroga de tener atribuciones para aprobar las remuneraciones de los miembros del Ayuntamiento, controversia que ha sido radicada ante ese H. máximo tribunal de la Nación bajo el expediente 3/93, que ha sido turnado para su instrucción al Ministro Juan Díaz Romero y que hasta la fecha aún no ha sido resuelta. Como consecuencia de los razonamientos expuestos el acto reclamado resulta ser ineficaz jurídicamente, correspondiendo a ese H. máximo tribunal de la Nación pronunciar la ineficacia. 2. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todo mandamiento de autoridad debe estar fundado y motivado. Sin embargo, la petición de la Contraloría Mayor de Hacienda del H. Congreso del Estado de Nuevo León, es ayuna totalmente en expresar las disposiciones legales que le sirven de fundamento. Al respecto es de citarse la siguiente jurisprudencia: Instancia: Primera Sala; Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Epoca: 7a.; Volumen: 151-156; Parte: Segunda; página: 56. RUBRO: FUNDAMENTACION Y MOTIVACION, GARANTIA DE (se transcribe). Por tal motivo, el acto reclamado deviene inválido, pero su invalidez debe ser pronunciada por ese máximo tribunal dirimiendo así el conflicto que se suscita. 3. Toda autoridad se encuentra en el deber jurídico de sujetar su actuación al principio de legalidad contenido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, resultando responsabilidad a aquella autoridad que incumpla con este deber. En el caso que nos ocupa, el órgano demandado señala que deben cobrarse a los integrantes del Ayuntamiento, Administración 1992-1994, cantidades de dinero percibidas que califica como `sobresueldos' percibidos durante el ejercicio de 1993. Este aserto se confirma en razón de que el acto reclamado se refiere al acuerdo No. 51, de fecha 15 de mayo de 1995 que así lo indica (acompañamos copia certificada de este acuerdo como anexo No. 4). Ahora bien, el artículo 16 de la Ley de la Contaduría Mayor de Hacienda, señala que este órgano tiene atribuciones para determinar responsabilidades: `a partir de la presentación de la Cuenta Pública y hasta que no se hayan extinguido las facultades o prescrito las acciones que pudieren ejercitarse.'- A su vez el artículo 25 de la Ley de la Contaduría Mayor de Hacienda, prescribe que las atribuciones de la autoridad para determinar la responsabilidad que nos ocupa se extinguirá en el plazo de un año, contado a partir de la fecha en que se hayan originado dichos actos u omisiones. De manera que si las facultades del órgano demandado se extinguen en un año contado a partir de la fecha en que se hayan originado los actos (artículo 25 de la Ley de la Contaduría Mayor de Hacienda) y éstos se originaron en la fecha en que los servidores públicos recibieron remuneraciones durante el año de 1993, por ser de tracto sucesivo, el término se ha ido cumpliendo al año de que las recibieron, por lo que si el informe definitivo se rindió, el 28 de noviembre de 1994, las señaladas atribuciones se extinguieron retroactivamente a partir del 28 de noviembre de 1993. Es evidente que de conformidad con estos dispositivos legales, las facultades para determinar la responsabilidad a que se refiere el acto reclamado se han extinguido y que la autoridad municipal y el secretario de finanzas y tesorero municipal, incurrirían en el delito de concusión, al obsequiar el acto reclamado, puesto que saben que lo que se ordena cobrar no es debido en razón de que las atribuciones para hacerlo se han extinguido."
SEGUNDO. Por acuerdo de diez de agosto de mil novecientos noventa y cinco, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, mandó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional y lo turnó a la Ministra Olga María Sánchez Cordero de García Villegas, a quien le corresponde actuar como instructora en el procedimiento.
Asimismo, con fecha diecisiete de agosto del mismo año, la Ministra instructora admitió la demanda de mérito, y ordenó emplazar mediante oficios, por conducto del Juez de Distrito en turno en el Estado de Nuevo León, a la autoridad demandada así como al Congreso del Estado de Nuevo León (a quien, por otra parte, no se le tiene como tercero interesado en la controversia, sino como autoridad codemandada por las razones que más adelante se expresarán), para que contestaran la demanda dentro del término de treinta días, contados a partir de la legal notificación de este proveído y mandó dar vista mediante notificación por oficio al procurador general de la República, para que en el término de treinta días manifestara lo que a su derecho convenga.
TERCERO. Mediante auto de once de octubre de mil novecientos noventa y cinco, se tuvo al procurador general de la República, desahogando la vista ordenada en el párrafo anterior, mediante oficio número PGR 0491/95 y mandó dar vista a la parte actora para que en el término de cinco días manifestara lo que su derecho convenga.
En el oficio de referencia se manifestó esencialmente lo siguiente:
"PRIMERO. A partir de la reforma del año de 1983, el artículo 115, fracciones II, primer párrafo y I, inciso c), primer y tercer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala: (se transcribe). A la luz de este precepto, las Legislaturas de los Estados están facultadas para aprobar las Leyes de Ingresos de los Ayuntamientos y revisar sus Cuentas Públicas; en cuanto a los gastos de cada Ayuntamiento, son estos mismos los que se ocuparán de aprobarlos, con base en sus propios ingresos. En relación a la aprobación del Presupuesto de Egresos por parte de los Ayuntamientos, es menester señalar que dentro del mismo se comprenden las erogaciones destinadas a atender las necesidades locales y específicas de la circunscripción territorial de que se trata, en las que se incluyen los gastos de obra pública municipal y las remuneraciones de los funcionarios del Cabildo. Los Municipios están investidos de personalidad jurídica propia, y pueden además, manejar su patrimonio conforme a la ley, al tenor de lo establecido por el citado artículo 115, fracción II, de la Carta Magna. Hasta antes de la reforma constitucional, se había considerado que el término `Municipio Libre' era inexacto, pues la libertad del Municipio quedaba determinada por sus vínculos de coordinación con el Estado en dos extremos, por un lado, la relativa autonomía del Municipio y por otro, su relativa subordinación al Estado. De este modo la autonomía financiera, y con ella la libertad municipal, quedaban a merced de la Legislatura y del Ejecutivo, que de acuerdo con su conveniencia política podían aumentar o disminuir los recursos municipales. Cabe hacer la aclaración de que por autonomía administrativa se entendía la facultad de todo Municipio para encargarse de expedir reglamentos, administrar los servicios de agua potable, alumbrado público, limpia, mercados, centrales de abasto, panteones, rastro, calles, parques y jardines, seguridad pública y tránsito, así como la posibilidad de asociarse con otros Municipios para la prestación de dichos servicios. Los Municipios tenían también la facultad de administrar el desarrollo urbanístico y de protección ecológica, así como disponer respecto a las relaciones laborales entre éstos y sus trabajadores, las cuales se regirían por las leyes que expidieran las Legislaturas de los Estados. También, antes de la aludida reforma constitucional al artículo 115, el doctor Ignacio Burgoa aclaraba que el término Municipio Libre respetaba `... el adjetivo que le adjudicó el proyecto de Don Venustiano Carranza. Ahora bien, esa libertad municipal de ninguna manera debe interpretarse como independencia, sino como denotativa de una autonomía interior en el orden político, administrativo y hacendario de que los Municipios disfrutan jurídicamente dentro de los marcos estructurales de la Federación y del Estado miembro a que pertenezcan. En efecto, las constituciones locales acatando siempre las normas establecidas por la Constitución Federal, pueden señalar las materias sobre las cuales las autoridades municipales ejerzan las funciones públicas de carácter administrativo, reservando a las del Estado miembro las que estimen pertinentes, sin contrariar, claro está, ningún mandamiento de la Ley Fundamental de la República. Como se ve, la autonomía administrativa del Municipio se subordina, en cuanto a extensión, a las facultades que las constituciones de los Estados miembros le asignen en los ramos que obviamente no correspondan a la órbita federal...'- Ya desde las discusiones del Congreso Constituyente de 1917 Heriberto Jara decía que `no se concibe la libertad política cuando la libertad económica no está asegurada...' Por su parte, el diputado Rafael Martínez de Escobar decía: `una intervención directa e inmediata del Estado sobre el Municipio, ...sólo significa subordinar los Ayuntamientos al Estado ...la base de la libertad administrativa de los Ayuntamientos está en la libertad económica, y la libertad económica está en los términos del dictamen subordinada a la acción de los Estados, por eso me opongo a la fracción II del artículo 115'. El diputado Medina manifestó que no se debía permitir que el Estado o la Federación `tutoreen' al Municipio, porque lo nulifican, el diputado Lizardi señaló que si los Ayuntamientos no tienen libertad económica, si los Ayuntamientos no pueden administrar libremente sus intereses, jamás serán libres. El 31 de enero de 1917, el diputado Heriberto Jara insistió: `Queremos que haya una base para que el Estado no tenga sujeto al Municipio, porque en esas condiciones, hay que tenerlo presente, cuando un Estado no quiera darle libertad a sus Municipios, basta que la Legislatura les ponga taxativas, basta con que el Ejecutivo inicie determinadas medidas, y que sean aprobadas por el Congreso Local, para quitar su libertad a sus Municipios. No se puede obtener libertad política, libertad administrativa, ni ninguna clase de libertad a base de aire: se necesita tener esa libertad a base económica'. Las dos grandes omisiones que, a pesar suyo, nuestro Constituyente de 1917 dejó, respecto al Municipio, son la autonomía económica y las relaciones de las autoridades del Estado y las del Municipio. No obstante, hoy día el artículo 115 constitucional, es claro al establecer que los Municipios administrarán libremente su Hacienda, y parte de ella serán los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. Además, los Presupuestos de Egresos serán aprobados por los Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles. La democracia actual, en sentido integral, dice el jurista Salvador Rocha Díaz, no puede darse sin el pleno respeto al Municipio y el respeto al Municipio se inicia por el acatamiento a las decisiones políticas de los habitantes de cada una de las células del ser nacional, para el respeto del Municipio; es condición dotarlo de los medios económicos necesarios para el cumplimiento de sus responsabilidades. Una de las limitaciones más graves que tenía el artículo 115 constitucional, era la de no haber podido regular la relación económica entre el Estado y los Municipios, pues la vieja fórmula que aprobó el Constituyente, dejó facultades amplísimas a la Legislatura del Estado para que fijara al Municipio sus recursos económicos, quedando como buenos deseos las aspiraciones del Constituyente de asegurar la libertad económica del Municipio. En los debates del Senado, para reformar el artículo 115 en diciembre de 1982, se dijo que `...por principio, en esta fracción (fracción IV) se orienta lo que por origen ha correspondido siempre a los Municipios, o sea, su facultad de administrar libremente la Hacienda municipal, la que en los términos del proyecto se enriquece notablemente al conformarla con atribuciones y participaciones que el propio texto enumera...'- El senador Miguel Borge Martín, en los mismos debates expresó: `Qué bueno también que se le reconozca al Municipio, no sólo la personalidad jurídica que ha tenido desde 1917, sino la facultad de manejar su patrimonio conforme a la ley, para evitar interpretaciones incorrectas, incluso de orden judicial, que han dado al traste con la posibilidad de que el Municipio ejerza, como ahora se plantea, actos de dominio sobre su patrimonio'. La senadora Olga Sentíes de Ballesteros agregó: `Las finanzas públicas del Municipio, el Estado y la Federación deben desarrollarse en forma armónica, en recíproco respeto y apoyo dentro de sus propios niveles. Por eso fue tan importante el señalamiento constitucional de la competencia municipal en cuanto a las fuentes de ingreso, sin dejar renglones tributarios al arbitrio de la buena o mala voluntad de las Legislaturas Locales'. El artículo 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, vigente, a la letra dice: (se transcribe). A la luz de este texto y de los razonamientos esgrimidos, es procedente afirmar que el acuerdo sobre la no aprobación de la Cuenta Pública del Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, por considerarse la existencia de cantidades percibidas como `sobresueldos' por los integrantes del Ayuntamiento de la Administración 1992-1994 y el consiguiente requerimiento al propio Municipio para que se reintegren dichos `sobresueldos' a la Hacienda municipal, al igual que el propio artículo 129 de la Constitución Política de Nuevo León, son evidentes acciones de invasión a la esfera de acción del Municipio de San Pedro Garza García, en que se impide el ejercicio de su autonomía financiera y que se le considere como Municipio Libre, conforme a los principios contemplados en la Carta Magna Federal, por ir en contra de lo dispuesto por el artículo 115, fracción IV, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. El artículo 127 constitucional especifica: (se transcribe). En una interpretación analógica, las remuneraciones de los Municipios deberán estar determinadas en los Presupuestos de Egresos de los Municipios, los cuales tienen competencia constitucional para aprobarlos. Por lo anterior, es notorio que con las asignaciones y control de las remuneraciones a los integrantes de los Cabildos por parte del Congreso de Nuevo León, se violenta la autonomía financiera del Municipio de San Pedro Garza García, misma que se refiere a la delimitación de los ingresos propios municipales, dentro de los cuales resaltan por su significación las participaciones federales, y la precisión de que sólo los bienes de dominio público de los tres niveles de gobierno pueden eximirse del pago de contribuciones sobre bienes inmuebles y por servicios públicos, así también como los rendimientos de los bienes que le pertenezcan a su favor. TERCERO. Por su parte, el artículo 16 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León señala: (se transcribe). El citado precepto especifica que las remuneraciones, materia de litis en la presente controversia, se fijarán en los Presupuestos de Egresos correspondientes. Presupuestos que, según el artículo 115 constitucional, los propios Ayuntamientos aprobarán con base en sus ingresos disponibles; si las remuneraciones se incluyen en los presupuestos, es claro que éstas también deben ser aprobadas por el Ayuntamiento que corresponda. El artículo 115 constitucional, ha determinado desde 1983 la facultad de los Ayuntamientos para aprobar sus Presupuestos de Egresos, la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León, publicada en el Diario Oficial de 28 de enero de 1991, ha seguido sus pasos; no así el artículo 129 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, cuyo texto data del año de 1918, en que la Constitución Federal limitaba al Municipio en su presupuestación económica. CUARTO. El artículo 129 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, es contrario al texto y al espíritu del artículo 115 de la Constitución Federal, así como al artículo 16 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal de la entidad. Siguiendo el principio de supremacía constitucional, es evidente y notorio que lo dispuesto por la norma constitucional federal está por encima de cualquier norma o ley que de ella emane, por tanto, la norma constitucional federal debe prevalecer sobre la norma constitucional local. En la Constitución Federal se establecen rubros económicos a favor de las Haciendas de los municipios, con la finalidad de fortalecerlas y garantizar su autonomía. Este punto es uno, si no el más, de los de mayor trascendencia de toda la reforma. En la exposición de motivos de la iniciativa presidencial se traen a colación esas ideas: `Como consecuencia lógica del principio de libre administración de la hacienda municipal, se propone que los Presupuestos de Egresos de los Municipios, deban ser aprobados sólo por los Ayuntamientos con base en los ingresos disponibles y evidentemente de acuerdo con los ingresos que se les hubiesen autorizado. Las Leyes de Ingresos de los Ayuntamientos son aprobadas por las Legislaturas Locales, las que revisarán sus Cuentas Públicas. Este principio es correcto. Todo impuesto debe ser determinado en una ley expedida por el órgano legislativo; sin embargo, los Presupuestos de Egresos son aprobados por los Ayuntamientos de acuerdo con los ingresos disponibles. En este sentido, la libertad municipal, así considerada a nivel federal, es el atributo de los Municipios que se caracteriza por la autosatisfacción de los requerimientos financieros del aparato público municipal y por el uso de sus facultades constitucionales y legales sin injerencia del exterior y en la medida en que satisfaga las necesidades primordiales de la comunidad.'- A fin de apoyar los argumentos antes señalados, conviene citar la siguiente tesis jurisprudencial y hacer notar que no obstante haber sido sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte en 1939, y antes de la reforma constitucional de 1983, sostiene ya el criterio que dio base a la reforma y apoya el razonamiento en cuestión: instancia: Segunda Sala; fuente: Semanario Judicial de la Federación; Epoca: 5a.; Tomo: LXI; pág. 5202. RUBRO: MUNICIPIOS, LIBRE ADMINISTRACION DE LOS BIENES POR LOS. (se transcribe). Ha quedado atrás la escuela clásica que sostenía que todo lo municipal debía confiarse al orden local, a excepción de la garantía de la libertad municipal que podía instituirse por la Constitución General. Aunque sólidos y abundantes eran los razonamientos de los ortodoxos, privó una inteligente praxis política no exenta de soporte doctrinal."
CUARTO. Por oficios números 189/95 y 410/95, de fechas doce y diez de octubre de mil novecientos noventa y cinco, suscritos respectivamente, por el presidente de la Diputación Permanente de la LXVII Legislatura Constitucional y el contador mayor de Hacienda, ambos del H. Congreso del Estado de Nuevo León, produjeron su contestación a la demanda instaurada en su contra, en los términos siguientes:
"ARTURO CHARLES CHARLES,... En mi calidad de diputado y presidente de la Diputación Permanente de la LXVII Legislatura Constitucional del Estado de Nuevo León y como consecuencia en representación del Honorable Congreso Estatal, ocurre el suscrito en este acto
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5004-b4e050f3/sobreseimiento-en-controversias-constitucionales-procede-decretarlo-cuando-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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