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Modo: Corpus Pro

MUNICIPIOS. DENTRO DE NUESTRO SISTEMA CONSTITUCIONAL CONSTITUYEN UN PODER, POR LO QUE ESTÁN LEGITIMADOS PARA PROMOVER CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES QUE SE SUSCITEN ENTRE ÉSTOS Y LOS OTROS PODERES DE LA ENTIDAD.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 2/93 (INCIDENTE DE INCOMPETENCIA). · Registro digital (IUS): 4830
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Abril de 1998, , Pág. 443.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 2/93 (INCIDENTE DE INCOMPETENCIA). AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN.

MINISTRO PONENTE: JUVENTINO V. CASTRO Y CASTRO.

SECRETARIO: JOSÉ PABLO PÉREZ VILLALBA.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día diecinueve de septiembre de mil novecientos noventa y cinco.

VISTOS; Y

RESULTANDO:

PRIMERO.-Por escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el veintiocho de julio de mil novecientos noventa y tres, Jesús Guzmán Sepúlveda, en su carácter de secretario de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, promovió controversia constitucional por invasión de esferas, en los siguientes términos:

"1o. En el Estado de Nuevo León se expidió la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y el Código Procesal del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, contenido, en los Decretos 213 y 214 publicados en el Periódico Oficial número 80 de fecha cinco de julio de mil novecientos noventa y uno. En la primera ley se señaló como competencia del tribunal, entre otros, el de conocer los juicios que se promueven contra cualquier u omisión (sic) de las autoridades administrativas del Estado, de sus Municipios y órganos descentralizados que afecten los intereses jurídicos de los particulares, y también para conocer los juicios que promuevan las autoridades estatales y municipales, así como los organismos descentralizados, para que sean anuladas las resoluciones administrativas favorables a los particulares.

"Ahora bien, el artículo 116, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado por decreto de fecha veinticinco de febrero de mil novecientos ochenta y siete, publicado en el Diario Oficial del día diecisiete de marzo del mismo año, dispone:

"‘IV. Las Constituciones y leyes de los Estados podrán instituir tribunales de lo contencioso administrativo dotados de plena autonomía para dictar sus fallos, que tengan a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública estatal y los particulares, estableciendo las normas para su organización, su funcionamiento, el procedimiento y los recursos contra sus resoluciones.’

"Después de haber entrado en vigor la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y el Código Procesal del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, se adicionó el artículo 63, en la fracción XLV, de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, para otorgar atribuciones al Congreso para: ‘... Instituir mediante las leyes que expida, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, dotado de autonomía plena en el pronunciamiento de sus fallos y con facultades para resolver los conflictos y controversias que se susciten entre el Estado, los Municipios, los organismos descentralizados y empresas de participación estatales o municipales y, los particulares, estableciendo las normas de su organización, su funcionamiento, los requisitos para nombramientos, licencias y renuncias de los Magistrados que lo integren, sus procedimientos y recursos contra las resoluciones que se pronuncien.’.

"2o. En cada uno de los juicios en los cuales una u otra de las dependencias de la administración pública municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, han sido señaladas como demandadas, se ha promovido la incompetencia y falta de jurisdicción constitucional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo para conocer de las controversias que se suscitan entre los particulares y ésta, expresando:

"Incompetencia.

"El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado carece de competencia para conocer y resolver las controversias entre los particulares y la administración pública municipal, pues los artículos 15, 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo; 5o., 10, fracción III, inciso c), y relativos del Código Procesal del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Nuevo León, (sic), al hablar de la administración pública municipal; Ley de Hacienda para los Municipios; responsabilidades administrativas en contra de funcionarios, empleados, trabajadores al servicio de los Municipios; pensiones a cargo de los Municipios; responsabilidad extracontractual reclamada a los Municipios; indemnización por infracciones en las que incurran funcionarios o empleados de los Municipios; cualquier acto u omisión de los Municipios; el tribunal conocerá de los juicios que promuevan las autoridades municipales; cuando las leyes o reglamentos de los Municipios establezcan algún recurso; en caso de que sea parte la autoridad municipal intervendrá el síndico del Ayuntamiento, observándose lo previsto en la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal, va más allá de lo dispuesto por el artículo 116, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"Usted, Magistrado, al tomar posesión del cargo rindió la protesta de cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y dentro de ésta se encuentra el artículo 116, fracción IV, el cual dispone: ‘Las Constituciones y las leyes de los Estados podrán instituir tribunales de lo contencioso administrativo dotados de plena autonomía para dictar sus fallos, que tengan a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública estatal y los particulares, estableciendo las normas para su organización, su funcionamiento, el procedimiento y los recursos contra sus resoluciones.’, el cual, indiscutiblemente, con su protesta, usted se encuentra obligado a cumplir.

"Las controversias entre la administración pública municipal y los particulares, de acuerdo con ese precepto constitucional, se encuentran excluidas de la competencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, pues sólo y en forma exclusiva debe conocer de las controversias entre la administración pública del Estado -ver Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado- y los particulares.

"Los actos de la administración pública de los Municipios no son enjuiciables en la vía contenciosa administrativa. Los particulares tienen a su alcance los recursos administrativos, cumplido el principio de definitividad, los administrados del Municipio pueden combatir los actos de autoridad a través del juicio de amparo, de acuerdo con lo previsto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su correspondiente ley reglamentaria (Ley de Amparo).

"El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece las bases para la organización y funcionamiento de los Municipios, nada dice de que los actos de la administración pública municipal puedan o deban ser enjuiciables por la vía contenciosa administrativa.

"Sólo habla en el párrafo final, al igual que la fracción V del artículo 116, de las relaciones de trabajo y, por ello, dada la naturaleza común de la materia, en el último párrafo del artículo 63, fracción XLIII, de la Constitución Política de Nuevo León, se estableció: ‘Las controversias de los servidores públicos del Estado, los Municipios y las demás entidades públicas, así como los conflictos intersindicales serán sometidos al Tribunal de Arbitraje del Estado.’. Por ello, el Juez Tercero de Distrito de este Cuarto Circuito, en sentencia que causó ejecutoria, consideró anticonstitucional el funcionamiento del Tribunal de Arbitraje Municipal. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo carece de competencia para conocer de este asunto y, por ello, desde luego, se plantea la cuestión de competencia, en los términos del presente escrito.

"Debe abstenerse de conocer del presente asunto con apoyo en lo previsto por el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contiene el principio de supremacía constitucional, por el cual se obliga a Jueces -tanto en sentido formal como material, pues donde la ley no distingue el intérprete no debe distinguir- ... a arreglarse ‘a dicha Constitución -competencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de conocer y dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública estatal y los particulares (artículo 116, fracción IV)-, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.’.

"Por si fuera poco todavía, ese Tribunal de lo Contencioso Administrativo carece de competencia para conocer de actos de la administración pública municipal, porque tanto la ley orgánica como el código procesal del mismo van más allá de lo previsto por el artículo 116, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se convierte en una autoridad intermedia entre el Gobierno del Estado y el Municipio, con evidente violación al artículo 115, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"La doctrina jurídica mexicana ya se ha pronunciado en torno a la incompetencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado para conocer de las controversias de los particulares en contra de la administración pública municipal, a saber:

"Respecto de los actos administrativos dictados por los Ayuntamientos, no puede estimarse que fueren impugnables ante los tribunales de lo contencioso administrativo estatales, sino que al efecto sería aconsejable que los Ayuntamientos que así lo requieran (en función de la complejidad de sus problemas), crearan tribunales de lo contencioso municipales, cuenta habida de que el Estado local (sic) no puede en forma alguna calificar la legalidad de los actos administrativos municipales, pues tal calificación atenta severamente contra el Municipio Libre (‘Avances y perspectivas de las reformas constitucionales 1987 en el plano de jurisdicción contencioso administrativa.’ Abo. José Pastor Suárez Turnbull en: Las Nuevas Bases Constitucionales y Legales del Sistema Judicial Mexicano. La Reforma Judicial 1986-1987. Editorial Porrúa, S.A.).

"Todas las leyes de justicia local atribuyen a los tribunales ambas justicias, la estatal y la municipal, pero se pregunta sobre qué base constitucional se procede de este modo.-Bastaría con agregar a la fracción IV que las controversias que se suscitan entre la administración pública estatal y municipal y los particulares ... (‘El artículo 116 constitucional y la justicia administrativa local.’, Lic. Alfonso Nava Negrete en: Reformas Constitucionales de la Revocación (sic) Nacional. Leonel Pérez Nieto Castro, compilador. Editorial Porrúa, S.A.).

"Así, mientras no se adicione la fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado carece de competencia para conocer, tramitar y decidir sobre las controversias surgidas entre los particulares y la administración pública municipal.

"En el caso de que una ley local sea contraria a la Constitución o leyes y tratados expedidos por el Gobierno Federal, el artículo 133 obliga a los Jueces locales a no aplicarla; es oscuro que quien ha jurado respetarlos se sienta constreñido a no violarlos y se abstenga de materializar en un caso concreto la legislación propia que estime contraria a las normas fundamentales. (Derecho constitucional estatal; la rama judicial.) Mtro. Elisur Arteaga Nava. En: Reformas Constitucionales de la Renovación Nacional. Leonel Pérez Nieto Castro. Compilador. Editorial Porrúa, S.A.).

"Asimismo, carece de competencia ese tribunal en virtud de que no existe acto definitivo de la autoridad administrativa que sea combatido en la vía contenciosa y es de explorado derecho que no son impugnables los actos que no tienen el carácter de definitivos y no procede el juicio contencioso cuando no se afectan, como en el caso, los derechos del particular.

"3o. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ante la promoción de la incompetencia, dicta resolución sin motivar ni fundar la misma sosteniendo su competencia y contra tales actos se han interpuesto los recursos de reclamación previstos en el artículo 64 del Código Procesal del Tribunal de lo Contencioso Administrativo como en el caso del expediente número 034/92 para, después, en la sentencia definitiva sostener ‘su competencia para conocer y decidir esta controversia, porque el acto reclamado por el actor es la ilegalidad de la resolución emitida por esa autoridad administrativa que puede afectar el interés jurídico del particular agraviado, conforme a lo dispuesto por el artículo 15, fracción XII, de la ley orgánica de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo; por tanto, es competente este tribunal para conocer y decidir esta controversia conforme a lo dispuesto por el citado precepto legal y, además, lo dispuesto por los artículos 1o., 37 y 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado’, entrando a resolver el fondo de la cuestión planteada.

"4o. La situación es grave. El Magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo no actúa con imparcialidad e independencia, pues a pesar de que tanto la Constitución Política de Nuevo León como la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo va más allá de lo previsto por el artículo 116, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, actúa con criterio partidista, preponderantemente en contra de los intereses de la administración pública municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, por ser sus titulares pertenecientes al Partido Acción Nacional.

"Y así dicta autos:

"a) Desechando incompetencia planteada por no haber sido propuesta dentro de los primeros tres días, aplicando, sin apoyo fáctico ni jurídico alguno, en forma supletoria el artículo 7o. del Código de Procedimientos Civiles en relación con el artículo 1o. del Código Procesal del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (032/92 seguido por Óscar J. Adame Garza; 034/92 seguido por José M. Calderón y José Gerardo Cantú; 035/92 seguido por Irma Zorrilla Montemayor de Vera).

"b) Desechando recursos de reclamación contra autos admisorios de demanda por no acreditarse el interés jurídico ni la personalidad del compareciente (160/93 Ricardo Guajardo Martínez representante legal de la menor Leonor Ruiz Guajardo y 159/93 seguido por Disigna, S.A., por conducto de su representante legal Héctor Martínez Garza).

"c) En cambio, admite el recurso de reclamación contra auto admisorio de contestación y admisorio de pruebas. Ahí no aplica supletoriamente el Código de Procedimientos Civiles. Éste en su artículo 226, segundo párrafo, establece que el auto en que se admita alguna prueba no es recurrible y como contra auto admisorio de la demanda, al interponer recurso de reclamación por parte de la administración pública municipal, se desechó el recurso de reclamación, aduciendo lo dispuesto por el artículo 622 del Código de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, es indudable que ni siquiera aplica el principio de que donde existe la misma razón debe existir la misma disposición (Ver expediente 138/93 seguido por Raquenel Gutiérrez de Santos).

"d) En los expedientes 112/93, 113/93 y 114/93, seguidos por Jorge Miguel Rocha Fuentes, Jorge Miguel Rocha González, Jorge Miguel Rocha Fuentes y Martha Yolanda González de Rocha, respectivamente, dicta sendos acuerdos desechando la prueba documental que en el ofrecimiento se hizo consistir en:

"Solicitud al tercero, José Rafael Quiroz Guereña, quien celebró operación de compraventa con la parte actora, de documentos en donde conste el pasivo previamente contraído, a fin de demostrar que la operación de compraventa se celebró el año pasado.

"5o. Todo lo anterior aunado a que contra la sentencia definitiva dictada en el expediente número 030/92 seguido por el doctor Juventino González Benavides se promovió juicio de amparo directo que se radicó en el Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, y que en virtud del recurso de reclamación interpuesto por el Magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo se desechó la demanda por estimarla (sic) que el quejoso es sujeto de derecho público, origina la necesidad de ocurrir a plantear controversia constitucional, ante ese supremo colegio judicial, por lo que es evidente el estado de indefensión en el cual queda el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, y las dependencias de la administración pública municipal cuando son demandadas ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, sin dejar de advertir que ésta, en ejercicio con (sic) la facultad que se desprende del artículo 68 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, y (sic) presentó iniciativa para que se derogue la facultad concedida al Tribunal de lo Contencioso Administrativo para conocer de las controversias de particulares contra la administración pública municipal y/o, en su caso, crea (sic) una segunda instancia, en el Tribunal Superior de Justicia, en la Sala Administrativa para que conozca de un recurso de revisión, similar al de la revocación fiscal que existe en contra de resoluciones de las Salas Regionales del Tribunal Fiscal de la Federación y de la competencia para el conocimiento, sustanciación y decisión de tal recurso de los Tribunales Colegiados.

"6o. En el asunto 030/92 promovido por el Dr. Juventino González Benavides, presidente municipal que concluyó el periodo de la administración pública municipal, en el Municipio de Monterrey, Nuevo León, en el periodo para el cual fue electo el licenciado Sócrates Rizzo García actual gobernador del Estado, dictó contra disposición expresa de la Ley de Desarrollo Urbano, condenando para la expedición de la licencia de uso de suelo comercial una zona que es exclusivamente habitacional.

"7o. La administración pública municipal no debe quedar sujeta, en cuanto a la justicia, a titulares que carecen de jurisdicción constitucional, competencia y carecen además, de los requisitos de dependencia, honestidad e imparcialidad y, por ello, se plantea la presente controversia constitucional para que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que determine de que de (sic) acuerdo con lo dispuesto por el artículo 116, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Congreso Local carece de facultades para instituir el Tribunal de lo Contencioso Administrativo con competencia para conocer controversias contra (sic) particulares y la administración pública municipal o de ésta en contra de los administrados y, especialmente, en el caso concreto del expediente 034/92, se examina la parcialidad del Magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

"Por una parte, resuelve favorable a los intereses de las administración pública municipal cuando considera que el licenciado José M. Calderón Cárdenas carece de legitimación por no haber acompañado a su demanda documento alguno que acreditara su carácter de apoderado de Maricela Torres Elizondo de Calderón, quien figura como arrendadora en el contrato de arrendamiento con Enter de México, S.A. de C.V.

"En cambio, nada dice respecto a la falta de legitimación de José Gerardo Cantú González quien, en lo personal, por su propio derecho carece de interés legítimo, pues el contrato de arrendamiento de fecha treinta y uno de octubre de mil novecientos noventa, sobre la finca marcada con el número 419 de la calle Vía Savotino de la colonia Fuentes del Valle de San Pedro Garza García, Nuevo León, se encuentra celebrado entre Maricela Torres Elizondo de Calderón a través de su apoderado el licenciado José M. Calderón y Enter de México, S.A. de C.V., por conducto de su apoderado José Gerardo Cantú González.

"El acto reclamado de esta autoridad administrativa fue la negativa del cambio de uso de suelo que fue solicitado por José Gerardo Cantú González sobre la casa marcada con el número 419 de la calle Vía Savotino de la colonia Fuentes del Valle, sobre la cual dicha persona no tiene interés legítimo alguno, pues intervino en el contrato de arrendamiento como apoderado del arrendatario Enter de México, S.A. de C.V., no teniendo trascendencia alguna de (sic) que en los autos aparezca que José Gerardo Cantú González sea representante legal de Enter de México, S.A. de C.V., pues, la demanda no la intentó con ese carácter, sino por su propio derecho, aduciendo, juntamente con el licenciado José M. Calderón, ser uno arrendador, y otro arrendatario, y si en cuanto al primero se le tuvo por no acreditado su interés porque la arrendadora es Maricela Torres Elizondo de Calderón, por la misma razón debió haberse estudiado la causa de sobreseimiento invocado o, de oficio, haberlo advertido el Magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo respecto a que José Gerardo Cantú González carece de interés legítimo para actuar, en virtud de que el arrendatario, se insiste, es Enter de México, S.A. de C.V., como claramente quedó demostrado con la propia documentación presentada por el demandante y que, por tal, hace prueba en su contra.

"Respecto a los usos, destinos, reservas y provisiones, existe un procedimiento para la expedición de las declaratorias respectivas contempladas en los artículos 72 al 79 de la Ley de Desarrollo Urbano vigente en el Estado. No es a petición de un particular en un lugar determinado por el cual procede la declaración de uso de suelo. En el caso hubo directrices y lineamientos generales sobre uso de suelo, localización y construcción de edificaciones que determinó el uso del suelo en la zona en donde se encuentra la calle Savotino número 419 de la colonia Fuentes del Valle, y con fundamento en ello, expidió la negativa de uso de suelo comercial, por lo que no está en lo justo el Magistrado responsable en aducir la falta de inscripción en el Registro Público de la Propiedad, por lo que en el caso se estaba en el supuesto del artículo 22, inciso IV, de la Ley de Desarrollo Urbano, en cuanto a que se autoriza a la Comisión de Desarrollo Urbano, antes Comisión de Planificación del Estado, a expedir los lineamientos específicos aplicables a determinadas áreas y predios, así como los lineamientos conforme a los cuales sean concedidos o modificados los usos del suelo y, en la especie, por no combatirse la resolución contenida en el acta 35/90, punto 30, de fecha veintiocho de septiembre de mil novecientos noventa, es indispensable (sic) que se encontraba frente a un acto derivado de otro consentido y, consecuentemente, hacían improcedente el juicio contencioso administrativo.

"El Magistrado responsable suple las deficiencias de la demanda de José Gerardo Cantú González y no estudia en su integridad la oposición que se hace por parte de esta autoridad y sin haber estado la microzonificación derivada del punto 30 del acta 35/90, objeto de controversia alguna (sic), el Magistrado responsable llega a estimar dogmáticamente, que dicha microzonificación forma parte del Plan Municipal de Desarrollo Urbano porque, supuestamente, se encuentra facultado por el artículo 31, fracción IV, de la Ley de Desarrollo Urbano, pero no estudia la cuestión relativa a que a falta de plan de desarrollo urbano municipal le compete a la Comisión de Desarrollo Urbano expedir los lineamientos para el uso y modificación del suelo, por lo que desde luego resulta inexactamente aplicable el artículo 31, fracción IV, de la Ley de Desarrollo Urbano, siendo por ello, también, una injerencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en la vida interna del Municipio, contrariando lo dispuesto por el artículo 115 constitucional, al invadir la esfera de acción municipal sin contar con apoyo jurídico de ninguna naturaleza.

"El Magistrado reconoce que la microzonificación del Fraccionamiento Fuentes del Valle de San Pedro Garza García, Nuevo León, fue aprobado por la Comisión de Planificación, pero los requisitos a los cuales alude para los efectos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad no son esa clase de lineamientos, sino a los planes parciales de desarrollo urbano por lo que existe una deficiencia marcada y, en tal situación, se aplica inexactamente el artículo 8o., fracción III, del Código Procesal del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, para declarar la nulidad de la resolución contenida en el oficio SUDERBE-FU/128.92 de fecha cuatro de mayo de mil novecientos noventa y dos.

"En esas condiciones, es clara la invasión de esferas en el presente caso que conllevan a la competencia de la Suprema Corte de Justicia porque el Congreso Local no respeta las facultades expresas otorgadas a la Legislatura de la entidad en los términos del artículo 116, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que lo faculte (sic), exclusivamente, para instituir el Tribunal de lo Contencioso Administrativo que conozca de controversias entre la administración pública del Estado y los particulares, quedando fuera de esa competencia las controversias entre la administración pública municipal y los particulares.

"Igualmente, invade la esfera de acción que corresponde a la concurrencia entre la Federación, Estado y Municipios, determinados en los artículos 27, 115, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con los diversos 1o., 2o., 4o., 8o., 16, 17 y relativos de la Ley de Asentamientos Humanos.

"Esta Suprema Corte de Justicia debe abocarse al conocimiento de estos asuntos por la importancia nacional con trascendencia de ajustar las funciones de órganos como el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Nuevo León a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, encontrando apoyo en esta controversia constitucional (sic) los artículos 103, fracción III, 105 y relativos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, máxime que se trata de un asunto que reviste especiales características, y que por las determinaciones judiciales relativas a la consideración de que el Municipio, o sus dependencias, son personas morales oficiales de derecho público, quedan en estado de indefensión por lo que no es aceptable que el Municipio, como persona jurídica o sus dependencias, no puedan defenderse ante los tribunales federales sobre todo cuando se les pretende someter a órganos jurisdiccionales incompetentes y, ante éstos, además se violen las formalidades esenciales del procedimiento y se hace una inexacta aplicación de la ley."

SEGUNDO.-Mediante escrito de veintinueve de julio de mil novecientos noventa y tres, recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el nueve de agosto de mil novecientos noventa y tres, el presidente municipal Rogelio Sada Zambrano y el síndico segundo, Lic. Eduardo Canales Zambrano, ambos del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, comparecieron a hacer suya la controversia constitucional por invasión de esferas promovida por el secretario de Desarrollo Urbano y Ecología de dicho Municipio.

TERCERO.-Por auto de presidencia de esta Suprema Corte de diez de agosto de mil novecientos noventa y tres, se ordenó formar y registrar el expediente relativo, así como prevenir a la parte actora para que precisara si su demanda la entabla o no en contra del Congreso y del Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León y si de éstos se reclama la expedición y promulgación del artículo 63, fracción XLV, de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo; y del Código Procesal del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del mismo Estado.

CUARTO.-Mediante escrito de veintiséis de agosto de mil novecientos noventa y tres, presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, el tres de septiembre del mismo año, el presidente municipal, el síndico segundo y el secretario de Desarrollo Urbano y Ecología de San Pedro Garza García, Nuevo León, desahogaron la prevención ordenada en los siguientes términos:

"Se señala desde luego como autoridades al Congreso, gobernador constitucional y Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado de Nuevo León, con domicilios en sus respectivos recintos oficiales en Monterrey, Nuevo León.

"Del Congreso del Estado, actuando como Congreso Constituyente Permanente, se reclama la expedición de la fracción XLV del artículo 63 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, en cuanto a que instituye el Tribunal de lo Contencioso Administrativo para conocer de las controversias entre los particulares y la administración pública del Estado, y los particulares y la administración pública de los Municipios, excediéndose de lo dispuesto por la fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, actuando como órgano legislativo ordinario por la expedición de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y el Código Procesal del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de donde se desprenden la organización y funcionamiento que dicho órgano jurisdiccional con facultades para conocer, entre otras, las controversias que se susciten entre los particulares y la administración pública municipal.

"Del Gobernador Constitucional del Estado se reclaman las iniciativas de Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Código Procesal del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la promulgación y publicación de dichos ordenamientos así como la iniciativa de reforma del artículo 63, fracción XLV, de la Constitución Política de Nuevo León, con su correspondiente promulgación y publicación, por ir más allá de lo establecido por el artículo 116, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y establecer, propiamente, un órgano intermedio entre el Gobierno del Estado y la administración pública municipal, en contravención a lo dispuesto por e

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4830-3a2cdd55/municipios-dentro-de-nuestro-sistema-constitucional-constituyen-un · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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