Corpus
Modo: Corpus Pro

MUNICIPIOS. DENTRO DE NUESTRO SISTEMA CONSTITUCIONAL CONSTITUYEN UN PODER, POR LO QUE ESTÁN LEGITIMADOS PARA PROMOVER CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES QUE SE SUSCITEN ENTRE ÉSTOS Y LOS OTROS PODERES DE LA ENTIDAD.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 2/95 (INCIDENTE DE INCOMPETENCIA). · Registro digital (IUS): 4888
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: AYUNTAMIENTO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Mayo de 1998, , Pág. 773.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 2/95 (INCIDENTE DE INCOMPETENCIA). AYUNTAMIENTO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.

MINISTRO PONENTE: GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL.

SECRETARIA: MARÍA GUADALUPE SAUCEDO ZAVALA.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día seis de julio de mil novecientos noventa y cinco.

VISTOS; Y

RESULTANDO:

PRIMERO.-Por escrito recibido el veinte de marzo de mil novecientos noventa y cinco en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jesús Hinojosa Tijerina, José Martínez González y Miguel Gómez Guerrero, en su carácter de presidente municipal, secretario y síndico segundo del R. Ayuntamiento del Municipio de Monterrey, Nuevo León, promovieron "controversia constitucional" en contra de las autoridades del Estado de Nuevo León, Congreso, gobernador y secretario general de Gobierno, a fin de que el Máximo Tribunal de la República pronuncie lo que a continuación se inserta:

"a) Declaración de que la Ley que Crea las Juntas de Mejoramiento Moral, Cívico y Material en el Estado de Nuevo León, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 23 de diciembre de 1953, invade la esfera de acción del Municipio, hace figurar una autoridad intermedia entre el gobierno y el Municipio y restringe la autonomía de éste.

"b) Declaración de que el mandato relativo a la sanción, promulgación, publicación, cumplir y hacer cumplir la Ley que Crea las Juntas de Mejoramiento Moral, Cívico y Material en el Estado de Nuevo León, expedido por el Gobernador Constitucional del Estado, al no prever la invasión a la esfera de acción del Municipio, resulta conculcatorio a la autonomía de éste.

"c) Declaración de que la firma del secretario general de Gobierno, como refrendo al mandato del gobernador del Estado a que se hace referencia en el inciso b) por no atender a la violación de la esfera municipal, es violatoria a la autonomía del Municipio.

"d) Declaración de que la publicación material en el Periódico Oficial a cargo del secretario general de Gobierno de la ley mencionada en el inciso a), invade la esfera de acción del Municipio.

"e) Declaración de que, como consecuencia, resultan inválidas las órdenes y reglamentaciones que en relación a las Juntas de Mejoramiento Moral, Cívico y Material en el Estado, expidan el gobernador y/o el secretario general de Gobierno.

"Fundamos esta demanda en los siguientes hechos y consideraciones de derecho.

"Hechos:

"1. En el Periódico Oficial del Estado del 23 de diciembre de 1953, se publicó la Ley que Crea las Juntas de Mejoramiento Moral, Cívico y Material en el Estado de Nuevo León, para que se establezca en cada una de las cabeceras del Municipio, así como comités por sectores, barrios, colonias, ‘... a juicio del gobernador ...’, y en cuya integración interviene el presidente municipal y un representante del gobernador. El primero para exponer el objeto de la reunión y las finalidades que se persiguen y el segundo para conservar el original del acta constitutiva.

"2. Se le dan atribuciones al gobernador del Estado para desaprobar total o parcialmente las actas e informes que rindan las Juntas a las cuales se les permite percibir y utilizar los impuestos que de (sic) acuerdo con las leyes de ingresos y egresos del Estado y de ingresos de los Municipios.

"3. Los directivos de las Juntas fungirán en sus cargos por tiempo indefinido y son relevados, parcial o totalmente, previo acuerdo del Gobierno del Estado. Lo relativo al reglamento interior de las juntas, para mejor funcionamiento, debe ser sometido al gobernador del Estado.

"Conceptos de violación:

"Primero: la Ley que Crea las Juntas de Mejoramiento Moral, Cívico y Material en el Estado de Nuevo León, que data del año de 1953, no se acopla a los principios del fortalecimiento municipal contemplados en el artículo 115 y sus reformas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al aplicarse, en el actualidad, la acción gubernamental invade la esfera de acción que corresponde al Municipio y constituye a la o las Juntas en verdaderos órganos intermedios entre el Gobierno del Estado y la administración pública municipal.

"Es conocido que el artículo 115 constitucional ha venido recogiendo los principios y normas básicas que sirven de cimiento a la unidad socio-política municipal para fortalecer el desarrollo autónomo en todos y cada uno de los aspectos: político, económico, financiero, de realización de los servicios públicos propios, para el adecuado ejercicio independiente atinente a cada Municipio, generando una adecuada división de competencias constitucionales entre la Federación, entidades federativas, Distrito Federal y Municipios, permitiendo la distinción de esos diferentes ámbitos de gobierno.

"En esa redistribución de competencias, atendiendo a la reforma constitucional del 3 de febrero de 1983, se han entregado al Municipio todas las atribuciones íntimamente relacionadas con la función primordial que a él le corresponde, o sea, el gobierno y la administración directa de la comunidad básica. En esa virtud, al Municipio le corresponde inculcar en los ciudadanos el concepto que sobre sus derechos y obligaciones deben tener para actuar en la vida pública con un sentido de justicia social y en la vida privada con nobleza y dignidad, a la par de fomentar el culto a los héroes que han forjado la patria, tal y como corresponde a la obligación establecida en el artículo 34, fracción II, de la Constitución Política de Nuevo León, para los habitantes del Estado, en cuanto al deber de recibir instrucción cívica que los mantenga aptos en el ejercicio de sus derechos de ciudadanos, asistiendo en los días y horas que designe el Ayuntamiento.

"El Ayuntamiento, de acuerdo con lo establecido por los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 118 de la Constitución Política de Nuevo León; 2o. y 10 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal, constituyen un órgano colegiado compuesto por el presidente municipal, regidores y síndicos, al cual le corresponde la administración del Municipio y como el propio Precepto Político Jurídico Fundamental del país lo precisa, entre el Ayuntamiento y los Poderes del Estado, no habrá autoridad intermedia alguna, la subsistencia de la ley que se combate permite que las Juntas de Mejoramiento Moral, Cívico y Material en el Estado de Nuevo León, se conviertan en esa autoridad intermedia máxime cuando, además, la ley que las crea les concede la facultad de percibir y utilizar los impuestos que la ley de ingresos de los Municipios establezca. Por carecer el Municipio de soberanía tributaria debe sujetarse a la legislación que al efecto expida el Congreso del Estado y al subsistir la disposición, específicamente el artículo 7o. de la ley combatida, se impide el ejercicio de la libre administración de la hacienda pública municipal, al tenerla que compartir, en cuanto a los ingresos determinados, con las tantas veces mencionadas Juntas de Mejoramiento Moral, Cívico y Material en el Estado de Nuevo León.

"La disposición de la fracción IV artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, precisa que los Municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor y los que provengan de la propiedad inmobiliaria, su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio del valor de los inmuebles y los derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo.

"De esa suerte, los ingresos deben ser percibidos y administrados por el Municipio y no por las Juntas de Mejoramiento Moral, Cívico y Material en el Estado de Nuevo León, sin que sea óbice la consideración de que el Municipio se encuentra dentro del Estado y que por ello debe soportar todo lo que éste haga, pues la misma situación habría entre el Estado y la Federación, por lo que al no distinguir la descentralización de los Estados respecto a la Federación, y de los Municipios respecto del Estado, en el elemento propio y diferenciador de la existencia de asuntos locales distintos de los federales y de asuntos municipales diversos a los estatales, se viola la autonomía del Municipio al existir y subsistir la norma del artículo 7o. de la Ley que Crea las Juntas de Mejoramiento Moral, Cívico y Material en el Estado de Nuevo León, a través de la cual se invade la esfera de acción del Municipio, por el Estado de Nuevo León.

"El estatuto atinente a la autonomía del Municipio, emana de una forma inequívoca de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que, con la ley que se combate, no se respeta. Esa autonomía es una consecuencia de la descentralización funcional constitucional atribuida al Municipio que de esa suerte queda alejado de todo control centralizador que se ejerce, en el caso, a través de la Ley que Crea las Juntas de Mejoramiento Moral, Cívico y Material en el Estado de Nuevo León, al otorgarle las facultades de control, fiscalización y vigilancia al titular el Ejecutivo del Estado.

"Al hacerse la declaración que se pretende en esta controversia constitucional, se haría efectiva la prohibición constitucional que se impone a los Estados, en el presente caso, al Gobierno del Estado de Nuevo León, de restringir el campo financiero municipal, utilizando una ley expedida con anterioridad a la reforma de 1983 a través de la cual se fortalece al Municipio.

"Este concepto de violación debe ser declarado fundado y consecuentemente asegurar que la Ley que Crea las Juntas de Mejoramiento Moral, Cívico y Material en el Estado de Nuevo León, que se reclama del Congreso, la sanción y promulgación imputada al gobernador del Estado, el refrendo a dicho mandamiento por el secretario general de Gobierno, como la publicación, por parte de éste, de esa ley, invaden la esfera de acción del Municipio, debiendo prevalecer la reforma constitucional a aquel ordenamiento que data del 23 de diciembre de 1953.

"Segundo. En cumplimiento a la reforma constitucional de 1983, se hicieron las enmiendas conducentes a la Constitución Política de Nuevo León, y se expidió la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del 27 de diciembre de 1990 y publicada en el Periódico Oficial No. 12, Tomo CXXVIII, de fecha 28 de enero de 1991, en cuyas modificaciones se recogieron las disposiciones relativas al fortalecimiento municipal determinando, entre otras, las bases para la participación ciudadana.

"Al efecto, en el capítulo III del título cuarto, artículos 122 y 123 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal, se prevé como facultad de los Ayuntamientos, el de promover entre sus habitantes, las formas de participación comunitarias en las tareas que tiene a su cargo, con el objeto de coadyuvar al cumplimiento de sus fines y participar mediante el trabajo y la solidaridad en el desarrollo vecinal, cívico y en el beneficio colectivo del mismo.

"Para ello se concedió al Ayuntamiento la facultad de convocar y tomar parte en la constitución, organización y funcionamiento de los organismos de participación ciudadana que se integrarán en las regiones y localidades comprendidas dentro de la jurisdicción del Municipio, y en la cual intervendrán habitantes del mismo, por designación que ellos hicieren, conforme a la convocatoria y requisitos expedidos por el Ayuntamiento.

"Así al existir y subsistir la Ley que Crea las Juntas de Mejoramiento Moral, Cívico y Material en el Estado de Nuevo León, se invade la esfera de acción que corresponde al Ayuntamiento, porque se están otorgando las facultades de aprobar la constitución de dichas Juntas, al gobernador del Estado, a quien deben rendirse los informes para su aprobación o desaprobación y quien, además, tiene la facultad de relevar parcial o totalmente, con un acuerdo, a los componentes de las mesas directivas de tales Juntas, prohibiéndose la participación en las directivas, a quienes desempeñen funciones o cargos públicos en el Municipio.

"También se otorga en el artículo 15 al Ejecutivo del Estado, la facultad de ordenar auditorías a los miembros de las Juntas y en su caso, ejecutar por medio del Ministerio Público, las acciones civiles y penales correspondientes, quedando lo relativo al reglamento para el funcionamiento de las Juntas, al sometimiento del gobernador del Estado, todo lo cual significa un debilitamiento de la autonomía consagrada para el Municipio, por lo que se debe declarar que tal ley debe dejar de aplicarse en el Municipio de Monterrey, por invadir la esfera de acción que le corresponde.

"Las pretensiones de que se declaren sin efectos los actos del Congreso del Estado, del gobernador y del secretario general de Gobierno que se menciona en la parte superior de esta demanda de controversia constitucional, conllevan al exacto cumplimiento de la reforma constitucional que fortalece al Municipio, rescatándolo del olvido histórico que se le tenía y que, en Nuevo León, se le tiene con la conservación y mantenimiento de una ley como la Ley que Crea las Juntas de Mejoramiento Moral, Cívico y Material en el Estado de Nuevo León, que somete al Municipio al control, vigilancia y fiscalización del Gobierno del Estado, al ejercer tales funciones sobre las Juntas, impidiendo o restringiendo al Ayuntamiento de Monterrey el ejercicio de la atribución de organizar las asociaciones de participación comunitaria como lo prevé el artículo 122 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal, arrogándose el Gobierno del Estado dicha facultad con sustento en una norma que de acuerdo con la regla de interpretación: la norma nueva abroga la anterior, ya no debe tener vigencia en la entidad por las reformas sufridas por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"Por lo anterior, este concepto de violación debe ser declarado fundado, a fin de que las bases constitucionales sobre el fortalecimiento y autonomía municipal queden debidamente afianzadas en el Estado de Nuevo León.

"Derecho:

"Tienen aplicación en la presente controversia constitucional las disposiciones contenidas en los artículos 1o., 103, 105, 107, 115, 116, 128, 133 y relativos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., 2o., 11 y relativos de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal; 1o., 4o., 70, 71, 79, 93, 270, 271, 281, 322, 323, 324, 327, 328, 329, 337, 346, 349 y relativos del Código Federal de Procedimientos Civiles.

"Por lo anteriormente expuesto y fundado de ese Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación atentamente pedimos:

"Primero. Tenernos con este escrito, anexos y copias simples que acompañamos en nuestro carácter de presidente municipal, secretario y síndico segundo del R. Ayuntamiento de Monterrey, N.L. en representación de este Municipio, conforme a lo establecido por los artículos 27 y 31, fracción II, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal, demandando, en controversia constitucional, al Congreso del Estado de Nuevo León, al Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León y al secretario general de Gobierno, por invasión de esferas, la anticonstitucionalidad de la Ley que Crea las Juntas de Mejoramiento Moral, Cívico y Material en el Estado de Nuevo León, así como los actos que se precisan en el preámbulo de la demanda, por los conceptos ahí indicados.

"Segundo. Admitir esta demanda en controversia constitucional ordenando se corra traslado, con las copias simples a las autoridades demandadas, emplazándolas para que dentro de 9 nueve días, aumentados con los que correspondan por razón de la distancia, ocurran a contestar lo que a sus derechos conviniere.

"Tercero. Contestada la demanda o transcurrido el término, abrir el juicio a pruebas, citando, al concluir la dilación probatoria, a la audiencia final del juicio.

"Cuarto. En su oportunidad, dictar sentencia que en lo sustancial declare fundadas las pretensiones deducidas y deje sin efectos en cuanto su aplicación, para el Municipio de Monterrey, N.L., las disposiciones legales ordinarias que se combate, así como de las determinaciones que en aplicación de las mismas se reclaman del Gobernador Constitucional y del secretario general de Gobierno.

"Autorizamos para oír y recibir notificaciones, indistintamente, a los Sres. abogados Carlos Francisco Cisneros Ramos, Mariano Silva Cavazos, Miguel Ángel Lara Ojeda, José Francisco Irizar Morales, Rubén Salinas Treviño e Isidro Rojas Yáñez."

SEGUNDO.-Mediante proveído de fecha veintiocho de marzo de mil novecientos noventa y cinco, dictado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se admitió la demanda y se ordenó formar y registrar el expediente relativo a la controversia constitucional y se dispuso emplazar, por notificación personal y por conducto del Juez de Distrito en el Estado, en turno, a las autoridades demandadas, para que produjeran su contestación en el término de nueve días y se tuvo como representante común al presidente municipal del Ayuntamiento de Monterrey, de ese Estado.

Por escrito presentado el diez de abril de mil novecientos noventa y cinco en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Sócrates Cuauhtémoc Rizzo García y Gustavo Alarcón Martínez, Gobernador Constitucional y secretario de Gobierno del Estado de Nuevo León, dieron contestación a la demanda (fojas sesenta y siguientes del toca en que se actúa), en los siguientes términos:

"Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 18 y 334 del Código Federal de Procedimientos Civiles, ocurrimos a interponer la incompetencia por declinatoria de esa Suprema Corte, de la demanda antes señalada interpuesta por Jesús Hinojosa Tijerina, José Martínez González y Miguel Gómez Guerrero, con sus representaciones que señalan del Ayuntamiento de Monterrey, N.L., en contra de los suscritos y del Congreso del Estado de Nuevo León, toda vez que el conflicto de autoridades que plantean, le corresponde resolverlo al Congreso del Estado de Nuevo León en los términos del artículo 8o. de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León, que a la letra dice:

"‘De las controversias de cualquier índole que se susciten entre Municipios, o entre ellos y el Estado, conocerán la Legislatura Local conforme lo dispuesto por esta ley y la Constitución Política del Estado.’

"En efecto, la controversia constitucional que en la vía ordinaria federal plantean las referidas autoridades del Municipio de Monterrey, Nuevo León, la apoyan los promoventes en los artículos 103, 105 y demás relativos de la Constitución Política Federal y los hacen consistir en la invasión de esferas con lo que pretenden fundamentar la competencia de ese Alto Tribunal.

"Sin entrar al fondo de la demanda los conceptos que reclaman de las autoridades que representamos no son competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, teniendo aplicación en el caso la siguiente tesis establecida en el amparo en revisión No. 5186/79 de fecha 28 de febrero de 1981 que sostiene lo siguiente:

"‘INVASIÓN, VULNERACIÓN O RESTRICCIÓN DE LA ESFERA DE FACULTADES CONSTITUCIONALES DE LA FEDERACIÓN O DE LOS ESTADOS. COMPETENCIA DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA.-De la lectura del artículo 103 constitucional se advierte que con lo establecido en sus fracciones II y III, el Constituyente encomendó a los tribunales de la Federación el encargo de proteger, en beneficio de los gobernados, de manera que éstos puedan acudir al juicio de garantías, las esferas de competencia de la Federación y de los Estados para mantener vigente el Pacto Federal, teniendo como base fundamental la no usurpación de funciones constitucionales entre las autoridades de éstos, lo que implica que se observe y cumpla con lo dispuesto, entre otros, por los artículos 73, 74, 76, 79, 80, 89, 94, 103 al 106, 115 al 124, 129 y 130 al 135 de la Constitución General de la República, que delimitan las facultades de las autoridades federales y estatales, atento a lo anterior, este Tribunal Pleno considera que por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados, o por leyes, o actos de las autoridades de éstos que invadan la esfera de la autoridad federal, solamente deben entenderse aquéllos emitidos por la autoridad de un órgano del poder público federal que comprendan facultades constitucionalmente reservadas a los Estados, con los cuales penetre el ámbito de atribuciones que la Constitución establece o reserva en favor de éstos, o viceversa. Es decir, que la autoridad de un órgano del poder público local al emitir una ley o un acto ejerza facultades constitucionalmente reservadas a la Federación, penetrando con ello el ámbito de atribuciones del poder público federal. Tal consideración se funda en que la vulneración, restricción o invasión de esferas presupone una usurpación de facultades o funciones que constitucionalmente corresponden en exclusiva, respectivamente, a la Federación o a los Estados, de manera que, al emitir un acto de autoridad, uno se arroga facultades o funciones que corresponden al ámbito jurídico que la Carta Fundamental establece en favor del otro. Por tanto, en un juicio de amparo solicitado con fundamento en las fracciones II y III del artículo 103 constitucional, deben apreciarse, en primer lugar, si el problema planteado trata o no de una vulneración, restricción o invasión de esferas, para así determinar si se surte o no la competencia de este Tribunal Pleno, y en segundo, en el supuesto de que se trate de un problema propio de una vulneración, restricción, o invasión de esferas, precisar su existencia, y en su caso, determinar si tal usurpación de atribuciones repercute en los derechos del quejoso, toda vez que no basta, para que surja la competencia del Pleno de este Alto Tribunal, que la demanda de garantías se funde en las aludidas fracciones del mencionado precepto, como tampoco es suficiente la simple alusión del quejoso en el sentido de que con el acto reclamado se vulnera, restringe o invade la esfera de atribuciones de la Federación o de los Estados.’

"En virtud de lo anterior y reservándonos el derecho de contestarla en el fondo, nos permitimos insistir en que carece de competencia este tribunal para conocer de la demanda en que comparecemos, con base además en las siguientes consideraciones:

"1o. El fundamento de su demanda, por una parte es la fracción III del artículo 103 constitucional, la cual resulta inaplicable al presente caso porque éste indudablemente que se refiere a la competencia de los tribunales de la Federación para conocer a través del juicio de amparo, de los actos de las autoridades de los Estados que invadan la esfera de las autoridades federales o de los actos de éstas que invadan la esfera de aquéllas, y que trasciendan a la violación de garantías individuales, porque éste es el sostén y la competencia jurisdiccional del juicio de amparo. Consecuentemente, dicha disposición no puede ser el fundamento legal de la demanda ordinaria en que se comparece, ni puede ser sostén de la competencia de esa Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque ni aun en el caso concreto se trata de actos de la esfera estatal que invadan la soberanía de la autoridad federal. Se trata simplemente, según las demandantes, de actos del Estado que supuestamente invaden la soberanía municipal y de esto no le puede resultar competencia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según dicha disposición y según el criterio transcrito de esa propia Suprema Corte de Justicia.

"2o. Tampoco existe la violación al artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque este artículo le da la competencia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para ‘conocer de las controversias que se susciten entre dos o más Estados, entre los poderes de un mismo Estado sobre la constitucionalidad de sus actos y de los conflictos entre la Federación y uno o más Estados, así como de aquellas en las que la Federación sea parte en los casos que establezca la ley’. Tampoco estamos en ninguno de estos supuestos, porque como ya se dijo, las autoridades de un Municipio como el de Monterrey, Nuevo León, no están incluidas en él, porque no constituyen un Estado, ni otro poder. Consecuentemente, con base en dicha disposición tampoco se surte la competencia de esa Suprema Corte de Justicia, porque el citado Municipio se queja de una supuesta invasión de su soberanía por parte de esta autoridad estatal. Al efecto, le transcribimos la ejecutoria del Pleno dictada en la competencia constitucional No. 2/19358 (sic) y que aparece publicada en la página 3577, Tomo XLV del Semanario Judicial de la Federación y relacionada con la jurisprudencia 117/85, que a la letra dice:

"‘MUNICIPIOS, PERSONALIDAD DE LOS.-Aun cuando la base de la división territorial y de la organización política y administrativa de los Estados, es el Municipio Libre, conforme al artículo 115 de la Constitución Política del país, y aun cuando los mismos forman un organismo independiente del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, y tienen, consiguiente (sic), personalidad jurídica para todos los efectos legales, ello no obstante, tales condiciones no atribuyen a los Municipios el carácter de poder político a que se contrae el artículo 105 constitucional, para los efectos de dar competencia a la Suprema Corte, con motivo de las controversias que se susciten entre un Ayuntamiento y los poderes de un mismo Estado, por carecer los Ayuntamientos de jurisdicción sobre todo el territorio del Estado, toda vez que aquélla está limitada a una fracción del mismo, y la extensión de jurisdicción es la que da indiscutiblemente a la Suprema Corte, competencia para intervenir en las aludidas controversias.’

"En cambio, el aceptar esa Suprema Corte de Justicia de la Nación la competencia para conocer de la controversia en que comparezco, se está violando flagrantemente el artículo 8o. de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León, que regula el ejercicio de las atribuciones y deberes que corresponde a los Municipios del Estado, entre los que se encuentra el Municipio de Monterrey, Nuevo León, y establece las bases para la integración, organización y funcionamiento de los Ayuntamientos de la administración pública municipal, con sujeción a los mandatos establecidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado de Nuevo León y las demás disposiciones aplicables, y dicho artículo, sin hacer distinción alguna, establece que de las controversias de cualquier índole que se susciten entre los Municipios y el Estado conocerá la Legislatura Local.

"Todo lo anterior lo confirman las modificaciones que se hicieron a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada en el Diario Oficial del 3 de febrero de 1995, de diversas disposiciones constitucionales, en especial del artículo 105 en el que expresamente se establece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señala la ley reglamentaria, entre otros asuntos, entre las que surgen entre un Estado y uno de sus Municipios, como es en el caso. Ahora bien, conforme al artículo 8o. transitorio de dichas reformas, se estableció expresamente que entrarán en vigor en la misma fecha en que entre en vigor la ley reglamentaria correspondiente, lo que no ha sucedido. Lo anterior significa que en la actualidad no existe la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para conocer de la controversia constitucional que plantean las autoridades municipales de Monterrey, Nuevo León. En cambio, como lo establece la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal Estado de Nuevo León, existe la competencia expresa del Congreso del Estado para dirimir controversias como la que aquí se plantea, siendo que además la Ley Orgánica del Congreso en el artículo 31, inciso a), punto 3, define el trámite que debe de seguir a los conflictos de autoridad.

"Por lo antes expuesto a esa Suprema Corte de Justicia, promovemos esta incompetencia por declinatoria conforme al artículo 18 del Código Federal de Procedimientos Civiles y solicitamos:

"Primero. Se admita a trámite esta incompetencia por declinatoria enviándola para su conocimiento al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al que solicitamos que resuelva no conocer el negocio y remita los autos al Congreso Local del Estado de Nuevo León al que consideramos competente para conocer de la controversia entre órganos del Municipio de Monterrey, Nuevo León y el gobernador constitucional planteada por las autoridades municipales de Monterrey, Nuevo León.

"Segundo. Se sustancie en forma incidental, suspendiendo el procedimiento desde luego, para lo cual deberá darle vista a los actores por el término de 3-tres días para que contesten lo que a su derecho convenga y oportunamente se dicte resolución que determine la incompetencia de esa Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de la controversia en que comparecemos.

"Tercero. Al admitir esta incompetencia por declinatoria y tomando en consideración que el código no fija plazo para su interposición, atentamente les suplicamos se sirvan tomar en consideración lo establecido por el artículo 289 del Código Federal de Procedimientos Civiles que amplía cualquier término en un día más por cada 40-cuarenta kilómetros en razón de la distancia, en virtud de que los suscritos tiene su domicilio en esta ciudad de Monterrey, Nuevo León, y el procedimiento se sigue en esa Suprema Corte de Justicia de la Nación, en México, D.F., precepto que no se tomó en cuenta al proveer la demanda a que nos referimos en este escrito."

TERC

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4888-90bf3cbe/municipios-dentro-de-nuestro-sistema-constitucional-constituyen-un · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.