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Modo: Corpus Pro

MUNICIPIOS. DENTRO DE NUESTRO SISTEMA CONSTITUCIONAL CONSTITUYEN UN PODER, POR LO QUE ESTÁN LEGITIMADOS PARA PROMOVER CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES QUE SE SUSCITEN ENTRE ÉSTOS Y LOS OTROS PODERES DE LA ENTIDAD..

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 1/95 (INCIDENTE DE INCOMPETENCIA). · Registro digital (IUS): 4890
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Mayo de 1998, , Pág. 749.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 1/95 (INCIDENTE DE INCOMPETENCIA). AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.

MINISTRO PONENTE: MARIANO AZUELA GÜITRÓN.

SECRETARIA: IRMA RODRÍGUEZ FRANCO.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día seis de julio de mil novecientos noventa y cinco.

VISTOS, Y

RESULTANDO:

PRIMERO.-Por escrito presentado en la Subsecretaría de Acuerdos de este tribunal el tres de marzo de mil novecientos noventa y cinco, Jesús Hinojosa Tijerina y Miguel Gómez Guerrero, en su carácter de presidente municipal y síndico segundo, respectivamente, del Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León, promovieron controversia constitucional contra actos del Congreso, gobernador constitucional, secretario general de Gobierno y Tribunal de lo Contencioso Administrativo, del Estado de Nuevo León, consistentes en:

"Del H. Congreso del Estado se reclama: a) La invasión de la esfera municipal que se lleva a cabo, en virtud de la inclusión de la fracción XLV al artículo 63 de la Constitución Política de Nuevo León al establecer, como facultad de dicho cuerpo legislativo la de instituir mediante las leyes que expida, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, dotado de autonomía plena en el pronunciamiento de sus fallos y con facultades para resolver los conflictos y controversias que se susciten entre el Estado, los Municipios, los organismos descentralizados y empresas de participación estatales, o municipales y, los particulares, estableciendo las normas de su organización, su funcionamiento, los requisitos para nombramientos, licencias y renuncias de los Magistrados que lo integren, sus procedimientos y recursos contra las resoluciones que se pronuncien. b) La invasión a la esfera municipal con la expedición del Decreto No. 213 que contiene la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Nuevo León, que específicamente en el artículo 15 en cuanto que señala competencia de dicho tribunal para conocer de juicios que se inicien en contra de los actos, resoluciones o hechos definitivos dictados por autoridades administrativas o fiscales u organismos descentralizados de la administración pública estatal y municipal del Estado de Nuevo León; las que nieguen la devolución de un ingreso de los regulados por la Ley de Hacienda del Estado o por la Ley de Hacienda de los Municipios; los que impongan sanciones no corporales por infracciones a las leyes y reglamentos estatales o municipales; las que constituyan responsabilidad administrativa en contra de funcionarios, empleados o trabajadores, todos ellos al servicio del Estado o de sus Municipios; las que causan un agravio en materia fiscal, así como todos aquellos actos realizados por cualquier autoridad administrativa, estatal o municipal, fuera de procedimiento y ejecución; los dictados en materia de pensiones con cargo al erario estatal o de los Municipios; los que se refieren a contratos de naturaleza administrativa en que sea parte el Estado o sus Municipios; los relativos a la responsabilidad patrimonial extracontractual reclamada del Estado o sus Municipios; lo relativo a las indemnizaciones por daños o perjuicios por infracciones en que incurran los funcionarios o empleados del Estado o Municipios; los que se promuevan contra cualquier acto u omisión de las autoridades del Estado, sus Municipios y que el tribunal conocerá de los juicios que promuevan las autoridades estatales y municipales, para que sean anulables las resoluciones favorables a los particulares. c) La invasión de la esfera municipal con la expedición del Código Procesal del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Nuevo León, en cuanto a que contiene el proceso contencioso administrativo que debe seguir un particular contra el Municipio y se señala que cuando sea la autoridad municipal la resolución corresponderá al síndico del Ayuntamiento observándose lo previsto por la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal. La invasión de la esfera municipal con motivo de la disposición constitucional y las leyes ordinarias que se reclaman del Congreso Estatal, obedece a que el artículo 116, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos precisa que: las Constituciones y leyes de los Estados podrán instituir tribunales de lo contencioso-administrativo dotados de plena autonomía para dictar sus fallos, que tengan a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública estatal y los particulares, estableciendo las normas para su organización, su funcionamiento, el procedimiento y los recursos contra sus resoluciones. El Municipio no forma parte de la administración pública estatal. Tiene personalidad jurídica propia atendiendo a lo dispuesto por el artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 120 de la Constitución Política de Nuevo León y en éste, los Municipios que integran al Estado son independientes entre sí, atento a lo previsto en el artículo 118 de la Constitución Política de Nuevo León, regulándose, además, por una Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal diferente a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado y a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. De los CC. gobernador constitucional y secretario general de Gobierno del Estado de Nuevo León, se reclama: a) La invasión de la esfera municipal de Monterrey por el decreto de promulgación del primero, y la publicación en el Periódico Oficial del Estado, por parte del segundo de los actos legislativos reclamados al Congreso del Estado y que se precisan en los incisos anteriores, porque debieron de abstenerse de promulgar y publicar tales disposiciones por ir más allá de lo previsto por el artículo 116, fracción IV de la Constitución Política de Nuevo León. Del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado se reclama: a) Toda actuación en los conflictos planteados por particulares en contra de órganos de la administración pública de Monterrey, N.L.; y específicamente, b) El auto admisorio de fecha 8 de diciembre de 1994 de la demanda, en juicio contencioso-administrativo, formulada por el Lic. Javier Miguel Amione Curi y Luis Amione Chalup en contra del tesorero municipal de Monterrey, formando el expediente 469/94; c) El auto admisorio de fecha 9 de enero de 1995 dictado con motivo de la demanda presentada por Héctor S. Montemayor Garza en contra del tesorero municipal, director de ingresos y jefe de ingresos de Monterrey, N.L., formando el expediente 006/95. d) El auto de fecha 25 de enero de 1995 en el cual sin proveer sobre la contestación desecha de plano el incidente de previo y especial pronunciamiento sobre la incompetencia del tribunal, dictado en el expediente 469/94. e) El auto de fecha 2 de febrero de 1995 dictado en el expediente 469/94 desechando el recurso de reclamación y aplicando supletoriamente el Código de Procedimientos Civiles aduciendo que: Contra la resolución que decida toda competencia, no habrá recurso alguno. f) Auto de fecha 18 de enero del año en curso desechando la promoción por la cual se solicitaba, como previo y especial pronunciamiento la declaración de incompetencia del tribunal, y g) Auto de fecha 31 de enero de 1995 notificado el día 7 de febrero del año en curso, dentro del expediente 006/95 desechando el recurso de reclamación por la misma razón a que se refiere el inciso e). Tales actuaciones del Tribunal de lo Contencioso Administrativo invaden la esfera de acción del Municipio, en virtud de que las controversias entre los particulares y los órganos de la administración pública municipal, una vez que se satisface el principio de definitividad, por no existir recurso administrativo o existiendo, agotado éste, se dirimen por el juicio de amparo indirecto que en tal virtud adquiere las características de un verdadero juicio sumario de anulación. De todas y cada una de las autoridades demandadas se reclaman las consecuencias directas e indirectas que tanto de hecho y de derecho se desprendan de todos y cada uno de los conceptos anteriores."

SEGUNDO.-Los representantes del Municipio demandante fundaron su promoción en los artículos 1o., 102, 105, 107, 115, 116, 128 y 133 y relativos (sic) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., 2o., 11 y relativos (sic) de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal; 1o., 4o., 70, 71, 79, 93, 270, 271, 281, 322, 323, 324, 327, 328, 329, 337, 346, 349 y relativos del Código Federal de Procedimientos Civiles.

TERCERO.-Por auto de la Presidencia de esta Suprema Corte de diez de marzo del mismo año se ordenó formar y registrar el expediente relativo, así como el emplazamiento de las autoridades demandadas.

CUARTO.-Por auto de cinco de abril, el presidente de este tribunal ordenó agregar al expediente formado con motivo de la presente controversia constitucional, el escrito y anexos de veintiocho de marzo del año en curso, suscrito por Sócrates Cuauhtémoc Rizzo García, Gustavo Alarcón Martínez y Adolfo J. Treviño Garza, con el carácter, respectivamente, de gobernador constitucional, secretario general de Gobierno y Magistrado del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado, y el escrito y anexos del treinta del mencionado mes, de Juventino González Ramos, presidente de la Diputación Permanente de la LXVII Legislatura Constitucional del citado Estado, recibidos en la Subsecretaría de Acuerdos el día treinta del antes citado mes. En este proveído el presidente de este Máximo Tribunal ordenó darle vista a la parte actora para que dentro del término de cinco días, a partir de la legal notificación de este acuerdo manifestara lo que a su derecho conviniera en virtud de la excepción de incompetencia planteada por las autoridades señaladas en su escrito de contestación.

QUINTO.-Mediante acuerdo de fecha cuatro de mayo de mil novecientos noventa y cinco el presidente de este Tribunal Supremo ordenó turnar los autos al Ministro Mariano Azuela Güitrón a fin de que formule el proyecto de resolución en torno a la excepción de incompetencia planteada por la parte demandada y dé cuenta con él al Pleno de este Alto Tribunal.

SEXTO.-Por auto de quince de mayo el presidente de esta Suprema Corte ordenó agregar al expediente formado con motivo de la presente controversia constitucional el escrito suscrito por Jesús Hinojosa Tijerina y Miguel Gómez Guerrero, con el carácter, respectivamente, de presidente municipal y síndico segundo del Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León, recibidos en la Subsecretaría de Acuerdos el diez de mayo del año en curso donde, en cumplimiento al proveído de cinco de abril pasado, hacen diversas manifestaciones con relación a la incompetencia planteada por las autoridades demandadas, ordenando a las partes estar a lo dispuesto en el proveído de cuatro de mayo del presente.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para resolver la excepción de incompetencia por declinatoria, de conformidad con los artículos 10, fracción I, de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 14 y 34, párrafo tercero, del Código Federal de Procedimientos Civiles.

Dispone el artículo 10, fracción I, de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que "La Suprema Corte de Justicia conocerá funcionando en Pleno: I. De las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ...".

El numeral 14 del código mencionado, previene: "Ningún tribunal puede negarse a conocer de un asunto, sino por considerarse incompetente. El auto en que un Juez se negare a conocer, es apelable.".

Por su parte, el artículo 34 del propio ordenamiento, dispone: "Las contiendas de competencia podrán promoverse por inhibitoria o por declinatoria.-La inhibitoria se intentará ante el Juez o tribunal a quien se considere competente, pidiéndole que dirija oficio al que se estime no serlo, para que se inhiba y le remita los autos.-La declinatoria se propondrá ante el Juez o tribunal a quien se considere incompetente, pidiéndole que resuelva no conocer del negocio y remita los autos al tenido por competente. La declinatoria se promoverá y sustanciará en forma incidental.-En ningún caso se promoverá de oficio las contiendas de competencia.".

En los términos de los numerales copiados, la competencia por declinatoria se propondrá ante el tribunal a quien se considere incompetente, pidiéndole que se abstenga de conocer el asunto y que remita los autos al que se considere competente. En esa virtud le corresponde pronunciarse sobre el particular al Tribunal Pleno porque la excepción de mérito, la hace valer la parte demandada en una controversia constitucional que se tramita ante el Máximo Tribunal de la República, en los términos del artículo 105 de la Carta Magna.

SEGUNDO.-La excepción de incompetencia hecha valer por el gobernador constitucional, el secretario general de Gobierno y Magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo se sostiene en las siguientes argumentaciones:

"... el conflicto de autoridades que plantean, le corresponde resolverlo al Congreso del Estado de Nuevo León en los términos del artículo 8o. de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León que a la letra dice: ‘De las controversias de cualquier índole que se susciten entre Municipios, o entre ellos y el Estado, conocerán la Legislatura Local conforme lo dispuesto por esta ley y la Constitución Política del Estado.’. En efecto, la controversia constitucional que en la vía ordinaria federal plantean las referidas autoridades del Municipio de Monterrey, Nuevo León, la apoyan los promoventes en los artículos 103, 105 y demás relativos de la Constitución Política Federal y los hacen consistir en la invasión de esferas con lo que pretenden fundamentar la competencia de ese H. Alto Tribunal. Sin entrar al fondo de la demanda los conceptos que reclaman de las autoridades que representamos no son competencia de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, teniendo aplicación en el caso la siguiente tesis establecida en el amparo en revisión No. 5186/79 de fecha 28 de febrero de 1981 que sostiene lo siguiente: ‘INVASIÓN, VULNERACIÓN O RESTRICCIÓN DE LA ESFERA DE FACULTADES CONSTITUCIONALES DE LA FEDERACIÓN O DE LOS ESTADOS. COMPETENCIA DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA.-De la lectura del artículo 103 constitucional se advierte que con lo establecido en sus fracciones II y III, el Constituyente encomendó a los tribunales de la Federación el encargo de proteger, en beneficio de los gobernados, de manera que éstos puedan acudir al juicio de garantías, las esferas de competencia de la Federación y de los Estados para mantener vigente el Pacto Federal, teniendo como base fundamental la no usurpación de funciones constitucionales entre las autoridades de éstos, lo que implica que se observe y cumpla con lo dispuesto, entre otros, por los artículos 73, 74, 76, 79, 80, 89, 94, 103 al 106, 115 al 124, 129 y 130 al 135 de la Constitución General de la República, que delimitan las facultades de las autoridades federales y estatales, atento lo anterior, este Tribunal Pleno considera que por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados, o por leyes o actos de las autoridades de éstos que invadan la esfera de la autoridad federal, solamente deben entenderse aquellos emitidos por la autoridad de un órgano del poder público federal que comprendan facultades constitucionalmente reservadas a los Estados, con las cuales penetre el ámbito de atribuciones que la Constitución establece o reserva en favor de éstos, o viceversa, es decir, que la autoridad de un órgano del poder público local al emitir una ley o un acto ejerza facultades constitucionalmente reservadas a la Federación, penetrando con ello el ámbito de atribuciones del poder público federal. Tal consideración se funda en que la vulneración, restricción o invasión de esferas presupone una usurpación de facultades y funciones que constitucionalmente corresponden en exclusiva, respectivamente a la Federación o a los Estados, de manera que, al emitir un acto de autoridad uno se arroga facultades o funciones que corresponden al ámbito jurídico que la Carta Fundamental establece en favor de otro. Por tanto, en un juicio de amparo solicitado con fundamento en las fracciones II y III del artículo 103 constitucional, deben apreciarse, en primer lugar, si el problema planteado trata o no de una vulneración, restricción o invasión de esferas, para así determinar si se surte o no la competencia de este Tribunal Pleno, y en segundo, en el supuesto de que se trate de un problema propio de una vulneración, restricción o invasión de esferas, precisar su existencia, y en su caso, determinar si tal usurpación de atribuciones repercute en los derechos del quejoso, toda vez que no basta, para que surja la competencia del Pleno de este Alto Tribunal, que la demanda de garantías se funde en las aludidas fracciones del mencionado precepto, como tampoco es suficiente la simple alusión del quejoso en el sentido de que con el acto reclamado se vulnera, restringe, e invade la esfera de atribuciones de la Federación o de los Estados ...". En virtud de lo anterior reservándose el derecho de contestarla en el fondo, nos permitimos insistir en que carece de competencia ese H. Tribunal para conocer de la demanda en que comparecemos, con base además en las siguientes consideraciones: El fundamento de su demanda, por una parte es la fracción III del artículo 103 constitucional, la cual resulta inaplicable al presente caso porque ésta indudablemente que se refiere a la competencia de los tribunales de la Federación para conocer a través del juicio de amparo, de los actos de las autoridades de los Estados que invadan la esfera de las autoridades federales o de los actos de éstas que invadan la esfera de aquéllas, y que trasciendan a la violación de garantías individuales, porque éste es el sostén y la competencia jurisdiccional del juicio de amparo. Consecuentemente, dicha disposición no puede ser sostén de la competencia de esa H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque ni aun en el caso concreto se trata de actos de la esfera estatal que invadan la soberanía de la autoridad federal. Se trata simplemente, según las demandantes, de actos del Estado que supuestamente invaden la soberanía municipal y de esto no le puede resultar competencia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según dicha disposición y según el criterio transcrito de esa propia Suprema Corte de Justicia.-2o. Tampoco existe la violación al artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque este artículo le da la competencia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de las controversias que se susciten entre dos o más Estados, entre los poderes de un mismo Estado sobre la constitucionalidad de sus actos y de los conflictos entre la Federación y uno o más Estados, así como de aquellas en las que la Federación sea parte en los casos que establezca la ley. Tampoco estamos en ninguno de estos supuestos, porque como ya se dijo, las autoridades de un Municipio como el de Monterrey, Nuevo León no están incluidas en él, porque no constituyen un Estado, ni otro poder. Consecuentemente con base en dicha disposición tampoco se surte la competencia de esa H. Suprema Corte de Justicia, porque el citado Municipio se queja de una supuesta invasión de su soberanía por parte de esta autoridad estatal. Al efecto le transcribimos la ejecutoria del Pleno dictada en la competencia constitucional 2/1935 y que aparece publicada en la página 3577, Tomo XLV del Semanario Judicial de la Federación y relacionada con la jurisprudencia 117/85, que a la letra dice: ‘MUNICIPIOS, PERSONALIDAD DE LOS.-Aun cuando la base de la división territorial y de la organización política y administrativa de los Estados, es el Municipio libre, conforme al artículo 115 de la Constitución Política del país, y aun cuando los mismos forman un organismo independiente del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, y tienen, consiguientemente, personalidad jurídica para todos los efectos legales, ello no obstante, tales condiciones no contribuyen a los Municipios el carácter de poder público a que se contrae el artículo 105 constitucional, para los efectos de competencia a la Suprema Corte, con motivo de las controversias que se susciten entre un Ayuntamiento y los Poderes de un territorio del Estado, toda vez que aquélla está limitada a una fracción del mismo, y la extensión de jurisdicción es la que da indiscutiblemente a la Suprema Corte competencia para intervenir en las aludidas controversias. Precedentes Quinta Época, Tomo XLV, página 3577 controversia constitucional 2/1958 entre Ayuntamiento de la ciudad de Motul, Yucatán, y los Poderes Legislativo y Ejecutivo del propio Estado. Promovido por Camilo Javier Amaldo, en funciones de presidente municipal. Unanimidad de 17 votos. Tesis relacionada con jurisprudencia 117/85 ...’ En cambio, el aceptar esta Suprema Corte de Justicia de la Nación la competencia para conocer de controversia en que comparezco (sic) se está violando flagrantemente el artículo 8o. de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Nuevo León que regula el ejercicio de las atribuciones y deberes que corresponden a los Municipios del Estado, entre los que se encuentra el Municipio de Monterrey, Nuevo León, y establece las bases para la integración, organización, funcionamiento de los Ayuntamientos y de la administración pública municipal con sujeción a los mandatos establecidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado de Nuevo León y las demás disposiciones aplicables, y dicho artículo sin hacer distinción alguna, establece que de las controversias de cualquier índole que se susciten entre los Municipios y el Estado conocerá la Legislatura Local. Todo lo anterior lo confirma las modificaciones que se hicieron a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de diversas disposiciones constitucionales, en especial del artículo 105 en el que expresamente se establece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señala la ley reglamentaria, entre otros asuntos, entre las que surgen entre un Estado y uno de sus Municipios, como en el caso. Ahora bien, conforme al artículo 8o. transitorio de dichas reformas se estableció expresamente que entrarán en vigor en la misma fecha en que entró en vigor la ley reglamentaria correspondiente, lo que no ha sucedido. Lo anterior significa que en la actualidad no existe la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de la controversia constitucional que plantean las autoridades municipales de Monterrey, Nuevo León. En cambio, como lo establece la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León, existe la competencia expresa del Congreso del Estado para dirimir controversias como la que aquí se plantea, siendo que además la Ley Orgánica del Congreso en el artículo 31 a) punto 3 define el trámite, que debe de seguir a los conflictos de autoridad ...".

TERCERO.-Juventino González Ramos en representación de la Diputación Permanente del Congreso del Estado de Nuevo León por su parte sostiene:

"En efecto, la controversia constitucional que en la vía ordinaria civil plantean las referidas autoridades del Municipio de Monterrey, Nuevo León, la apoyan los promoventes sustancialmente en el artículo 105 y demás relativos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratan de fundamentar su demanda, en lo que respecta del H. Congreso del Estado de Nuevo León, en lo siguiente: La invasión de la esfera municipal que se lleva a cabo, en virtud de la inclusión de la fracción XLV al artículo 63 de la Constitución Política de Nuevo León al establecer, como facultad de dicho cuerpo legislativo la de instituir mediante las leyes que expida, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, dotado de autonomía plena en el pronunciamiento de sus fallos y con facultades para resolver los conflictos y controversias que se susciten entre el Estado, los Municipios, los organismos descentralizados y empresas de participación estatales, o municipales y los particulares, estableciendo las normas de su organización, su funcionamiento, los requisitos para nombramientos, licencias y renuncias de los Magistrados que la integren, sus procedimientos y recursos contra las resoluciones que se pronuncien. La invasión a la esfera municipal con la expedición del Decreto Número 213 que contiene la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Nuevo León, que específicamente en el artículo 15 en cuanto que señala competencia de dicho tribunal para conocer de juicios que se inicien en contra de los actos, resoluciones o hechos definitivos dictados por autoridades administrativas o fiscales u organismos descentralizados de la administración pública estatal y municipal del Estado de Nuevo León; las que nieguen la devolución de un ingreso de los regulados por la Ley de Hacienda del Estado o por la Ley de Hacienda de los Municipios; los que impongan sanciones no corporales por infracciones a las leyes y reglamentos estatales o municipales; las que constituyan responsabilidad administrativa en contra de los funcionarios, empleados o trabajadores, todos ellos al servicio del Estado o de sus Municipios; las que causan un agravio en materia fiscal, así como todos aquellos actos realizados por cualquier autoridad administrativa, estatal o municipal, fuera de procedimiento y ejecución; los dictados en materia de pensiones con cargo al erario estatal o de los Municipios; los que se refieren a contratos de naturaleza administrativa en que sea parte el Estado o sus Municipios; los relativos a la responsabilidad patrimonial extracontractual reclamada del Estado o sus Municipios; lo relativo a las indemnizaciones por daños o perjuicios por infracciones en que incurran los funcionarios o empleados del Estado o Municipios; los que se promuevan contra cualquier acto u omisión de las autoridades del Estado, sus Municipios y que el tribunal conocerá de los juicios que promuevan las autoridades estatales y municipales, para que sean anulables las resoluciones favorables a los particulares. La invasión de la esfera municipal con la expedición del Código Procesal del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Nuevo León, en cuanto a que contiene el proceso contencioso administrativo que debe seguir un particular contra el Municipio y se señala que cuando sea parte la autoridad municipal la resolución corresponderá al síndico del Ayuntamiento, observándose lo previsto por la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal. La invasión de la esfera municipal con motivo de la disposición constitucional y las leyes ordinarias que se reclaman del Congreso Estatal, obedece a que el artículo 116, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos precisa que: las Constituciones y leyes de los Estados podrán instituir tribunales de lo contencioso administrativo dotados de plena autonomía para dictar sus fallos, que tenga a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública estatal y los particulares, estableciendo las normas para su organización, su funcionamiento, el procedimiento y los recursos contra sus resoluciones. El Municipio no forma parte de la administración pública estatal. Tiene personalidad jurídica propia atendiendo a lo dispuesto por el artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 120 de la Constitución Política de Nuevo León y en éste, los Municipios que integran el Estado son independientes entre sí, atento a lo previsto en el artículo 118 de la Constitución Política de Nuevo León, regulándose, además, por una Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal diferente a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado y a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Sin entrar al fondo de la demanda de controversia constitucional que plantean las autoridades municipales de Monterrey, Nuevo León; de su contenido se desprende substancialmente que se duelen de que el honorable Congreso del Estado de Nuevo León, con las facultades que a dicho cuerpo legislativo le otorga el artículo 63 de la Constitución Política de Nuevo León, en su fracción XLV, invade la esfera municipal, pues faculta al honorable Congreso del Estado a que instituya, mediante la expedición de la ley correspondiente la creación del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, con facultades para resolver conflictos y controversias que se susciten entre el Estado, los Municipios, los organismos descentralizados y empresas de participación estatales o municipales y, los particulares; y que en concepto de los demandantes tal actividad del Honorable Congreso violenta e invade la esfera municipal. Ahora bien, se plantea respetuosamente el incidente de incompetencia por declinatoria de esa honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, por estimar que en este momento el fundamento de la demanda planteada lo constituye una reforma al artículo 105 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 1994, la cual no ha entrado en vigor, pues la vigencia de la reforma ha sido condicionada a la expedición de la ley reglamentaria, según se desprende de los artículos octavo y décimo primero transitorios del decreto de la citada reforma constitucional; lo que trae como consecuencia que la reforma constitucional no haya cobrado vida jurídica al no haberse publicado hasta este momento la ley reg

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4890-b62b7f56/municipios-dentro-de-nuestro-sistema-constitucional-constituyen-un · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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