Corpus
Modo: Corpus Pro

JUNTA DE HONOR Y JUSTICIA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS. SUS RESOLUCIONES DEFINITIVAS SON IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO. SUS NOTAS DISTINTIVAS PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO DIRECTO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 18/97. · Registro digital (IUS): 4886
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Mayo de 1998, , Pág. 633.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 18/97. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA.

SECRETARIO: JUAN JOSÉ FRANCO LUNA.

CONSIDERANDO:

TERCERO. La parte considerativa de la sentencia dictada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, es del tenor siguiente:

"CONSIDERANDO. PRIMERO. Este tribunal es competente para conocer del presente recurso de reclamación, conforme a los artículos 103 de la Ley de Amparo; 37 fracción VIII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y los Acuerdos 1/88 y 1/993 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho y trece de enero de mil novecientos noventa y tres, respectivamente.

"SEGUNDO. El presente recurso es procedente, atento lo dispuesto por el artículo 103 de la Ley de Amparo y fue interpuesto dentro del término de tres días que dicho precepto señala, habida cuenta que el auto recurrido se notificó por lista al inconforme el dos de agosto de mil novecientos noventa y cinco y el escrito de agravios se presentó en este tribunal el ocho del mismo mes y año.

"TERCERO. El auto recurrido dice: ‘Ciudad Victoria, Tamaulipas, a catorce de julio de mil novecientos noventa y cinco. Téngase por recibido el oficio que signa el presidente de la Junta de Honor y Justicia del Gobierno del Estado mediante el cual remite la demanda de amparo presentada por Rogelio García López, por conducto de su apoderado legal Guillermo Morales Meléndez, en contra de la resolución de veinte de marzo de mil novecientos noventa y cinco, dictada dentro del expediente administrativo laboral número 6/93, por la Junta de Honor y Justicia del Gobierno del Estado; ahora bien, del examen de las constancias que se reciben, se advierte que el acto que se reclama se atribuye a la Junta de Honor y Justicia, la cual no constituye un tribunal judicial, administrativo o del trabajo, sino que se trata más bien de un organismo que aunque desde el punto de vista material realiza actos jurisdiccionales, formalmente no es un órgano de esa naturaleza, porque no fue creado por la ley sino por un reglamento y por ende, no puede ser catalogado como tribunal judicial, administrativo o del trabajo; por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 fracción II, de la ley de la materia, es a un Juez de Distrito a quien corresponde conocer del presente juicio de garantías. Por ende, con fundamento en lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 47 de la Ley de Amparo, este tribunal declina la competencia en favor del Juez de Distrito en turno de esta ciudad, a quien deberá enviarse el original de la demanda y los autos recibidos. Mientras tanto, con copia certificada de la demanda y sus anexos fórmese y regístrese cuaderno de antecedentes bajo el número que le corresponda. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones por parte del quejoso en el despacho número 205-A sito en avenida Morelos y calle 19 de esta ciudad. Notifíquese y cúmplase.’.

"CUARTO. El recurrente hizo valer como agravios, lo siguiente: ‘La resolución de fecha 14 de julio de 1995 la Presidencia de ese tribunal declina la competencia para conocer de la demanda de amparo interpuesta por el suscrito en carácter de apoderado legal del quejoso Rogelio García López, expresando en forma sustancial el siguiente razonamiento: «... se advierte que el acto que se reclama se atribuye a la Junta de Honor y Justicia, la cual no constituye un tribunal judicial, administrativo o de trabajo, sino que se trata más bien de un organismo que aunque desde el punto de vista material realiza actos jurisdiccionales, formalmente no es un órgano de esa naturaleza, porque no fue creado por la ley sino por un reglamento y por ende, no puede ser catalogado como tribunal judicial, administrativo o de trabajo ...» el anterior razonamiento causa agravio a mi representado por las siguientes consideraciones:

"‘I. Con fecha 13 de marzo de 1982 se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas el Decreto Número 95 mediante el cual se reforma el Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tamaulipas, expresando en la parte final del considerando tercero lo siguiente: «Recupera así el Estado la potestad plena sobre las corporaciones citadas, para garantizar, en forma más adecuada, el orden a que tienen derecho los tamaulipecos. La Constitución Federal de la República y la ley federal del trabajo burocrático, contemplan a los cuerpos de seguridad pública como persona de confianza.». Asimismo, en los transitorios de dicho decreto se expresa: «Artículo primero. Se faculta al Ejecutivo del Estado para que en un término de 30 días expida el reglamento o reglamentos especiales de los cuerpos de seguridad, conservando éstos su antigüedad, derecho de ascenso, prestaciones económicas, y demás que gocen los trabajadores de base en lo que corresponda a la naturaleza de un empleado de confianza. El reglamento o reglamentos para que inicien su vigencia deberán ser aprobados por el Congreso del Estado, cuidando que los derechos de los trabajadores queden garantizados.». «Artículo segundo. Los trabajadores que pasen a ser empleados de confianza, conservarán los derechos adquiridos de acuerdo a su nueva categoría.».

"‘De lo anterior, se advierte que la Legislatura del Estado de Tamaulipas facultó al Ejecutivo del propio Estado para elaborar el reglamento que regulara los derechos de los trabajadores como en el caso a estudio en el que el quejoso laboraba dentro de los cuerpos de seguridad pública del Estado, es decir, conservando los derechos adquiridos y que en su favor se establecen en la ley burocrática del Estado de Tamaulipas, ello con base en el artículo 123 apartado B, fracción XIII, en relación con el 116 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, facultad otorgada por el Congreso del Estado en favor del Ejecutivo para elaborar el reglamento que deba regir las relaciones de trabajo entre los Estados y sus trabajadores.

"‘II. En el mismo Periódico Oficial aparece publicado el Decreto No. 165, mediante el cual se aprueba el reglamento elaborado por el Ejecutivo Estatal sobre las relaciones laborales entre el Gobierno del Estado y sus trabajadores de seguridad pública, mismo que en su considerando primero establece: «... El Congreso Local reformó el Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio del Estado, para que se contemplaran los cuerpos de seguridad pública como trabajadores de confianza del Poder Ejecutivo, por razones de orden constitucional.» para agregar en el considerando segundo: «No obstante ser considerados como elementos de confianza, resulta menester, en concepto del Ejecutivo a mi cargo, que dichos trabajadores no queden exentos frente al poder público de garantías y audiencia, legalidad y tribunal previamente establecido, con sus oportunidades de defensa y probatoria.». Decreto aprobado en el salón de sesiones del Congreso del Estado el 14 de enero de 1982, fungiendo como diputado presidente el Lic. Miguel Valdés Revilla, diputado secretario, Prof. Jesús M. Treviño Rábago, diputado secretario, Profa. Agustina Mora de Cruz de C. ...

"‘De lo expresado se advierte que por razones de orden constitucional se aprueba por el Congreso Local del Estado de Tamaulipas el Reglamento sobre las Relaciones Laborales entre el Gobierno del Estado y sus Trabajadores de Seguridad Pública, estableciendo con claridad que los trabajadores miembros del cuerpo de seguridad pública serían considerados como trabajadores de confianza pero respetándoles sus garantías de audiencia, legalidad y tribunal plenamente establecido, todo ello por razón de orden constitucional, con base en lo dispuesto por el artículo 12 apartado B), fracción XIII, en relación con el 116 fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que se puede deducir de lo anterior que la Legislatura del Estado de Tamaulipas facultó al Ejecutivo para elaborar el mencionado reglamento y dejar a salvo los derechos de los trabajadores de los cuerpos de seguridad pública para que fuese un tribunal el que conociera de los conflictos surgidos entre el Ejecutivo Estatal con sus trabajadores de seguridad pública.

"‘III. Por otra parte el artículo 116 primer párrafo de la Constitución Federal establece: «Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas: ... V. Las relaciones entre los Estados y sus trabajadores, se regirán por las leyes que expidan las Legislaturas de los Estados con base a lo dispuesto por el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones reglamentarias.»; por otra parte el artículo 123 constitucional en su primer párrafo expresa: «El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes, deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: ... B. Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores ... XIII. Los militares, marinos y miembros de los cuerpos de seguridad pública, así como el personal del servicio exterior, se regirán por sus propias leyes.».

"‘De lo expresado se deduce que por razón de orden constitucional los cuerpos de seguridad pública se regirán por sus propias leyes y que las relaciones de trabajo a su vez entre los Estados y sus trabajadores, se regirán por las leyes que expidan las Legislaturas de los Estados, con base en la propia Constitución Federal de la República y sus disposiciones reglamentarias, advirtiéndose de lo anterior que por razón de orden constitucional la Legislatura del Estado de Tamaulipas autorizó al Ejecutivo para que emitiera reglamento mediante el cual quedaran regidas las relaciones laborales entre el Gobierno del Estado y sus trabajadores de seguridad pública; lo anterior por virtud de los Decretos Números 95 y 165 que aparecen publicados en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas de fecha 13 de marzo de 1982.

"‘IV. En razón de lo anteriormente expresado causa agravio a mi representado el razonamiento de la Presidencia de ese Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito el razonamiento mediante el cual se expresa que la Junta de Honor y Justicia, no constituye un tribunal judicial, administrativo o de trabajo, así como también el que dicha Junta si bien es cierto realiza desde el punto de vista material actos jurisdiccionales, pero que formalmente no es un órgano de esa naturaleza, porque no fue creado por la ley sino por un reglamento.

"‘Al efecto, es menester definir el concepto del reglamento, el cual podemos considerar como una norma de carácter general, abstracta e impersonal, expedida por el titular del Poder Ejecutivo, con la finalidad de lograr, la aplicación de una ley previa, lo anterior resulta cierto, si como se desprende del Decreto No. 95 en el que expresamente se faculta al Ejecutivo del Estado para que elabore el reglamento sobre las relaciones laborales entre gobierno y sus trabajadores de seguridad pública, es decir que el Congreso del Estado de Tamaulipas mediante el Decreto No. 95 le otorgó facultades expresas al Ejecutivo para la expedición del reglamento para los trabajadores de seguridad pública, cuidando que los derechos de los trabajadores quedaran garantizados, así como respetando los derechos adquiridos, ello en razón a que conservaron los derechos establecidos en la propia ley del servicio burocrático, por último, las leyes por su propia naturaleza no pueden prever todos los supuestos posibles por lo que su grado de generalidad y abstracción debe ser amplio y omnicomprensivo; los reglamentos, en contraste tienden a detallar los supuestos previstos en la ley para que la individualización y aplicación del orden jurídico sea claro y efectivo, lo anterior lo expresa el Diccionario Jurídico Mexicano a fojas, se dice, página 2572.

"‘En el anterior orden de ideas se estima que la Junta de Honor y Justicia sí constituye un tribunal del trabajo y consecuentemente corresponde a ese tribunal conocer del juicio de amparo que obra en el cuaderno de antecedentes en el que se comparece.’

"QUINTO. Los agravios antes transcritos son infundados, atentas las razones que se expondrán a continuación.

"No es exacto que la Junta de Honor y Justicia, señalada como responsable sea un tribunal, pues aunque materialmente realice funciones jurisdiccionales en el aspecto vinculado con los conflictos individuales que se susciten entre los elementos de los cuerpos de seguridad pública y el Gobierno del Estado o sus funcionarios; lo cierto es que dicho organismo no puede ser considerado como un verdadero tribunal porque ni fue creado por una ley para funcionar en forma permanente ni se encuentra dotado de plena autonomía para dictar sus fallos; tampoco goza de independencia frente al Ejecutivo del Estado, pues conforme al artículo 75 del reglamento en cita se integra con el secretario de Servicios Administrativos quien fungirá como presidente y tendrá voto de calidad, el procurador general de Justicia y el director de Seguridad Pública o los funcionarios que los mismos designen, por parte del Gobierno del Estado, así como tres trabajadores que elijan los elementos de los cuerpos de seguridad pública mediante asamblea llevada a cabo por los propios agentes; de lo que se desprende que la mencionada Junta de Honor y Justicia sólo se constituye para resolver en forma esporádica y ocasional asuntos como el que ocupa nuestra atención, máxime que, dada su composición y vinculación estrecha con el Ejecutivo Estatal a través de los funcionarios que la integran, carece de plena autonomía como atributo indispensable que garantice su independencia y seguridad jurídica, propias de los órganos jurisdiccionales. Lo anterior es aún más evidente por cuanto el numeral 75 del reglamento en cuestión establece en su parte final que los cargos de miembros de la Junta de Honor y Justicia serán de carácter honorario por lo que no serán retribuidos; circunstancia que corrobora la dependencia que tienen por parte de la autoridad que les cubre sus emolumentos.

"En otras palabras, como ni en la Constitución Estatal ni en ninguna ley se establece la autonomía de la Junta de Honor y Justicia como órgano con facultades exclusivas para dirimir controversias entre los miembros de los cuerpos de seguridad pública y el Gobierno del Estado o sus funcionarios; es inconcuso que aunque materialmente ejerza actividades jurisdiccionales formalmente no es un tribunal de esa naturaleza.

"Luego entonces, los actos de la Junta de Honor y Justicia deben impugnarse en amparo indirecto ante el Juez de Distrito, como correctamente estableció el Magistrado presidente en el auto combatido; ya que no se satisface el presupuesto establecido en el artículo 158 de la Ley de Amparo en el sentido de que el juicio de garantías uniinstancial sólo procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; y sí en cambio, se surte la hipótesis prevista en la fracción II del numeral 114 de la ley en cita que da competencia a los Jueces de Distrito.

"No es obstáculo para llegar a la anterior conclusión lo que afirma el inconforme en el sentido de que el reglamento que rige las relaciones laborales entre los servidores públicos en comento y la Dirección General de Prevención y Auxilio, Medidas Tutelares y Readaptación Social del Estado de Tamaulipas, hubiere sido expedido por el Ejecutivo con aprobación del Congreso del Estado; pues esa sola circunstancia no es suficiente para considerar que la referida Junta de Honor y Justicia fue creada por una verdadera ley desde el punto de vista formal y material, como exige el artículo 100 de la Constitución del Estado en relación con el 116, fracción IV de la Constitución Federal. En otras palabras el visto bueno del Congreso del Estado no tiene la virtud de convertir en ley a un reglamento; porque llevando ese razonamiento al absurdo también se podría sostener que cualquier procedimiento administrativo seguido en forma de juicio y la resolución con que culmine, con la sola autorización del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, podría convertirse en un acto jurisdiccional.

"Por consiguiente, como el auto impugnado se encuentra ajustado a derecho, es claro que no causa al promovente ningún agravio que deba repararse y procede confirmarlo en sus términos, ante lo infundado de la reclamación que se hace valer."

CUARTO. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado del mismo circuito, expuso:

"PRIMERO. Este tribunal es competente para conocer del presente recurso de reclamación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 37, fracción VIII y quinto transitorio, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en vigor, relacionado con el Acuerdo VII/90 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de fecha veintiuno de junio de mil novecientos noventa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve siguiente.

"SEGUNDO. El recurso que se examina es procedente conforme a lo dispuesto por el artículo 103 de la Ley de Amparo y fue interpuesto dentro del término de tres días, pues el auto recurrido se notificó personalmente al autorizado del quejoso el quince de septiembre de este año; y el escrito de agravios se presentó el veinte del mismo mes.

"TERCERO. El auto impugnado es del tenor literal siguiente: ‘Visto lo de cuenta, agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio sin número con el que el presidente de la Junta de Honor y Justicia rinde informe justificado y envía los autos del expediente laboral número 3/94, asimismo la demanda de amparo promovida por José Salvador García Pardo en contra de dicha autoridad por el acto consistente en el laudo de fecha tres de julio de mil novecientos noventa y cinco, dictado en el expediente de referencia. En cuanto a la demanda de amparo, se desecha por notoriamente extemporánea, pues se advierte que la misma fue presentada fuera del plazo de quince días que para el efecto establece el artículo 21 de la Ley de Amparo; ahora bien, el laudo impugnado le fue notificado al quejoso el trece de julio del año en curso, comenzando a contar el término para la presentación de la demanda el día catorce de julio del presente año, el cual concluyó el día tres del mismo mes y año, con excepción de los días 15, 16, 22, 23, 29 y 30 de julio de mil novecientos noventa y cinco por ser días inhábiles, por lo que al presentarse la demanda ante la Junta responsable el día nueve de agosto, es evidente que fue presentada fuera del término que la ley concede para tal efecto. Téngase como apoyo además el escrito presentado por el presidente de la Junta donde manifiesta que no existió periodo vacacional y como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones el ubicado en Doblecero Allende y Privada número quinientos treinta y dos de esta ciudad y autorizando para tal efecto en términos del artículo 27 de la Ley de Amparo a los licenciados José Alberto González Hernández, Jesús Jaime Ávalos Ávalos, así como a los pasantes en derecho Abel Infante Lara y Francisco A. González Salazar.’.

"CUARTO. El autorizado del quejoso hace valer los siguientes agravios: ‘Primer fuente de agravio: La hago valer en que si bien es cierto que la demanda de garantías se recibió parte de la autoridad (sic) que señalo como responsable el día 9 de agosto de 1995, lo fue porque tuvimos un verdadero conocimiento que la Junta de Honor y Justicia o los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado de Tamaulipas, se les concedía un periodo vacacional comprendido del día 14 de julio de 1995 al 31 del mismo mes y año, teniendo conocimiento ahora con la notificación que personalmente nos hicieron por el Segundo Tribunal Colegiado el cual se nos notifica que la presente demanda de garantías se desecha por notoriamente extemporánea y se advierte que la misma fue presentada fuera del plazo de quince días para el efecto que establece el artículo 21 de la Ley de Amparo, que la autoridad responsable con dolo y mala fe rinde su informe justificado. Especificando en el mismo que la Junta de Honor y Justicia del Estado de Tamaulipas, laboró interrumpidamente (sic), por lo que al notificarme que se desechaba la demanda de garantías me vi en la necesidad de acudir ante el Lic. Lázaro Picaso Sánchez, titular de la Notaría Pública Número 15 de este Primer Distrito Judicial a practicar una interpelación notarial ante la autoridad que señalo como responsable para revertirle su informe que rindiera ante esa autoridad y para que tuviera fuerza jurídica el presente agravio que estoy haciendo valer en contra de tal informe, por lo que realicé cuatro preguntas a la autoridad que señalo como responsable, son las que a continuación me permito transcribir: 1. Si se publicaron listas de acuerdos del 14 de agosto al día primero del mes y año en curso; 2. Cómo se integra el Consejo de la Junta de Honor y Justicia; 3. Cuánto tiempo tiene laborando y qué cargo desempeña la referida Junta; 4. Cómo se llama el secretario de la Junta y cuánto tiempo tiene laborando. Respuestas: 1. No se elaboraron listas; 2. En los términos del reglamento; 3. A finales de 1993 y desempeño el carácter de presidente; 4. Federico Rivera Izaguirre, desde junio de 1993. Aclarando la pregunta número 1 ya que como lo rinde en su informe la responsable efectivamente hace alusión que de la fecha 14 de julio al día último laboraron normalmente cuando contrariamente deben de gozar de sus vacaciones tanto el presidente como el secretario de la Junta, máxime que ya tienen dos años prestando sus servicios para dicha institución y aclarando que hay un error involuntario en la interpelación judicial. Por lo anterior es de observarse que dicha Junta de Honor ni tan siquiera está integrada como lo señala el reglamento que bajo él se tomen las atribuciones correspondientes, además se dio fe de que no existen listas de acuerdos de las promociones que presentan las partes ante esta autoridad, por lo contrario debe observarse las preguntas y esencialmente cuánto tiempo tienen trabajando el presidente y el secretario de dicha Junta de Honor y Justicia es por lo que se entiende que éstos sí disfrutaron de vacaciones respectivas por lo que este tiempo jamás debió correr tanto al suscrito como a la parte que represento. Incompetencia. Segunda fuente de agravios: Me permito plantear la siguiente incompetencia para que este Segundo Tribunal Colegiado se abstenga de conocer del presente juicio de garantías y se la decline a un Juez de Distrito en los términos del artículo 114 fracción II de la Ley de Amparo, y además en los términos del 47 del mismo ordenamiento, fundando dicha incompetencia y agravio en virtud de que el acto que se reclama se atribuye a la Junta de Honor y Justicia y la cual no constituye un tribunal judicial, administrativo o del trabajo, sino que se trata más bien de un organismo que realiza actos jurisdiccionales y formalmente no es un órgano de esa naturaleza, porque no fue creado por la ley sino por un reglamento y por ende, no puede ser catalogado como tribunal judicial o administrativo o del trabajo, por lo tanto corresponde conocer del presente juicio de garantías a un Juez de Distrito este criterio lo sostuvo el Tribunal en Pleno al resolver el recurso de reclamación 7/95-I interpuesto por Rogelio García López contra el acuerdo de Presidencia de 14 de junio de este año y fallado en sesión de 5 de septiembre del año en curso, por unanimidad de votos. Por lo anterior expuesto en el artículo 47 de la Ley de Amparo, tercer párrafo, este tribunal declina la incompetencia en favor del Juez de Distrito por lo que en sí en eso hago valer el recurso de reclamación y lo fundo para los efectos de que se entre al estudio del planteamiento y al declararlo procedente decline la competencia a un Juez de Distrito.’.

"QUINTO. Los agravios que se hacen valer son infundados.

"Por cuestión de método se examina en primer término el alegato que contiene la solicitud del inconforme para que este cuerpo colegiado se abstenga de conocer de la demanda de garantías que formuló contra la Junta de Honor y Justicia de esta entidad federativa, por el hecho de que, según él, la nombrada Junta no es un tribunal judicial, administrativo o del trabajo sino que, se trata de un organismo que realiza actos jurisdiccionales y formalmente no es un órgano de esa naturaleza y que por ello debe conocer de la referida demanda un Juez de Distrito.

"Ahora bien, previamente es menester puntualizar que, basta la simple lectura del Decreto Número 165, emitido por el gobierno de esta entidad federativa, con fecha 13 de mayo de 1982, para advertir que en su primer considerando remite al diverso Decreto Número 95, del 29 de octubre del año de 1981, mediante el cual, se reformó el Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tamaulipas, ahora conocido como la Ley del Servicio Burocrático, según Decreto Número 288, de fecha 18 de diciembre de 1995; advirtiéndose que el referido Decreto Número 165 es el que contiene el Reglamento Elaborado por el Ejecutivo Estatal sobre las Relaciones Laborales entre el Gobierno del Estado y sus Trabajadores de Seguridad Pública, lo que implica que el reglamento en cita se encuentra vinculado con la actual Ley del Servicio Burocrático que en su artículo 6o., establece: ‘En lo no previsto por esta ley o sus reglamentos, se aplicarán supletoriamente y en su orden, la Ley del Trabajo, el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas, la costumbre, el uso, los principios generales de derecho y equidad, salvo que por expresa referencia de la misma remita a otro ordenamiento, circunstancia en la cual se estará a lo establecido.’. Y en el diverso numeral 4o., establece ‘que los trabajadores del Gobierno del Estado se dividen en ... II. Los de confianza que se identifican como sigue: ... 9. Los cuerpos de seguridad pública. Que se integran por la Policía Judicial del Estado, rural, tránsito y quienes prestan sus servicios en los Centros de Rehabilitación Social y que se rigen por sus propias disposiciones reglamentarias.’.

"Ahora bien, cuando se afirma que un tribunal debe estar creado ‘en ley’, realmente se pretende, que la autoridad jurisdiccional, haya sido establecida en una norma general, abstracta e impersonal, de cumplimiento obligatorio y que dicha autoridad tenga facultades para resolver conflictos de intereses interpartes, como competencia funcional, principal y permanentemente; notas características de un tribunal con independencia del poder al que pertenezca, de ahí que el aludido reglamento sea una norma apta para crear una autoridad jurisdiccional, debiendo considerarse con ese carácter a la Junta de Honor y Justicia cuando actúa como tal, y al efecto resulta aplicable el criterio jurisprudencial, publicado en la página 1983, Tomo LXXXV, Quinta Época, Segunda Sala del Semanario Judicial de la Federación que dice: ‘TRIBUNALES. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR. La expresión «tribunal» no se refiere de manera exclusiva al Poder Judicial, sino que alude a la autoridad legalmente facultada para resolver.’.

"En consecuencia, en el aludido reglamento elaborado por el Ejecutivo Estatal sobre las relaciones laborales entre el Gobierno del Estado y sus trabajadores de seguridad pública, se lee en el artículo 66, fracción 13, del mismo, que son causa de rescisión de la relación de trabajo, sin responsabilidad para el Estado ‘por resolución de la Junta de Honor y Justicia en los términos del artículo 96 de este reglamento. Si a consecuencia de la demanda del trabajador la Junta de Honor y Justicia considera improcedente la causa que se invoca para la rescisión, deberá girar instrucciones a quien corresponda para que se haga pago inmediato al trabajador de la indemnización que se fija en el artículo anterior y tendrá por terminada su relación laboral con el gobierno desde su separación.’. Más adelante, en el diverso numeral 74 se lee que: ‘La Junta de Honor y Justicia residirá en la capital del Estado y será competente para conocer de los conflictos individuales de carácter laboral que se susciten entre los elementos de los cuerpos de seguridad pública y el Gobierno del Estado o sus funcionarios y para los demás casos que en ese mismo reglamento se especifica.’; y, en el artículo 75 se señala cómo es su integración y lo relativo a que sus componentes no serán retribuidos.

"A su vez el diverso 82, del propio ordenamiento explica cómo es el procedimiento ordinario que se debe seguir para resolver las controversias que se sometan a la Junta de Honor y Justicia citada así como el término en que deberá dictar su resolución, la cual, conforme al precepto 94 del reglamento de que se viene hablando, es inapelable y deben ser ‘cumplidas desde luego por las autoridades y trabajadores a quien perjudiquen’, estatuyéndose en el numeral 95 de ese mismo ordenamiento que ‘las autoridades están obligadas a prestar auxilio a la Junta de Honor y Justicia para hacer respetar sus resoluciones cuando fueren requeridas para ello, por escrito.’.

"De todo lo anteriormente relacionado se obtiene que, contrario a lo que se aduce, la Junta de Honor y Justicia señalada como responsable, dada la naturaleza de sus funciones y la competencia que tiene para desempeñarlas por existir disposición legal que así la contempla, así como la facultad de decisión de que dispone y el imperio de que goza para hacer respetar sus resoluciones en razón del auxilio que le deben prestar las autoridades, a grado tal que la desobediencia a sus fallos son castigados con multa y destitución de trabajo sin responsabilidad para el Estado (artículo 96), por todo ello, se trata de un órgano formalmente constituido y aunado al hecho de que, sus resoluciones son inapelables, y por ende tienen carácter de d

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4886-f0431164/junta-de-honor-y-justicia-del-estado-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.