ACCIÓN PENAL. ES PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO, MIENTRAS NO SE ESTABLEZCA EN LEY LA VÍA JURISDICCIONAL DE IMPUGNACIÓN ORDINARIA, PARA RECLAMAR LAS RESOLUCIONES SOBRE EL NO EJERCICIO O DESISTIMIENTO DE AQUÉLLA (ARTÍCULO 21, PÁRRAFO CUARTO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL). CONTRADICCIÓN DE TESIS. LA ABSTENCIÓN DEL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA DE EXPONER SU PARECER DEBE ENTENDERSE EN EL SENTIDO DE QUE NO ESTIMÓ PERTINENTE INTERVENIR EN ELLA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 18/98-PL. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y TERCERO DEL CUARTO CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: JUVENTINO V. CASTRO Y CASTRO.
SECRETARIO: HILARIO SÁNCHEZ CORTÉS.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. En efecto, este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consideró que es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo siguiente:
Es patente que la materia del fondo sobre el asunto, que subsiste y debe abordarse en el recurso de revisión, versa sobre la interpretación directa del precepto 21 de la Constitución General de la República; siendo así, es pertinente tener en cuenta lo establecido por el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, que dice:
"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes:
"...
"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva, según corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.
"Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo materia de su competencia, cualquiera de esas Salas, el procurador general de la República o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieren sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, que funcionando en Pleno decidirá cuál tesis debe prevalecer.
"La resolución que pronuncien las Salas o el Pleno de la Suprema Corte en los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, sólo tendrá el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción."
En íntima relación con las disposiciones acabadas de transcribir, el precepto 197-A de la Ley de Amparo, establece la competencia de la Suprema Corte de Justicia, al precisar lo que se indica a continuación:
"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días."
Los artículos transcritos (tanto constitucional como legal) establecen la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para conocer de los asuntos en contradicción de tesis, pero es necesario hacer mención sobre el tema para dilucidar si ya dentro del seno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, específicamente, el Pleno, tiene dicha competencia, a lo dispuesto en los preceptos 10, fracción VIII y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establecen lo siguiente:
"Artículo 10. La Suprema Corte de Justicia conocerá funcionando en Pleno:
"...
"VIII. De las denuncias de contradicción entre tesis sustentadas por las Salas de la Suprema Corte de Justicia, o por los Tribunales Colegiados de Circuito cuando se trate de asuntos que por razón de la materia no sean de competencia exclusiva de alguna de las Salas."
"Artículo 21. Corresponde conocer a las Salas:
"...
"VIII. De las denuncias de contradicción entre tesis que sustenten dos o más Tribunales Colegiados de Circuito, para los efectos a que se refiere la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Bajo esta tesitura se entiende cabalmente lo dispuesto por el artículo 94, párrafo sexto, de la Constitución General de la República, en todas sus consecuencias, en cuanto establece que el Pleno de la Suprema Corte: "estará facultado para expedir acuerdos generales, a fin de lograr una adecuada distribución entre las Salas de los asuntos que competa conocer a la Corte", cuya finalidad primordial es agilizar el despacho de los asuntos con el auxilio equilibrado de las Salas.
En efecto, con apoyo en ese precepto de la Carta Magna, el Pleno dictó el acuerdo 1/1997, el veintisiete de mayo de mil novecientos noventa y siete, cuyo punto segundo establece que corresponde conocer a la Primera Sala, de las materias penal y civil, mientras que a la Segunda Sala, se adscriben las materias administrativa y del trabajo; en tanto que, en base a la fracción VIII del precepto 10 de dicha Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolverá cuando se trate de asuntos que por razón de la materia no sean de la competencia exclusiva de alguna de las Salas respectivas.
Luego, una interpretación letrista de los preceptos señalados con anterioridad, no es admisible, porque cercenaría al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una de las atribuciones exegéticas más importantes y trascendentales, que pueden plantearse para preservar la seguridad jurídica, como podría ser cuando se trata de interpretar un artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ello en razón de que el Tribunal Pleno tiene el carácter de máximo intérprete de la Carta Magna.
Ahora, en el caso, no cabe duda que es penal la materia respecto de la que versa la cuestionada interpretación directa del artículo 21 de la Carta Magna, relativo al discernimiento sobre la procedencia o improcedencia del juicio de amparo en contra de las resoluciones del Ministerio Público, en relación al no ejercicio de la acción penal, porque es cierto que la naturaleza de la resolución sobre el no ejercicio de la acción es penal, por el órgano que la realiza, a más de ser susceptible de afectar la libertad del tercero perjudicado, criterio que fue sustentado por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión del veintiséis de agosto de mil novecientos noventa y siete, al resolver la contradicción de tesis número 9/96, entre el punto de vista del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y el criterio que sostuvo el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, donde se llegó a la conclusión de que en la primera instancia de dicho juicio de amparo, es competente un Juez de Distrito en Materia Penal y no uno diverso en materia administrativa.
Por ende, la competencia para conocer del presente recurso de revisión se surtiría, ordinariamente, en favor de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; sin embargo, este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer de la presente contradicción de tesis, en ejercicio de la facultad de atracción que le confiere el artículo 107, fracción VIII, penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en aplicación analógica de la jurisprudencia número 30/91, aprobada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión privada celebrada el miércoles cinco de junio de mil novecientos noventa y uno, por unanimidad de veinte votos de los señores Ministros: presidente Ulises Schmill Ordóñez, Carlos de Silva Nava, Ignacio Magaña Cárdenas, Salvador Rocha Díaz, Mariano Azuela Güitrón, Samuel Alba Leyva, Noé Castañón León, Felipe López Contreras, José Antonio Llanos Duarte, Victoria Adato Green, Santiago Rodríguez Roldán, Clementina Gil de Lester, Atanasio González Martínez, José Manuel Villagordoa Lozano, Fausta Moreno Flores, Carlos García Vázquez, José Trinidad Lanz Cárdenas, Juan Díaz Romero, Sergio Hugo Chapital Gutiérrez y Luis Fernández Doblado, publicada en la página cuarenta y siete, del Tomo VII, correspondiente al mes de junio de mil novecientos noventa y uno, del Semanario Judicial de la Federación, de la Octava Época, que es del tenor siguiente:
"ATRACCIÓN. EL PLENO DE LA SUPREMA CORTE PUEDE EJERCER ESA FACULTAD RESPECTO DE ASUNTOS DE LA COMPETENCIA DE OTROS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. Si bien en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que señala los asuntos de carácter jurisdiccional que son de la competencia del Pleno de la Suprema Corte, no se establece que éste puede ejercer la facultad de atracción respecto de los amparos directos y amparos en revisión de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, a diferencia de lo que se previene en relación con las Salas en las fracciones I, inciso b) y III de los artículos 24, 25, 26 y 27 de ese ordenamiento legal, debe inferirse que ese Alto Cuerpo Colegiado puede ejercer la referida facultad respecto de asuntos de la competencia de otros órganos, así como de las Salas, pues por una parte, el artículo 107 de la Constitución, al establecer la facultad de atracción, respecto de los amparos directos en el último párrafo de la fracción V, y en cuanto a los amparos en revisión en el segundo párrafo del inciso b) de la fracción VII, se refiere genéricamente a la Suprema Corte de Justicia en la que necesariamente se encuentra incluido el Pleno, como su órgano supremo y, por la otra, resulta lógico inferir que si en la ley orgánica se refiere el ejercicio de la facultad de atracción a sus Salas, por mayoría de razón debe hacerse extensiva al Pleno."
En tales condiciones, como en el caso para dirimir la contradicción planteada se precisa la interpretación directa del numeral 21 constitucional, en relación con el artículo decimoprimero transitorio de su decreto reformador, a efecto de determinar si procede o no el juicio de amparo en contra de la resolución de no ejercicio o desistimiento de la acción penal por parte del Ministerio Público, es inconcuso que la competencia para conocer de la misma corresponde al Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuanto a que es el máximo intérprete de los preceptos constitucionales.
Las precisiones realizadas ponen de relieve la competencia del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, para conocer en definitiva de aquellos asuntos en los que tenga que determinarse la interpretación directa de un precepto constitucional, resultando así, que en estos casos puede válidamente conocer de las contradicciones de tesis, que orgánicamente puedan ser competencia de una de las Salas.
Ello es así, por darse características excepcionales, tomando en consideración que tanto la problemática referida a la procedencia o improcedencia del juicio de amparo respectivo, donde se impugna el no ejercicio de la acción penal por el Ministerio Público, como el aspecto de fondo, al que eventualmente puede llegarse, constituyen temas que requieren de la interpretación directa del artículo 21 constitucional, según reforma que entró en vigor el primero de enero de mil novecientos noventa y cinco, y que por su importancia excepcional a juicio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, trascienden al interés de la nación; intención perseguida en el actual texto del artículo 107 constitucional de que a dicho tribunal corresponde, principalmente, la tarea de fijar en definitiva el control de los textos constitucionales, que aparece revelada en la exposición de motivos de la iniciativa presidencial que dio lugar a la reforma de los artículos 73, 94, 97, 101, 104 y 107 de la Carta Magna, que entró en vigor en mil novecientos ochenta y ocho, que en lo conducente expresa:
"El Ejecutivo a mi cargo ha venido afirmando en las exposiciones de motivos de la iniciativa en que se anunció la reforma constitucional y en la iniciativa de reformas y adiciones a la Ley de Amparo Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, que ha llegado el momento para México, en que la Suprema Corte de Justicia se dedique principalmente al control de la constitucionalidad y a fijar en definitiva el alcance de los textos constitucionales, pues ello conviene no solamente a los intereses legítimos de las partes en el juicio de amparo, sino que importa al régimen jurídico político del país al evitar que la actuación de otros poderes entren en contradicción con nuestra Norma Fundamental."
SEGUNDO. Las sentencias dictadas por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la parte que interesa son del tenor siguiente:
Amparo en revisión 54/95. Quejoso: Arturo Treviño R. C.
"TERCERO. Son infundados los agravios. En efecto, carecen de sustento jurídico los motivos propuestos por el ahora recurrente para controvertir la decisión de la Juez de Distrito de desechar la demanda de garantías, con fundamento en el artículo 145 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 73, fracción XVIII, de ese ordenamiento, y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues atendiendo a que el acto reclamado consistió en la resolución emitida por el procurador general de Justicia y del director de Averiguaciones Previas del Estado de Nuevo León, en la que confirmaron la opinión de inejercicio de acción penal por parte del agente del Ministerio Público investigador número dos en la averiguación previa número 558/95, la Juez Federal estuvo en lo correcto al señalar actualizarse manifiesta e indudablemente la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la ley en consulta, en relación con el artículo 21 constitucional, toda vez que este último dispositivo otorga al Ministerio Público la facultad exclusiva de la persecución de los delitos y el ejercicio de la acción penal ante los tribunales judiciales, por lo que a través del juicio de garantías no puede obligársele a que ejerza esa acción, toda vez que quien presenta ante esa institución denuncia, acusación o querella, sólo se constituye en su parte coadyuvante para auxiliarlo a los fines de la misma, sin que sea obstáculo que el tercer párrafo del precepto constitucional en consulta prevea que las resoluciones del Ministerio Público sobre el inejercicio o desistimiento de la acción punitiva, podrán ser impugnadas por la vía jurisdiccional en los términos que establezca la ley, pues actualmente el ordenamiento legal que regula el acto reclamado, no establece ningún medio de defensa para controvertir el que en el caso concreto se reclama, sin que esta situación implique la procedencia del juicio de garantías, ni aun bajo el supuesto previsto en el artículo 114, fracción II, de la Ley de Amparo, porque el Juez de Distrito actuará como órgano jurisdiccional y no como de control constitucional, lo cual no le es permisible, precisamente por esta última función, máxime que en la iniciativa de reforma del citado artículo 21, se expuso lo siguiente: ‘... Se propone sujetar al control de legalidad las resoluciones de no ejercicio de la acción penal del Ministerio Público, dejando al legislador ordinario el definir la vía y la autoridad competente para resolver estas cuestiones. Nuestra Constitución encomienda la persecución de los delitos al Ministerio Público y le confiere la facultad de ejercitar la acción penal siempre que existan elementos suficientes para confirmar la presunta responsabilidad de una persona y la existencia del delito. Cuando no lo hace, aun existiendo estos elementos, se propicia la impunidad y, con ello, se agravia todavía más a las víctimas o a sus familiares. No debe tolerarse que por el comportamiento negligente, y menos aún por acto de corrupción, quede ningún delito sin ser perseguido. Por esta razón, la iniciativa plantea adicionar un párrafo al artículo 21 constitucional a fin de disponer que la ley fije los procedimientos para impugnar las resoluciones del Ministerio Público que determinen el no ejercicio de la acción penal. De esta manera, la propuesta plantea que el Congreso de la Unión o, en su caso, las Legislaturas Locales analicen quiénes habrán de ser los sujetos legitimados, los términos y condiciones que habrán de regir al procedimiento y la autoridad competente que presente la cuestión para su resolución, que podrá ser jurisdiccional o administrativa, según se estime conveniente. Con lo anterior se pretende zanjar un añejo debate constitucional, que en los hechos impidió que las omisiones del Ministerio Público fueran sujetas a un control de legalidad por un órgano distinto. ...’. Luego entonces, es evidente que acorde a los términos de la iniciativa referida sea aplicable el principio de supremacía constitucional. En esas condiciones, la circunstancia de que el artículo 21 constitucional no se encuentre actualmente reglamentado, de ninguna manera implica, se reitera, la procedencia del juicio de amparo, fundamentalmente porque el legislador no estableció que un órgano de control constitucional sea la autoridad competente para analizar el acto de que se trata, además de que no está precisado en alguna ley ordinaria que sea aplicable al caso a quién se legítima para exigir el respeto de la garantía individual que establece tal precepto constitucional. Similar criterio sustentó este órgano colegiado, al resolver por unanimidad de votos en sesión de cinco de diciembre de mil novecientos noventa y cinco el toca administrativo 322/95. En las relacionadas consideraciones, y al ser infundados los agravios, procede confirmar el auto recurrido."
Amparo en revisión 322/95. Quejoso: Gilberto Camero Villarreal.
"CUARTO. Son inoperantes e infundados los agravios formulados contra la sentencia sujeta a revisión en la parte que es impugnada. Alega el ahora recurrente, en principio, haber estado presente en la celebración de la audiencia constitucional del juicio de amparo, sin que tal circunstancia se hiciera constar en el acta respectiva, por lo que se le dejó en estado de indefensión al no conocer el informe justificado del director de Averiguaciones Previas, señalado como autoridad responsable, en el que negó el acto reclamado que se le atribuyó. Al particular, tal argumento se estima infundado al no existir prueba que corrobore el aserto que vierte, y destruya la declaratoria del Juez de Distrito en cuanto a que no asistieron las partes a la celebración de dicha audiencia, amén de que la situación planteada resulta inoperante por su intrascendencia, porque el sobreseimiento recurrido debe prevalecer, atendiendo a la naturaleza de los actos reclamados, contra los que no procede juicio constitucional. Asimismo, son inoperantes las razones externadas por el inconforme, referentes a los antecedentes de la denuncia que presentó ante el agente del Ministerio Público investigador número 2 con residencia en esta ciudad y a las supuestas irregularidades que afirma cometieron en su perjuicio, a fin de decretar el inejercicio de la acción penal contra el denunciado, ya que desde luego no varían las consideraciones que sustentan el fallo impugnado, como se expondrá a continuación. En efecto, carecen de sustento jurídico los motivos propuestos por el recurrente para controvertir la decisión del Juez de Distrito de sobreseer en el juicio de garantías, con fundamento en el artículo 74, fracción III, en relación con el diverso 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues atendiendo a que el acto reclamado consistió en la resolución emitida por el procurador general de Justicia del Estado de Nuevo León, que confirmó la opinión de inejercicio de la acción penal por parte del agente del Ministerio Público investigador número 2 en la averiguación previa número 410/93/II/2, sustanciada con motivo de la denuncia presentada por Gilberto Camero Villarreal contra ... y otros por los delitos que les resultaren, el Juez Federal estuvo en lo correcto al señalar la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 21 constitucional, toda vez que este último dispositivo otorga al Ministerio Público la facultad exclusiva de la persecución de los delitos y el ejercicio de la acción penal ante los tribunales judiciales, por lo que a través del juicio de garantías no puede obligársele a que ejerza esa acción, toda vez que quien presenta ante esa institución una denuncia, acusación o querella, sólo se constituye en su parte coadyuvante auxiliándolo a los fines de la misma, sin que sea obstáculo que el tercer párrafo del precepto constitucional en consulta, prevea que las resoluciones del Ministerio Público sobre el inejercicio o desistimiento de la acción punitiva podrán ser impugnadas por la vía jurisdiccional en los términos que establezca la ley, pues actualmente el ordenamiento legal que regula el acto reclamado no establece ningún medio de defensa para controvertir la que en el caso concreto fue reclamada, resultando así que el Juez de Distrito se ajustó a derecho al pronunciar la resolución que se revisa. En las relacionadas consideraciones, y al ser inoperantes e infundados los agravios, procede confirmar el auto recurrido."
TERCERO. De las ejecutorias transcritas, derivó la tesis del tenor siguiente:
"ACCIÓN PENAL, INEJERCICIO. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA RESOLUCIÓN DE. Es correcto el sobreseimiento del juicio de amparo hecho por el Juez de Distrito con fundamento en el artículo 74, fracción III, en relación con el diverso 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo y 21 constitucional, cuando el acto reclamado se hace consistir en la resolución emitida por el procurador general de Justicia que confirma la opinión de inejercicio de acción penal por parte del agente del Ministerio Público investigador, toda vez que el artículo 21 constitucional otorga al Ministerio Público la facultad exclusiva de la persecución de los delitos y el ejercicio de la acción penal ante los tribunales judiciales, por lo que a través del juicio de garantías no puede obligarse a que ejerza esa acción, ya que quien presenta ante esa institución una denuncia, acusación o querella, sólo se constituye en su parte coadyuvante, auxiliándolo a los fines de la misma, sin que sea obstáculo que el tercer párrafo del precepto constitucional en consulta prevea que las resoluciones del Ministerio Público sobre el inejercicio o desistimiento de la acción punitiva, podrán ser impugnadas por la vía jurisdiccional en los términos que establezca la ley, pues actualmente el ordenamiento legal que regula el acto reclamado, no establece ningún medio de defensa para controvertir el que en el caso concreto se reclama, sin que esta situación implique la procedencia del juicio de garantías ni que se esté bajo el supuesto previsto en el artículo 114, fracción II, de la Ley de Amparo, porque el Juez de Distrito actuaría como órgano jurisdiccional y no como de control constitucional, lo cual no le es permisible precisamente por esta última función, máxime que en la iniciativa de reforma del citado artículo 21, se expuso lo siguiente: ‘Se propone sujetar al control de legalidad las resoluciones de no ejercicio de la acción penal del Ministerio Público, dejando al legislador ordinario el definir la vía y la autoridad competente para resolver estas cuestiones. Nuestra Constitución encomienda la persecución de los delitos al Ministerio Público y le confiere la facultad de ejercitar la acción penal siempre que existan elementos suficientes para confirmar la presunta responsabilidad de una persona y la existencia del delito. Cuando no lo hace, aun existiendo estos elementos, se propicia la impunidad y con ello se agravia todavía más a las víctimas o a sus familiares. No debe tolerarse que por el comportamiento negligente, y menos aún por actos de corrupción, quede ningún delito sin ser perseguido. Por esta razón la iniciativa plantea adicionar un párrafo al artículo 21 constitucional a fin de disponer que la ley fije los procedimientos para impugnar las resoluciones del Ministerio Público que determinen el no ejercicio de la acción penal. De esta manera, la propuesta plantea que el Congreso de la Unión o, en su caso, las Legislaturas Locales analicen quiénes habrán de ser los sujetos legitimados, los términos y condiciones que habrán de regir al procedimiento y la autoridad competente que presente la cuestión para su resolución, que podrá ser jurisdiccional o administrativa, según se estime conveniente. Con lo anterior se pretende zanjar un añejo debate constitucional, que en los hechos impidió que las omisiones del Ministerio Público fueran sujetas a un control de legalidad por un órgano distinto. Luego entonces, es evidente que acorde a los términos de la iniciativa referida sea aplicable el principio de supremacía constitucional.’; pues aun cuando no se encuentre reglamentada, de ninguna manera implica la procedencia del juicio de amparo, fundamentalmente porque el legislador no estableció que un órgano de control constitucional sea la autoridad competente para analizar el acto de que se trata, además de que no está precisado en alguna ley ordinaria que sea aplicable al caso a quién se legítima para exigir el respeto de la garantía individual que establece tal precepto."
CUARTO. La ejecutoria dictada por el Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en el amparo en revisión 285/95, donde el quejoso fue Jesús Sandoval Calzoncit, dice así:
"SEGUNDO. Los anteriores agravios, son parcialmente fundados. En efecto, el hoy recurrente, en la demanda de garantías, señaló como acto reclamado la declaratoria de inejercicio de la acción penal determinada por el agente del Ministerio Público investigador número siete de esta ciudad, el treinta de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, en la averiguación previa número 726/94-VII-3 y, además, la resolución que confirmó el inejercicio de la acción penal por el procurador general de Justicia del Estado, el cinco de abril de mil novecientos noventa y cinco. Ahora bien, es evidente que si el procurador general de Justicia del Estado confirmó en definitiva el inejercicio de la acción penal propuesto por el Ministerio Público investigador, la resolución de aquél sustituye en sus efectos a la emitida por este último. Por ende, si los efectos de la resolución decretada por el Ministerio Público investigador cesaron ante el pronunciamiento de la determinación decretada por el citado procurador, resulta obvio que en relación a ese acto del inferior jerárquico se surte la causal de improcedencia establecida por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, lo que motiva el sobreseimiento en el juicio de amparo, en lo que respecta a la resolución del Ministerio Público, con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la mencionada Ley de Amparo, como correctamente lo determinó la Juez de Distrito. Por las razones apuntadas, es inexacto lo expresado en los agravios relativos a que: ‘Yo considero que no han cesado los efectos del acto reclamado y en todo caso el artículo 21 constitucional permite el combate de las resoluciones de inejercicio de la acción penal decretadas por el Ministerio Público y aunque existe una revisión administrativa, finalmente correspondió al Ministerio Público número siete y del procurador general de Justicia del Estado, y en la especie ambos contestaron que sí es cierto el acto reclamado.’. Sin embargo, son fundados los agravios enderezados en contra del sobreseimiento que decretó la Juez de Distrito, por lo que hace a la resolución que confirmó el inejercicio de la acción penal dictada por el procurador general de Justicia del Estado, el cinco de abril del presente año, como se verá enseguida. El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fue reformado el treinta de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, y se le adicionó lo siguiente: ‘Las resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio y desistimiento de la acción penal, podrán ser impugnadas por vía jurisdiccional en los términos que establezca la ley.’. Ahora bien, respecto a este acto reclamado, la Juez de Distrito consideró que si bien el artículo 21 constitucional, en su reforma estableció que las resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio y desistimiento de la acción penal, podrían ser impugnadas por la vía jurisdiccional en los términos que estableciera la ley, también lo es que esa reforma no era aplicable todavía, en razón de que el procedimiento para la impugnación del inejercicio de la acción penal, no se había establecido en las leyes conducentes y en la Ley de Amparo, para así determinar los tiempos, la forma y la instancia en que tal impugnación debía hacerse valer en la vía jurisdiccional; que ante la falta de la normatividad que precise la forma en que han de combatirse esas determinaciones de inejercicio, y concretamente, la ausencia de precepto legal que establezca que contra ese inejercicio de la acción penal por parte del titular de la misma, procede la interposición del juicio de garantías, se debía concluir que sigue rigiendo el criterio existente antes de dicha reforma, en relación a las determinaciones en estudio, y considerar que el amparo promovido por el quejoso era improcedente, en términos de lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 10, ambos de la Ley de Amparo, este último, aplicado a contrario sensu, por las siguientes razones: La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación al tema, ha sostenido que es improcedente la demanda de amparo contra las resol
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6755-7312a68f/accion-penal-es-procedente-el-juicio-de-amparo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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