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Modo: Corpus Pro

FIANZAS PENALES. EL PLAZO DE CADUCIDAD QUE ESTABLECE EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 120 DE LA LEY RELATIVA, SE EMPIEZA A COMPUTAR AL DÍA SIGUIENTE DE AQUEL EN QUE VENCE EL PLAZO QUE SE OTORGA A LA AFIANZADORA PARA PRESENTAR AL FIADO, SIN QUE HUBIERA CUMPLIDO. FIANZAS PENALES. PARA NO OBSTACULIZAR SU EFECTIVIDAD, LA AUTORIDAD JUDICIAL DEBE PRONUNCIARSE DE INMEDIATO SOBRE EL INCUMPLIMIENTO DE LA AFIANZADORA DE PRESENTAR AL FIADO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 22/98-PL. · Registro digital (IUS): 6897
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMERO Y EL SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS DEL OCTAVO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Enero de 2001, , Pág. 456.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 22/98-PL. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMERO Y EL SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS DEL OCTAVO CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: JUAN DÍAZ ROMERO.

SECRETARIO: JORGE CARENZO RIVAS.

CONSIDERANDO:

TERCERO. Procede a continuación verificar si en el caso existe la contradicción denunciada entre las tesis de referencia.

a) El juicio de amparo directo número 285/97, radicado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, tiene como antecedentes, que aparecen de la propia ejecutoria, los siguientes:

"Por escrito presentado ante la responsable el diez de marzo de mil novecientos noventa y siete, del que correspondió conocer, por razón de turno, a este Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, Jesús Rogelio Salinas Garza, en su carácter de apoderado jurídico de Afianzadora Insurgentes, Sociedad Anónima antes, ahora Afianzadora Insurgentes Serfín, Sociedad Anónima, Grupo Financiero Serfín, ocurrió en demanda de amparo en contra de las autoridades y por el acto que enseguida se especifica: ‘Autoridades responsables. Los CC. Magistrados que integran la H. Sala Regional Norte Centro del Tribunal Fiscal de la Federación, licenciados, Alejandro Sánchez Instructor, José Manuel Bravo Hernández, presidente de la Sala y Lorenzo Javier Gómez Torres como ponente, todos con domicilio en Av. Matamoros No. 73 poniente en Torreón, Coahuila; la C. Secretaria Francisca Espinoza Jaramillo, quien da fe del acto reclamado con el mismo domicilio arriba mencionado. Acto reclamado. Se reclama la sentencia definitiva de fecha 10 de diciembre de 1996 emitida por la autoridad responsable en el juicio de nulidad No. 652/96, donde se resolvió que mi representada no probó su acción, con lo que se reconoció la validez de la resolución impugnada ...’ ... La sentencia concluyó con los siguientes puntos resolutivos: ‘I. La parte actora Afianzadora Insurgentes Serfín, S.A., ahora Afianzadora Insurgentes Serfín, S.A., Grupo Financiero Serfín, en el presente juicio No. 662/96, no probó su acción, en consecuencia: II. Se reconoce la validez de la resolución impugnada, precisada en el resultando 1o. del presente fallo. III. Notifíquese.’."

La sentencia se basa en las siguientes consideraciones: "TERCERO. A juicio de este órgano colegiado procede reconocer la validez de la resolución impugnada, en atención a que del análisis a las constancias que obran en autos se desprende que el agravio transcrito resulta infundado, por las siguientes consideraciones. En efecto, en el agravio mencionado hecho valer la accionante esencialmente sostiene que caducaron los derechos de la autoridad para requerirles el pago de las pólizas de fianza No. 192006002414, apoyando sus pretensiones en lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, sin embargo es pertinente analizar también el primer párrafo de dicho dispositivo, que establece textualmente: ‘Cuando la institución de fianzas se hubiere obligado por tiempo determinado, quedará libre de su obligación por caducidad, si el beneficiario no presenta la reclamación de la fianza dentro del plazo que se haya estipulado en la póliza, o en su defecto, dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a la expiración de la vigencia de la fianza. Si la afianzadora se hubiere obligado por tiempo indeterminado, quedará liberada de sus obligaciones por caducidad, cuando el beneficiario no presente la reclamación de la fianza dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a partir de la fecha en la que la obligación garantizada se vuelva exigible, por incumplimiento del fiado.’. Lo ineficaz de la pretensión de la actora deviene porque se pretende apoyar en una disposición que en el caso como en el que nos ocupa, resulta inaplicable, ya que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, existen dos procedimientos por los cuales el beneficiario de una póliza de fianza expedida en favor de la Federación, del Distrito Federal, Estados y Municipios, puede optar por hacerla efectiva: uno es el establecido en los artículos 93 y 93 bis denominado reclamación y el otro es el contemplado en el artículo 95, ambos de la citada ley. En el caso de reclamación contra una institución de fianza por responsabilidades derivadas de un contrato de fianza, el beneficiario debe requerir por escrito a la institución el pago de la fianza, acompañando la documentación y demás elementos necesarios para demostrar la existencia y exigibilidad de la obligación garantizada, teniendo la afianzadora la posibilidad de efectuar el pago o comunicar al beneficiario las razones o motivos de su improcedencia, caso este último en el que si el beneficiario no está conforme con la resolución que se le hubiere comunicado por la institución, a su elección podrá acudir ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas a fin de que su reclamación se lleve a través de un procedimiento conciliatorio, o hacer valer sus derechos ante los tribunales competentes, acorde a lo establecido por los artículos 93 bis y 94 de la ley en comento. En las condiciones apuntadas debe entenderse que la disposición contenida en los dos primeros párrafos del artículo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, se refieren al término con que cuenta el beneficiario de una fianza para iniciar el procedimiento de reclamación, como claramente se aprecia de lo dispuesto en la parte inicial del tercer párrafo del citado numeral, cuando expresa: ‘Presentada la reclamación a la institución de fianzas dentro del plazo que corresponda conforme a los párrafos anteriores, habrá nacido su derecho para hacer efectiva la póliza, el cual quedará sujeto a la prescripción.’. Resultando evidente que la caducidad a la cual se alude en los dos primeros párrafos del artículo en mención, se refiere a la facultad del beneficiario de una póliza para acudir al procedimiento de reclamación, para hacer exigible la obligación garantizada, e incluso, es a partir de entonces cuando queda sujeta a la prescripción. Ahora bien, lo determinante en cualquier caso para considerar si es aplicable la disposición contenida en los dos primeros párrafos del invocado artículo 120, será conocer por cuál procedimiento optó el beneficiario de la póliza en cuestión para hacerla efectiva y si en esos casos, como el presente, se optó por el procedimiento previsto en el artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, con las modalidades contempladas en el artículo 130 de la propia ley para las fianzas otorgadas ante autoridades judiciales del orden penal. De ahí que no se puede pretender considerar la extinción de la obligación de la afianzadora por caducidad, virtud a que como se ha dicho esa figura está contemplada respecto a la facultad del beneficiario de la fianza, para iniciar el procedimiento de reclamación y en el caso de que se pretenda demostrar la pérdida de las facultades de la autoridad para requerir el pago de la fianza por el transcurso del tiempo, claramente se concluye que se causa la prescripción, incurriendo la enjuiciante en una confusión de la figura de la caducidad con la de la prescripción, pues la primera de ellas es una figura de derecho procesal que consiste en la pérdida o extinción de un derecho procesal por no haberlo ejercitado dentro del plazo establecido en la ley, mientras que la prescripción es la pérdida de un derecho y la extinción de la obligación correlativa por el transcurso del tiempo. Por lo que si la actora sostiene, que su obligación de pago de la fianza por ella otorgada se ha extinguido por el transcurso del tiempo, como se dijo, acusa la prescripción de las facultades de la autoridad requeriente y, por tanto, deberá aplicarse la disposición que en forma se establece en la segunda parte del tercer párrafo del artículo 120 de la ley en comento y en el que textualmente dice: ‘... La institución de fianzas se liberará por prescripción cuando transcurra el plazo legal para que prescriba la obligación garantizada o el de tres años, lo que resulte menor.’, debiendo aplicar este último plazo para el cómputo de la prescripción de la obligación de pago en casos como el que nos ocupa, esto es, en los que la fianza se expide para garantizar la libertad provisional de una persona y en el que no existe una obligación garantizada que prescriba en un término legal. Tiene aplicación al caso el siguiente criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito que dice: ‘PRESCRIPCIÓN O CADUCIDAD, ES IRRELEVANTE LA CONFUSIÓN TERMINOLOGÍA (SIC) EN QUE SE INCURRA AL PROPONERLAS. CORRESPONDE A LA SALA FISCAL DECIDIR DE CUÁL DE ELLAS SE TRATA. Cuando en un juicio de nulidad se haga valer la extinción de las facultades de la autoridad fiscal para comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales, determinar las contribuciones omitidas y sus accesorios y par (sic) imponer sanciones por infracciones a tales disposiciones, designándola erróneamente como prescripción en lugar de caducidad, o se alega la extinción de las facultades de la autoridad para hacer efectivo el crédito, designándola como caducidad en lugar de prescripción, el juzgador no debe atender a la denominación que se emplee al proponerla, sino a los hechos y a los razonamientos que compongan el agravio, resolviendo la controversia sometida a su conocimiento de acuerdo con la calificación jurídica que estime exactamente aplicable al caso de que se trata. En efecto, desde el punto de vista estrictamente procesal, tanto la prescripción como la caducidad pueden intentarse en la vía de acción o de excepción con arreglo a lo dispuesto por los artículos 67 y 146 del Código Fiscal de la Federación. En ambos casos, de acuerdo con la máxima plasmada en las leyes y reconocida por los tribunales, es irrelevante la denominación que empleen las partes para calificarlas, pues tanto la acción como la excepción proceden en juicio aun cuando no se les designe de la manera en que lo hizo el legislador, siempre y cuando al intentarse se expresen los hechos en que se apoyan, la pretensión que se reclama y la causa a pedir o título en que se funda. La intrascendencia de la designación en este caso -hecha extensiva ahora a los contratos y a los tributos, entre otros, gracias a la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación-, deriva fundamentalmente de que conforme a los principios generales de derecho iura novit cura y da mihi factum, dabo tibi ius será el tribunal y sólo él a quien competa la elección de la institución jurídica aplicable a la controversia, de manera que no está vinculado a la calificación formulada por las partes pues su decisión no puede apartarse jamás de la norma exactamente aplicable al caso en acatamiento al imperativo contenido en el artículo 14 constitucional. Aceptar una conclusión diversa sería tanto como desconocer los principios que inspiran a la función jurisdiccional en su esencia misma y olvidar que la aplicación del derecho persigue la administración de justicia, adoptando en su lugar a la técnica como supremo principio rector al grado tal de negar la razón a quien la tiene so pretexto del uso inadecuado de terminología jurídica.’. Ahora bien, en la especie la autoridad a fin de exigir el pago de la póliza de fianza otorgada para garantizar la libertad provisional del C. Ernesto Elizalde Torres, siguiendo las reglas contempladas en el artículo 130 de la ley de la materia, optó para ello a través del procedimiento previsto en relación (sic) 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, de donde resulta claro que es inaplicable el término de caducidad de 180 días establecido en los dos primeros párrafos del artículo 120 de la citada ley y el que se refiere como se ha señalado, a la caducidad de la facultad del beneficiario de una fianza para iniciar la reclamación cuyo procedimiento se precisa en el artículo 93 de la ley en cita; de ahí que en el caso que nos ocupa debe analizarse si para la fecha en que se notificó el requerimiento combatido, había transcurrido el término de tres años contado a partir de cuando la póliza se hizo exigible y determinar si la obligación de la afianzadora se extinguió por prescripción. Por lo que atendiendo a las reglas previstas en el invocado artículo 130, tenemos que la póliza en cuestión se hizo exigible el día 14 de noviembre de 1994, día hábil siguiente al en que venció el plazo de 10 días otorgados a la actora para la presentación de su fiado, a través del oficio No. 3676 de fecha 28 de octubre de 1994, girado por el C. Juez Quinto Penal Provisional del Distrito Judicial Bravos, de Ciudad Juárez, Chihuahua, que obra a folio No. 38 del expediente en que se actúa; por lo que de tal fecha al 26 de abril de 1996 en que se notificó el requerimiento combatido, aún no transcurrían los tres años antes referidos, pues sólo transcurrieron un año cinco meses y doce días y, por lo tanto, debe considerarse legal la actuación de la autoridad."

Contra los razonamientos de la responsable antes referidos, la quejosa expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes, mismos que el Tribunal Colegiado contendiente de que se trata consideró fundados, por las razones siguientes:

"... Son fundados los argumentos propuestos; en efecto, Afianzadora Insurgentes Serfín, S.A., Grupo Financiero Serfín, por conducto de su apoderado Jesús Rogelio Salinas Garza, acudió ante la Sala Regional Norte Centro del Tribunal Fiscal de la Federación, solicitando la nulidad del requerimiento de pago contenido en el oficio número J.462/96, emitido por la Dirección General de Fianzas y Administración del Departamento Jurídico, Asuntos Administrativos, del Estado Libre y Soberano de Chihuahua. Estimó la afianzadora que operó la caducidad de la acción de cobro derivada de la fianza otorgada; luego, la autoridad responsable en la sentencia que constituye el acto reclamado, para estimar indemostrada la acción de nulidad intentada, consideró que es inaplicable el artículo 120 de la Ley de Instituciones de Fianzas, porque se refiere al término con que cuenta el beneficiario de una fianza para iniciar el procedimiento de reclamación y que el artículo 95 de la misma prevé dos procedimientos para hacer efectivas las fianzas, esto es, el que regulan los artículos 93 y 93 bis y el que establece el 95, de la propia legislación, de tal suerte que, si la autoridad optó por el procedimiento previsto por el artículo 95, con las modalidades contempladas en el artículo 130, no puede considerarse la extinción de la obligación por caducidad en virtud de que ‘esa figura está contemplada respecto a la facultad del beneficiario de la fianza, para iniciar el procedimiento de reclamación ...’ (f. 275 infra).

"Las consideraciones emitidas por la Sala Regional Norte Centro del Tribunal Fiscal de la Federación resultan incongruentes ya que precisamente lo reclamado por el accionante fue la extinción de las facultades para requerirle el pago.

"Ahora bien, en el caso la compañía afianzadora se obligó ‘por el tiempo que dure el proceso’ (f. 254), es decir, la obligación fue por tiempo indeterminado, lo que, contra lo que estima la Sala, ubica a la empresa dentro de la hipótesis contemplada en el segundo párrafo del artículo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, luego la autoridad tenía ciento ochenta días naturales a partir de que la obligación se hizo exigible para presentar la reclamación de la fianza.

"En efecto, el artículo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, establece textualmente:

"‘Artículo 120. Cuando la institución de fianzas se hubiere obligado por tiempo determinado, quedará libre de su obligación por caducidad, si el beneficiario no presenta la reclamación de la fianza dentro del plazo que se haya estipulado en la póliza o, en su defecto, dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a la expiración de la vigencia de la fianza.

"‘Si la afianzadora se hubiere obligado por tiempo indeterminado, quedará liberada de sus obligaciones por caducidad, cuando el beneficiario no presente la reclamación de la fianza dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a partir de la fecha en que la obligación garantizada se vuelva exigible, por incumplimiento del fiado.

"‘Presentada la reclamación a la institución de fianzas dentro del plazo que corresponda conforme a los párrafos anteriores, habrá nacido el derecho para hacer efectiva la póliza, el cual quedará sujeto a la prescripción. La institución de fianzas se liberará por prescripción cuando transcurra el plazo legal para que prescriba la obligación garantizada o el de tres años, lo que resulte menor.

"‘Cualquier requerimiento escrito de pago hecho por el beneficiario a la institución de fianzas o, en su caso, la presentación de la reclamación de la fianza, suspende la prescripción salvo que resulte improcedente.’

"Como puede verse, el precepto transcrito da las bases para determinar la caducidad de la acción de cobro y la prescripción del derecho a requerir el pago, esto es, hace distinción en dos momentos distintos, señalando que opera la caducidad a partir de que la obligación se hizo exigible hasta los plazos que señala, según el supuesto en que se encuentre la afianzadora y establece que se trata de prescripción cuando, una vez hecha la reclamación, transcurre el plazo legal para que prescriba la obligación garantizada. En la especie, al otorgarse la fianza sin precisar un lapso de tiempo (sic) determinado, la empresa se ubica en el supuesto que prevé el segundo párrafo del artículo transcrito.

"Por otra parte, para determinar la fecha en que la obligación fue exigible, debe señalarse que el Juez del procedimiento mediante auto notificado a la compañía afianzadora el veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, le requirió para que en el término de diez días presentara al fiado; tal plazo concluyó el día nueve de diciembre de ese mismo año, sin tomar en cuenta en el cómputo el día en que surtió efectos la notificación y los días inhábiles, aunque en el requerimiento no se hace tal consideración; así, conforme a las reglas establecidas en el artículo 130 de la propia legislación, el término para la caducidad se inició a partir del día hábil siguiente, es decir, el día diez de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, esto es así, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 130 de la Ley de Fianzas que establece:

"‘Artículo 130. Las fianzas otorgadas ante autoridades judiciales del orden penal, se harán efectivas conforme a las siguientes reglas: I. La autoridad judicial, para el solo efecto de la presentación del fiado, requerirá personalmente o bien por correo certificado con acuse de recibo, a la institución fiadora en sus oficinas principales, sucursales, oficinas de servicio o bien en el domicilio del apoderado designado para ello. Dicho requerimiento podrá hacerse en cualquiera de los establecimientos mencionados o en el domicilio del apoderado de referencia, que se encuentre más próximo al lugar donde ejerza sus funciones la autoridad judicial de que se trate; II. Si dentro del plazo concedido, no se hiciere la presentación solicitada, la autoridad judicial lo comunicará a la autoridad ejecutora federal o local, según sea el caso, para que proceda en los términos del artículo 95 de esta ley. Con dicha comunicación deberá acompañarse constancia fehaciente de la diligencia de requerimiento; III. La fianza será exigible desde el día hábil siguiente al del vencimiento del plazo fijado a la afianzadora para la presentación del fiado, sin que lo haya hecho.’

"Por otra parte resulta pertinente señalar lo que determina el artículo 95 del ordenamiento legal en comento, al cual remite el precepto transcrito en el párrafo que antecede.

"‘Artículo 95. Las fianzas que las instituciones otorguen a favor de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, se harán efectivas a elección del beneficiario, siguiendo los procedimientos establecidos en los artículos 93 y 93 bis de esta ley, o bien, de acuerdo con las disposiciones que a continuación se señalan y de conformidad con las bases que fije el reglamento de este artículo, excepto las que se otorguen a favor de la Federación para garantizar obligaciones fiscales a cargo de terceros, caso en que se estará a lo dispuesto por el Código Fiscal de la Federación: I. Las instituciones de fianzas estarán obligadas a enviar según sea el caso, a la Tesorería de la Federación, a la Tesorería del Departamento del Distrito Federal, o bien a las autoridades estatales o municipales que correspondan, una copia de todas las pólizas de fianzas que expidan a su favor. II. Al hacerse exigible una fianza a favor de la Federación, la autoridad que la hubiere aceptado, con domicilio en el Distrito Federal o bien en alguna de las entidades federativas, acompañando la documentación relativa a la fianza y a la obligación por ella garantizada deberá comunicarlo a la autoridad ejecutora más próxima a la ubicación donde se encuentren instaladas las oficinas principales, sucursales, oficinas de servicio o bien a la del domicilio del apoderado designado por la institución fiadora para recibir requerimientos de pago, correspondientes a cada una de las regiones competencia de las Salas Regionales del Tribunal Fiscal de la Federación. La autoridad ejecutora facultada para ello en los términos de las disposiciones que le resulten aplicables, procederá a requerir de pago, en forma personal, o bien por correo certificado con acuse de recibo, a la institución fiadora, de manera motivada y fundada, acompañando los documentos que justifiquen la exigibilidad de la obligación garantizada por la fianza, en los establecimientos o en el domicilio del apoderado designado, en los términos a que se hace cita en el párrafo anterior. Tratándose del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, el requerimiento de pago, lo llevarán a cabo en los términos anteriores, las autoridades ejecutoras correspondientes. En consecuencia, no surtirán efecto los requerimientos que se hagan a los agentes de fianzas, ni los efectuados por autoridades distintas de las ejecutoras facultadas para ello. III. En el mismo requerimiento de pago se apercibirá a la institución fiadora, de que si dentro del plazo de treinta días naturales, contado a partir de la fecha en que dicho requerimiento se realice, no hace el pago de las cantidades que se le reclaman, se le rematarán valores en los términos de este artículo. IV. Dentro del plazo de treinta días naturales señalado en el requerimiento, la institución de fianzas deberá comprobar, ante la autoridad ejecutora correspondiente, que hizo el pago o que cumplió con el requisito de la fracción V. En caso contrario, al día siguiente de vencido dicho plazo, la autoridad ejecutora de que se trate, solicitará a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas se rematen en bolsa, valores propiedad de la institución, bastantes para cubrir el importe de lo reclamado. V. En caso de inconformidad contra el requerimiento de pago, la institución de fianzas dentro del plazo de 30 días naturales, señalado en la fracción III de este artículo, demandará la improcedencia del cobro ante la Sala Regional del Tribunal Fiscal de la Federación de la jurisdicción que corresponda a la ubicación de los establecimientos o la del apoderado designado, a que se hace cita en la fracción II, primer párrafo de este artículo, donde se hubiere formulado el citado requerimiento, debiendo la autoridad ejecutora, suspender el procedimiento de ejecución cuando se compruebe que se ha presentado oportunamente la demanda respectiva, exhibiéndose al efecto copia sellada de la misma. VI. El procedimiento de ejecución solamente terminará por una de las siguientes causas: a) Por pago voluntario; b) Por haberse hecho efectivo el cobro en ejecución forzosa; c) Por sentencia firme del Tribunal Fiscal de la Federación, que declare la improcedencia del cobro; d) Porque la autoridad que hubiere hecho el requerimiento se desistiere del cobro. Los oficios de desistimiento de cobro, necesariamente deberán suscribirlos los funcionarios facultados o autorizados para ello.’

"Como puede verse de los preceptos legales transcritos, el hecho determinante para que empiece el término de la caducidad, que fue la figura extintiva invocada por el accionante, es que transcurran ciento ochenta días a partir de aquel en que la obligación se hubiera hecho exigible, en el caso la obligación se hizo exigible el día diez de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, según se dejó apuntado, lo anterior independientemente del procedimiento de cobro que se hubiera utilizado para tratar de hacer efectiva la fianza, puesto que es indiscutible que la redacción del artículo 130 excluye el procedimiento a que se refieren los artículos 93 y 93 bis del ordenamiento legal citado; así las cosas, el cómputo para la caducidad se inició el referido día diez de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro concluyendo ciento ochenta días después, esto es el siete de junio de mil novecientos noventa y cinco.

"No obsta a lo anterior, el hecho de que la responsable estime que no puede darse la extinción de la obligación de la afianzadora, por tratarse del plazo con que cuenta el beneficiario de la póliza para iniciar el procedimiento de reclamación, pues en este aspecto cabe señalar que los artículos transcritos no admiten diversa interpretación, ya que el beneficiario de la póliza lo fue el Juzgado del conocimiento quien si bien en auto de fecha treinta de enero de mil novecientos noventa y cinco, declaró el incumplimiento y giró oficio para que procediera al cobro, esto no interrumpe el término de la caducidad en tanto no requiere a la afianzadora del pago.

"Tiene aplicación en el caso la tesis consultable en la página 522, Tomo II, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación que establece:

"‘FIANZA PENAL. LA PRESCRIPCIÓN DE LA. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA. El artículo 130, fracción III, de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas dispone que las fianzas otorgadas ante las autoridades judiciales del orden penal se harán exigibles desde el día siguiente al del vencimiento del plazo fijado a la afianzadora para la presentación del fiado, sin que lo haya hecho; por tanto, debe ser ese momento cuando se inicie el cómputo del término para la prescripción de la obligación del pago de la póliza de fianza, en atención a que, el hacerse exigible el pago, la autoridad judicial de orden penal ya está en aptitud de girar sus instrucciones a la autoridad ejecutora que corresponda para hacer efectivo el cobro y dependerá de la rapidez con que ésta lo envíe para que no prescriba la acción, ya que, de lo contrario, se dejaría al libre arbitrio de la autoridad judicial del orden penal la decisión del inicio del término citado y, entonces, no tendría ningún límite de tiempo para que girara sus instrucciones a la autoridad ejecutora para que hiciera efectiva la fianza, creando así una inseguridad jurídica al no poder determinar con toda precisión el comienzo del término para hacerla valer.’

"En relación con la tesis citada debe hacerse la salvedad de que la figura que se materializa a partir de la fecha en que la obligación se hace exigible, lo es la caducidad y no la prescripción como lo estima el criterio invocado, no obstante la imprecisión apuntada carece de relevancia en tanto ambas figuras son extintivas de derecho y del contexto del criterio citado se desprende claramente que se refiere a la caducidad y no a la prescripción.

"Por otra parte, no pasa inadvertido para este tribunal el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado de este propio circuito visible en la página 237, del Tomo II, julio de 1995, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: ‘FIANZAS PENALES, TÉRMINO DE LA CADUCIDAD. CUÁNDO EMPIEZA A CORRER.’, criterio este con el que difiere este cuerpo colegiado, en atención a que la extinción de las facultades de la autoridad para procurar el cobro de una fianza, no depende, según la redacción de los preceptos a que se ha hecho alusión en el cuerpo de este considerando, de las facultades con que cuente la autoridad beneficiario de la póliza para requerir el pago, ya que es inobjetable que el juzgador en materia penal, como titular del juzgado beneficiario de la fianza, debe poner en marcha el mecanismo que permita el cobro de la misma, y si no lo hace dentro del tiempo que la ley le concede para ello, será en su perjuicio la pérdida del derecho, pues el importe de la garantía no se aplica en beneficio del fisco, sino en favor del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado de Chihuahua, de donde se advierte que la beneficiaria de la fianza independientemente de la ausencia de facultades para realizar por sí misma el cobro, sí debe poner en marcha el mecanismo que la ley le señala para lograr hacer efectivo el crédito, lo anterior en atención a que no puede dejarse al arbitrio de la autoridad judicial el que opere una figura extintiva de derechos prevista por la ley en favor de las afianzadoras.

"Así mismo, debe señalarse que al sostenerse lo anterior, tampoco se inobserva la jurisprudencia número 111, consultable en la página 145, de la Tercera Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1965, de rubro: ‘FIANZAS PENALES, PRESCRIPCIÓN DE LAS. CÓMPUTO DEL TÉRMINO.’, ya que la jurisprudencia aludida interpretaba el artículo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, que en su primitiva redacción contemplaba como figura extintiva de derechos la prescripción, computándola a partir de que la obligación se hizo exigible y señalaba que ‘el requerimiento escrito de pago, hecho a la institución de fianzas, interrumpe la prescripción’; luego, mediante las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el catorce de julio de mil novecientos noventa y tres, el artículo 120 de la Ley Fe

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6897-85044be1/fianzas-penales-el-plazo-de-caducidad-que-establece · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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