PRUEBA TESTIMONIAL EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. INCOMPARECENCIA DE LOS TESTIGOS CITADOS A SOLICITUD DEL OFERENTE, CUANDO EL DOMICILIO PROPORCIONADO ES INCORRECTO. LA JUNTA, APRECIANDO CADA CASO PUEDE, DE MANERA FUNDADA Y MOTIVADA, DECLARAR DE PLANO LA DESERCIÓN DE LA PRUEBA O REQUERIR AL OFERENTE PARA QUE PROPORCIONE EL DOMICILIO CORRECTO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 91/98. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: JUAN DÍAZ ROMERO.
SECRETARIO: JOSÉ GABRIEL CLEMENTE RODRÍGUEZ.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO.-Con el propósito de verificar si existe la contradicción de tesis denunciada, en relación con el amparo directo número 1023/97, del índice del Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, se toma en cuenta la parte considerativa de la sentencia dictada el veintidós de abril de mil novecientos noventa y ocho, que a la letra establece lo siguiente:
"... Ahora bien, puntualizado lo anterior, se reitera que no existió la violación procesal que pretende hacer aparecer el quejoso, porque la Junta responsable procedió conforme a derecho al declarar desierta la prueba testimonial que ofreció el actor, hoy quejoso; y esto es así, porque aun cuando es cierto que de las constancias de autos se advierte, que el actor en un primer momento, en la audiencia levantada con motivo de la etapa de ofrecimiento de pruebas, de fecha veinticuatro de febrero de mil novecientos noventa y cinco, ofreció como prueba un primer grupo de testigos, a cargo de Carlos Raygoza Escobedo, Raúl Torres Navarro y Alfonso Muro Pérez, señalando como domicilio del primero el de avenida de la Rosa número 210 Sur, de la colonia Santa Rosa de la ciudad de Gómez Palacio, Durango; del segundo calle Nicolás Fernández número 389 de la colonia El Dorado de esa misma ciudad; y el tercero con domicilio conocido en el ejido Zaragoza del Municipio de esta ciudad de Torreón, Coahuila, testimonio que ofreció, para demostrar los hechos 1 y 2 de su demanda, esto es, para tratar de acreditar el puesto de chofer de autobús de pasajeros que tenía con las empresas demandadas, el horario de trabajo, el salario y que laboraba horas extras; y un segundo grupo de testigos que lo fueron Rogelio Valenzuela Mares, Vicente López Vázquez y Andrés Lazarín, con domicilio en el ejido La Unión de esta ciudad de Torreón, Coahuila, para acreditar el hecho 1 de su demanda, consistente en la fecha en que ingresó a laborar así como el motivo de su despido fue porque les pidió que lo inscribieran en el Instituto Mexicano del Seguro Social; solicitándole a la Junta procediera a citar a los testigos porque él se encontraba imposibilitado para hacerlos comparecer, ya que éstos le habían manifestado que no comparecerían a declarar, si la Junta no los citaba; sin embargo, no menos cierto es, que la Junta responsable admitió la prueba testimonial de los dos grupos de las personas que fueron propuestos como testigos, en la forma y términos que los propuso el oferente, pues en la mencionada audiencia el tribunal laboral admitió las testimoniales, ordenando al actuario procediera a citar a los testigos de los domicilios que fueron señalados para el efecto, haciéndole saber al oferente que de no resultar correctos los domicilios que proporcionó, éste tendría la obligación de presentarlos directamente; esto es, al admitirse la mencionada prueba, nunca se condicionó su admisión a que el oferente debía proporcionar los medios de conducción para efectos de llevar a cabo la notificación de los testigos, como falsamente lo pretende hacer aparecer el quejoso; pues por el contrario, la Junta comisionó al actuario para que citara a los testigos en los domicilios que proporcionó el actor, hoy quejoso; y lo que aconteció fue que el actuario al constituirse con fecha siete de agosto de mil novecientos noventa y siete, en el ejido La Unión de esta ciudad de Torreón, con la finalidad de citar a los testigos Rogelio Valenzuela Mares, Vicente López Vázquez y Andrés Jiménez Lazarín, varias personas del referido ejido, que se negaron a proporcionar su nombre, le informaron al actuario que no conocían a las personas que buscaba, y que ignoraban sus domicilios (fojas 242); y por lo que se refiere al diverso testigo Alfonso Muro Pérez, existe constancia de que tampoco fue posible citarlo, porque el actuario al constituirse con fecha cinco de julio de mil novecientos noventa y cinco, en el ejido Zaragoza, de esta ciudad de Torreón, Coahuila, le informaron varias personas del lugar, que no conocían al mencionado testigo y que tampoco sabían dónde vivía (foja 239); e igual circunstancia aconteció respecto del diverso testigo Carlos Raygoza Escobedo, pues el actuario al constituirse con fecha nueve de agosto de mil novecientos noventa y cinco, en la avenida de la Rosa número 210 Sur de la colonia Santa Rosa, de la ciudad de Gómez Palacio, Durango y al preguntar por el mencionado testigo, fue informado por una persona del sexo femenino, quien se negó a proporcionar su nombre, que no conocía y que tampoco vivía en ese domicilio la persona que andaba buscando (foja 241), y ante tales circunstancias resulta obvio, que si los domicilios que proporcionó el oferente de la prueba testimonial como de las personas que propuso como testigos no fue el correcto, la Junta responsable en la audiencia fijada para el desahogo de esos testimonios, procedió conforme a derecho al declararla desierta, porque el actor, a pesar de que se le previno para que los presentara directamente, al no resultar correctos los domicilios no lo hizo así; siendo pertinente aclarar, que la Junta responsable ninguna obligación tenía de requerir al quejoso para que proporcionara algún otro domicilio donde pudieran ser citados los testigos, en primer lugar, porque en términos de lo dispuesto por el artículo 813 fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, cuando alguna de las partes ofrezca la prueba testimonial y solicite a la Junta que proceda a citar a los testigos, tiene obligación de señalar con precisión, los domicilios de las personas propuestas como tales, y en segundo lugar, porque en la Ley Federal del Trabajo, no se establece la obligación por parte de la Junta, para requerir al oferente para que proporcione un nuevo domicilio o el domicilio correcto; de ahí que debamos concluir, que la Junta responsable al declarar desierta la prueba testimonial, no incurrió en la violación al procedimiento que pretende hacer aparecer el quejoso.-Sirve de fundamento a lo considerado el criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la páginas 502, del Tomo 217-218, Sexta Parte, de la Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación que a la letra dice: ‘PRUEBA TESTIMONIAL EN MATERIA LABORAL. LEGAL DESERCIÓN DE LA PRUEBA, CUANDO EL DOMICILIO PROPORCIONADO POR EL OFERENTE NO ES EL CORRECTO.’ (Se transcribe).-En mérito de lo anterior, y en virtud de que no se conculcaron las garantías individuales que señala el promovente del amparo, lo procedente es negarle el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados ..."
De la ejecutoria antes transcrita, emergió la tesis número VIII.1o.24 L, visible en la página 924, del tomo VIII, correspondiente a agosto de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice:
"TESTIMONIAL EN EL JUICIO LABORAL. LEGAL DESERCIÓN DE LA PRUEBA CUANDO EL DOMICILIO DE LOS TESTIGOS ES SEÑALADO INCORRECTAMENTE.-Conforme a lo dispuesto por el artículo 813 fracción II de la Ley Federal del Trabajo, el oferente de la prueba, que solicite se cite a sus testigos, debe proporcionar los nombres y domicilios donde deban practicarse las diligencias correspondientes; de ahí que ningún agravio se causa al inconforme por el hecho de que la Junta no haya procedido, antes de declarar la deserción de la prueba testimonial, a requerir al interesado para que proporcionara un nuevo domicilio donde pudieran ser citados los testigos, pues no existe en la legislación laboral disposición alguna que la obligue a proceder en tales términos; por lo que, debe estimarse ajustada a derecho la determinación de la Junta responsable, que declaró desierta la prueba testimonial, si como se dijo de autos se advierte que no fue posible citar para la audiencia a los testigos, en virtud de que los domicilios proporcionados por el oferente resultaron incorrectos."
Por otra parte, el criterio sustentado por el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, al resolver en ejecutoria de veintiocho de enero de mil novecientos noventa y ocho, el amparo directo 314/97, es el siguiente:
"... En otro contexto, en suplencia de la queja en términos del artículo 76 bis fracción IV, de la Ley de Amparo, se advierte otra violación al procedimiento en perjuicio del peticionario, al haber tenido por perdido su derecho de desahogar la prueba de testigos. Efectivamente, de autos se desprende que el actor ofreció entre otras pruebas, la testimonial a cargo de Miguel Meza Cendiz, Roberto Domínguez y Juan Manuel Meza Rodríguez, habiendo solicitado que fueran citados por conducto de la Junta, los dos primeros de ellos en los domicilios ubicados en la calle Abasolo número 132 y 125, respectivamente, ambos en el Pitillal, Jalisco, y el tercero en la calle José María Velasco número 524, interior 34, en Ixtapa, Jalisco; ahora bien, la jurisdicente al promover sobre la admisión de la testimonial, acordó citar por única vez a los testigos, para que comparecieran el veintitrés de mayo de mil novecientos noventa y cinco, a las once horas con treinta minutos, y los apercibió para que en caso de que no lo hicieran se les impondría una multa por la cantidad de treinta y cinco nuevos pesos. Al respecto, el actuario de la Junta, de acuerdo a las constancias de notificación que levantó el veinticuatro de abril de mil novecientos noventa y cinco, visibles en la foja veintidós del natural, practicó la citación correspondiente; llegada la fecha no comparecieron los testigos, de ahí que la Junta les hizo efectiva la multa, y además acordó girar oficio al director de Seguridad Pública de Puerto Vallarta, Jalisco, para que en auxilio de sus labores los hiciera comparecer, así como para que de existir algún impedimento para ello se le hiciera de su conocimiento, lo que originó definiera el desahogo de esta prueba para las once horas del diez de julio de mil novecientos noventa y cinco, apercibiendo a las partes que de no comparecer a dicha audiencia, se les tendría por perdido el derecho a desahogar la probanza en cuestión; llegado el momento, no comparecieron los testigos y señaló otra fecha para su desahogo, pero indicó al oferente de la prueba que quedaba a su cargo presentar a los testigos ‘... en razón de que este tribunal ya cumplimentó con lo establecido en los artículos 814 en relación con el 731 de la ley de la materia ...’ (foja veintiséis) ya que en caso de no hacerlo, se le tendría por perdido su derecho a recepcionar ese medio de convicción. Mediante proveído de catorce de julio de mil novecientos noventa y cinco, la Junta acordó el oficio número 1304/94, suscrito por Juan Javier Díaz Sánchez, director de Seguridad Pública, Tránsito y Bomberos Municipal de Puerto Vallarta, Jalisco, que dice lo siguiente: ‘En relación al oficio número 236/95-B de fecha 13 de junio del año en curso, deducido del juicio laboral número 540/94-B, me permito informar a usted que giré instrucciones al personal a mi cargo para que dieran cumplimiento al citado oficio, trasladándose a los domicilios indicados de la calle Abasolo número 132 y 125 del Pitillal, Jalisco, respectivamente, indicando personas que viven ahí que dichos testigos no viven en esos domicilios y en Ixtapa, Jalisco, no existe el domicilio indicado ...’ (foja veintisiete).-Llegada la nueva fecha señalada para la recepción de la prueba de testigos en comentario, la Junta requirió al apoderado del actor para que presentara personalmente a sus testigos, tras de ya haberlo apercibido, a lo que aquél expuso que no era posible presentarlos por las razones indicadas en el ofrecimiento (foja treinta y ocho); y entonces la Junta acordó hacerle efectivo el apercibimiento a que se contrae el auto de diez de julio de mil novecientos noventa y cinco, por lo que indicó a dicho profesional que declaraba por perdido su derecho a desahogar ese medio de convicción (foja treinta y ocho).-Como se ve, el proceder de la responsable no se ajusta a las formalidades esenciales del procedimiento, pues con dicha actuación aplica inexactamente la Ley Federal del Trabajo, ya que no se apega a lo previsto en el artículo 883 de ese ordenamiento legal, en tanto que corresponde a las Juntas velar por el desahogo de las pruebas que ofrezcan las partes; sin que en contrario se pueda alegar la falta de impulso por parte del oferente, pues su interés en que se desahoguen y valoren oportunamente, lo manifestó ya al proponer la prueba, interés que subsiste en tanto no exista manifestación expresa e indubitable de que desiste de la prueba admitida. En estas condiciones, es posible determinar que corresponde a la parte actora proponer sus pruebas, mas una vez admitidas, es la Junta quien debe velar por su desahogo, con la finalidad de integrar debidamente el juicio, ya que de otra forma se alterarían las formalidades que lo rigen. Sobre este tema merece citar en lo conducente el criterio sustentado por la Segunda Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis del título siguiente: ‘PRUEBA ADMITIDA Y NO DESAHOGADA EN MATERIA LABORAL. LA FALTA DE INSISTENCIA EN SU RECEPCIÓN O MANIFESTACIONES EQUÍVOCAS DEL OFERENTE, NO ENTRAÑAN EL CONSENTIMIENTO DE LA EVENTUAL VIOLACIÓN PROCESAL.’ (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 406, CUARTA SALA, APÉNDICE AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 1917-1995, TOMO V, PÁGINA 270, DEL RUBRO «PRUEBA NO DESAHOGADA. VIOLACIÓN PROCESAL CONSENTIDA.»).’ que aparece publicada en las páginas 594 y siguiente, del Tomo III, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, Salas y Tribunales Colegiados de Circuito, correspondiente al mes de marzo de 1996, cuyo tenor literal es el siguiente: ‘La actual Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con base en nuevas reflexiones y adecuando su criterio al contenido normativo de la Ley Federal del Trabajo vigente, considera necesario modificar el criterio anteriormente sustentado por la Cuarta Sala, en la jurisprudencia en el rubro invocada, considerando que como las violaciones al procedimiento que producen indefensión y trascienden al resultado del fallo sólo pueden reclamarse en la vía directa del juicio de garantías, al promoverse la demanda contra el laudo que ponga fin al juicio, en términos de los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo, no puede reputarse tácitamente consentida la violación procesal consistente en la falta de desahogo de una prueba admitida, por la omisión de insistir ante la Junta en que se efectúe tal desahogo, habida cuenta de que la Ley Federal del Trabajo no establece recursos ordinarios dentro del procedimiento, de tal manera que el silencio del oferente sobre la falta de desahogo de una prueba y las manifestaciones indirectas, tales como que se pase al periodo de alegatos, que se dicte laudo y otras similares, anteriores a la oportunidad para incoar el amparo, no producen el tácito consentimiento de tal omisión, pues su interés en que sea debidamente desahogada y valorada lo demostró al momento de ofrecerla y toca a la Junta proveer a su desahogo en términos de los artículos 686, 687, 777, 779, 780 a 782, 784, 785 y 883 a 887 de la invocada ley, acorde con los motivos de interés social que inspiran la reforma procesal de mil novecientos ochenta. En consecuencia, no existe motivo para dejar de atender al concepto de violación en que se reclama la violación procesal respectiva, en el amparo que se promueva contra el laudo. Cosa distinta acontece cuando el propio oferente obstaculiza el desahogo de la prueba, o bien cuando desiste expresamente de la misma, pues esto ya no deja duda de la voluntad del oferente, de modo que la falta de recepción no es atribuible a la Junta.’.-Así es que, si el oferente manifestó que se encontraba imposibilitado para presentar a los testigos por su cuenta y los motivos que dio al respecto, consistentes en que éstos le manifestaron que requerían justificar su inasistencia a sus labores, de ahí la necesidad de que fueran citados por la Junta (foja trece), son suficientes para que esta autoridad de conformidad con los artículos 813 fracción II y 814, de la ley laboral, dictara los acuerdos necesarios para lograr que los testigos concurrieran al desahogo de la prueba, empleando inclusive, en un momento dado, los demás medios de apremio previstos en los numerales 731 y 814, de dicha ley obrera, hasta agotarlos; y en ese cometido, en todo caso, tomando en cuenta que el funcionario policial informó que no pudo realizar la citación a juicio a virtud de que en uno de los domicilios dos de ellos no vivían allí y el otro domicilio no existía, procedía en estas circunstancias el que la instructora previniera al ofertante de la prueba para que proporcionara los datos pertinentes que a sus intereses convinieran, ya sea que informara sobre otro domicilio de los testigos donde pudieran ser citados o bien el domicilio del lugar donde laboraran para ese mismo efecto.-Por consiguiente, si la autoridad responsable admite una prueba testimonial, respecto de la cual se le solicitó que los testigos fueran citados por existir impedimento del oferente, pero el domicilio que para ese efecto fue proporcionado, resultó que no existía, la instructora, ante la falta de citación de los testigos, debe, bajo apercibimiento requerir al oferente para que le informe un nuevo domicilio, en lugar de declarar la deserción de esa prueba o de imponerle que presente a sus testigos, y así, sólo para el caso de que se incumpla con el requerimiento podrá declararse la deserción de esa prueba.-Ahora, como con esa prueba el quejoso pretendió y pudo demostrar los hechos expuestos en su demanda, entre los cuales se encuentra la existencia del vínculo laboral, sucede entonces, que se le dejó en estado de indefensión, trascendiendo la violación al resultado del juicio, lo cual hace patente la infracción a lo dispuesto por el citado artículo 159, fracción III de la Ley de Amparo.-Consecuentemente, procede conceder el amparo al quejoso, para el efecto de que la Junta responsable deje insubsistente el laudo reclamado y reponga el procedimiento a fin de que requiera al actor por los domicilios correctos de los testigos Miguel Meza Cendiz, Roberto Domínguez y Juan Manuel Meza Rodríguez, con la finalidad de citarlos agotando todos los medios legales para hacerlos concurrir; por otra parte, desahogue legalmente la inspección ocular y recabe la documental de informes al Instituto Mexicano del Seguro Social y seguido que sea el juicio por sus trámites legales, en su oportunidad resuelva lo que legalmente proceda."
La tesis derivada del anterior criterio se identifica con el número III.T.29 L, y es consultable en la foja 556, del Tomo VII, correspondiente a febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del siguiente tenor:
"TESTIMONIAL, DESERCIÓN ILEGAL DE LA, CUANDO EL DOMICILIO PROPORCIONADO POR EL OFERENTE PARA CITAR A LOS TESTIGOS ES INEXISTENTE.-Si la autoridad responsable admite una prueba testimonial, respecto de la cual se le solicitó que los testigos fueran citados por existir impedimento del oferente, pero el domicilio que para ese efecto fue proporcionado resultó que no existía, la instructora, ante la falta de citación de los testigos, debe, bajo apercibimiento, requerir al oferente para que le informe un nuevo domicilio, en lugar de declarar la deserción de esa prueba o de imponerle que presente a sus testigos y así, sólo para el caso de que se incumpla con el requerimiento, podrá declararse la deserción de esa prueba."
TERCERO.-El contenido de las transcripciones que anteceden pone de manifiesto la existencia de la contradicción de tesis denunciada, como se apreciará a continuación.
Por una parte, el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, al resolver en el amparo directo número 1023/97, promovido por Juan Manuel Torres Montalvo, al analizar las constancias del juicio ordinario laboral del cual emergía el laudo reclamado, reseñó que:
a) En el caso de que se trata el quejoso ofreció ante la responsable dos grupos de testigos, para acreditar diversos hechos en los que fundó su demanda, solicitando que fueran citados por conducto de la Junta ante la imposibilidad de presentarlos en forma directa;
b) Dicha prueba fue admitida en tales términos, ordenando al actuario realizara tal citación, señalándole al oferente que de no ser correctos los domicilios proporcionados, debería presentarlos personalmente;
c) El actuario, en las diligencias correspondientes, asentó que al constituirse en los lugares señalados para tal efecto, fue informado por diversas personas, las cuales no proporcionaron sus nombres, que no conocían a los testigos e ignoraban sus domicilios;
d) Que al verificarse el desahogo de la prueba de mérito, como el oferente no presentó directamente a sus testigos, la Junta responsable declaró desierta la prueba de mérito.
Con apoyo en tales antecedentes, el Tribunal Colegiado estimó que tal proceder no constituye una violación a las reglas esenciales del procedimiento, en virtud de que la Junta responsable obró correctamente al declarar desierto el elemento de convicción de mérito, en atención a que si los domicilios de los testigos propuestos no eran los correctos y previamente se le había requerido para que presentara a aquéllos en forma directa, lo que no hizo así.
En ese contexto, el Tribunal Colegiado consideró que la autoridad laboral no tenía la obligación de requerir al quejoso para que proporcionara diversos domicilios de los testigos propuestos a los mencionados con antelación, toda vez que, por una parte, el artículo 813, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, prevé que es obligación del oferente señalar, con precisión, el domicilio de los mencionados testigos, cuando solicite que sean citados por conducto de la Junta y, por la otra, que no se encuentra previsto en la ley invocada que las Juntas deban prevenir al oferente testimonial para que proporcione nuevos datos, razón por la cual la autoridad responsable no se encontraba obligada a ello y, por ello, al no advertir ningún perjuicio indebido en contra del quejoso, el Tribunal Colegiado le negó la protección federal solicitada.
Por su parte, el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, al resolver en el amparo directo número 314/97, promovido por Ramón Álvarez Rodríguez, en síntesis, tuvo en consideración los elementos siguientes:
I. El actor ofreció la prueba testimonial solicitando que las personas propuestas fueran citadas por conducto de la Junta responsable, en los domicilios señalados, ante su imposibilidad de presentarlos directamente;
II. El tribunal del trabajo acordó citar a los testigos, por única vez, a la diligencia de desahogo, apercibiéndolos que en caso de no comparecer les impondría una multa de $35.00 (treinta y cinco pesos 00/100 M.N.);
III. El actuario de la Junta responsable llevó a cabo las notificaciones correspondientes, sin que los testigos comparecieran a la audiencia relativa, razón por la cual la Junta responsable les hizo efectivo el apercibimiento decretado, imponiéndoles la sanción económica relativa;
IV. El tribunal obrero proveyó girar oficio al director de Seguridad Pública de Puerto Vallarta, Jalisco, para que en su auxilio hiciera comparecer a los mencionados testigos, señalando nueva fecha y hora para el desahogo de la prueba de mérito, apercibiendo a las partes que de no comparecer a dicha diligencia se les tendría por perdido el derecho a que se reciba;
V. Ante la incomparecencia, de nueva cuenta, de los testigos en la fecha señalada, la autoridad responsable señaló día y hora para que se verificara la recepción de la testimonial de que se trata, señalándole al oferente que quedaba a su cargo la presentación directa de los testigos, en virtud de que ya se había cumplido con lo dispuesto por el artículo 814, en relación al 731, de la Ley Federal del Trabajo, y que de no hacerlo se le tendría por perdido el derecho para desahogar tal probanza;
VI. En diverso auto, la Junta del conocimiento tuvo por recibido el oficio 1304/94, suscrito por el director de Seguridad Pública, Tránsito y Bomberos Municipal de Puerto Vallarta, Jalisco, mediante el cual informó, por una parte, que dos testigos no residían en el domicilio señalado y, por la otra, que tampoco existía el diverso domicilio de la diversa persona propuesta; y,
VII. En la fecha señalada se dio inicio a la audiencia para la recepción de la testimonial, en la cual, previo requerimiento al actor para que presentara a sus testigos, al manifestar éste que se encontraba imposibilitado, la Junta responsable tuvo por perdido su derecho al desahogo de la prueba en cuestión.
En virtud de los elementos previamente reseñados, el Tribunal Colegiado estimó, sustancialmente, que el proceder del tribunal laboral no se ajustó a las formalidades esenciales del procedimiento, al no ceñirse a lo establecido por el artículo 883 de la Ley Federal del Trabajo, en virtud de que corresponde a las Juntas laborales cuidar por el correcto desahogo de los elementos de convicción ofrecidos, sin que deba trascender a ello la falta de impulso del oferente, toda vez que ya ha manifestado su interés al proponer la prueba, el cual subsiste en tanto no exista desistimiento expreso del medio probatorio admitido.
El Tribunal Colegiado estimó que corresponde al actor proponer sus pruebas, las cuales una vez admitidas, toca al tribunal laboral vigilar su perfeccionamiento, con el objeto de integrar debidamente el juicio, ya que de no ser así se alterarían las formalidades que lo rigen. Invocó como aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia que se identifica con el rubro de: "PRUEBA ADMITIDA Y NO DESAHOGADA EN MATERIA LABORAL. LA FALTA DE INSISTENCIA EN SU RECEPCIÓN O MANIFESTACIONES EQUÍVOCAS DEL OFERENTE, NO ENTRAÑAN EL CONSENTIMIENTO DE LA EVENTUAL VIOLACIÓN PROCESAL (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 406, CUARTA SALA, APÉNDICE AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 1917-1995, TOMO V, PÁGINA 270, DEL RUBRO ‘PRUEBA NO DESAHOGADA, VIOLACIÓN PROCESAL CONSENTIDA.’).".
Consideró el Tribunal Colegiado, que ante la manifestación expresa del oferente de que se encontraba imposibilitado para presentar a los testigos propuestos en forma directa, al existir razones que justificaban la necesidad de que fueran citados por conducto de la autoridad responsable, dicha circunstancia era suficiente para que conforme a los artículos 813, fracción II, y 814 de la Ley Federal del Trabajo, la Junta laboral dictara los acuerdos necesarios para lograr la comparecencia de los testigos para la recepción de la prueba relativa, empleando las medidas de apremio que la ley prevé hasta agotarlos; y en el caso de que el domicilio proporcionado no exista, como aconteció, debe prevenirse al oferente para que señale los datos necesarios respecto de diverso domicilio en que puedan ser citados o el del lugar en donde laboran los testigos, y sólo hecho lo anterior y que se llegara a dejar de cumplir tal requerimiento, podría declararse desierta la prueba de que se trata.
Además, el propio Tribunal Colegiado apreció que a través de dicho medio de convicción el quejoso pretendió acreditar diversos hechos de su demanda natural, como lo es el vínculo laboral, lo cual trascendió al resultado del juicio y, por ello, concedió la protección constitucional solicitada, para el efecto de que se dejara insubsistente el laudo reclamado y se ordenara la reposición del procedimiento en el juicio laboral, con el objeto de que, entre otros, se proveyera sobre el correcto desahogo de la prueba testimonial ofrecida.
Expuesto lo anterior, debe decirse que el tema de contradicción radica en que mientras para el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, el auto que declaró desierta la prueba testimonial admitida al actor es correcto, al haber proporcionado domicilios inexistentes, porque, por una parte, previamente se le requirió que los presentara directamente, lo cual no hizo, y por la otra la Ley Federal del Trabajo no prevé la posibilidad de requerir al oferente para que señale diversos domicilios, sino que, por el contrario, obliga al solicitante a señalar el domicilio correcto de los testigos para poder ser citados a la diligencia relativa, lo cual no fue realizado correctamente; para el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, el acuerdo mencionado constituye una violación a las reglas esenciales del procedimiento, en virtud de que el oferente demostró su interés en el desahogo al haber ofrecido la prueba de mérito, sin que deba estimarse que consiente su falta de verificación por la inexistencia e inexactitud de los domicilios señalados, ya que ello sólo puede acontecer cuando exista el desistimiento expreso de una prueba admitida, estimando que es suficiente que el actor (trabajador) ofrezca diversas pruebas y le sean admitidas, para que surja correlativamente la obligación del tribunal laboral para cuidar que se desahoguen correctamente, a efecto de integrar debidamente el juicio laboral, so pena de infringir el procedimiento que lo rige. Por ello, consideró que en el caso de que los domicilios señalados para que los testigos fuesen citados sea incorrecto, la Junta laboral tiene la obligación de agotar las medidas de apremio previstas para lograr su comparecencia, inclusive debe requerir al oferente para que proporcione datos adecuados para su localización, ya sea un diverso domicilio o el de la fuente de trabajo de los testigos; y, sólo en el caso de que realizado el requerimiento y no fuese cumplido, existirá la posibilidad de decretar la deserción del medio probatorio de que se trata.
El tema de contradicción se centra únicamente en que mientras para uno de los órganos colegiados el proveído que declara desierta una prueba tes
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5771-8e9ac4f5/prueba-testimonial-en-el-procedimiento-laboral-incomparecencia-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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