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Modo: Corpus Pro

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA LEGITIMACIÓN PARA COMBATIR EL AUTO QUE RECAIGA A LA SOLICITUD DE DESISTIMIENTO DE LA ACCIÓN O DE LA INSTANCIA CORRESPONDE A LA PARTE QUE EJERCIÓ LA ACCIÓN O AGOTÓ LA VÍA.

Tipo de asunto: RECURSO DE RECLAMACIÓN 26/98 RELATIVO A LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 30/97. · Registro digital (IUS): 4942
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENANCINGO, ESTADO DE MÉXICO. GOBERNADOR DEL ESTADO DE MÉXICO Y OTRO.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Junio de 1998, , Pág. 232.

RECURSO DE RECLAMACIÓN 26/98 RELATIVO A LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 30/97. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENANCINGO, ESTADO DE MÉXICO. GOBERNADOR DEL ESTADO DE MÉXICO Y OTRO.

MINISTRO PONENTE: MARIANO AZUELA GÜITRÓN.

SECRETARIO: OSMAR ARMANDO CRUZ QUIROZ.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día doce de mayo de mil novecientos noventa y ocho.

VISTOS; Y

RESULTANDO:

PRIMERO.-Mediante escrito presentado el trece de octubre de mil novecientos noventa y siete, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Jaimes Serrano, en su carácter de Presidente Municipal Constitucional del Municipio de Tenancingo, Estado de México, y en representación del Ayuntamiento de ese propio Municipio, promovió demanda de controversia constitucional, contra las autoridades y por los actos que enseguida se precisan:

"Entidad, poder u órganos demandados y su domicilio.-a) El Gobierno del Estado de México, cuyo titular es el gobernador de dicho Estado, a quien también se le señala como principal emisor de los actos combatidos y como responsable de la promulgación y publicación del ordenamiento cuya inconstitucionalidad se reclama, con el secretario general de Gobierno, que intervino en el refrendo. Ambas autoridades tienen su domicilio en el Palacio de Gobierno del Estado de México, ubicado en las calles de Lerdo de Tejada, frente a la Plaza Cívica.-b) La H. Legislatura del Estado de México, con domicilio en el Palacio Legislativo, ubicado en el lado oriente de la Plaza Cívica, de la ciudad de Toluca, México. Norma general cuya invalidez se demanda y el medio oficial en que fue publicada: Lo es la Ley Orgánica Municipal del Estado de México y el Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, que fueron publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México y se encuentran en vigor. Su inconstitucionalidad se hace valer en vía de acción, dentro de los treinta días siguientes al primer acto de aplicación que causa perjuicio al actor, al haberse admitido a trámite con base en dichas disposiciones la solicitud hecha por el Gobernador Constitucional del Estado de México a la H. LIII Legislatura del Estado, para solicitar la revocación del mandato de Presidente Municipal Constitucional de Tenancingo, Estado de México, previo el procedimiento correspondiente, precisamente por los mismos hechos que son materia de estudio en la diversa controversia constitucional número 15/97 que se encuentra en trámite ante la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, a instancia del mismo actor. Actos cuya invalidez se demanda mediante la controversia constitucional.-Lo es la resolución administrativa pronunciada el nueve de octubre del presente año, emitida por la H. LIII Legislatura del Estado de México, por conducto de la Comisión de Instrucción y Dictamen, que dio trámite a la solicitud presentada por el Gobernador Constitucional del Estado de México, para instaurar el procedimiento de revocación del mandato del presidente municipal de Tenancingo, ahora actor, con inexacta aplicación de los artículos 103, 104 y 105 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de México, 46, fracciones II, III y V, de la Ley Orgánica Municipal, 14, 16 y 115, fracción I, párrafo tercero de la Constitución Política Federal, 61, fracción XXVIII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, y 125 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, habiendo quedado registrado el expediente bajo el número 001/97."

SEGUNDO.-La parte actora fundó su demanda en los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 1o., 10, 21, 22 y demás relativos de su ley reglamentaria.

TERCERO.-Los antecedentes del caso son los siguientes:

"I. Con fecha veinte de junio del año en curso, el ahora actor, en mi carácter de presidente municipal de Tenancingo y además, en representación del H. Ayuntamiento, promoví la controversia constitucional que se tramita ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el expediente 15/97, en contra del Gobierno del Estado de México, de la H. Legislatura de la misma entidad, de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México y de la Primera Sala Regional de Toluca de dicho tribunal.-II. En dicha controversia constitucional se reclamó la resolución definitiva pronunciada el día veinte de mayo del presente año, en el recurso de revisión 334/97, tramitado ante la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, a instancia del presidente municipal y secretario del H. Ayuntamiento de Tenancingo, Estado de México y en contra de la sentencia emitida por el Magistrado de la Primera Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en los expedientes acumulados 153/97 y 157/97, referentes a los juicios administrativos promovidos por el síndico y regidores, cuya restitución en sus cargos pretende el Gobierno del Estado, sin fundamentación ni motivación alguna.-III. En virtud de que con motivo de la tramitación de la controversia constitucional 15/97, la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación decretó la suspensión de los actos reclamados, por acuerdo de veintitrés de junio del año en curso, el gobernador del Estado de México y la H. LIII Legislatura del Estado, manifestaron abiertamente su molestia y así procuraron mi comparecencia en la Subsecretaría A dependiente de la Secretaría de Gobernación, para intimidarme a fin de que me desistiera de la controversia constitucional planteada, pues de lo contrario iniciarían juicio político en mi contra, para destituirme del cargo. Asimismo, me solicitaron que diera cumplimiento inmediato a la resolución de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, pronunciada en el recurso de revisión 334/97, que fue deducido de los juicios contenciosos administrativos números 153/97 y 157/97 ventilados en la Primera Sala Regional Toluca de dicho tribunal y que me olvidara de la controversia constitucional. Ante tal situación, intenté que el gobernador me diera audiencia de manera personal, para explicarle la situación; sin embargo, nunca me dio acceso y como no accedí a sus pretensiones, cumplió con la intimidación de la cual me hizo objeto, y así, por escrito de siete de octubre del año en curso, solicitó de la Legislatura la revocación del mandato constitucional que me fue conferido como presidente municipal de Tenancingo. Consecuentemente, se ha instaurado el procedimiento para revocar mi mandato constitucional como presidente municipal, con el expediente número 001/97, ante la H. LIII Legislatura del Estado de México, pero por los mismos hechos que fueron materia de controversia en los juicios contenciosos administrativos tramitados con los números 153/97 y 157/97 ante la Primera Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y que se relacionan también con la controversia constitucional número 15/97 ante la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se encuentra sub júdice.-En estas condiciones, me veo en la necesidad de plantear la presente controversia constitucional, pues la instauración del procedimiento ante la Legislatura para lograr la revocación de mi mandato, como presidente municipal, es ilegal, sin fundamentación ni motivación adecuada y con graves perjuicios en mi agravio, como se pone de manifiesto en los siguientes conceptos de invalidez."

CUARTO.-Por auto de fecha catorce de octubre de mil novecientos noventa y siete, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente respectivo, y turnar el asunto al Ministro Humberto Román Palacios, quien por proveído de catorce del citado mes y año, tuvo por admitida la demanda respectiva y ordenó emplazar a las partes del presente juicio.

QUINTO.-Mediante oficio presentado el veinte de enero de mil novecientos noventa y ocho, ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gerardo Sánchez y Sánchez, Gabriel Ibarra Hernández y Alfredo Martínez Belio, delegados del gobernador y del secretario general de Gobierno, ambos del Estado de México, interpusieron recurso de reclamación en contra del proveído de fecha nueve de enero de mil novecientos noventa y ocho.

SEXTO.-El auto recurrido textualmente señala:

"México, Distrito Federal, a nueve de enero de mil novecientos noventa y ocho.-Agréguese a su expediente el escrito de fecha catorce de octubre del año próximo pasado del delegado de la parte actora, por el que acompaña copia certificada de la constancia de mayoría expedida al señor Juan Jaimes Serrano por el Instituto Electoral del Estado de México. A su expediente la copia simple del escrito sin fecha y anexos, dirigido al presidente de la República por diversas personas que según afirman, habitan en el citado Ayuntamiento, recibidos en la Subsecretaría General de Acuerdos el día veinticuatro de octubre pasado. Agréguese también el escrito y anexos de catorce de noviembre del año anterior, del doctor Carlos Estrada Castro, en su carácter de actual presidente del Municipio actor, por el que solicita el sobreseimiento de la controversia constitucional. Ahora bien, visto el escrito citado en último término, dígase al promovente que no ha lugar a acordar de conformidad su petición de sobreseer en el presente asunto, ya que justamente la materia que se combate es la titularidad del cargo de presidente municipal y, consecuentemente, será hasta la sentencia definitiva cuando se resuelva lo conducente con relación a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos impugnados que se hicieron consistir en la solicitud del gobernador para revocar el mandato de Juan Jaimes Serrano, como presidente del Municipio actor quien fue el que promovió la demanda de controversia constitucional; además, debe tomarse en consideración que conforme a lo dispuesto por el artículo 53, fracción I, de la Ley Orgánica Municipal de la entidad, la representación jurídica del Ayuntamiento la tiene el síndico y éste no puede desistir, transigir, comprometerse en árbitros, ni hacer cesión de bienes municipales, sin autorización expresa del propio Ayuntamiento, de ahí que para la procedencia del desistimiento es necesario que se dé cumplimiento al citado precepto. Asimismo, glósense a este sumario el escrito y anexos que se acompañan, de los diputados presidente y secretario de la LIII Legislatura de la citada entidad, recibido en la mencionada Subsecretaría General de Acuerdos el día veinticuatro de noviembre pasado; y el escrito de fecha veintiséis del indicado mes, del gobernador y del secretario general de Gobierno del Estado de México, por los que contestan la demanda promovida en su contra. De conformidad con lo establecido por los artículos 23 y 32, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se tiene por presentadas a las autoridades antes mencionadas dando contestación a la demanda y por exhibidas las documentales que se anexaron, sin perjuicio de hacer relación de ellas en la audiencia respectiva. Igualmente, agréguese el oficio número PGR 700/97 y anexo, de veinticinco del mismo mes, del subprocurador jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, en ausencia del titular de esa dependencia, por medio del cual desahoga la vista ordenada en el proveído de catorce de octubre del anterior año; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4o., primer párrafo, y 11, segundo párrafo, de la ley reglamentaria invocada, se tiene a las partes señalando domicilio para oír y recibir notificaciones; y se reconoce el carácter de delegados del Congreso, gobernador y secretario general de Gobierno del Estado de México, así como del procurador general de la República, a los profesionistas que se mencionan en sus respectivos oficios; consecuentemente, con copia de los escritos de contestación de las responsables y testimonio de este proveído, en términos de lo establecido por el artículo 27 de la ley de la materia, dése vista al Ayuntamiento actor y al procurador general de la República para que dentro del plazo de quince días manifiesten lo que a su derecho convenga. Por otro lado, agréguese a este expediente el escrito y anexos de cinco de noviembre del pasado año, del licenciado Eduardo Zenil Villegas, en su carácter de delegado designado por el anterior presidente municipal del Ayuntamiento actor, por el que amplía la demanda presentada en vía de controversia constitucional. Con apoyo en los artículos 105, fracción I, inciso i) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 1o. y 27 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, en relación con la tesis CXXVI/97, de la Segunda Sala de este Alto Tribunal, dictada al resolver el recurso de reclamación en la controversia constitucional 12/97, aprobada por unanimidad, en sesión privada de tres de octubre del pasado año, con el rubro ‘CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA PROCEDE TANTO CON MOTIVO DE UN HECHO NUEVO COMO DE UN HECHO SUPERVENIENTE.’, se admite la ampliación de demanda que hace valer el aludido delegado en contra de las autoridades responsables, con relación al hecho superveniente referente a la expedición, promulgación, publicación y aplicación del decreto número treinta y cuatro, de fecha dieciséis de octubre del año próximo pasado, expedido por el Congreso del Estado de México, publicado en la Gaceta del Gobierno de esa entidad federativa el mismo día, por el que se revocó el mandato conferido a Juan Jaimes Serrano, como presidente municipal del Ayuntamiento de Tenancingo, México; consecuentemente, conforme a los artículos 4o., primer párrafo, y 26 de la indicada ley reglamentaria, con copia del escrito de ampliación de demanda y testimonio de este proveído, emplácense mediante oficios que se remitan a las autoridades demandadas para el efecto de que produzcan su contestación dentro del plazo de treinta días, contados a partir de la legal notificación de este auto; y en términos de los artículos 10, fracción IV, y 26, primer párrafo, de la misma ley reglamentaria, con copia del escrito que se provee y de este acuerdo, dése vista mediante notificación por oficio al procurador general de la República, para que dentro del plazo indicado con antelación manifieste lo que a su derecho convenga. Por último, como lo solicita el antes mencionado delegado, conforme a los artículos 33 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, y 297, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, requiérase al presidente de la Diputación Permanente del Congreso del Estado de México, para que dentro del plazo de diez días remita a este Alto Tribunal, copias certificadas del dictamen expedido por la Comisión de Instrucción y Dictamen, relativo a la comparecencia del señor Juan Jaimes Serrano, el día quince de octubre pasado; y del acta levantada en el desarrollo de la audiencia a que se refiere el artículo 125 del Reglamento del Poder Legislativo de ese Estado, que culminó con la expedición del decreto número treinta y cuatro, expedido por el propio Congreso. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Ministro Humberto Román Palacios, designado como instructor para conocer del presente asunto. Doy fe."

SÉPTIMO.-Por auto de fecha veintiuno de enero de mil novecientos noventa y ocho, el Ministro presidente de este Alto Tribunal tuvo por interpuesto el aludido recurso de reclamación, corrió traslado a las partes para que hicieran sus manifestaciones y turnó el asunto al Ministro Mariano Azuela Güitrón para que, en su momento procesal oportuno, formulara el proyecto de resolución respectivo.

OCTAVO.-Los conceptos de agravio que se hacen valer en el recurso señalan:

"Primero. Se viola en perjuicio de estas autoridades demandadas, el artículo 20, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.-El acuerdo que se recurre, niega el sobreseimiento de la presente controversia constitucional solicitado por el presidente municipal y síndico procurador con autorización del Ayuntamiento del Municipio actor, concluyendo que no procede acordar de conformidad su desistimiento en virtud de que en la demanda se impugnan disposiciones generales en cuyo caso no procede desistir de la acción. Sin embargo, el desistimiento expreso por parte del Ayuntamiento del Municipio actor en contra de los actos demandados, que en la especie se traducen en la resolución administrativa del 9 de octubre de 1997, emitida por la LIII Legislatura Estatal que ordena instaurar el procedimiento de revocación en contra del expresidente municipal Juan Jaimes Serrano conlleva a que han cesado los efectos de ese acto materia de la controversia.-Al respecto, el artículo 29 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, establece: ‘Los Ayuntamientos podrán sesionar con la asistencia de la mayoría de sus integrantes y sus acuerdos se tomarán por mayoría de votos de sus miembros presentes. Quien presida la sesión tendrá voto de calidad.-Los Ayuntamientos no podrán revocar sus acuerdos sino en aquellos casos en que se hayan dictado en contravención a la ley, lo exija el interés público o hayan desaparecido las causas que lo motivaron, y siguiendo el procedimiento y las formalidades que fueron necesarios para tomar los mismos, en cuyo caso se seguirán las formalidades de ley.’.-Siendo una facultad del presidente municipal el convocar a sesiones al Ayuntamiento, con fecha 11 de noviembre de 1997, se reincorporó a sus funciones por decisión del órgano colegiado que conforma el Ayuntamiento de Tenancingo, a los CC. Gilberto López Guerrero Morales, David Soriano Oscos, Froilán Velázquez Velázquez, Javier Mondragón Camacho y Manuel Luna García, en los cargos de síndico, primero, séptimo, octavo y décimo regidores propietarios, respectivamente, más aún, este cuerpo colegiado que reinstaló a los propietarios, se encuentra constituido por los mismos integrantes que anteriormente acordaron la desincorporación de los reinstalados, documental pública que obra en autos y que solicito se tenga a la vista como prueba de este recurso al momento de resolver.-La reincorporación de los miembros del Ayuntamiento en los cargos que venían desempeñando, obedeció a la exigencia del interés general de esa comunidad, en virtud de que han desaparecido las causas que motivaron la instauración de la presente controversia, toda vez, que por Decreto Número 34, publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de México, en fecha 16 de octubre de 1997, la LIII Legislatura Estatal, revocó el mandato que le fue otorgado a Juan Jaimes Serrano para fungir como presidente municipal del Ayuntamiento de Tenancingo, en consecuencia, con el cambio de situación jurídica desaparecen las causas personales y particulares del expresidente que originaron el presente juicio, situación que se robustece con lo preceptuado en el Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional que establece: ‘Art. 1o. Sólo puede iniciar un procedimiento judicial o intervenir en él, quien tenga interés en que la autoridad judicial declare o constituya un derecho o imponga una condena y quien tenga el interés contrario.-Actuarán en el juicio, los mismos interesados o sus representantes o apoderados, en los términos de la ley. En cualquier caso, los efectos procesales serán los mismos, salvo prevención en contrario.’.-‘Art. 2o. Cuando haya transmisión a un tercero del interés de que habla el artículo anterior, dejará de ser parte quien haya perdido el interés y lo será quien lo haya adquirido.-Estas transmisiones no afectan el procedimiento judicial, excepto en los casos en que hagan desaparecer, por confusión sustancial de intereses, la materia del litigio.’.-De lo transcrito, se desprende, que el C. Juan Jaimes Serrano ha dejado de tener interés en la presente controversia trasmitiéndolo al Dr. Carlos Estrada Castro actual presidente del Municipio de Tenancingo, quien en su carácter de ejecutor de los acuerdos y decisiones del Cabildo que, conociendo que las causas de los actos demandados desaparecieron acordó desistirse del presente juicio.-En consecuencia, la resolución que se combate se traduce en un agravio contra estas autoridades demandadas, pues la prosecución del juicio en su contra, carece de materia por la falta de interés del Municipio actor para su continuación, puesto que no hay ningún litigio de por medio, al no haber conflicto de intereses entre las partes.-Segundo. Se viola en perjuicio de estas responsables el artículo 39 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Carta Magna. En el acuerdo combatido el Ministro instructor cambia la materia de la litis en este juicio, al considerar que es la titularidad del cargo de presidente municipal y no, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos y normas cuya invalidez se demandaron, esto es, la solicitud de fecha 7 de octubre de 1997 formulada por el Ejecutivo del Estado a la Legislatura Estatal para la instauración del procedimiento de revocación de mandato a Juan Jaimes Serrano como presidente del Municipio de Tenancingo, que son las cuestiones materia de la litis en este juicio de controversia constitucional.-La decisión sobre la titularidad de un cargo de elección popular, queda fuera de la materia que originó esta controversia constitucional, ya que al dictarse el acuerdo que se recurre, se contravino la técnica de este juicio, puesto que sólo debieron tomarse en consideración las cuestiones planteadas originalmente.-Lo que se persigue con la instauración de esta controversia constitucional, no es ventilar la legitimación o los derechos de una persona a un cargo de elección popular, sino, el total apego al marco constitucional de los actos provenientes del gobernador del Estado de México, esto es, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la solicitud formulada a la Legislatura Estatal para instaurar el procedimiento de revocación de mandato a Juan Jaimes Serrano como presidente del Municipio de Tenancingo.-Tal situación se robustece con lo preceptuado por los artículos 104, fracción IV y 105, fracción I, de la Constitución Federal, así como el propio artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que delimitan la competencia jurisdiccional de ese Alto Tribunal de la República para conocer sobre las controversias constitucionales, con excepción de las que se refieren a la materia electoral, esto significa, que cualquier órgano de los tres niveles de gobierno que considere vulnerada su competencia por actos concretos o normas generales provenientes de otra autoridad, tiene la posibilidad de plantear ante ese Máximo Tribunal, la anulación del acto o la disposición que restrinja su autonomía, sin que por ello signifique la extensión de esa competencia a cuestiones no planteadas en la demanda inicial.-Tercero. Se transgrede el artículo 25 de la ley reglamentaria en comento.-El Ministro instructor debió examinar la ampliación de demanda, que se tramitara en la misma forma que la demanda y su contestación, debiéndola desechar de plano al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, en relación con el 20, fracción III, de la ley reglamentaria, en virtud que de la misma, se desprende que no pueden ser considerados como hechos nuevos los actos que originalmente demandó de las autoridades que se representan, esto es, la solicitud del gobernador estatal para revocarlo del cargo de presidente municipal, pues los mismos, fueron señalados en el escrito inicial de demanda y previamente conocidos por el promovente, quien los consideró lesivos a sus derechos y no a los derechos del Municipio, los que estimó motivo suficiente para instaurar indebidamente este juicio.-Tal como se acredita con las copias certificadas que se anexan al presente medio de impugnación, la notificación que se hizo a Juan Jaimes Serrano para comparecer al procedimiento de revocación de mandato como presidente municipal de Tenancingo, instaurado en su contra por la Legislatura Estatal a solicitud del Ejecutivo, corrobora plenamente su conocimiento anterior de tales actos.-A mayor abundamiento, cabe destacar que el promovente interpuso en fecha 27 de octubre del año próximo pasado, recurso de reclamación en contra del proveído de 17 del mismo mes y año, dictado dentro del incidente respectivo de esta controversia constitucional, el cual niega la suspensión de los actos demandados al promovente y donde expresamente manifiesta y se hace sabedor de la existencia del Decreto Número 34 expedido por la Legislatura del Estado de México, que ordena su revocación de mandato como presidente municipal de Tenancingo, tal y como lo manifiesta en sus agravios números dos y tres que son del tenor literal siguiente: ‘II. Asimismo, cabe mencionar que la determinación del gobernador para iniciar el procedimiento a que se refiere el artículo 47 de la Ley Orgánica Municipal, que culminó con el decreto de la Legislatura del Estado de México de (sic) quince de octubre de este año, para revocar el mandato de Presidente Municipal Constitucional de Tenancingo ... III. ... porque la ejecución del decreto de la legislatura, da lugar a que las nuevas autoridades municipales puedan desistirse de la controversia, para motivar el sobreseimiento y dejar sin materia (sic) de la controversia en la que se actúa ...’.-Por consiguiente, resulta suficientemente fundado este agravio, pues la aparición de un hecho nuevo dentro de este proceso constitucional, es un requisito sine qua non para la procedencia de la ampliación de la demanda, lo que debe entenderse como aquel que ocurre con posterioridad en que se formula la demanda o la contestación en la etapa procesal correspondiente, mas no aquel que ya había acaecido aunque era ignorado por la parte que se cree beneficiada por el mismo.-Cuarto. Nos causa agravio y se viola en nuestro perjuicio el artículo 27 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional.-De la recta interpretación de este precepto, se desprende claramente que la ampliación a la demanda que intenta el promovente, resulta extemporánea.-En efecto, conforme al artículo citado, el momento procesal oportuno concedido al actor para ampliar la demanda original por la aparición de un hecho nuevo o superveniente, será dentro de los quince días siguientes al de la contestación de la demanda, situación que se encuentra controvertida, en virtud de que como se desprende de autos, la contestación de demanda hecha por las autoridades demandadas, fueron con fecha 24 y 27 de noviembre de 1997, la primera, a cargo de la Legislatura Estatal y, la segunda, del Ejecutivo del Estado, y, si el promovente presenta su escrito de ampliación de demanda el día 5 de noviembre de ese año, la misma resulta extemporánea contraviniendo lo preceptuado en el artículo aludido, pues el término para la presentación del escrito de ampliación deberá ser dentro de los quince días siguientes al de la contestación si en esta última apareciere un hecho nuevo o, hasta antes de la fecha de cierre de instrucción si apareciere un hecho superveniente.-Lo anterior causa agravio a nuestras representadas, toda vez que el Ministro instructor dejó de aplicar en perjuicio de las mismas, el artículo 27 de la citada ley reglamentaria, pues debió examinar la procedencia de la ampliación de demanda y desecharla de plano por extemporánea en términos del artículo 25."

NOVENO.-Agotado en sus términos el trámite respectivo, conforme a los artículos 52 y 53 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se puso el expediente en estado de resolución.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente expediente relativo al recurso de reclamación interpuesto por la parte actora, toda vez que aun cuando en principio es competencia del Tribunal Pleno de conformidad con lo dispuesto por el artículo 10, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 53 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, también lo es que en el presente caso el recurso de reclamación se interpone en contra de un acuerdo de trámite dictado por el Ministro instructor, por el que básicamente acordó desfavorablemente la solicitud del actual presidente del Municipio actor, de sobreseer en el juicio en la controversia constitucional 30/97, y admitió la ampliación de demanda presentada por la parte actora respecto del cual procede declararlo improcedente, en parte, e infundado, en otra, por las razones que se dan en los siguientes considerandos.

SEGUNDO.-El recurso de reclamación fue interpuesto oportunamente, en atención a lo siguiente:

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 52 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el plazo para la interposición del recurso de reclamación es de cinco días.

Según constancia de la notificación respectiva (fojas 64 y 65 del expediente del recurso), el auto impugnado fue notificado a la parte recurrente el día doce de enero de mil novecientos noventa y ocho, por lo que el plazo para la interposición del recurso concluyó el día veinte del mismo mes y añ

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4942-fe7de687/controversia-constitucional-la-legitimacion-para-combatir-el-auto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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