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Modo: Corpus Pro

LEGITIMACIÓN PROCESAL EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. LA REVOCACIÓN DEL MANDATO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LO PRIVA DEL DERECHO DE CONTINUAR INTERVINIENDO EN EL PROCEDIMIENTO.

Tipo de asunto: QUEJA 15/97 · Registro digital (IUS): 4946
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENANCINGO, ESTADO DE MÉXICO.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Junio de 1998, , Pág. 353.

RECURSO DE QUEJA RELATIVO AL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 15/97. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENANCINGO, ESTADO DE MÉXICO.

MINISTRO PONENTE: JOSÉ DE JESÚS GUDIÑO PELAYO.

SECRETARIO: OSMAR ARMANDO CRUZ QUIROZ.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día doce de mayo de mil novecientos noventa y ocho.

VISTOS; y

RESULTANDO:

PRIMERO. Por escrito presentado el veinte de junio de mil novecientos noventa y siete, ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Jaimes Serrano, en su carácter de presidente municipal del Municipio de Tenancingo, Estado de México, promovió demanda de controversia constitucional en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se especifican:

"Entidad, poder u órganos demandados y su domicilio: a) El Gobierno del Estado de México, cuyo titular es el gobernador de dicho Estado a quien también se le señala como titular del Poder Ejecutivo que promulgó y mandó publicar el ordenamiento cuya inconstitucionalidad se reclama, con el secretario general de Gobierno, que intervino en el refrendo ambas autoridades tienen su domicilio en el Palacio de Gobierno del Estado de México ubicado en las calles de Lerdo frente a la Plaza Cívica. b) La H. Legislatura del Estado de México con domicilio en el Palacio Legislativo ubicado en el lado oriente de la Plaza Cívica de la ciudad de Toluca, México. c) La Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México con domicilio en avenida Morelos Pte. número 710, colonia Centro en la ciudad de Toluca, México. d) La Primera Sala Regional Toluca del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México con domicilio en la calle de José Vicente Villada número 202 primer piso en la colonia Centro de la ciudad de Toluca, Estado de México.

"IV. Norma general cuya invalidez se demanda y el medio oficial en que fue publicada: Lo es, el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México que fue emitido mediante el Decreto Número 11 de la H. LIII Legislatura del Estado de México y fue publicado en la Gaceta del Gobierno, que es el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de México, con fecha 7 de febrero del corriente año. Esta ley, cuya inconstitucionalidad se hace valer en vía de acción se reclama dentro del término de 30 días siguientes al acto de aplicación que causa perjuicio a la entidad, poder u órgano actor que ocurrió el día 20 de mayo del año en curso en el recurso de revisión 334/97 que fue tramitado en la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México al ser emitida la resolución definitiva en dicho recurso que fue deducido de los expedientes acumulados 153/97 y 157/97 tramitados en la Primera Sala Regional Toluca del Tribunal de lo Contencioso Administrativo aludido. Esta ley es reclamada dentro del término a que se refiere el artículo 21, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones Primera y Segunda del Artículo 105 de la Constitución Política Federal.

"V. Actos cuya invalidez se demanda mediante la controversia constitucional: Lo es, la resolución definitiva pronunciada el día 20 de mayo del presente año en el recurso de revisión número 334/97 tramitado ante la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México a instancia del presidente municipal y secretario del H. Ayuntamiento de Tenancingo, Estado de México y en contra de la sentencia emitida por el Magistrado de la Primera Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, en los expedientes acumulados 153/97 y 157/97 referentes a los juicios administrativos promovidos por el síndico y regidores señalados como terceros interesados."

SEGUNDO. La parte actora fundó su demanda en los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Federal, y 1o., 10, 22 y demás relativos de la ley reglamentaria de ese mismo dispositivo fundamental.

TERCERO. En la demanda se señalaron como antecedentes del caso los siguientes:

"1. El síndico municipal y los regidores del H. Ayuntamiento Constitucional de Tenancingo Estado de México, de nombres Gilberto López Guerrero Morales, Froylán Velázquez Sánchez, David Soriano Oscos, Javier Mondragón Camacho y Manuel Luna García demandaron del presidente municipal y del secretario del H. Ayuntamiento, ante la Sala Regional Toluca del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, lo siguiente: ‘Actos impugnados a) Los actos, acuerdos, decisiones, omisiones o abstenciones llevados a cabo en los que, han incurrido los integrantes del H. Ayuntamiento y el presidente municipal de Tenancingo, por los que se nos impide formar parte del Cabildo o cuerpo colegiado del propio Municipio. b) El acta de sesión de Cabildo celebrada el 10 de marzo de 1997, en el salón de Cabildos del H. Ayuntamiento de Tenancingo México.’. Asimismo, señalaron textualmente lo siguiente: ‘Pretensión que se deduce: Que se declare la invalidez de los actos, acuerdos, decisiones u omisiones o abstenciones llevadas a cabo o en las que, han incurrido las autoridades señaladas como demandadas por las cuales se nos impide formar parte del Cabildo o cuerpo colegiado del H. Ayuntamiento de Tenancingo, México.’. 2. Con motivo de la demanda administrativa, fueron tramitados los expedientes acumulados 153/97 y 157/97 en la Primera Sala Regional Toluca del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Al contestar la demanda fueron controvertidos los hechos y se opusieron las excepciones y defensas que se consideraron oportunas, en los términos que enseguida se transcriben. ‘Respecto de los hechos los actores señalan como actos impugnados los mencionados en el capítulo de antecedentes y aducen como pretensión que se declare la invalidez de los actos, acuerdos, decisiones, omisiones o abstenciones, llevadas a cabo o en las que han incurrido las autoridades señaladas como demandadas, por las que se les impide formar parte del Cabildo o cuerpo colegiado del H. Ayuntamiento de Tenancingo México y en el apartado séptimo de su demanda exponen los hechos en los que motivan su pretensión y de la lectura cuidadosa de los hechos que exponen los demandantes, se advierte con claridad que, quienes en su caso impiden a aquéllos integrar el Cabildo o cuerpo colegiado del H. Ayuntamiento no es precisamente su presidente, secretario o miembros del H. Ayuntamiento demandado, sino un grupo de personas de la municipalidad de Tenancingo, México tal como se advierte en los párrafos tercero, cuarto, quinto y sexto del apartado señalado pues en ellos se subraya con insistencia que al acudir a las sesiones de Cabildo a las que fueron convocados les fue impedido el acceso por un grupo de más de 150 personas que se encontraban fuera del lugar en donde se iba a llevar a cabo la sesión de Cabildo, a esto debe agregarse que tan es así la situación que inclusive los propios demandantes reconocen que después del día 6 de marzo de 1997 fecha en la que se les impidió según su dicho la entrada por un grupo de más de 200 personas a la sesión de Cabildo que fueron convocados, nuevamente los días 7 y 8 del mismo mes y año el secretario del H. Ayuntamiento demandado los convocó a sesión de Cabildo de donde se deduce que el H. Ayuntamiento de Tenancingo en ningún momento les impedía formar parte del Cabildo puesto que como ellos mismos lo confiesan fueron convocados a asistir a dichas sesiones dejándose en evidencia que, quien en su caso les impide o impidió asistir a ellas lo fue un grupo de personas que acudieron a manifestarle su inconformidad. De la misma forma debe resaltarse la ineficacia de los agravios planteados por los disconformes cuando señalan como acto impugnado el acta de sesión de Cabildo celebrada el día 10 de marzo de 1997 en el salón de Cabildos del H. Ayuntamiento de Tenancingo por la razón de que en dichos agravios se plantean disconformidades dirigidas a la irregularidad de los actos u omisiones que les impiden formar parte del Cabildo sin embargo ninguna apunta hacia lo irregular o regular del acto de mérito siendo que en la materia del contencioso debe existir relación directa entre el acto impugnado y los agravios que origina éste sin los cuales el acto impugnado debe subsistir en ausencia de disconformidad que objetivice su irregularidad y en los hechos que narraron los actores no se advierte alguno que aluda el acto que se impugna. Finalmente conviene traer a colación el argumento toral de los actores relacionado con su pretensión subrayada a través del cual patentizan que se les pretende privar de su derecho a formar parte del Cabildo sin que exista mandamiento escrito y sin que se les haya otorgado garantía de audiencia y sin que se cumpla con la fundamentación y motivación que exigen los artículos 14 y 16 constitucionales a más de que el H. Ayuntamiento demandado carece de competencia. En la contestación de demanda en el capítulo de excepciones y defensas se hicieron valer las siguientes: la falta de competencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo para dinimir (sic) el presente conflicto, porque no se ha dado entre autoridades municipales demandadas y particulares sino que, las pretensiones de los demandantes se refieren a un conflicto político que en última instancia compete resolver a la Legislatura del Estado, pero no a la justicia administrativa. La falta de acto de autoridad por parte de las demandadas en contra de los actores que pudieran haber afectado sus derechos pues jamás se les separó de su cargo de elección popular, sino que simplemente, se llamó a los suplentes ante su inasistencia.’. 3. Ahora bien la Primera Sala Regional del conocimiento con fecha 14 de abril del presente año pronunció la resolución de primer grado en los expedientes administrativos acumulados referidos en el hecho precedente en los términos de la parte considerativa, que enseguida se transcribe: ‘1. Esta Primera Sala Regional de lo Contencioso Administrativo del Estado de México es competente para conocer de conformidad con lo que establecen los artículos 1o., 201, 202, 226, 227 fracciones I y V, 228, 272 y 273 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, así como del precepto 22 del reglamento interior de este organismo jurisdiccional. 2. Previo al análisis de la litis planteada, por ser cuestión de orden público es menester analizar las causales de improcedencia que propone la autoridad demandada, la cual se hace consistir en la que se contempla en el numeral 267 fracción IX en relación con la fracción II del artículo 268 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, dicha causal de improcedencia es invocada por la autoridad demandada porque a decir de la misma los actos de invalidez que señalan los actores en sus demandas, no encuadran en ninguno de los supuestos contenidos en el artículo 229 del código citado, esto es que este tribunal carece de competencia para conocer del conflicto porque no se trata de actos administrativos que las autoridades demandadas hayan pronunciado en contra de los demandantes, ni como servidores públicos, ni como personas físicas. El argumento planteado no es atendible toda vez que contrariamente a las apreciaciones de las autoridades que invocan la causal de improcedencia que nos ocupa, este organismo jurisdiccional sí es competente para conocer y resolver la litis planteada en el presente asunto, en razón de que la fracción primera del numeral 229 del Código de Procedimientos Administrativos y Fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los Municipios o de los organismos auxiliares de carácter estatal y municipal, por violaciones cometidas en los mismos o durante el procedimiento administrativo en este último caso cuando trasciendan al sentido de las resoluciones para el caso que nos ocupa los actores en el presente juicio señalaron como actos impugnados el oficio de fecha 9 de marzo del año en curso emitido por el secretario del H. Ayuntamiento de Tenancingo México y de dicho oficio claramente se desprende que fue emitido por una autoridad administrativa municipal en ejercicio de atribuciones de tal naturaleza, asimismo también señaló como acto impugnado el acta de sesión de Cabildo de fecha 10 de marzo de 1997 la cual por ser un acto emitido por un cuerpo deliberante reúne las características de acto administrativo, por constituir una declaración unilateral en ejercicio de la función administrativa municipal no considerándose un acto político como lo afirma la demandada. En efecto el acto administrativo supone la existencia de una decisión unilateral previa por parte del titular del órgano de administración en ejercicio de la función administrativa y de que el mismo afecte al sujeto pasivo, su origen es una decisión unilateral, en efecto ha sido criterio sostenido por este órgano de justicia administrativa el que se aprecia en la jurisprudencia número 107 publicada en la edición denominada «Jurisprudencia del Tribunal Contencioso Administrativo.». «ACTOS ADMINISTRATIVOS SU NOCIÓN PARA EFECTOS DE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Al amparo de los artículos 3o. y 29 fracción I de la Ley de Justicia Administrativa estatal el Tribunal de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer de los juicios que se promuevan en contra de los actos administrativos que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los Municipios y de los organismos descentralizados de carácter estatal y municipal. Para efectos de la competencia de esta instancia jurisdiccional, son actos administrativos las declaraciones unilaterales de voluntad que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo en la entidad de los Municipios y de los organismos descentralizados de índole estatal y municipal, en ejercicio de la función administrativa que producen efectos jurídicos de naturaleza particular. Serán pues actos administrativos tanto en el aspecto formal como en el material lo primero porque necesariamente han de provenir de un órgano de la administración pública estatal o municipal y lo segundo en cuanto que deben ser declaraciones unilaterales de voluntad de tal órgano, en ejercicio de la potestad administrativa, que crean, modifican, reconocen transmiten o extinguen situaciones jurídicas de alcance particular es decir de carácter no general.». Por lo tanto no es atendible la causal de improcedencia planteada. III. En términos del dispositivo 273 fracciones II y III del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, la litis en el presente juicio se circunscribe a resolver la validez o invalidez de: a) Los actos, acuerdos, decisiones u omisiones o abstenciones, llevadas a cabo o en las que han incurrido los integrantes del H. Ayuntamiento y el presidente municipal de Tenancingo por lo que se les impide formar parte del Cabildo del H. Ayuntamiento citado; b) El acta de sesión de Cabildo celebrado el día 10 de marzo de 1997; c) El oficio sin número de fecha 9 de marzo de 1997, emitido por el secretario del H. Ayuntamiento. IV. Una vez hecho el análisis del escrito de demanda, la contestación a la misma y los alegatos formulados por las partes en contienda, así como fueron valoradas las pruebas ofrecidas por las mismas en términos de los numerales 32, 38 fracciones II, IV, VI y VII, 95, 100, 105, 199 del Código de Procedimientos Administrativos de la entidad federativa, se analizarán en forma conjunta los actos impugnados señalados en los incisos a y b por encontrarse estrechamente relacionados y de los cuales diremos que esta Sala juzgadora llega a la conclusión de considerar atendibles los conceptos de invalidez planteados por los demandantes en este juicio, dado que con la emisión de los actos impugnados se viola en su perjuicio lo contemplado por los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal que dicen: «Artículo 14. Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.». «Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento.». En base al anterior sustento legal, el acta de Cabildo por esta vía combatida dista mucho de reunir los requisitos de fundamentación y motivación que todo acto debe reunir los suplentes de los cargos de síndico procurador y regidores que en el documento se citan, ni mucho menos se emitió disposición alguna a través de la cual se fundamentara la decisión tomada, en base a lo anterior para el caso que nos ocupa se configura la causal de improcedencia que contempla la fracción segunda del dispositivo 274 del Código de Procedimientos Administrativos estatal ya que el acto en estudio no cumple con los requisitos formales que legalmente deben revestir, máxime que a los servidores públicos afectados no se les otorgó su garantía de audiencia a la que tenían derecho. Por otro lado y en relación al oficio de fecha 9 de marzo de este año el cual se encuentra dirigido al C. Froylán Velázquez Velázquez emitido por el secretario del H. Ayuntamiento demandado, corre la suerte del acto impugnado señalado con anterioridad, ya que como se desprende del oficio de referencia, la autoridad demandada no acreditó en el presente juicio que existiera una orden previa de autoridad competente ni que se le otorgara la garantía de audiencia a que tenía derecho para que se le aplicara el artículo 41 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México ni mucho menos en dicho oficio se adecuaron los fundamentos legales aducidos, con el motivo consistente en que la persona afectada ya no era miembro del H. Ayuntamiento multicitado. Bajo estas circunstancias es dable declarar la invalidez del oficio 9 de marzo de 1997 emitido por el secretario del H. Ayuntamiento de Tenancingo con argumentos defensivos planteados por las autoridades demandadas al dar contestación a la instancia planteada en su contra éstos no son de tomarse en cuenta dado que los mismos forman parte del fondo de la litis planteada y como ya se dijo en líneas anteriores, los actos impugnados fueron omisos de los requisitos formales que todo acto de autoridad debe revestir y es por ello que no se pueden analizar cuestiones de fondo lo anterior encuentra su sustento legal en la jurisprudencia número 5 que se aplica por analogía. «FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN SU EXAMEN EXCLUYE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando en un juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, la Sala juzgadora advierta que el acto de autoridad reclamado es omiso de los requisitos de fundamentación y motivación legales, que exige el artículo 16 de la Constitución General de la República, debe abstenerse de estudiar las cuestiones de fondo y declarar la nulidad del acto impugnado con fundamento en lo dispuesto por el artículo 104 fracción II de la Ley de Justicia Administrativa de la misma entidad federativa.». Al margen de lo anterior y en términos del artículo 276 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México es de ordenarse al H. Ayuntamiento presidente municipal y secretario del H. Ayuntamiento de Tenancingo a que en un término no mayor de 3 días hábiles contados a partir de que cause ejecutoria el presente fallo, restituyan en pleno goce de sus derechos afectados a los actores los cuales continuarán ejerciendo sus atribuciones constitucionales y legales respectivas. En mérito de lo expuesto y fundado se resuelve: PRIMERO. No son atendibles las causales de sobreseimiento planteadas por las autoridades demandadas en este juicio.-SEGUNDO.-Se declara la invalidez de: a) Los actos, acuerdos, decisiones y omisiones o abstenciones, llevadas a cabo o en los que han incurrido los integrantes del H. Ayuntamiento y el presidente municipal de Tenancingo por lo que se les impide formar parte del Cabildo del H. Ayuntamiento citado. b) El acta de sesión de Cabildo celebrado el día 10 de marzo de 1997. c) El oficio sin número de fecha 9 de marzo de 1997 emitido por el secretario del H. Ayuntamiento de referencia.-TERCERO.-El H. Ayuntamiento, presidente municipal y secretario del H. Ayuntamiento de Tenancingo deberá restituir en el goce de sus funciones constitucionales a los señores Gilberto López Guerrero Morales, David Soriano Oscos, Javier Mondragón Camacho, Manuel Luna García y Froylán Velázquez Velázquez dentro del plazo de 3 días hábiles posteriores al en que cause ejecutoria la presente sentencia.-CUARTO.-Notifíquese personalmente a los autores y por oficio a las autoridades.’.-Esta resolución fue impugnada en revisión por las autoridades municipales demandadas, expresando los agravios que enseguida se transcriben textualmente."

CUARTO.-Por auto de fecha veinte de junio de mil novecientos noventa y siete, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente respectivo y designó Ministro instructor; el citado expediente quedó registrado con el número 15/97.

Por proveído de fecha veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y siete, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda de controversia constitucional de referencia y ordenó formar, por separado, el cuaderno incidental de suspensión.

QUINTO.-Por proveído de fecha veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y siete, dictado en los autos del incidente de suspensión, el Ministro instructor resolvió conceder la medida cautelar solicitada; dicho acuerdo dice:

"México, Distrito Federal, a veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y siete. Con la copia certificada del escrito y anexo de diecinueve de junio del año en curso, de Juan Jaimes Serrano, en su carácter de presidente municipal del Ayuntamiento de Tenancingo, Estado de México y del auto de admisión que obran en el expediente principal de esta controversia constitucional, fórmese y regístrese el incidente de suspensión respectivo. Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 14 a 18 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concede la suspensión solicitada de los actos reclamados consistentes en la ejecución de la sentencia de veinte de mayo del año en curso, dictada por la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, al resolver el recurso de revisión 334/97, deducido de los expedientes acumulados 153/97 y 157/97, del índice de la Primera Sala Regional del mismo tribunal, ya que con la concesión de esta medida, a juicio del Ministro instructor, no se afecta a las instituciones fundamentales del orden jurídico; y menos aún se pone en riesgo la seguridad y economía nacionales. Esta medida surtirá efectos desde luego, sin necesidad de otorgar garantía alguna y para el único efecto de que no se reinstale en sus anteriores cargos que venían desempeñando en el Ayuntamiento del Municipio de Tenancingo, Estado de México, a los señores Gilberto López Guerrero Morales, David Soriano Oscos, Javier Mondragón Camacho, Manuel Luna García y Froylán Velázquez Velázquez. Notifíquese."

SEXTO.-Mediante escrito de fecha trece de noviembre de mil novecientos noventa y siete, presentado en la misma fecha ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la parte actora interpuso recurso de queja en el incidente de suspensión, por violación a la medida cautelar concedida por auto de fecha veinticuatro de junio del citado año, en contra de las autoridades que resulten responsables.

Por auto de fecha diecisiete de noviembre de mil novecientos noventa y siete, se dio trámite al recurso de queja de referencia, se requirió al actual presidente municipal del Municipio de Tenancingo, Estado de México, para que informara sobre el cumplimiento a la medida cautelar y rindiera su informe respectivo.

SÉPTIMO.-Mediante acuerdo de fecha quince de diciembre de mil novecientos noventa y siete, se agregó a los autos incidentales el informe del actual presidente municipal del Ayuntamiento de Tenancingo, Estado de México, Carlos Estrada Castro, relativo al recurso de queja interpuesto por violación a la suspensión.

OCTAVO.-Por oficio número PGR013/98, el procurador general de la República formuló su pedimento en el presente recurso de queja, en el que concluye que en el caso sí se violó la suspensión decretada.

NOVENO.-Sustanciado el procedimiento, con fecha veintiuno de enero de mil novecientos noventa y siete tuvo verificativo la audiencia prevista en el último párrafo del artículo 57 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, quedando el asunto en estado de resolución.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente recurso de queja, interpuesto por la parte actora en la controversia constitucional 15/97, en contra de las autoridades que resulten responsables por la violación a la suspensión concedida, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 55, fracción I, y 58, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que respectivamente establecen la competencia de este tribunal para conocer de los asuntos en materia de controversias constitucionales, la procedencia del recurso de queja por violación a la suspensión, y la obligación del Ministro instructor de someter al Tribunal Pleno el proyecto de resolución respectivo.

SEGUNDO.-El recurso de queja fue interpuesto oportunamente por la parte actora.

Los artículos 55, fracción I, y 56, fracción I, de la ley reglamentaria de la materia, disponen:

"Art. 55. El recurso de queja es procedente: I. Contra la parte demandada o cualquier otra autoridad, por violación, exceso o defecto en la ejecución del auto o resolución por el que se haya concedido la suspensión."

"Art. 56. El recurso de queja se interpondrá: I. En los casos de la fracción I del artículo 55, ante el Ministro instructor hasta en tanto se falle la controversia en lo principal."

De conformidad con lo dispuesto por los artículos antes transcritos, el recurso de queja por violación a la suspensión puede interponerse hasta en tanto se falle la controversia constitucional en lo principal; esto es, durante el procedimiento y aun celebrada la audiencia final, siempre que no se haya dictado el fallo definitivo.

Por tanto, si el presente recurso de queja se interpuso el trece de noviembre de mil novecientos noventa y siete, en que no se había emitido el fallo definitivo en el expediente principal de la controversia constitucional 15/97, es claro que el aludido recurso fue promovido dentro del plazo legal que se tiene para tal efecto, conforme los dispositivos legales antes transcritos.

TERCERO.-Previo a cualquier otra cuestión, se pasa al estudio de la legitimación de quien interpone el presente recurso de queja, por ser de orden público que debe analizarse de manera preferente e incluso de oficio.

El escrito de recurso lo suscribe Juan Jaimes Serrano, quien promovió la demanda de controversia constitucional a nombre propio y en representación del Municipio actor, en su carácter de presidente municipal.

En la especie este Tribunal Pleno considera que el recurrente carece de legitimación procesal para interponer el presente recurso de queja, en virtud de lo que se pasa a considerar:

Debe resaltarse en primer lugar, que las partes que pueden intervenir en una controversia constitucional son a las que se refiere el artículo 105, fracción I, de la Constitución Federal y 10 de su ley reglamentaria.

Estas partes tendrán, consecuentemente, el derecho para hacer valer todo lo que la ley prevea dentro del procedimiento respectivo, lo que incluye, entre otras cosas, el agotar los recursos procedentes.

Sin embargo, siendo la controversia constitucional un procedimiento en el que participan, por su propia y especial naturaleza, entes públicos que representan a un determinado nivel de gobierno, sólo sus funcionarios con facultades podrán representarlos para ejercer la acción en términos del artículo 11 de la ley reglamentaria de la materia, los que igualmente podrán actuar directamente dentro del procedimiento o a través de sus delegados designados.

De esto se sigue que, sólo cuando la autoridad que representa al ente público detenta el cargo respectivo, es que podrá actuar a nombre y en representación de éste, de tal manera que, durante la vigencia de su encargo podrá ejercer las facultades que la ley le reconoce como funcionario público acorde con el cargo y atribuciones respectivas.

Ahora bien, si este funcionario estuvo legitimado originariamente para representar al ente público, debe concluirse que toda la actuación que haya desplegado en uso de sus facultades son válidas y producen todos sus efectos, en la medida en que se llevaron a cabo cuando dicho funcionario podía hacerlo.

En otro sentido, si posteriormente este funcionario deja de detentar el cargo público respectivo, toda actuación que llegare a desplegar inherente a la función pública no podrá producir efecto legal alguno, en tanto que las facultades para actuar con tal carácter son inherentes al cargo y no a la persona en lo particular.

En estas condiciones, si en el caso se admitió la demanda de controversia constitu

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4946-8dd0648e/legitimacion-procesal-en-controversias-constitucionales-la-revocacion-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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