CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL, CADUCIDAD DEL PROCESO DE LA, CUANDO SU PRESENTACIÓN ES ANTERIOR AL DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL 31 DE DICIEMBRE DE 1994).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 2/94. PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ.
MINISTRO PONENTE: HUMBERTO ROMÁN PALACIOS.
SECRETARIO: MIGUEL ÁNGEL ZELONKA VELA.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veinticinco de febrero de mil novecientos noventa y siete.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO.- Por escrito presentado el catorce de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este alto tribunal, Mario Leal Campos, en su carácter de presidente Municipal del Ayuntamiento de San Luis Potosí, promovió controversia constitucional por invasión de esferas, en contra del Congreso del Estado de San Luis Potosí, demandando lo siguiente:
"a) La inconstitucionalidad del acuerdo de las Comisiones de Desarrollo Urbano, Gobernación y Puntos Constitucionales, aprobado por el H. Congreso del Estado en la sesión ordinaria celebrada el 20 de octubre de 1994, que se acompaña como anexo número 3 mediante el cual se niega al H. Ayuntamiento del Municipio de San Luis Potosí, la autorización que solicita para permutar tres predios que se localizan en el Fraccionamiento Lomas de San Luis 4a. Sección, asimismo también la negativa para permutar un terreno ubicado en la Diagonal Sur entre ésta e instalaciones de Pemex.
"b) La inconstitucionalidad del acuerdo tomado por las partes, Comisiones de Desarrollo Urbano, Gobernación, para contrataciones y aprobado por el H. Congreso del Estado en la sesión celebrada el día 26 de octubre de este año, que se acompaña como anexo número 4, en el que se hace saber que no se encuentran en aptitud de resolver en definitiva sobre la solicitud para la licitación y concesión de la obra denominada Complejo Vial Reforma.
"c) En virtud de la inconstitucionalidad de los actos enunciados en los dos incisos anteriores, la nulidad de los mencionados acuerdos para todos los efectos legales a que hubiera lugar, y todas las consecuencias que de éstos se deriven."
SEGUNDO.- El promovente fundó su demanda en los artículos 115, fracciones II, IV y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 14, 15, 82 y 83, fracciones II, IV y V, de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí; 4o. y 44, fracciones XV, XVI, XX y XXV, de la Ley Orgánica del Municipio Libre; 40, 41 y 42 del Código Ecológico y Urbano de San Luis Potosí; 9o., fracciones I, II, III y XV, de la Ley General de Asentamientos Humanos; y 322, 337, 341 y demás relativos del Código Federal de Procedimientos Civiles.
TERCERO.- Por acuerdo de catorce de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió la demanda de mérito, mandándose formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional. Asimismo, ordenó emplazar mediante notificación personal a la autoridad demandada, por conducto del Juez de Distrito en turno, en el Estado de San Luis Potosí, para que contestara la demanda dentro del plazo de nueve días, contados a partir de la legal notificación del mismo proveído.
CUARTO.- Mediante ocurso presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este alto tribunal, el diecinueve de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, Manuel F. Bravo Zamora y Ricardo Enrique Morán Faz, en su carácter de primer síndico y secretario general del Ayuntamiento de San Luis Potosí, respectivamente, promovieron controversia constitucional por invasión de esferas, en los mismos términos que la promovida por el presidente Municipal de dicho Ayuntamiento.
QUINTO.- En proveído de treinta y uno de enero de mil novecientos noventa y cinco, los Ministros integrantes de la Comisión de Gobierno y Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con apoyo en los artículos 71 y 73 del Código Federal de Procedimientos Civiles, ordenaron acumular el escrito señalado en el considerando que antecede, al expediente en que se actúa; y, dispusieron notificar personalmente a la autoridad demandada, a través del Juez de Distrito en turno, en el Estado.
SEXTO.- Por escrito presentado el siete de febrero de mil novecientos noventa y cinco, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este alto tribunal, Rafael Turrubiates Macías, en su carácter de presidente de la Diputación Permanente de la LIV Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, produjo su contestación a la demanda instaurada en su contra.
SÉPTIMO.- En acuerdo de trece de febrero de mil novecientos noventa y cinco, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo por contestada la demanda, por ofrecidas las pruebas de las partes y, con apoyo en los artículos 341 y 342 del Código Federal de Procedimientos Civiles, ordenó emplazar a las partes para que asistieran a la audiencia de alegatos.
Con fecha veintiocho de febrero de mil novecientos noventa y cinco, se llevó a cabo la audiencia de alegatos, en la que se dio cuenta con las constancias de autos, así como de las diversas documentales que obran en el expediente y que fueron ofrecidas por las partes, las cuales fueron admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza. Posteriormente, se recibieron los alegatos de las partes, con lo que se dio por concluida la audiencia respectiva.
Mediante proveído de ocho de marzo de mil novecientos noventa y cinco, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dispuso turnar el asunto al Ministro Humberto Román Palacios para que formulara el proyecto de resolución respectivo.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.- Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, según reformas que entraron en vigor el diez de junio de mil novecientos noventa y cinco, y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que el Ayuntamiento de San Luis Potosí plantea una controversia constitucional, por invasión de esferas, en contra del Congreso del Estado de San Luis Potosí.
Resultan aplicables las normas de competencia contenidas en los preceptos constitucional y legal invocados, no obstante que la citada controversia se originó antes de la vigencia de dichas normas, porque éstas operan en cuanto entran en vigor por ser de orden público, según lo ha sostenido este Tribunal Pleno en la jurisprudencia número 391, visible en la página 654, Segunda Parte, del Apéndice de compilación de 1917 a 1988, que a la letra dice:
"COMPETENCIA, APLICACIÓN DE LAS LEYES DE.- Las normas que regulan la competencia por materia, se apoderan de las relaciones jurídicas procesales en el estado en que se encuentren, rigiendo inmediatamente, por ser de orden público."
Similar criterio fue sustentado por este Tribunal Pleno, al resolver el seis de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, por unanimidad de once votos, la controversia constitucional 3/93, promovida por el Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, habiendo sido ponente el Ministro Juan Díaz Romero.
SEGUNDO.- En el caso, resulta innecesaria la transcripción y examen de los conceptos de invalidez expuestos en la demanda, así como de los argumentos hechos valer en la contestación, en virtud de que no serán analizados, dado que este Tribunal Pleno advierte que en el presente asunto procede declarar la caducidad de la instancia, en términos del artículo 373, fracción IV, del Código Federal de Procedimientos Civiles.
En efecto, atendiendo a lo dispuesto en el artículo noveno transitorio del decreto que reformó el artículo 105 de la Carta Magna, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, que establece que los procesos a que alude dicha norma, iniciados con anterioridad, continuarán tramitándose conforme a las disposiciones vigentes al entrar en vigor el referido decreto, y toda vez que la controversia constitucional que se resuelve se inició el catorce de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, en que fue presentada la demanda respectiva en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este alto tribunal, esto es, cuando todavía no se encontraba vigente el actual artículo 105 de la Constitución Federal ni la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II de dicho precepto, todo trámite se llevó a cabo conforme a lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles, y éste, en su artículo 373, fracción IV establece, lo siguiente:
"Artículo 373. El proceso caduca en los siguientes casos:
"...
"... IV. Fuera de los casos previstos en los dos artículos precedentes, cuando cualquiera que sea el estado del procedimiento no se haya efectuado ningún acto procesal ni promoción durante un término mayor de un año, así sea con el solo fin de pedir el dictado de la resolución pendiente.- El término debe contarse a partir de la fecha en que se haya realizado el último acto procesal o en que se haya hecho la última promoción.- Lo dispuesto por esta fracción, es aplicable en todas las instancias, tanto en el negocio principal como en los incidentes, con excepción de los casos de revisión forzosa. Caducado el principal, caducan los incidentes. La caducidad de los incidentes sólo produce la del principal, cuando hayan suspendido el procedimiento en éste."
Por su parte, el párrafo segundo del artículo 375 del mismo ordenamiento legal, dispone que en el caso de la fracción IV del artículo 373, la caducidad operará de pleno derecho, sin necesidad de declaración, por el simple transcurso del término indicado.
El artículo 378 del código en consulta, señala lo que a continuación se transcribe:
"Artículo 378. La caducidad, en los casos de las fracciones II y IV, tiene por efecto anular todos los actos procesales verificados y sus consecuencias, entendiéndose como no presentada la demanda; y en cualquier juicio futuro sobre la misma controversia, no puede invocarse lo actuado en el proceso caduco.- Esta caducidad no influye, en forma alguna, sobre las relaciones de derecho existentes entre las partes que hayan intervenido en el proceso."
Ahora bien, en proveído de nueve de enero del año en curso, el presidente de este alto tribunal, previo dictamen del Ministro ponente, ordenó girar oficio al titular de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de que certificara si con relación a este expediente, se había presentado promoción alguna durante el lapso comprendido entre el diez de marzo de mil novecientos noventa y cinco y el seis de enero de mil novecientos noventa y siete, inclusive; y, cumplido con ello, diera vista a la parte actora por el término de tres días, para que alegara lo que a su derecho conviniera en relación con la referida certificación.
En cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de mérito, el jefe de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este alto tribunal, hizo constar lo siguiente:
"... Certifico: que en esta oficina no obra constancia de haberse recibido documento alguno en el periodo del diez de marzo de mil novecientos noventa y cinco al seis de enero de mil novecientos noventa y siete, para el expediente de controversia constitucional 2/94, promovido por el Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. contra el Congreso del Estado de San Luis Potosí. Expido este primer certificado en el Distrito Federal, el trece de enero de mil novecientos noventa y siete, para el expediente de controversia constitucional 2/94, de la Subsecretaría de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia."
En catorce de enero último, se notificó por medio de instructivo a la parte actora, a través de su autorizado, tanto el proveído de nueve de enero pasado como la certificación transcrita.
El veintiuno de enero siguiente, el subsecretario general de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo constar que la vista que se ordenó dar a la actora, corrió del dieciséis al veinte del mencionado mes, inclusive.
Por otra parte, a fojas cuatrocientos noventa y cuatro del expediente en el que se actúa obra una diversa certificación expedida por la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este alto tribunal, en la que se hizo constar lo que a continuación se transcribe:
"... Certifico: que en esta oficina no obra constancia de haberse recibido documento alguno en el periodo del dieciséis de enero de mil novecientos noventa y siete al veinte de enero de mil novecientos noventa y siete, para el expediente de controversia constitucional 2/94, promovido por el Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. contra el Congreso del Estado de San Luis Potosí. Expido este segundo certificado en el Distrito Federal, el veinticuatro de enero de mil novecientos noventa y siete, para el expediente de controversia constitucional 2/94, de la Subsecretaría de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia."
De lo anteriormente transcrito y relacionado se desprende que en el lapso a que se refiere la primera certificación transcurrió más de un año sin que se hubiese efectuado ningún acto procesal ni presentado promoción alguna; además, de la segunda de las certificaciones se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a la parte actora, sin que se hubiese recibido alguna promoción, lo que implica que no se desahogó la vista que se le dio en relación con la primera de las certificaciones; por lo que en tal virtud, y con fundamento en los artículos 373, fracción IV, 375, párrafos segundo y tercero, y 378 del Código Federal de Procedimientos Civiles, procede declarar la caducidad del proceso, y por ende, tener por no presentada la demanda que dio origen a la presente controversia constitucional.
Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis del Tribunal Pleno, consultable a página 538, Sección Segunda, Precedentes que no Han Sentado Jurisprudencia, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 - 1988, que dice:
"CADUCIDAD DEL PROCESO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 373, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES. EL TÉRMINO DE UN AÑO SEÑALADO SE COMPUTA COMO AÑO DE CALENDARIO.- El término de un año previsto en el artículo 373, fracción IV, del Código Federal de Procedimientos Civiles, para la caducidad del proceso, se computa como un año de calendario y se debe considerar que en dicho término se incluyen los días inhábiles. La caducidad opera de pleno derecho, sin necesidad de declaración, por el simple transcurso del término indicado, y en cualquier caso en que hubiere caducado el proceso debe hacerse la declaración de oficio por el tribunal o a petición de cualquiera de las partes; y conforme al artículo 378 del mismo código, la caducidad en el caso de la fracción IV del 373, tiene por efecto anular todos los actos procesales verificados y sus consecuencias, entendiéndose como no presentada la demanda, que en cualquier juicio futuro sobre la misma controversia, no pueda invocarse lo actuado en el proceso caduco, no influyendo la caducidad, en forma alguna, sobre las relaciones de derecho existentes entre las partes, que hayan intervenido en el proceso."
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
ÚNICO.- Se decreta la caducidad del proceso a que esta controversia constitucional se refiere.
Notifíquese; haciéndolo personalmente a las partes y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.
Así lo resolvió el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de diez votos de los Ministros Aguirre Anguiano, Azuela Güitrón, Castro y Castro (presidente en funciones), Díaz Romero, Góngora Pimentel, Gudiño Pelayo, Ortiz Mayagoitia, Román Palacios, Sánchez Cordero y Silva Meza. El Ministro presidente Aguinaco Alemán no asistió por estar atendiendo otras actividades inherentes a su cargo.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4966-20c69ef2/controversia-constitucional-caducidad-del-proceso-de-la-cuando · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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