CONFLICTO DE LEYES. ES INEXISTENTE CUANDO OPERA LA DEROGACIÓN TÁCITA DE LA LEY ANTERIOR POR LA POSTERIOR. INFONAVIT. LA CONTRADICCIÓN PLANTEADA ENTRE LA LEY DE DICHO INSTITUTO, REFORMADA POR DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE ENERO DE 1997, Y LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, EN CUANTO AL LÍMITE SUPERIOR SALARIAL Y A LOS CONCEPTOS QUE SE EXCLUYEN DEL SALARIO PARA EFECTOS DEL PAGO DE APORTACIONES PATRONALES, NO CONSTITUYE UN PROBLEMA DE CONSTITUCIONALIDAD, SINO DE LEGALIDAD. INFONAVIT. LA REFORMA A ESA LEY POR DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL SEIS DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE, NO CONTRAVIENE EL ARTÍCULO 123, APARTADO A, FRACCIÓN XII, CONSTITUCIONAL. INFONAVIT. LAS APORTACIONES PATRONALES TIENEN EL CARÁCTER DE CONTRIBUCIONES Y SE RIGEN POR EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDAD, RESOLUCIÓN QUE LA SANCIONA O DECLARA SU INEXISTENCIA. NO EXISTE OBSTÁCULO LEGAL PARA DETERMINARLA DESPUÉS DE LOS TREINTA DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 59, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS. INFONAVIT. EL ARTÍCULO 29, FRACCIÓN II, DE LA LEY RELATIVA, NO ES INCONSTITUCIONAL POR REMITIR A LA LEY DEL SEGURO SOCIAL EN CUANTO A LA INTEGRACIÓN Y CÁLCULO DE LA BASE SALARIAL PARA EL PAGO DE APORTACIONES.
AMPARO EN REVISIÓN 199/98. AVIATECA, S.A. DE C.V.
CONSIDERANDO:
CUARTO. En principio es procedente aclarar que debe tenerse firme, por no esgrimirse agravio alguno en su contra, el sobreseimiento en el juicio decretado en el primer punto resolutivo de la sentencia recurrida en relación a los actos reclamados del director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, conforme a los razonamientos expuestos en el considerando segundo de dicha sentencia.
QUINTO. Antes de entrar al examen de los diferentes argumentos que se formulan en el agravio único, y toda vez que un problema medular que se plantea es la violación de la fracción XII del apartado A del artículo 123 de la Constitución por los preceptos que se consideran inconstitucionales, debe examinarse tal cuestión. Los razonamientos esgrimidos son infundados pues lejos de producirse esa infracción los preceptos reclamados se ajustan a lo dispuesto por el precepto constitucional y fracción citados.
Debe precisarse, en primer lugar, que la fracción XII del artículo 123 de la Constitución, que resulta aplicable, modificó sustancialmente la obligación patronal que el texto anterior del propio dispositivo establecía, de proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas. La fracción XII del texto original, decía: "En toda regularización agrícola, industrial, minera o cualquiera otra clase de trabajo, los patrones estarán obligados a proporcionar a los trabajadores, habitaciones cómodas e higiénicas, por las que podrán cobrar rentas, que no excederán del medio por ciento mensual del valor catastral de las fincas. Igualmente deberán establecer escuelas, enfermerías y demás servicios necesarios a la comunidad. Si las negociaciones estuvieren situadas dentro de las poblaciones y ocuparen un número de trabajadores mayor de cien tendrán la primera de las obligaciones mencionadas.". La propia fracción XII en su texto vigente, dispone: "Toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo, estará obligada según lo determinen las leyes reglamentarias, a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas.", y a continuación establece: "Esta obligación se cumplirá mediante las aportaciones que las empresas hagan a un fondo nacional de la vivienda, a fin de constituir depósitos en favor de sus trabajadores y establecer crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad tales habitaciones.". Si hasta aquí llegara la norma, el patrón tendría dos obligaciones: "constituir depósitos a favor de sus trabajadores para que ellos pudieran adquirir viviendas en propiedad" y, además, "establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a dichos trabajadores, un crédito barato y suficiente". Pero el párrafo siguiente del propio dispositivo nuevamente permite la sustitución de la segunda obligación; no son los patrones quienes directamente van a establecer un sistema de financiamiento; el párrafo final dice: "Se considera de utilidad social, la expedición de una ley para la creación de un organismo integrado por representantes del Gobierno Federal, de los trabajadores y de los patrones que administre los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda.". Ésta es la función del Infonavit: administrar los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda y son cosas distintas, el instituto que administra los recursos y el Fondo Nacional de la Vivienda, que es un patrimonio de los trabajadores pero unificado al solo fin de otorgar créditos baratos y suficientes para que la misma clase trabajadora pueda adquirir vivienda en propiedad. Consecuentemente, en los preceptos reclamados no existe ninguna desviación al contenido normativo de la fracción XII del apartado A del 123 constitucional. El que la ley disponga que si el trabajador no hizo uso del crédito para la adquisición de vivienda puede retirar los fondos que son de su propiedad, o bien optar porque se aumenten a su fondo de pensiones, es reconocer que esos depósitos son de la propiedad del trabajador y puede, por ello, disponer de los mismos; luego, el sistema actual, regulado por los preceptos que se reclaman, conforme al cual instituciones diferentes al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda, generalmente, instituciones bancarias, manejan este fondo de vivienda, separado del fondo de pensiones, permite que cada trabajador conozca exactamente cuánto tiene en su fondo de vivienda, y qué es lo que le va produciendo, con un sentimiento real de que esos depósitos son de su propiedad, lo que no choca con el texto constitucional a que se ha hecho referencia.
Como se ve, la fracción XII del apartado A del artículo 123 de la Constitución no solamente estableció una modificación a la forma de cumplir con la obligación patronal de proporcionar habitaciones cómodas e higiénicas sino que introdujo una auténtica sustitución de la obligación originaria. En lugar de que el patrón estuviera obligado a proporcionar viviendas a sus trabajadores debía depositarles a cada uno de ellos un fondo a su favor, y este depósito, tenía que ser en propiedad para los trabajadores, lo que se advierte de la parte final del artículo que determina que los trabajadores podrán adquirir en propiedad sus habitaciones. Por consiguiente el que se determine que el trabajador pueda disponer del fondo constituido a su favor si no lo usó en la adquisición de una casa, se encuentra en congruencia con el 123, fracción XII, de la Constitución. De acuerdo con lo anterior resulta claro que el artículo 29, fracción II que se reclama no viola el artículo 123, apartado A, fracción XII, de la Constitución. El mismo determina que las aportaciones deberán aportarse a las entidades receptoras que actúen por cuenta y orden del instituto para su abono en la subcuenta de vivienda, de las cuentas individuales de los trabajadores previstas en el Sistema de Ahorro para el Retiro, lo cual no significa que se desvíe el destino u objeto consignado en el artículo 123, apartado A, fracción XII constitucional, esto es, a la materia habitacional, a favor del trabajador. Para confirmar el aserto basta analizar lo dispuesto en los artículos 29, fracción II, párrafo cuarto; y fracción III, último párrafo, y 30, fracción II y otros más, para advertir que las administradoras del fondo para el retiro o Afores, sólo administran las aportaciones percibidas, con lo cual se logra un saneamiento en las finanzas del instituto, porque en lugar de que el Estado subsidie el rubro, se invierte el capital que por concepto de aportaciones se recaudan y se generan intereses a favor de cada trabajador, pero siendo responsable del manejo del instituto, a efecto de que se cumpla con el destino para el que fueron creadas. Además, debe destacarse que las aportaciones se aplican a una subcuenta de vivienda; luego, no se desvían de su finalidad, ya que solamente en caso de que el trabajador no utilice el crédito para vivienda, entonces se aplicarán para su fondo de retiro.
En conclusión el sistema regulado por los preceptos reclamados no violan el dispositivo constitucional sino que acatan exactamente el fin de la Constitución; primero, obligan al patrón a hacer un depósito a favor de cada trabajador, que es propiedad de éste y, con ello, el patrón sustituye la obligación de proporcionar habitación; segundo, se establece un sistema de financiamiento que permite otorgar a los trabajadores un crédito barato y suficiente para que adquieran, en propiedad, habitación, lo que es función del Infonavit.
SEXTO. La recurrente aduce, básicamente, los siguientes agravios:
1) El Juez de Distrito hace una indebida interpretación de los artículos 1o., 14, 16, 72, inciso f), y 123, apartado A, fracción XII, constitucionales al considerar que la inconstitucionalidad de una ley no puede derivarse de su contradicción con otra ley, pues es principio general de derecho que la ley posterior deroga a la anterior. Se sostiene que lo anterior es incorrecto, pues el artículo 72, inciso f) de la Carta Magna establece que en la interpretación, reforma o derogación de las leyes o decretos se observarán los mismos trámites establecidos para su formación, es decir, se refiere a los casos de una ley específica considerada como un todo, pero no a la derogación de una disposición de un ordenamiento por estar en contradicción con otra disposición especial de otro ordenamiento posterior que regule la misma materia. En el presente caso no se trata de disposiciones totalmente incompatibles, sino sólo que una de ellas, a saber el artículo 29, fracción II, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, establece mayores obligaciones que lo dispuesto en el artículo 143 de la Ley Federal del Trabajo, siendo esta última una ley emanada directamente del artículo 123 de la Carta Magna y que, por ello, tiene supremacía sobre la primera ley citada que emana de la Ley Federal del Trabajo en cuanto a la regulación que contiene en su capítulo 3 del título cuarto en lo relativo a las habitaciones para los trabajadores y al Fondo Nacional de la Vivienda, así como al instituto que tendrá a su cargo la coordinación y financiamiento de los programas de construcción de casas habitación destinadas a ser adquiridas en propiedad por los trabajadores. Al ser la Ley Federal del Trabajo la que da pauta para la creación, funcionamiento y organización del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, no tiene la misma jerarquía que la ley reclamada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 133 constitucional y, por tanto, no puede derogar disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. Además, no puede existir derogación tácita porque la Ley Federal del Trabajo es la ley especial y por ello es necesario que una disposición expresa derogue a la ley especial en cuanto se le oponga y que tal derogación expresa emane del procedimiento contemplado en los artículos 71 y 72 constitucionales. Consecuentemente, al continuar vigente el artículo 143 de la Ley Federal del Trabajo, por no haber sido derogado expresamente conforme lo establecen los artículos 73, inciso f), constitucional y 9o. del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, se deja en total y absoluto estado de indefensión e incertidumbre a la quejosa al existir dos bases de integración para efectos de las aportaciones, transgrediéndose así las garantías de legalidad y seguridad jurídica consagradas en los artículos 14 y 16 de la Carta Magna. Se invocan las tesis intituladas: "LEYES, DEROGACIÓN DE LAS.", "LEYES ESPECIALES, DEROGACIÓN DE LAS, POR LEYES GENERALES." y "LEYES, PRINCIPIO DE JERARQUÍA NORMATIVA DE LAS, ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL.".
2) En la sentencia recurrida se omitió estudiar y resolver el planteamiento relativo a que las aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores no son gastos de seguridad social, pues los artículos 123, apartado A, fracción XII, constitucional y 141 de la Ley Federal del Trabajo establecen que tales aportaciones son gastos de previsión social de las empresas que se aplican para constituir depósitos en favor de los trabajadores, por lo que no debe equipararse el salario integrado para efectos de las aportaciones al instituto citado al salario base de cotización para efectos del Seguro Social, puesto que se trata de regímenes diferentes al constituir las cuotas al Seguro Social aportaciones de seguridad social.
SÉPTIMO. El agravio resumido en el inciso uno del considerando precedente es inoperante.
En efecto, según se advierte de la transcripción de las consideraciones que sustentan la sentencia recurrida, en ella se desestimó el concepto de violación en el que se planteó la transgresión a los artículos 14 y 16 constitucionales al existir bases diferentes de integración salarial para efectos del pago de aportaciones patronales al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en el artículo 29, fracción II, de la ley reclamada, en su texto reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de enero de mil novecientos noventa y siete, y en el numeral 143 de la Ley Federal del Trabajo, por dos razones: 1) porque la inconstitucionalidad de una ley sólo deriva de su pugna con otra disposición de la Carta Magna y no de su contradicción con otro ordenamiento secundario; y 2) porque al plantearse la contradicción entre dos leyes federales que tienen la misma jerarquía de conformidad con el artículo 133 de la Constitución Federal, aun suponiendo que existiera contradicción, ésta debe resolverse atendiendo al principio general de derecho consistente en que la ley posterior deroga a la anterior.
En su agravio, la recurrente no combate el primero de los razonamientos que fundan la desestimación de su concepto de violación, pues no esgrimió planteamiento alguno contra la determinación de que la inconstitucionalidad de una ley sólo deriva de su contradicción con un precepto de la Carta Magna y no con otro ordenamiento secundario, lo que lleva a determinar la inoperancia del agravio, porque con independencia de que lo que en él se aduce resulte fundado o infundado, debe subsistir la razón que funda su desestimación que no fue controvertida. Al respecto resultan aplicables las siguientes tesis sustentadas por la anterior Tercera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que textualmente dicen:
"AGRAVIOS INOPERANTES DE LA AUTORIDAD, SI NO COMBATEN LOS ARGUMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA. Si la sentencia recurrida se funda en argumentos que no son combatidos en los agravios por la autoridad recurrente, éstos resultan inoperantes." (Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo II, Primera Parte, página 196).
"AGRAVIOS INOPERANTES. SON AQUELLOS QUE NO COMBATEN TODAS LAS CONSIDERACIONES CONTENIDAS EN LA SENTENCIA RECURRIDA. La Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reiteradamente ha sustentado el criterio de que los agravios son inoperantes cuando no se combaten todas y cada una de las consideraciones contenidas en la sentencia recurrida. Ahora bien, esta propia Sala en su tesis jurisprudencial número 13/90, sustentó el criterio de que cuando el Juez de Distrito no ciñe su estudio a los conceptos de violación esgrimidos en la demanda, sino que lo amplía en relación a los problemas debatidos, tal actuación no causa ningún agravio al quejoso, ni el Juez incurre en irregularidad alguna, sino por el contrario, actúa debidamente al buscar una mejor y más profunda comprensión del problema a dilucidar y la solución más fundada y acertada a las pretensiones aducidas. Por tanto, resulta claro que el recurrente está obligado a impugnar todas y cada una de las consideraciones sustentadas por el Juez de Distrito aun cuando éstas no se ajusten estrictamente a los argumentos esgrimidos como conceptos de violación en el escrito de demanda de amparo." (Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VIII, agosto, página 83, tesis LXVIII/91).
A mayor abundamiento, los agravios planteados contra la segunda de las razones en que se fundó la desestimación del concepto de violación, son infundados.
En efecto, en primer término debe señalarse que la ley reclamada no emana de la Ley Federal del Trabajo, como lo señala la recurrente en sus agravios, sino que es reglamentaria del artículo 123, apartado A, fracción XII, de la Constitución Federal en el cual tiene su sustento, y que dispone:
"Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la ley.
"El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes, deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:
"A. Entre los obreros, jornaleros, empleados, domésticos, artesanos y, de una manera general, todo contrato de trabajo:
"XII. Toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo, estará obligada, según lo determinen las leyes reglamentarias, a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas. Esta obligación se cumplirá mediante las aportaciones que las empresas hagan a un fondo nacional de la vivienda a fin de constituir depósitos en favor de sus trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a éstos crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad tales habitaciones.
"Se considera de utilidad social la expedición de una ley para la creación de un organismo integrado por representantes del Gobierno Federal, de los trabajadores y de los patrones, que administre los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda. Dicha ley regulará las formas y procedimientos conforme a los cuales los trabajadores podrán adquirir en propiedad las habitaciones antes mencionadas.
"Las negociaciones a que se refiere ..."
La Ley Federal del Trabajo también es reglamentaria del apartado A del artículo 123 de la Constitución Federal y, por ende, tanto ésta como la ley reclamada, ambas de carácter federal, tienen la misma jerarquía normativa y constituyen junto con la Constitución, las demás leyes del Congreso de la Unión emanadas de ella, y los tratados que estén de acuerdo con la misma, la Ley Suprema de toda la Unión, en términos de lo dispuesto en el artículo 133 constitucional.
Debe, asimismo, señalarse que no puede catalogarse, como lo hace la recurrente, a la Ley Federal del Trabajo como la ley especial y a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores como la ley general, puesto que el hecho de que con anterioridad a las reformas legislativas reclamadas en la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores no se previera la forma de integración del salario para efectos del pago de aportaciones patronales, el límite superior salarial, y otras cuestiones relativas a los elementos propios de la contribución relativa, los que se encontraban establecidos en la Ley Federal del Trabajo, como ley reglamentaria del apartado A del artículo 123 constitucional, limitándose la ley primeramente señalada a regular la fracción XII de dicho apartado A del artículo 123 de la Carta Magna en cuanto a lo relativo al organismo que administra los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda, su organización, funcionamiento, patrimonio y las formas y procedimientos conforme a las cuales los trabajadores podrán obtener financiamiento para la adquisición en propiedad de habitaciones, la aplicación de dichos créditos, etcétera, no significa que la Ley Federal del Trabajo sea la ley especial y la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores sea la ley general, en tanto la segunda no contenía principios generales que la primera regule para hipótesis especiales, sino que cada una tenía su materia propia de regulación y reglamentación, y si bien con las reformas legislativas que se reclaman el legislador establece en la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores cuestiones que con anterioridad había reglamentado en la Ley Federal del Trabajo y que pueden llegar a implicar derogación tácita de lo previsto con anterioridad en esta última ley, de ello no puede derivarse la inconstitucionalidad de la ley que se reclama, pues en la Carta Magna no se establece la obligación para el legislador de que las disposiciones legales que dicte se contengan en un determinado ordenamiento, sino que sólo establece su competencia, de manera tal que si el Congreso de la Unión está facultado constitucionalmente para legislar en la materia, cabe concluir que la ley se ajusta a la Constitución Federal, con independencia de que lo anterior pudiere significar un defecto de técnica legislativa, pues de ello de ninguna manera puede derivarse la inconstitucionalidad de la ley, en tanto se encuentra facultado paradictarlas.
Resulta aplicable al caso, analógicamente en este aspecto, la tesis jurisprudencial 10/91 de la anterior Tercera Sala de esta Suprema Corte de Justicia, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII-Marzo, página 56, que textualmente dice:
"LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAL. ENTRE ELLAS NO EXISTE RELACIÓN JERÁRQUICA, SINO COMPETENCIA DETERMINADA POR LA CONSTITUCIÓN. El artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no establece ninguna relación de jerarquía entre las legislaciones federal y local, sino que en el caso de una aparente contradicción entre las legislaciones mencionadas, ésta se debe resolver atendiendo a qué órgano es competente para expedir esa ley de acuerdo con el sistema de competencia que la norma fundamental establece en su artículo 124. Esta interpretación se refuerza con los artículos 16 y 103 de la propia Constitución: el primero al señalar que la actuación por autoridad competente es una garantía individual, y el segundo, al establecer la procedencia del juicio de amparo si la autoridad local o federal actúa más allá de su competencia constitucional."
La anterior tesis jurisprudencial transcrita resulta aplicable analógicamente al caso, pues aun cuando se refiere a la aparente contradicción entre una ley federal y otra local, lo mismo debe señalarse en torno a la contradicción entre leyes federales respecto de las cuales el artículo 133 de la Carta Magna no establece ninguna relación de jerarquía entre ellas, por lo que en el caso de una supuesta contradicción entre ellas, ésta debe resolverse atendiendo a la competencia del órgano legislativo que las emitió, de manera tal que estando el Congreso de la Unión facultado constitucionalmente para expedir el decreto legislativo de reformas reclamado, cuestión que no se controvierte, las disposiciones que emita sí pueden derogar tácitamente a las anteriores que le sean incompatibles.
El artículo 29, fracción II, primer párrafo de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en su texto reformado mediante el decreto reclamado, dispone:
"Artículo 29. Son obligaciones de los patrones:
"...
"II. Determinar el monto de las aportaciones del cinco por ciento sobre el salario de los trabajadores a su servicio y efectuar el pago en las entidades receptoras que actúen por cuenta y orden del instituto, para su abono en la subcuenta de vivienda de las cuentas individuales de los trabajadores previstas en los sistemas de ahorro para el retiro, en los términos de la presente ley y sus reglamentos, así como en lo conducente, conforme a lo previsto en la Ley del Seguro Social y en la Ley Federal del Trabajo. En lo que corresponde a la integración y cálculo de la base y límite superior salarial para el pago de aportaciones, se aplicará lo contenido en la Ley del Seguro Social."
La Ley del Seguro Social, a la que remite el precepto anteriormente transcrito, establece en su artículo 27, lo siguiente:
"Artículo 27. Para los efectos de esta ley, el salario base de cotización se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria y las gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por sus servicios.
"Se excluyen como integrantes del salario base de cotización, dada su naturaleza, los siguientes conceptos:
"I. Los instrumentos de trabajo tales como herramientas, ropa y otros similares;
"II. El ahorro, cuando se integre por un depósito de cantidad semanaria, quincenal o mensual igual del trabajador y de la empresa; si se constituye en forma diversa o puede el trabajador retirarlo más de dos veces al año, integrará salario; tampoco se tomarán en cuenta las cantidades otorgadas por el patrón para fines sociales de carácter sindical;
"III. Las aportaciones adicionales que el patrón convenga otorgar a favor de sus trabajadores por concepto de cuotas del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez;
"IV. Las aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y las participaciones en las utilidades de la empresa;
"V. La alimentación y la habitación cuando se entreguen en forma onerosa a trabajadores; se entiende que son onerosas estas prestaciones cuando representen cada una de ellas, como mínimo, el veinte por ciento del salario mínimo general diario, que rija en el Distrito Federal;
"VI. Las despensas en especie o en dinero, siempre y cuando su importe no rebase el cuarenta por ciento del salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal;
"VII. Los premios por asistencia y puntualidad, siempre que el importe de cada uno de estos conceptos no rebase el diez por ciento del salario base de cotización;
"VIII. Las cantidades aportadas para fines sociales, considerándose como tales las entregadas para constituir fondos de algún plan de pensiones establecido por el patrón o derivado de contratación colectiva. Los planes de pensiones serán sólo los que reúnan los requisitos que establezca la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, y
"IX. El tiempo extraordinario dentro de los márgenes señalados en la Ley Federal del Trabajo.
"Para que los conceptos mencionados en este precepto se excluyan como integrantes del salario base de cotización, deberán estar debidamente registrados en la contabilidad del patrón."
Por su parte, la Ley Federal del Trabajo en su título cuarto "Derechos y obligaciones de los trabajadores y de los patrones", capítulo III "Habitaciones para los trabajadores", artículo 143, dispone:
"Para los efectos de este capítulo el salario a que se refiere el artículo 136 se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, y las gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregare al trabajador por sus servicios; no se tomarán en cuenta dada su naturaleza, los siguientes conceptos:
"a) Los instrumentos de trabajo, tales como herramientas, ropa y otros similares;
"b) El ahorro, cuando se integre por un depósito de cantidad semanaria o mensual igual del trabajador y de la empresa; y las cantidades otorgadas por el patrón para fines sociales o sindicales;
"c) Las aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y las participaciones en las utilidades de las empresas;
"d) La alimentación y la habitación cuando no se proporcionen gratuitamente al trabajador, así como las despensas;
"e) Los premios por asistencia;
"f) Los pagos por tiempo extraordinario, salvo cuando este tipo de servicios esté pactado en forma de tiempo fijo;
"g) Las cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social a cargo del trabajador que cubren las empresas."
Deriva de los anteriores preceptos legales transcritos que, efectivamente, el artículo 27 de la Ley del Seguro Social, al cual remite el numeral 29, fracción II, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, reformado mediante el decreto reclamado, no coincide, en su totalidad, en los conceptos que excluye como integrantes del salario base de cotización con los previstos en el numeral 143 de la Ley Federal del Trabajo y condiciona la exclusión de algunos rubros a requisitos que esta última ley no establece.
Las anteriores discrepancias no implican que existe la contradicción de leyes que se plantea, en virtud de que habiendo sido la ley reclamada emitida por el mismo órgano legislativo que emitió la Ley Federal del Trabajo, teniendo ambas la misma jerarquía conforme a lo dispuesto por el artículo 133 constitucional y regulando en el aspecto controvertido ambas la misma materia, debe considerarse que la ley posterior deroga a la anterior en las disposiciones que se opongan a ella.
Partiendo de lo anterior, cabe señalar que la derogación expresa no es la única que ha sido admitida en nuestra legislación, pues también cabe la derogación tácita por otra posterior cuando exista plena incompatibilidad entre sus disposiciones, como lo dispone el artículo 9o. del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, al señalar que "La ley sólo queda abrogada o derogada por otra posterior que así lo declare expresamente, o que contenga disposiciones total o parcialmente incompatibles con la ley anterior." y ha sido reconocido por esta Suprema Corte de Justicia, según se advierte de la tesis de la Segunda Sala que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XCIII, página 1833, que textualmente dice:
"DEROGACIÓN DE LAS LEYES. La derogación expresa no es la única prevista y admitida en el derecho mexicano, ya que se estima que una ley queda derogada por otra posterior, cuando existe plena incompatibilidad entre las disposiciones de ambas."
De igual manera, resultan aplicables las siguientes tesis:
"LEY, DEROGACIÓN DE LA. No es exacto que, en todo caso, la ley posterior derogue a la anterior, ya que para que ello ocurra es indispensable que se trate de normas que tengan la misma categoría y el mismo ámbito espacial de vigencia." (Sexta Época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación, Tomo C, Tercera Parte, página 29).
"DEROGACIÓN DE LAS LEYES. Es un principio de universal aplicación, el de que una ley no puede ser derogada sino por otra posterior; y aun la misma autoridad que la expide y tiene derecho para modificarla o derogarla, no puede hacer esto mediante reglamentos ni circulares sino por medio de otra disposición del mismo carácter expedida con iguales formalidades a las establecidas para expedir el precepto legal de que se trata." (Quinta Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIII, página 469).
Debe, finalmente, señalarse que se da debido cumplimiento al artículo 72, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece que en la interpretación, reforma o derogación de las leyes
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4992-b9786d64/conflicto-de-leyes-es-inexistente-cuando-opera-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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