ACTIVO. EL ARTÍCULO 5o., PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, EN CUANTO HACE UNA EXCEPCIÓN A LA AUTORIZACIÓN DE CIERTAS DEDUCCIONES, VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA.
AMPARO EN REVISIÓN 1687/99. SATÉLITES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
CONSIDERANDO:
TERCERO. Previo al análisis de los agravios propuestos por la autoridad recurrente, este órgano jurisdiccional advierte la existencia de una incongruencia en la sentencia que se combate, cuya corrección procede a realizar de manera oficiosa, a fin de evitar posibles confusiones respecto a la concesión del amparo respecto del artículo 5o. de la Ley del Impuesto al Activo.
Sustenta esta determinación, la tesis P./J. 133/99, que aparece publicada en la página 36 del Tomo X, noviembre de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyos rubro y texto son los siguientes:
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: X, noviembre de 1999
"Tesis: P./J. 133/99
Página: 36
"SENTENCIA DE AMPARO. INCONGRUENCIA ENTRE LOS RESOLUTIVOS Y LA PARTE CONSIDERATIVA, EL TRIBUNAL REVISOR DEBE CORREGIRLA DE OFICIO. Siendo el dictado de las sentencias de amparo y su correcta formulación una cuestión de orden público, al constituir la base del cumplimiento correcto que eventualmente pudiera darse a la ejecutoria de amparo, evitando ejecutorias forzadas e incongruentes que lleven a un imposible cumplimiento, además de que en las incongruencias puedan verse involucradas causales de improcedencia que son también de orden público y de estudio oficioso, y en atención a que el artículo 79 de la Ley de Amparo otorga al juzgador la facultad de corregir los errores en la cita de garantías violadas, para amparar por las realmente transgredidas dicha facultad debe ser aplicada, por igualdad de razón, al tribunal revisor para corregir de oficio las incongruencias que advierta en las sentencias, ajustando los puntos resolutivos a las consideraciones de la misma, pues son éstas las que rigen el fallo y no los resolutivos, contemplándose la posibilidad de que, en el supuesto de que una incongruencia fuese de tal modo grave que su corrección dejara a alguna de las partes en estado de indefensión, el órgano revisor revocará la sentencia y ordenará la reposición del procedimiento para que el Juez de Distrito emita otra resolución, toda vez que es un error no imputable a ninguna de las partes y que puede depararles un perjuicio no previsto en su defensa. Lo anterior no debe confundirse con la suplencia de la queja, en virtud de que la coherencia en las sentencias de amparo al igual que la improcedencia del juicio es de orden público y por ello de estudio oficioso, y la suplencia de la queja presupone la interposición del medio de defensa por la parte perjudicada y sólo se lleva a cabo en los supuestos previstos por el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, para beneficio o por interés del sujeto a quien se le suple la queja, y no del bien común de la sociedad que deposita su orden jurídico, entre otros, en los órganos judiciales. Por las razones expuestas se abandona el criterio sostenido en la tesis visible en las páginas mil doscientos cuarenta y siete y mil doscientos cuarenta y ocho de la Primera Parte, Sección Segunda del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete a mil novecientos ochenta y ocho, cuyo rubro dice: ‘SENTENCIA DE AMPARO CONTRA LEYES. INCONGRUENCIA ENTRE LOS RESOLUTIVOS Y LA PARTE CONSIDERATIVA. CUÁNDO NO PUEDE CORREGIRSE DE OFICIO.’, en virtud de que éste se supera con lo mencionado, toda vez que, como se explicó el dictado de la sentencia y su congruencia son de orden público, y por ende, de estudio oficioso, existiendo la posibilidad de revocar la sentencia y ordenar la reposición del procedimiento para el efecto de que se dicte otra, cuando la corrección de la incongruencia sea de tal manera grave que se deje en estado de indefensión a alguna de las partes, pero de no ser así, el órgano revisor de oficio debe corregir la incongruencia que advierta en la sentencia recurrida, máxime que se encuentra sub júdice y constituirá la base del cumplimiento que eventualmente pudiera dársele.
"Amparo en revisión 440/93. Semillas Agrícolas Balanceadas de México, S.A. de C.V. 30 de septiembre de 1996. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Humberto Román Palacios y Juan N. Silva Meza. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro.
"Amparo en revisión 135/98. Hotelera Los Cabos, S.A. de C.V. 4 de febrero de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Humberto Román Palacios y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.
"Amparo en revisión 1475/98. Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo. 11 de mayo de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Antonio Espinoza Rangel.
"Amparo en revisión 340/99. Mario Fregoso Macías o Efrén Fregoso. 10 de agosto de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: José Vicente Aguinaco Alemán y José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Olga María Sánchez Cordero. Secretaria: Claudia Mendoza Polanco.
"Amparo en revisión 1229/98. Concepción Castañares de Ley. 24 de agosto de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: José Luis González.
"El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veintiséis de octubre en curso, aprobó, con el número 133/1999, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintiséis de octubre de mil novecientos noventa y nueve.
"Nota: Esta tesis abandona el criterio sustentado en la tesis: ‘SENTENCIA DE AMPARO CONTRA LEYES. INCONGRUENCIA ENTRE LOS RESOLUTIVOS Y LA PARTE CONSIDERATIVA. CUÁNDO NO PUEDE CORREGIRSE DE OFICIO.’, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Primera Parte, Sección Segunda, página 1247."
En el caso que nos ocupa, la Juez del conocimiento, en el considerando segundo de la sentencia recurrida, estimó que debía sobreseerse en relación con el artículo 5o. de la Ley del Impuesto al Activo, en tanto de la lectura integral de la demanda se advertía que la parte quejosa no había formulado argumento alguno encaminado a demostrar la violación a los artículos 14 y 22 constitucionales y que, por tanto, era imposible jurídicamente hacer un examen de la constitucionalidad del precepto reclamado en función de éstos.
Pues bien, dicha determinación resulta errónea, en la medida en que el análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del precepto reclamado deberá realizarse atendiendo a los planteamientos que en forma integral se hicieron valer en los conceptos de violación respectivos y, si en éstos no se combate específicamente algún tema ésta será una cuestión del fondo del asunto que, en su caso, provocará la negativa del amparo por inoperancia o insuficiencia de los argumentos propuestos, pero no el sobreseimiento en relación con el artículo reclamado.
Es decir, si en la demanda de garantías se reclamó esencialmente el artículo 5o. de la Ley del Impuesto al Activo y se plantearon diversos razonamientos para demostrar su inconstitucionalidad, es claro que es indebido sobreseer respecto al artículo reclamado en función de la ausencia de argumentos más o menos específicos sobre su inconstitucionalidad, cuando, posteriormente, en diverso considerando se está concediendo el amparo solicitado contra ese mismo precepto reclamado, provocándose confusión respecto a si se sobreseyó o no en relación con éste.
En estas circunstancias, debe declararse insubsistente el sobreseimiento decretado por el a quo respecto del artículo 5o. de la ley reclamada.
CUARTO. De igual manera, esta Primera Sala advierte la existencia de otra incongruencia en la resolución que se revisa, ya que el Juez de Distrito no se pronunció respecto de todos los actos reclamados en la demanda de garantías, misma que se procede a corregir oficiosamente, en virtud de que, conforme a lo dispuesto en el artículo 91, fracción I, de la Ley de Amparo, en el recurso de revisión no existe reenvío.
En apoyo de lo anterior, cabe citar la jurisprudencia número 58/99 de la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo criterio comparte esta Primera Sala, y su rubro, texto y datos de localización son los siguientes:
"Novena Época
"Instancia: Segunda Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: IX, junio de 1999
"Tesis: 2a./J. 58/99
"Página: 35
"ACTOS RECLAMADOS. LA OMISIÓN DE SU ESTUDIO EN LA SENTENCIA RECURRIDA DEBE SER REPARADA POR EL TRIBUNAL REVISOR, A PESAR DE QUE SOBRE EL PARTICULAR NO SE HAYA EXPUESTO AGRAVIO ALGUNO EN LA REVISIÓN. Si al resolver el recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia dictada en la audiencia constitucional de un juicio de amparo, se descubre la omisión de pronunciamiento sobre actos reclamados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento en términos de lo establecido por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, toda vez que la falta de análisis de un acto reclamado no constituye una violación procesal porque no se refiere a la infracción de alguna regla que norme la secuela del procedimiento, ni alguna omisión que deje sin defensa al recurrente o pueda influir en la resolución que deba dictarse en definitiva, entrañando sólo una violación al fallar el juicio que, por lo mismo, es susceptible de reparación por la autoridad revisora, según la regla prevista por la fracción I del citado artículo 91, conforme a la cual no es dable el reenvío en el recurso de revisión. No es obstáculo para ello que sobre el particular no se haya expuesto agravio alguno, pues ante la advertida incongruencia de una sentencia, se justifica la intervención oficiosa del tribunal revisor, dado que al resolver debe hacerlo con la mayor claridad posible para lograr la mejor comprensión de su fallo, no siendo correcto que soslaye el estudio de esa incongruencia aduciendo que no existe agravio en su contra, ya que esto equivaldría a que confirmara una resolución incongruente y carente de lógica; además, si de conformidad con el artículo 79 de la legislación invocada, es obligación del juzgador corregir los errores que advierta en cuanto a la cita de los preceptos constitucionales, otorgando el amparo respecto de la garantía que aparezca violada, por mayoría de razón, el revisor debe corregir de oficio las incongruencias que advierta en el fallo que es materia de la revisión.
"Amparo en revisión 3387/97. Gladys Franco Arndt. 13 de marzo de 1998. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Armando Cortés Galván.
"Amparo en revisión 3198/98. Verónica Val Romero. 27 de enero de 1999. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Homero Fernando Reed Ornelas.
"Amparo en revisión 2890/98. Sindicato Único Independiente de los Trabajadores al Servicio del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco. 24 de febrero de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Irma Rodríguez Franco.
"Amparo en revisión 3236/98. Servicios Cinemark, S.A. de C.V. 24 de febrero de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Angélica Sanabria Martínez.
"Amparo en revisión 149/99. Leopoldo Morales Burciaga. 5 de marzo de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Irma Rodríguez Franco.
"Tesis de jurisprudencia 58/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve."
En efecto, de la demanda de garantías se aprecia que la parte quejosa señaló como actos reclamados:
"1. Del H. Congreso de la Unión, se reclama: a) La aprobación y expedición del decreto legislativo que contiene la ley que establece, reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones fiscales, expedido el 27 de diciembre de 1988, exclusivamente por cuanto a que en su capítulo V, artículo décimo, establece el impuesto al activo de las empresas de conformidad con las disposiciones que se denominan ‘Ley del Impuesto al Activo de las Empresas’, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1988 y en vigor a partir del 1o. de enero de 1989. b) La aprobación y expedición del decreto legislativo que contiene la ley que establece, reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones fiscales y adiciona la Ley General de Sociedades Mercantiles, expedido el 19 de diciembre de 1989, específicamente el capítulo VI, mediante el cual se reforma, adiciona y deroga la Ley del Impuesto al Activo de las Empresas, y se modifica su denominación para quedar como sigue: ‘Ley del Impuesto al Activo’, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 1989’. c) La aprobación y expedición del decreto legislativo que contiene la ley que establece, reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones fiscales y que reforma otras leyes federales, expedido el 17 de diciembre de 1990, específicamente el capítulo V, mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Activo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de diciembre de 1990. d) La aprobación y expedición del decreto legislativo que contiene la ley que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones fiscales, expedido el 17 de diciembre de 1991, específicamente su artículo noveno, mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Activo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 1991. En lo particular, mi mandante impugna por inconstitucional, de manera independiente y por separado, el primer y el segundo párrafo del artículo 5o. de la Ley del Impuesto al Activo. En efecto, en primer término es materia de la presente demanda el primer párrafo del artículo 5o. de la Ley del Impuesto al Activo cuyo texto vigente, es el siguiente: ‘Artículo 5o. Los contribuyentes podrán deducir del valor del activo en el ejercicio, las deudas contratadas con empresas residentes en el país o con establecimientos permanentes ubicados en México de residentes en el extranjero, siempre que se trate de deudas no negociables. También podrán deducirse las deudas negociables en tanto no se le notifique al contribuyente la cesión del crédito correspondiente a dichas deudas a favor de una empresa de factoraje financiero, y aun cuando no habiéndole notificado la cesión el pago de la deuda se efectúe a dicha empresa o a cualquier otra persona no contribuyente de este impuesto.’. El párrafo anteriormente transcrito se combate, pues resulta violatorio de las garantías de proporcionalidad y equidad tributaria al sólo permitir la deducción de las deudas contratadas con empresas residentes en México o establecimientos permanentes en el país de residentes en el extranjero, es decir, al no permitir la deducción de las deudas contratadas directamente con empresas residentes en el extranjero que no tienen un establecimiento permanente en México. Adicionalmente, y de manera independiente a lo anterior, mi mandante también impugna por inconstitucional lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 5o. de la Ley del Impuesto al Activo que señala textualmente lo siguiente: ‘No son deducibles las deudas contratadas con el sistema financiero o con su intermediación.’. El párrafo anteriormente transcrito se combate en tanto que no permite la deducción de deudas contratadas con el sistema financiero mexicano o con su intermediación. 2. Del C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos se reclama: La promulgación y orden de expedición de los decretos legislativos que han quedado señalados en el numeral que antecede, los cuales contienen las disposiciones cuya inconstitucionalidad se reclama. 3. Del. C. Secretario de Gobernación, se reclama el refrendo de los decretos promulgatorios de los decretos legislativos que han quedado debidamente señalados en el punto 1 anterior, como actos reclamados del H. Congreso de la Unión. 4. Del C. Secretario de Hacienda y Crédito Público reclamo: a) El refrendo de los decretos ejecutivos que han quedado precisados en el punto número 2 de esta demanda como actos reclamados al C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. b) La recaudación a los ingresos correspondientes a los impuestos autodeterminados por mi mandante la declaración presentada el 31 de marzo de 1999. 5. Del C. Director del Diario Oficial de la Federación se reclama la publicación de los decretos a que se hace referencia en los incisos anteriores, en las fechas también señaladas."
Ahora bien, al emitir la resolución recurrida, en el considerando segundo el Juez de Distrito decretó el sobreseimiento respecto del artículo 5o. de la Ley del Impuesto al Activo, con apoyo en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, por estimar que se actualizó la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73, en relación con el artículo 116, fracción V, de la Ley de Amparo, al no formularse conceptos de violación que demostraran la contravención de dicho precepto respecto de los artículos 14 y 22 constitucionales.
Asimismo, decretó el sobreseimiento en el juicio de garantías por lo que hace al segundo párrafo del artículo 5o. de la Ley del Impuesto al Activo, por considerar actualizada la causal de improcedencia establecida en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa no demostró su interés jurídico al no acreditar estar en el supuesto previsto en la norma reclamada.
Por último, procedió al análisis de los conceptos de violación que se formularon respecto del primer párrafo del artículo 5o. de la Ley del Impuesto al Activo, en los que se alegó, sustancialmente, que el citado precepto era violatorio de la garantía de equidad y proporcionalidad tributarias, establecidas en el artículo 31, fracción IV, constitucional, y los estimó infundados e inoperantes por insuficientes, por lo que negó a la parte quejosa el amparo solicitado.
Precisado lo anterior, debe decirse que el Juez de Distrito omitió pronunciarse en cuanto a la totalidad de los actos reclamados en la demanda de garantías, ya que únicamente lo hizo en cuanto al artículo 5o. de la Ley del Impuesto al Activo vigente en la época de la presentación de la demanda, contraviniendo con ello el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, que dice:
"Artículo 77. Las sentencias que se dicten en los juicios de amparo deben contener:
"I. La fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. ..."
En estas condiciones, respecto de los actos reclamados cuyo estudio omitió el Juez de Distrito, esta Primera Sala advierte la existencia de la causal de improcedencia establecida en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 116, fracción V, de la ley, toda vez que la parte quejosa no formuló conceptos de violación en contra de los actos de referencia, la que se hace valer de oficio conforme a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la ley de la materia.
En efecto, en sus conceptos de violación la parte quejosa no vertió ningún razonamiento jurídico alguno que demostrara que los decretos reclamados violaron sus garantías individuales, sino que éstos los encaminó, sustancialmente, a evidenciar que el artículo 5o. primer y segundo párrafos de la Ley del Impuesto al Activo, es violatorio de las garantías de equidad y proporcionalidad tributarias, establecidas en el artículo 31, fracción IV, constitucional.
Ahora bien, el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, dice:
"Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente:
"...
"XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley. ..."
El artículo 116, fracción V, de la mencionada ley, dispone:
"Artículo 116. La demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán:
"...
"V. Los preceptos constitucionales que contengan las garantías individuales que el quejoso estime violadas, así como el concepto o conceptos de las violaciones, si el amparo se pide con fundamento en la fracción I del artículo 1o. de esta ley. ..."
Atento a lo anterior, es evidente que en el caso se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 116, fracción V, de la misma ley, antes transcritos, en virtud de que la parte quejosa no formuló conceptos de violación en contra de los decretos reclamados, ya que, como ya se dijo, únicamente combatió la inconstitucionalidad del artículo 5o. de la Ley del Impuesto al Activo, en su texto vigente en la fecha de presentación de su demanda de amparo, por lo que, con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías por lo que se refiere a los actos reclamados mencionados en el resultando primero de la presente resolución, con excepción del artículo 5o., primer y segundo párrafos, de la Ley del Impuesto al Activo reclamado, que será analizado en los siguientes considerandos.
En apoyo de lo anterior cabe citar la jurisprudencia 3a./J. 28/93, emitida por la Tercera Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo criterio se comparte por esta Primera Sala, y sus datos de localización, rubro y texto, son los siguientes:
"Octava Época
"Instancia: Tercera Sala
"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
"Número: 72, diciembre de 1993
"Tesis: 3a./J. 28/93
"Página: 38
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN DEMANDAS DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO NO EXISTEN DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO Y NO NEGAR EL AMPARO. Si se omite en la demanda de amparo expresar los conceptos de violación, o sólo se combate el acto reclamado diciendo que es incorrecto, infundado, inmotivado, o utilizando otras expresiones semejantes, pero sin razonar por qué se considera así, tales afirmaciones tan generales e imprecisas, no constituyen la expresión de conceptos de violación requerida por la fracción V del artículo 116 de la Ley de Amparo, y el Juez de Distrito, salvo el caso de suplencia de la queja deficiente, no puede juzgar sobre la constitucionalidad de los actos reclamados sin la existencia de conceptos de violación, lo cual determina la improcedencia del juicio, de conformidad con la fracción XVIII del artículo 73, en relación al artículo 116, fracción V, de la Ley de Amparo, y con apoyo en el artículo 74, fracción III, de dicha ley, debiéndose sobreseer en el juicio y no negar el amparo.
"Amparo en revisión 3088/89. Jorge Cores Muradas. 21 de mayo de 1990. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio Hugo Chapital Gutiérrez. Ponente: Salvador Rocha Díaz. Secretario: José Pastor Suárez Turnbull.
"Amparo en revisión 583/91. Gustavo Ramírez Rodríguez. 15 de abril de 1991. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Salvador Rocha Díaz. Secretario: José Pastor Suárez Turnbull.
"Amparo en revisión 1196/92. Duque, S.A. 20 de septiembre de 1993. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Miguel Montes García. Secretario: Ignacio Navarro Rábago.
"Amparo en revisión 1241/92. Bodegas Costa Chica, S.A. 20 de septiembre de 1993. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Miguel Montes García. Secretario: Ignacio Navarro Rábago.
"Amparo en revisión 1242/92. Distribuidora Manyol, S.A. 20 de septiembre de 1993. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Miguel Montes García. Secretario. Ignacio Navarro Rábago.
"Tesis jurisprudencial 28/93. Aprobada por la Tercera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de quince de noviembre de mil novecientos noventa y tres, por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros, presidente José Trinidad Lanz Cárdenas, Mariano Azuela Güitrón, Sergio Hugo Chapital Gutiérrez y Miguel Montes García."
QUINTO. Por lo que hace al párrafo segundo del artículo 5o. de la Ley del Impuesto al Activo el Juez de Distrito decretó el sobreseimiento en el juicio de garantías, con apoyo en la fracción III del artículo 74 de la Ley de Amparo, por estimar que en el caso se actualizó la causal de improcedencia establecida en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa no acreditó estar dentro del supuesto de la norma reclamada; esto es, no exhibió documental alguna que demostrara que tenía deudas con empresas que formaran parte del sistema financiero o con alguno de sus intermediarios, ya que con las facturas que exhibió como prueba de su parte sólo demostró que durante mil novecientos noventa y ocho hizo diversas compras a nombre de la empresa quejosa, pero no que la cantidad parcial o total de dichas facturas se adeudara a alguna institución financiera o intermediaria de ésta.
Asimismo, consideró que por lo que hace a la declaración anual que la quejosa exhibió, de ella sólo se desprendió en la parte conducente al impuesto al activo, el promedio de deudas relativo al artículo 5o. de la Ley del Impuesto al Activo que tuvo durante el periodo a declarar, pero no cómo adquirió dichas deudas o, en su caso, quien las asumió durante el ejercicio fiscal de mil novecientos noventa y ocho.
La parte recurrente (quejosa) aduce en sus agravios que el Juez de Distrito debió apreciar que con las constancias que exhibió con su demanda demostró que durante el ejercicio de mil novecientos noventa y ocho tuvo deudas con empresas aseguradoras que forman parte del sistema financiero.
Esta Primera Sala estima fundado y suficiente para revocar la resolución que se revisa, el anterior agravio, atento a lo siguiente:
De la demanda de garantías se advierte que la parte quejosa reclamó sustancialmente la inconstitucionalidad del artículo 5o., primero y segundo párrafos, de la Ley del Impuesto al Activo.
El artículo 5o. de la Ley del Impuesto al Activo establece:
"Artículo 5o. Los contribuyentes podrán deducir del valor del activo en el ejercicio, las deudas contratadas con empresas residentes en el país o con establecimientos permanentes ubicados en México de residentes en el extranjero, siempre que se trate de deudas no negociables. También podrán deducirse las deudas negociables en tanto no se le notifique al contribuyente la cesión del crédito correspondiente a dichas deudas a favor de una empresa de factoraje financiero. Y aun cuando no habiéndosele notificado la cesión el pago de la deuda se efectúe a dicha empresa o a cualquier otra persona no contribuyente de este impuesto. No son deducibles las deudas contratadas con el sistema financiero o con su intermediación."
Del artículo antes transcrito se desprende que se autoriza a los contribuyentes a deducir ciertas deudas del valor del activo en el ejercicio, y se les prohíbe deducir aquellas que tengan contratadas con el sistema financiero o su intermediación.
Luego, para demostrar plenamente el interés jurídico que le asiste a la promovente del juicio de garantías para impugnar el segundo párrafo del artículo 5o. de la Ley del Impuesto al Activo, con motivo de un acto concreto de aplicación, es necesario que acredite: A) Ser contribuyente de dicha contribución; B) Que se ubica en la hipótesis legal que la establece, esto es, que tiene contratadas deudas con el sistema financiero; y C) Que exhiba la declaración anual que demuestre el acto de aplicación.
En efecto, existen mecanismos de tributación que son simples, cuyos elementos esenciales, tales como sujeto, objeto, base y tasa, requieren cálculos básicos que no necesitan una mayor pormenorización en la ley. Así, a medida que un tributo se torna complejo, por adicionarse mayores elementos que pueden considerarse al realizar su cálculo, surgen previsiones legales que son variables; es decir, que no se aplican a todos los contribuyentes, sino sólo a aquellos que se ubiquen en sus hipótesis jurídicas, como sucede, por ejemplo, en los impuestos al activo y sobre la renta.
En consecuencia, podría decirse que existen dos clases de normas tributarias, las que establecen los elementos esenciales de las contribuciones y aquellas que prevén variables que se aplican a dichos elementos esenciales. En el caso de las primeras, de concederse el amparo, su efecto produciría que el gobernado no se encontrara obligado a cubrir el tributo, al afectarse el mecanismo impositivo esencial cuya transgresión por el legislador no permite que sus elementos puedan subsistir, porque al estar viciado uno de ellos, todo el sistema se torna inconstitucional. Lo anterior no ocurre cuando la inconstitucionalidad se presenta en un elemento variable, puesto que el efecto del amparo no afectará el mecanismo esencial del tributo, dado que se limitará a remediar el vicio de la variable de que se trate, para incluirla de una manera congruente con los elementos esenciales sin que se afecte con ello a todo el sistema del impuesto.
En este caso se encuentra el artículo 5o., segundo párrafo, de la Ley del Impuesto al Activo, que establece la imposibilidad de deducir deudas contratadas con el sistema financiero o con su intermediación, puesto que las reglas que rigen a los elementos esenciales de la contribución se establecen en diversos preceptos legales, siendo que la posibilidad de deducir deudas contratadas con el sistema financiero, si bien atañe al cálculo de la base gravable, es una variable que no se da en todos los contribuyentes del impuesto, sino sólo en aquellos que tienen contratadas esa clase de deudas; por ende, el amparo que eventualmente se llegara a conceder, en caso de que así procediera, produciría el efecto de permitir a la quejosa la deducción de las deudas aludidas, sin que con ello quede eximido de pagar el tributo, pues el vicio de inconstitucionalidad planteado no alcanza la totalidad del sistema impositivo, sino sólo una variable que se aplica a la base.
Por lo anterior, para acreditar el
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18363-f443618c/activo-el-articulo-5o-parrafo-primero-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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