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Modo: Corpus Pro

AMPARO DIRECTO IMPROCEDENTE. SI YA SE RESOLVIO EL FONDO DEL ASUNTO EN OTRO JUICIO DE GARANTIAS, LA CUESTION DE PERSONALIDAD YA NO PUEDE PLANTEARSE EN UN NUEVO AMPARO (INTERRUPCION DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCION QUE DESECHA LA EXCEPCION DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA"). PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCION QUE DIRIME ESTA CUESTION, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCION QUE DESECHA LA EXCEPCION DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA"). PERSONALIDAD. LA FACULTAD DE LAS JUNTAS DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DE DECIDIR SOBRE ELLA CONFORME AL ARTICULO 693 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, NO ES VIOLATORIA DE LA GARANTIA DE IGUALDAD PROCESAL.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 6/95. · Registro digital (IUS): 4001
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: G.S. COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. Y OTROS.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Noviembre de 1996, , Pág. 70.

AMPARO EN REVISION 6/95. G.S. COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. Y OTROS.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO. Los agravios expresados por la parte recurrente, son del tenor literal siguiente:

"A). Parte de la resolución que lo causa: '...El artículo 4o. de la Ley de Amparo, establece 'El juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional y el reglamento o cualquier otro acto que se reclame, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal por medio de algún pariente o persona extraña en los casos en que esta Ley lo permita expresamente; y sólo podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o por su defensor...' En este caso concreto el promovente del amparo exhibió para acreditar el carácter con que se ostenta una copia certificada por el secretario de acuerdos de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, del testimonio de la escritura pública número 105 de fecha 09 de julio de mil novecientos noventa y tres otorgada ante la fe del notario público adscrito a la Notaría 16 de Guadalajara, Jalisco, relacionándola con las cartas poder ambas de fecha dieciocho de octubre del año en curso, otorgada por los señores Alberto Contreras Salas y José María Salas Vallespir, documentos que obran a fojas 8, 9, 25 a 33 de los autos. De los documentos referidos anteriormente se desprende que el promovente del amparo Alfredo Angel Saldívar no acredita en forma alguna ser apoderado de G.S. COMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, en atención a las siguientes consideraciones: Las cartas poder de fecha dieciocho de octubre del año en curso, por la que los señores Alberto Contreras Salas y José María Salas Vallespir respectivamente otorgan poder a los licenciados Alfredo Angel Saldívar, Teodoro Juárez, Julio César Saldívar, Gonzalo Blancas, Fernando Robles y Gabriel Rojas, por la forma en que están redactadas evidencian que sus otorgantes confirieron las cartas poder en cuestión, en forma personal y no como representante o apoderado de la sociedad demandada G.S. COMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, circunstancia que además es de hacer notar, no es posible toda vez que el instrumento notarial número 105 de fecha nueve de julio de mil novecientos noventa y tres, fojas 25 a 33 en que el señor ingeniero José María Salas Vallespir, en representación de la empresa G.S. COMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, confirió poder general para pleitos y cobranzas y actos de administración a favor de los señores: licenciado Alberto Contreras Salas e ingeniero Carlos Prado Torrero, no contiene cláusula de sustitución, la cual debe necesariamente ser expresa. A mayor abundamiento es pertinente mencionar con independencia de lo anterior, que la copia certificada del instrumento notarial con el que pretende acreditar personalidad el promovente, por referirse al otorgamiento de un poder realizado por el representante legal de una sociedad mercantil, de ninguna manera resulta documento eficaz para acreditar que el otorgante de un nuevo poder por la sociedad, tenga facultades para ello debiendo tomar en consideración que como antes se apuntó el promovente pretende acreditar en el amparo su carácter de apoderado en términos del documento notarial multicitado, relacionándolo con las cartas poder antes aludidas sin que en ningún momento hubiera solicitado el reconocimiento de su personalidad en términos del artículo 13 de la Ley de Amparo, sin que sea óbice para lo anterior el hecho de que por acuerdo de fecha veinticuatro de octubre del año en curso se haya admitido la demanda de garantías pues ello no significa que se subsane la falta de personalidad del promovente, personalidad que por ser de orden público puede examinarse de oficio en cualquier momento procesal, por lo que si se advierte que quien promovió el amparo no la acreditó nada impide que se sobresea en el mismo. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Segunda Parte, año 1917-1988, número 1302, página 2107, del tenor siguiente: 'PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL. La personalidad debe ser examinada en cualquier estado del juicio y aun de oficio, por ser la base fundamental del procedimiento. Como consecuencia, de no encontrarse justificada, con fundamento en los artículos 4o. y 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, procede sobreseer el juicio de garantías.' En las relacionadas circunstancias y al no haber acreditado el solicitante del juicio de garantías la personalidad con que se ostentó, se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo procede sobreseer en el presente juicio. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 76, 80 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO... Así pues, la sentencia que se recurre causa agravio a los derechos e intereses de los quejosos recurrentes, por razón de que al dictarse el sobreseimiento de la instancia constitucional por el a quo lo hace basándose en una inadecuada apreciación y análisis de las constancias procesales de que dispuso, ya que de haberlos examinado detenidamente se habría percatado de que con las cartas poder e instrumentos notariales y demás constancias procesales que se acompañaron al escrito inicial peticionario de garantías clara y legalmente habría deducido de que el ocursante Alfredo Angel Saldívar sí se encontraba debidamente autorizado y ostentando la representación legal de todos y cada uno de los quejosos, y no como erróneamente lo concluyó el Juez de Distrito en la parte considerativa de la sentencia que se impugna, en la que destacan dos vertientes: La primera en el sentido de que malinterpreta que quien otorga el poder al suscrito por G.S. COMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, lo es el diverso apoderado Alberto Contreras Salas en cuyo caso el argumento que refiere sí sería atendible en el sentido de que para que dicha persona pudiera sustituir poder en favor del emitente debía contar con facultades expresas, pasándole desapercibido que quien confirió poder al de la voz lo era el ingeniero José María Salas Vallespir, por sí y como representante legal de G.S. COMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, en la que detenta el cargo de administrador general y posee como facultades las de entre otras NOMBRAR GERENTES Y APODERADOS GENERALES O ESPECIALES, aspectos todos estos visibles a foja 6 del instrumento notarial número 105 exhibido en forma anexa a la demanda de garantías y ante tales circunstancias, su considerando en el aspecto que nos ocupa no se encuentra apegado a derecho ni a la realidad de los hechos. La segunda porque en forma por demás rigorista e ilegal, contraria a todo sistema jurídico establece que no se reconoce la personalidad de Alfredo Angel Saldívar como apoderado de G.S. COMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, por razón de que no lo solicitó en términos del artículo 13 de la Ley de Amparo, exigiendo para la acreditación de la personalidad UN MERO FORMALISMO O SOLEMNIDAD NO PREVISTAS Y NI MUCHO MENOS EXIGIDAS POR LA LEY, ya que de haber interpretado correctamente el artículo 13, cuyo texto transcribo a continuación habría llegado de nueva cuenta a constatar la real y legal representación de Alfredo Angel Saldívar como apoderado de la sociedad multicitada, veamos. 'Artículo 13. Cuando alguno de los interesados tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, tal personalidad será admitida en el juicio de amparo para todos los efectos legales, siempre que compruebe tal circunstancia con las constancias respectivas.'- En este tenor de ideas el Juez de Distrito para reconocer la personería UNICA Y EXCLUSIVAMENTE Y SIN REQUERIR MAYOR FORMALISMO O SOLEMNIDAD debió con base en las constancias a su alcance determinar si como lo exigía el precepto transcrito se estaba acreditando por Alfredo Angel Saldívar tener por reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, y en ese sentido, debió observar que acompañando al escrito peticionario de garantías se anexaron en copias certificadas una serie de constancias procesales relativas al expediente 156/94 tramitado ante la autoridad responsable en el que el referido Alfredo Angel Saldívar tenía debidamente reconocida su personalidad, concretamente en el proveído de fecha cinco de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro por dicha circunstancia y sin más trámite también debió reconocerse que la séptima hoja, párrafo último del escrito inicial peticionario de garantías al solicitar el reconocimiento de personalidad por el multirreferido Alfredo Angel Saldívar también se manifestó tenerla debidamente acreditada ante la autoridad responsable 156/94, del que se derivaron los actos en él reclamados y es por ello que el a quo en estricto y cabal cumplimiento de sus obligaciones también debió tomar en cuenta al examinar la personería dicha manifestación y dichas constancias y al no haberlo hecho es por lo que se causa agravio a los hoy quejosos, pues para tal fin se requiere LA SOLA MENCION DEL HECHO Y NO LA INVOCACION DEL DERECHO, PUES DECIR EL DERECHO LE CORRESPONDE A LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL. SEGUNDO. También se causa agravio a los quejosos por virtud de que si bien es cierto como lo señala el a quo la personalidad puede ser revisada AUN DE OFICIO Y EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, A ELLO DEBIO ABOCARSE (sic) DESDE EL MOMENTO DE ADMITIR LA DEMANDA Y SI BIEN SE ADVERTIA ALGUNA IRREGULARIDAD O ANOMALIA EN TORNO A LA MISMA DEBIO PROCEDER A REQUERIR A LOS QUEJOSOS PARA SUBSANARLAS EN TERMINOS DEL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO, para que obrando en justicia y con equidad los hoy quejosos estuvieran en oportunidad de realizar lo conducente y no declarar que existe anomalía o irregularidad hasta su sentencia en donde desde luego ya no podría ser subsanada, tal y como el propio a quo lo señala. TERCERO. Se causa agravio también a los derechos e intereses personalísimos de los señores Alberto Contreras Salas y José María Salas Vallespir, por motivo de que al resolver mediante sentencia del quince de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro la instancia constitucional, el a quo omite entrar y resolver el fondo del asunto por cuanto a estas personas físicas se refiere, ya que si se observa el escrito inicial de demanda de amparo podrá observarse que la promueve G.S. COMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, José María Salas Vallespir y Alberto Contreras Salas, debiendo destacarse en este apartado que el sobreseimiento se funda en que supuestamente no se acreditó la personería y representación por G.S. COMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE y no así por la falta de personalidad respecto de José María Salas Vallespir y Alberto Contreras Salas, por lo que en tales condiciones al sobreseerse la instancia constitucional por cuanto a estas personas se refiere es por lo que se les causa agravio y lesiona su esfera de derechos. CUARTO. Por último, la sentencia impugnada en sí misma resulta incongruente y contradictoria pues por un lado afirma que no tiene a la vista cartas poder por persona autorizada de G.S. COMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, y en su considerando primero visible a foja 81 de los autos del juicio de amparo natural establece que 'el promovente del amparo exhibió para acreditar el carácter con que se ostenta una copia certificada por el secretario de acuerdos de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, del testimonio de la escritura pública número 105 de fecha nueve de julio de mil novecientos noventa y tres otorgada ante la fe del notario público adscrito a la Notaría Número 16 de Guadalajara, Jalisco, relacionándola con las cartas poder, ambas de fecha dieciocho de octubre del año en curso, otorgadas por Alberto Contreras Salas y José María Salas Vallespir, documentos que obran a fojas 8, 9 y 25 a 33 de los autos.' Ahora bien, si se observan las fojas que refiere el Juez de Distrito, podrá constatarse que corresponden a las cartas poder e instrumento notarial con base a las cuales la autoridad responsable, RECONOCIO PERSONALIDAD A ALFREDO ANGEL SALDIVAR COMO APODERADO LEGAL DE ALBERTO CONTRERAS SALAS, JOSE MARIA SALAS VALLESPIR Y SOBRE TODO DE G.S. COMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, por cuyo motivo al momento de examinar la personalidad el a quo sí tuvo elementos bastantes más que suficientes para reconocer la personalidad del ocursante y por consiguiente para entrar al estudio y resolución del fondo del negocio y por tanto la resolución que aquí se impugna resulta altamente contradictoria e incongruente por lo antes dicho, causando agravio a los quejosos, lo que incluso debió advertir el a quo con las pruebas y constancias anexas al informe justificado de la responsable, cuyo estudio y valoración omitió de las que también desprendía la personería. Se acompañan al presente como prueba copia certificada en el juicio de amparo pral. 717/94 en cuyas fojas 13 a 55 y 62 a 83 se podrán constatar los elementos de que el a quo dispuso para tener por acreditada la personería de Alfredo Angel Saldívar, concretamente a fojas 54 y 75 de dichas copias certificadas.'"

TERCERO. Del proemio de la demanda de amparo se advierte que Alfredo Angel Saldívar, promovió el juicio en representación de G.S. COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., José M. Salas Vallespir y Alberto Contreras Salas; asimismo, que en el auto de veinticuatro de octubre de mil novecientos noventa y cuatro, el Juez de Distrito la admitió únicamente respecto de G.S. COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., e incluso en la sentencia se pronunció únicamente en relación a dicha quejosa; así como que el auto admisorio no fue objeto de impugnación por esa omisión.

Ante esa incongruencia de la sentencia, procede, oficiosamente, subsanar esa omisión teniendo en cuenta que la sentencia de amparo debe guardar el principio de congruencia que obliga al órgano jurisdiccional a realizar pronunciamiento sobre todos los actos reclamados, y a tener en cuenta a todas las personas que promovieron el juicio de garantías, lo que deriva de lo dispuesto en los artículos 76 y 77 de la Ley de Amparo, que establecen el alcance de la sentencia y que ésta debe ocuparse de los individuos que solicitaron la Protección Constitucional, así como los requisitos formales que la sentencia debe reunir.

Luego, a fin de subsanar la omisión de que se trata, debe tenerse como quejosos en el juicio de amparo, a José M. Salas Vallespir y Alberto Contreras Salas, así como a G.S. COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., lo que se tomará en cuenta en la parte resolutiva de esta sentencia.

CUARTO. Los agravios expresados por la parte recurrente, se estudian en forma conjunta atendiendo a la estrecha vinculación que guardan entre sí, y resultan fundados.

En efecto, de las copias certificadas de las actuaciones que obran en el expediente 156/94, relativo al juicio laboral promovido por Luis Arreola Quijada, en contra de G.S. COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., José María Salas Vallespir y Alberto Contreras Salas, a las que por su calidad de documento público se les otorga valor probatorio pleno, conforme a lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2o. de esta última, se desprende, por un lado, que Alfredo Angel Saldívar, entre otros, recibió la representación de Alberto Contreras Salas y José María Salas Vallespir, éste por sí y como representante legal de G.S. Comunicaciones, S.A. de C.V., mediante cartas poder que aparecen suscritas por dos testigos, y que tal calidad les fue reconocida por la autoridad responsable tanto en diligencia del diecisiete de marzo de mil novecientos noventa y cuatro, como en la resolución reclamada del cinco de septiembre de ese mismo año.

Al respecto, en seguida se transcribe, en el orden mencionado, la parte conducente de esas actuaciones:

"...por la demandada comparece su apoderado ALFREDO ANGEL SALDIVAR, quien acredita su personalidad tanto como por los codemandados físicos, así como por la empresa demandada G.S. COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., en términos de las cartas poder que se exhiben suscritas por los CC. ALBERTO CONTRERAS SALAS Y JOSE MARIA SALAS VALLESPIR, esta última en relación con el instrumento notarial # 105, pasado ante la fe del notario # 16 de Guadalajara, Jalisco, LIC. MANUEL RAMIREZ MARTINEZ, del que solicita su devolución previa copia certificada que del mismo obre en autos.

"...Se reconoce la personalidad del C. JOSE MARIA SALAS VALLESPIR, en su carácter de representante legal de la empresa G.S. COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., personalidad que acredita en términos del testimonio notarial número 105 pasado ante la fe del notario público 16, de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, LIC. MANUEL RAMIREZ MARTINEZ, mismo que en copia certificada obra de fojas catorce a veintitrés inclusive de autos y que se relaciona con las dos cartas poder que obran a fojas doce y trece de autos, reconociéndose la personalidad de los CC. LIC. ALFREDO ANGEL SALDIVAR y demás profesionistas que se mencionan en las mismas, apoderados de los demandados ALBERTO CONTRERAS SALAS, JOSE MARIA SALAS VALLESPIR Y G.S. COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. Se les tiene dando contestación al escrito inicial de demanda en términos del escrito de ocho de abril de este año, constante en cinco fojas útiles..."

Las actuaciones de que se trata son claras en cuanto a que establecen, expresamente, que con los documentos exhibidos, el promovente del juicio de garantías, Alfredo Angel Saldívar, acreditó la calidad que ostentó de representante legal de G.S. COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., José María Salas Vallespir y Alberto Contreras Salas, por lo que si la autoridad responsable le reconoció esa calidad, este hecho es motivo suficiente para que esa representación se tenga por admitida en el juicio de amparo, pues el interesado demostró esa circunstancia con las constancias respectivas, lo que surte plenamente la hipótesis del artículo 13 de la Ley de Amparo.

En otro aspecto, se advierte que en el último párrafo del escrito de demanda de amparo, el promovente precisó que tenía acreditada la personalidad que ostentaba, ante la autoridad responsable, en el expediente 156/94; de ahí que no es exacta la consideración de la sentencia consistente en que el promovente no solicitó -en ningún momento- el reconocimiento de su personalidad en términos del artículo 13 de la Ley de Amparo.

También es fundado el argumento del recurrente, en cuanto a que José María Salas Vallespir, como administrador general de "G.S. COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.", tiene la administración y representación de esa persona moral, con facultades para otorgar poderes, de modo que al haber otorgado directamente la representación de la persona moral, en favor del promovente del juicio de garantías, éste sí acreditó la calidad de apoderado de los quejosos.

Por último, es inoperante, el agravio relativo a que el Juez de Distrito, debió requerirle para que subsanara la irregularidad o anomalía en torno a la personalidad que ostentó al promover el amparo.

La inoperancia deriva de que como se ha dejado expuesto con antelación, sí está acreditada la representación de la persona moral quejosa, en virtud de que la tiene reconocida ante la autoridad responsable y esto es suficiente para revocar en ese aspecto, el sentido de la sentencia recurrida.

QUINTO. En las condiciones apuntadas, al resultar fundados los agravios expresados, debe revocarse el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito, y con fundamento en la fracción III del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede hacerse cargo de los conceptos de violación cuyo estudio omitió el Juez, sin que obste para ello, la circunstancia de que la resolución reclamada de cinco de octubre de mil novecientos noventa y cuatro, tenga la característica de un acto dentro de juicio que resuelve sobre un incidente de personalidad, declarándolo infundado y que respecto de ese tipo de actos, exista jurisprudencia en el sentido de que el juicio de amparo indirecto, es improcedente, porque el criterio de la misma debe interrumpirse parcialmente, de acuerdo con las consideraciones siguientes:

La jurisprudencia de que se trata, sustentada por la anterior integración del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aparece publicada en las páginas 5 y 6 del Tomo VIII del Semanario Judicial de la Federación, Octava Epoca, correspondiente al mes de agosto de 1991, cuyo texto dice:

"PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCION QUE DESECHA LA EXCEPCION DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNE LA SENTENCIA DEFINITIVA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción III, constitucional, en relación con los numerales 114, fracción IV, 158 y 159 de la Ley de Amparo, cuando se trate de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general, es procedente el amparo directo, siempre que tales violaciones afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo y, como excepción, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación o cuando afecten a personas extrañas al procedimiento. Los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y son reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. En consecuencia, la resolución que desecha la excepción de falta de personalidad o la que, en su caso, confirme tal desechamiento al resolver el recurso de apelación correspondiente, no debe reclamarse en amparo indirecto, pues no constituye un acto procesal cuya ejecución sea de imposible reparación, ya que a través de dicha excepción sólo se puede plantear la infracción de derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales, los cuales pueden ser reparados si se obtiene sentencia favorable, máxime que el desechamiento de la referida excepción no implica, necesariamente, que el fallo deba ser contrario a los intereses del afectado. En tal virtud, de conformidad con lo dispuesto en los preceptos legales antes citados, la resolución que desecha la excepción de falta de personalidad, o la resolución de alzada que confirme tal desechamiento, de ser indebida, constituiría una violación procesal reclamable hasta que se dictara una sentencia desfavorable de fondo, a través del amparo directo, pues es innegable que tal violación, en ese supuesto, afectaría las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, toda vez que como la personalidad de las partes es un presupuesto básico del procedimiento, la sentencia que se llegare a dictar resultaría ilegal por emanar de un juicio viciado en uno de sus presupuestos. Debe añadirse que si bien las resoluciones que desechan la excepción de falta de personalidad no se encuentran previstas expresamente en ninguna de las primeras diez fracciones del artículo 159 de la Ley de Amparo, ello se debe a que se trata de una enumeración meramente ejemplificativa, como lo corrobora la fracción XI que se refiere a '...los demás casos análogos a los de las fracciones que preceden, a juicio de la Suprema Corte de Justicia o de los Tribunales Colegiados de Circuito, según corresponda'. Además, congruente con ello la Constitución Federal, en su artículo 107, fracción III, inciso a), sólo exige, para la procedencia del amparo contra sentencias definitivas o laudos respecto de violaciones cometidas durante el procedimiento, que dicha violación afecte las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, requisitos que sí se cumplen en la hipótesis a estudio. Por otra parte si la sentencia definitiva del juicio ordinario, por ser favorable al demandado fuese reclamada por el actor en amparo y éste se concediera, la cuestión de falta de personalidad podría plantearse por el demandado como cuestión exclusiva en un nuevo amparo en contra de la sentencia dictada en acatamiento a la pronunciada en el juicio de amparo anterior, enel que no se pudo examinar la cuestión de personalidad, fundándose esta conclusión en la interpretación sistemática de las fracciones II y IV del artículo 73 de la Ley de Amparo."

Conforme a la jurisprudencia transcrita, las resoluciones que desechen o declaren infundada una excepción de falta de personalidad, no son reclamables en juicio de amparo indirecto porque es un acto dentro de juicio que no afecta de manera cierta e inmediata un derecho sustantivo protegido por las garantías individuales; pero, analizada nuevamente esa cuestión, se estima, con fundamento en el artículo 194 de la Ley de Amparo, que existen razones para interrumpir parcialmente ese criterio y hacer precisiones en cuanto a la interpretación que debe darse a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional.

La jurisprudencia en cuestión se sustenta en las premisas fundamentales siguientes:

a) Los actos procesales dentro de juicio sólo tienen ejecución de imposible reparación para efectos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate.

b) No pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y son reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable.

c) La resolución que decide la cuestión de falta de personalidad, de ser indebida, constituirá una violación procesal reclamable con motivo de la sentencia desfavorable de fondo a través del amparo directo, pues en ese supuesto, la violación afectaría las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo, toda vez que como la personalidad de las partes es un presupuesto básico del procedimiento, la sentencia que se llegara a dictar resultaría ilegal por emanar de un juicio viciado en uno de sus presupuestos.

d) Y en el supuesto de que a una de las partes fuera desfavorable la resolución procesal de personalidad, pero favorable la sentencia definitiva, caso en el cual sólo su contraparte podría acudir al amparo directo, aquélla no quedaría inaudita en caso de que se concediera la Protección Constitucional, pues el aspecto de falta de personalidad podría plantearse como cuestión exclusiva en un nuevo amparo en contra de la sentencia dictada en acatamiento a la pronunciada en el juicio de amparo anterior, en el que no se pudo examinar la cuestión procesal de mérito, acorde con una interpretación sistemática de las fracciones II y IV del artículo 73, de la Ley de Amparo.

Una nueva reflexión sobre el tema permite considerar que, en términos generales, la distinción entre actos dentro de juicio que afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, y aquellos que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, es un criterio útil para discernir que en el primer supuesto se trata de actos impugnables en amparo indirecto en virtud de que su ejecución es de imposible reparación, mientras que en la segunda hipótesis, por no tener esos actos tales características, deben reservarse para ser reclamados junto con la resolución definitiva en amparo directo.

Sin embargo, aunque de modo general tal criterio es útil, según se indicó, no puede válidamente subsistir como único y absoluto, sino que es necesario admitir, de manera excepcional, que también procede el amparo indirecto tratándose de algunas violaciones formales, adjetivas o procesales, entre las que debe contar, precisamente, el caso de la falta de personalidad, en la forma y términos que en este considerando se expondrán.

Son varias las razones para restringir o moderar el criterio jurisprudencial de mérito. Entre las fundamentales, tienen relevancia las siguientes:

En primer lugar, que el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución, al establecer que cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procede "contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...", no hace distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluye a estos últimos, que también pueden tener ejecución de imposible reparación. Por lo tanto, no existe ninguna cortapisa o inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis.

En segundo lugar, el criterio jurisprudencial que se reexamina, si se impone de modo absoluto, es contrario a la experiencia, en cuanto ésta demuestra que una violación jurídica procesal puede ser tan trascendente como una violación material; en ambos casos, eventualmente, se pueden transgredir las garantías individuales de modo irreparable.

Por otra parte

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4001-3552ead7/amparo-directo-improcedente-si-ya-se-resolvio-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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