TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. CUENTA CON LAS MÁS AMPLIAS FACULTADES CONSTITUCIONALES PARA EMITIR SUS FALLOS, NO OBSTANTE LO QUE SEÑALEN LAS LEYES SECUNDARIAS, YA SEA QUE ACTÚE COMO TRIBUNAL DE MERA ANULACIÓN O DE PLENA JURISDICCIÓN. TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. MODELO DE JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO MIXTO. TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. TIENE FACULTADES PARA ANALIZAR LA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 39 DE LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA.
AMPARO EN REVISIÓN 84/2006. TELE AZTECA, S.A. DE C.V.
CONSIDERANDO:
QUINTO. El agravio hecho valer, es infundado.
En síntesis alega la inconforme que la sentencia recurrida resulta violatoria de los artículos 1o., 2o., 73 y 77 de la Ley de Amparo, pues fue incorrecto que la Juez del conocimiento sobreseyera en el juicio, al considerar que se actualizaba la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XV, del citado ordenamiento; bajo el argumento sustancial, de que el quejoso debió promover en contra del acto reclamado, previo al juicio de garantías, juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa ya que con este medio de defensa pudo modificar, revocar o nulificar dicho acto; cuestión que es ilegal, considera la inconforme, pues la a quo aplicó e interpretó equivocadamente los artículos 11, fracción XV, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y 202, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, así como también las tesis citadas en la sentencia de mérito.
Continúa la impetrante, que en el caso concreto, el artículo 11, fracción XV, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, no fundamenta la competencia de dicho tribunal para conocer específicamente del acto reclamado, así como tampoco ninguna otra fracción de las previstas en el citado numeral; lo anterior, en virtud de que la Ley Federal de Competencia (que rige al acto reclamado), no le atribuye competencia al citado tribunal para conocer de los actos emitidos por la Comisión Federal de Competencia, ni mucho menos de las resoluciones que se dictan con motivo de los recursos de reconsideración sustanciados ante ella.
En el mismo orden de ideas, sostiene la recurrente que igualmente resulta infundado que la Juez Federal, considerara que el citado tribunal sea competente para conocer del acto reclamado con base en el artículo 73, fracción XXIX-H, constitucional, en relación con la fracción XV del artículo 11 de su ley orgánica, bajo el sustento de que ese precepto constitucional le otorga facultades para dirimir cualquier controversia que se suscite entre la administración pública federal y los particulares; cuestión que la impetrante considera ilegal, sosteniendo al respecto que dicho precepto constitucional más bien se refiere a las facultades del Congreso de la Unión para expedir leyes que instituyan al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para conocer de la legalidad de diversos actos, siendo su ley orgánica la que debe prever sus facultades específicas, sin que pueda derivarse del citado precepto constitucional de forma automática la competencia del referido tribunal; pues de considerarlo de ese modo, sostiene la recurrente, prácticamente se acabaría con la institución del juicio de amparo indirecto, de ahí que la Juez pretenda hacer extensiva la competencia del citado tribunal federal para conocer de cualquier controversia suscitada entre la administración pública federal y un particular. Por lo que concluye la recurrente, que la competencia del referido tribunal para dirimir las cuestiones suscitadas entre la administración pública federal y los particulares deriva específicamente de las hipótesis previstas en el artículo 11 de su ley orgánica.
En el mismo sentido, continúa manifestando la agraviada, que la Juez de Distrito pasó por alto que el acto reclamado constituye en sí mismo, una excepción al principio de definitividad contemplado en la parte final de la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, pues no existe obligación de la recurrente de agotar previamente algún recurso ordinario, y no por el hecho de encontrarse en un caso de excepción, sino simplemente porque en su contra no procede ningún recurso, juicio o medio de defensa legal ordinario, toda vez que éste proviene de un recurso ordinario (recurso de reconsideración) previsto en la Ley Federal de Competencia Económica, respecto del cual no existe otro medio de defensa para combatirlo. Por lo anterior, considera la impetrante, que sí agotó el recurso ordinario previsto en la ley de la materia.
El agravio narrado con antelación es infundado, atento a las consideraciones que se exponen a continuación.
La Juez de Distrito en la sentencia recurrida, determinó sobreseer en el juicio de garantías, con apoyo en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, y al efecto manifestó que en términos del artículo 73, fracción XXIX-H, de la Constitución Federal, es atribución del Congreso de la Unión expedir leyes que instituyan tribunales de lo contencioso administrativo, dotados de plena autonomía para dictar sus fallos y que tengan a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública federal y los particulares, su funcionamiento, el procedimiento y los recursos contra sus resoluciones. Que por otra parte, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, expedida con base en citado artículo 73, fracción XXIX-H, constitucional, en su artículo 11, fracción XV, establece que el mencionado tribunal conocerá de los juicios que se promuevan en contra de las resoluciones definitivas señaladas en las demás leyes como competencia del tribunal. Que en consecuencia, si el acto reclamado consiste en la resolución de veintisiete de mayo de dos mil cinco, dictada por el pleno de la Comisión Federal de Competencia en el expediente número RA-05-2005, en la cual se declara infundado el recurso de reconsideración interpuesto por la parte quejosa en contra de la opinión definitiva de fecha cuatro de febrero de dos mil cinco, es una resolución que dirime una controversia entre la administración pública federal y un particular, entonces es procedente el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 11, fracción XV, de la ley orgánica del citado tribunal, en relación con el artículo 73, fracción XXIX-H, de la Carta Magna (fojas 270 a 272).
Determinación anterior que este tribunal estima acertada, en virtud de las siguientes consideraciones:
El artículo 73, fracción XXIX-H, constitucional otorga a los tribunales contenciosos administrativos una competencia amplia, sin acotarla a alguna materia o circunstancia en particular, pues la única limitante que señala es que estos órganos jurisdiccionales dirimirán las controversias que se susciten entre la administración pública federal y los particulares; a fin de corroborar lo anterior, resulta conveniente transcribir dicho numeral:
"Artículo 73. El Congreso tiene facultad: ... XXIX-H. Para expedir leyes que instituyan tribunales de lo contencioso-administrativo, dotados de plena autonomía para dictar sus fallos, y que tengan a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública federal y los particulares, estableciendo las normas para su organización, su funcionamiento, el procedimiento y los recursos contra sus resoluciones ..."
De la interpretación literal y teleológica del precepto supracitado, se colige que los tribunales contencioso administrativos están dotados de autonomía para dictar sus fallos y tienen como finalidad dirimir cualquier controversia que se suscite entre la administración pública federal y los particulares, sin que el numeral restrinja, delimite o acote dicha facultad, razón por la cual, debe entenderse que su competencia es amplia en tanto resuelva controversias entre los particulares y los entes gubernamentales, numeral constitucional cuyo alcance y contenido se extiende y permea a las reglas competenciales de su ley orgánica en razón del principio de supremacía constitucional, ya sea que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa actúe como órgano jurisdiccional de mera anulación o de plena jurisdicción.
En efecto, la competencia del citado tribunal debe ser entendida de forma amplia y genérica para no desproteger sino privilegiar el derecho de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional de manera que se haga efectivo el derecho fundamental a la impartición de justicia por tribunales de forma pronta, completa e imparcial, sin que sea óbice lo que normas secundarias puedan señalar, pues son derrotadas por el mandato constitucional que establece una competencia amplia del citado tribunal.
Al respecto, es aplicable la tesis número 487, citada por la Juez de Distrito en la resolución recurrida, de este órgano colegiado, publicada en el Tomo XXI, junio de dos mil cinco, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, visible en el página ochocientos setenta y siete, del tenor literal siguiente:
"TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. CUENTA CON LAS MÁS AMPLIAS FACULTADES CONSTITUCIONALES PARA EMITIR SUS FALLOS, NO OBSTANTE LO QUE SEÑALEN LAS LEYES SECUNDARIAS, YA SEA QUE ACTÚE COMO TRIBUNAL DE MERA ANULACIÓN O DE PLENA JURISDICCIÓN. De la interpretación literal y teleológica del artículo 73, fracción XXIX-H, de la Constitución Federal se colige que los tribunales de lo contencioso administrativo están dotados de plena autonomía para dictar sus fallos y tienen a su cargo dirimir cualquier controversia que se suscite entre la administración pública federal y los particulares, sin restringir, delimitar o acotar tal facultad. Es así que el alcance y contenido irrestricto de las facultades se extiende a las reglas competenciales concretas de su ley orgánica en razón del principio de supremacía constitucional, ya sea que actúen como órganos jurisdiccionales de mera anulación o de plena jurisdicción. Efectivamente, la competencia de dichos tribunales, entre ellos el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, debe ser entendida en la forma más amplia y genérica para no desproteger sino privilegiar la garantía de acceso a la justicia consagrada en el artículo 17 constitucional, de manera que se haga efectivo el derecho fundamental a la impartición de justicia de forma pronta, completa e imparcial, sin que sea óbice lo que las normas secundarias puedan señalar, pues son derrotadas por el mandato constitucional."
Aunado a lo anterior, debe atenderse al hecho de que según los criterios emitidos por el Poder Judicial de la Federación, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es actualmente un tribunal de plena jurisdicción, y no sólo de simple anulación, por lo que es evidente que cuenta con plenas facultades para emitir una sentencia que defina, establezca y declare cuáles son los derechos subjetivos de las partes en el conflicto, tal como lo establece el artículo 239, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación.
Es aplicable a la anterior consideración el criterio I.4o.A.372 A emitido por este Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Tomo XVI, septiembre de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 1466, Novena Época, cuyos rubro y texto establecen lo siguiente:
"TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. MODELO DE JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO MIXTO. El Código Fiscal de la Federación actualmente adopta un modelo de jurisdicción contencioso administrativo mixto, a saber: a) Objetivo o de mera anulación; y, b) Subjetivo o de plena jurisdicción. El primero tiene la finalidad de controlar la legalidad del acto y restablecer el orden jurídico violado, teniendo como propósito tutelar el derecho objetivo, esto es, su fin es evaluar la legalidad de un acto administrativo y resolver sobre su validez o nulidad. En el segundo modelo, el tribunal está obligado a decidir la reparación del derecho subjetivo, teniendo la sentencia el alcance no sólo de anular el acto, sino también de fijar los derechos del inconforme y condenar a la administración a restablecer y hacer efectivos tales derechos, es decir, en estos casos será materia de la decisión la conducta de una autoridad administrativa a efecto de declarar y condenarla, en su caso, al cumplimiento de una obligación preterida o indebidamente no reconocida en favor del administrado."
Igualmente es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 41/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 226, Tomo XI, mayo de 2000, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:
"SENTENCIA DE NULIDAD FISCAL PARA EFECTOS. EL CUMPLIMIENTO FUERA DEL TÉRMINO LEGAL DE CUATRO MESES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 239, ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO OCASIONA LA ILEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN DICTADA POR LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA EN ACATAMIENTO DE ELLA. Conforme a las jurisprudencias 44/98 y 45/98 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, que llevan por rubros ‘SENTENCIAS DE NULIDAD FISCAL PARA EFECTOS. LA FACULTAD QUE EL ARTÍCULO 239, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, OTORGA AL TRIBUNAL FISCAL PARA DETERMINARLAS, PRESERVA LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL.’ y ‘SENTENCIAS DE NULIDAD FISCAL PARA EFECTOS. EL ARTÍCULO 239, FRACCIÓN III, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, QUE ESTABLECE ESE SENTIDO ANTE LA ACTUALIZACIÓN DE LA AUSENCIA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, NO VIOLA LA GARANTÍA DE LEGALIDAD CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL.’, nuestro modelo de jurisdicción contencioso administrativo es mixto, pues dada la especial y heterogénea jurisdicción de que está dotado legalmente el Tribunal Fiscal de la Federación, en relación a ciertos actos sólo actuará como tribunal de mera anulación al tener como finalidad la de controlar la legalidad del acto y tutelar el derecho objetivo y, en cuanto a otros actos, como de plena jurisdicción para reparar el derecho subjetivo lesionado, siendo el alcance de la sentencia de nulidad no sólo el de anular el acto sino también el de fijar los derechos del recurrente, condenando a la administración a su restablecimiento, por lo que para determinar cuándo una sentencia de nulidad debe ser para efectos es necesario acudir a la génesis de la resolución impugnada a efecto de saber si se originó con motivo de un trámite o procedimiento de pronunciamiento forzoso, en el que el orden jurídico exige de la autoridad la reparación de la violación detectada que no se colma con la simple declaración de nulidad de la autoridad, sino que requiere de un nuevo pronunciamiento para no dejar incierta la seguridad jurídica del administrado, o con motivo del ejercicio de una facultad discrecional en la que el tribunal no puede sustituir a la autoridad en la libre apreciación de las circunstancias y oportunidad para actuar que le otorgan las leyes. De las anteriores determinaciones se desprende que el cumplimiento fuera del término legal de cuatro meses previsto en el artículo 239, antepenúltimo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, que realice la autoridad administrativa de la sentencia de nulidad para efectos no puede ocasionar la ilegalidad de la resolución en que tal sentencia se acate, concretamente la causal de ilegalidad prevista en el artículo 238, fracción IV, del Código Fiscal Federal por haberse dejado de aplicar las disposiciones legales debidas, porque ello contrariaría el fin perseguido por el legislador al atribuir al Tribunal Fiscal plena jurisdicción para tutelar el derecho subjetivo del administrado en los casos en que la nulidad lisa y llana sea insuficiente para restaurar el orden jurídico violado, afectándose al administrado por una actuación que le es ajena y dejándose al arbitrio de la autoridad administrativa el cumplimiento de la sentencia mediante su decisión de cumplir dentro del plazo legal o fuera de él, pues a través de la ilegalidad de la resolución con la que diera cumplimiento podría evadir la reparación de la resolución cometida. Corrobora lo anterior el que mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, en vigor a partir del primero de enero de mil novecientos noventa y seis, se haya modificado el anterior artículo 239-Ter que pasó a ser 239-B, del Código Fiscal para establecerse como supuesto de procedencia del recurso de queja, la omisión de la autoridad de dar cumplimiento a la sentencia de nulidad si transcurrió el plazo legal, caso en el cual si la Sala resuelve que hubo omisión total concederá al funcionario responsable veinte días para que dé cumplimiento al fallo, procediendo también a imponerle una multa equivalente a quince días de su salario y a notificar a su superior para que proceda jerárquicamente, pues carecería de sentido que se otorgara un término de veinte días a la autoridad para que diera cumplimiento a la sentencia de nulidad para efectos, si se considerara que la resolución relativa estaría afectada de ilegalidad, independientemente de la responsabilidad administrativa en que pudiera incurrir la autoridad demandada."
De las tesis transcritas se desprende que el Código Fiscal de la Federación actualmente adopta para el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa un modelo de jurisdicción contencioso administrativo mixto, consistiendo este en: a) objetivo o de mera anulación; y, b) subjetivo o de plena jurisdicción.
Al respecto, cabe manifestar que el primer modelo tiene la finalidad de controlar la legalidad del acto y restablecer el orden jurídico violado, teniendo como propósito tutelar el derecho objetivo, es decir, su fin es evaluar la legalidad de un acto administrativo y resolver sobre su validez o nulidad; y en el segundo modelo, el tribunal está obligado a decidir la reparación del derecho subjetivo, caso en el cual la sentencia tiene el alcance no sólo de anular el acto, sino también de fijar el contenido y alcance de los derechos del inconforme y condenar a la administración a restablecer y hacer efectivos tales derechos; es decir, en estos casos, será materia de la decisión la conducta de una autoridad administrativa a efecto de declarar y condenarla, en su caso, al cumplimiento de una obligación preterida o indebidamente no reconocida en favor del administrado, lo cual no significa una sustitución de facultades propias e inherentes de la autoridad administrativa demandada, ya que la facultad conferida actualmente al tribunal de referencia establece que previa la declaratoria de nulidad deberá pronunciarse sobre la existencia del derecho subjetivo y formular la condena, indicando la manera y términos en que se vincula al demandado a un dar, hacer o no hacer, de tal suerte que se restablezca el equilibrio jurídico violado.
Por lo anterior y siguiendo las consideraciones hechas en líneas anteriores, se desprende que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa no es tan solo un tribunal de simple o mera anulación, sino que cuenta con plena jurisdicción para emitir una sentencia que dilucide la existencia y contenido de los derechos subjetivos en disputa y, en este orden de ideas, si el acto impugnado ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es de carácter administrativo y por lo mismo puede conceptuarse como la declaración de voluntad, de juicio, de conocimiento o de deseo realizada por la administración en ejercicio de una potestad administrativa, entendido también como una resolución administrativa que se pronuncia respecto de un derecho subjetivo que luego es ventilado y discutido en el juicio contencioso administrativo, es evidente e indiscutible que el tribunal revisor debe evaluar el mérito de tal decisión como acto de voluntad que es, asumida por la Comisión Federal de Competencia Económica, calificando su legalidad y la justificación pertinente.
En ese tenor, se concluye que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa está facultado para analizar si fue legal o no la determinación adoptada en el recurso de reconsideración previsto en el artículo 39 de la Ley Federal de Competencia Económica, y en consecuencia, es indiscutible que dicho tribunal tiene competencia para ello, por lo que se debió agotar el principio de definitividad antes de promover el juicio de garantías.
No obsta a la anterior determinación, la manifestación de la recurrente en el sentido de que en el caso, existe una excepción al principio de definitividad, ya que el recurso de reconsideración previsto en la Ley Federal de Competencia Económica es el único medio de defensa legal ordinario, cuestión por la que considera que sí agotó dicho principio; toda vez que por recursos administrativos, jurisprudencial y doctrinalmente, se entienden aquellos resueltos por la dependencia o institución emisora del acto impugnado, ya sea directamente por la autoridad a quien se atribuye el acto de autoridad o por su superior jerárquico, en los que se pueden plantear cuestiones de legalidad relativas a la determinación combatida, y en algunos casos, violaciones a las formalidades del procedimiento que originaron aquélla. Sin embargo, éstos no constituyen un acto jurisdiccional material o formalmente hablando, toda vez que en su resolución no interviene un órgano independiente que dirima la controversia.
En relación con lo anterior, de los antecedentes del acto reclamado, claramente se advierte que:
El pleno de la Comisión Federal de Competencia emitió el cuatro de febrero de dos mil cinco una resolución en el expediente OPN-10-04; inconforme con tal determinación la hoy recurrente, interpuso el recurso de reconsideración, previsto en la propia Ley Federal de Competencia Económica; seguidos los trámites, el pleno de dicha comisión, mediante la resolución dictada en el expediente número RA-05-2005 de veintisiete de mayo de dos mil cinco, declaró infundado el recurso de reconsideración y confirmó su diversa resolución de cuatro de febrero de dos mil cinco, siendo esta resolución el acto reclamado en el juicio de garantías que hoy se revisa.
Al respecto, este tribunal estima que si bien es cierto, con la resolución del referido recurso de reconsideración, se puede considerar que la recurrente sí agotó el principio de definitividad, pues esa resolución se tramita ante la propia autoridad, no menos verdad resulta que no se puede estimar como un acto formal o materialmente jurisdiccional, toda vez que en dicha resolución no interviene un órgano independiente que dirima la controversia, como en el caso lo es el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; de ahí, que el acto reclamado no pueda presumirse como una resolución definitiva, ya que ésta es susceptible de ser modificada, revocada o nulificada ante la promoción del juicio contencioso administrativo, pues sólo ante el fallo en dicha instancia la controversia administrativa en estudio, podrá adquirir el carácter de definitiva para efecto de la promoción juicio de garantías.
Sirve de apoyo a la anterior determinación, la tesis 2a. LII/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, mayo de dos mil dos, a foja trescientos cuatro, y que a continuación se transcribe:
"RECURSOS EN SEDE ADMINISTRATIVA. NO IMPLICAN EL DESARROLLO DE UNA ACTIVIDAD JURISDICCIONAL.-Los recursos administrativos y los pronunciamientos en ellos emitidos son actos de naturaleza administrativa, en tanto que el órgano que los tramita y resuelve no realiza una verdadera función jurisdiccional, ya que no hay controversia entre el particular que lo hace valer y el órgano de la administración pública, pues se trata de un mero control interno de legalidad de sus actos, que no es resuelto por un órgano imparcial e independiente del que emite el acto, además de que al promoverse el recurso por el particular afectado en contra de un acto administrativo, hay colaboración del gobernado para lograr eficiencia administrativa, para lo cual no obsta que el interesado recurrente resulte beneficiado con la resolución que se emita, por lo que, en todo caso, el recurso administrativo constituye un medio de control en la administración. De lo anterior se concluye que el recurso en sede administrativa no implica una función jurisdiccional propiamente dicha, sino simplemente administrativa, pues no existe una verdadera controversia, ya que para ello sería indispensable que las pretensiones de la administración pública fueran contradictorias con las del particular, lo que no sucede, toda vez que hasta en tanto no haya sido agotada la vía administrativa, no podrá afirmarse que la administración sostiene un punto de contradicción con el particular."
Por lo anterior, es que se considera que la resolución emitida por el pleno de la Comisión Federal de Competencia contenida en el expediente RA-05-2005 (acto reclamado), contrario a lo sostenido por la impetrante, no constituye una excepción al principio de definitividad para la procedencia del juicio de garantías; pues como ya quedó demostrado, dicha resolución apenas puede considerarse definitiva, para efectos de procedencia del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y no así procedente para la promoción del juicio de amparo; por tanto, no asiste razón a la inconforme en el aspecto analizado.
Atento a lo expuesto con antelación, resulta irrelevante el argumento del agraviado en el sentido de que las tesis que citó la Juez Federal de rubros: "TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. CUENTA CON LAS MÁS AMPLIAS FACULTADES CONSTITUCIONALES PARA EMITIR SUS FALLOS, NO OBSTANTE LO QUE SEÑALEN LAS LEYES SECUNDARIAS, YA SEA QUE ACTÚE COMO TRIBUNAL DE MERA ANULACIÓN O DE PLENA JURISDICCIÓN." y "SEPARACIÓN VOLUNTARIA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. ES COMPETENTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS SURGIDOS CON MOTIVO DE LA APLICACIÓN DE LA NORMA QUE REGULA ESE PROGRAMA.", no son aplicables, pues fueron indebidamente interpretadas por la a quo, ya que no están relacionadas al caso en particular; toda vez que ello no varía la conclusión a la que ha arribado este Tribunal Colegiado, consistente en que contra la resolución que constituye el acto reclamado en el juicio que se revisa, procede el juicio contencioso administrativo.
En las relatadas condiciones, al no haberse demostrado la incorrecta actuación de la Juez de Distrito, lo que procede es confirmar la sentencia recurrida, en la materia de la revisión, y sobreseer en el juicio de amparo que se revisa.
Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 76 al 83, 192 y 193 de la Ley de Amparo, se resuelve:
PRIMERO.-En la materia de la revisión, se confirma la sentencia recurrida, dictada por la Juez Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, el quince de diciembre de dos mil cinco, en el expediente número 844/2005.
SEGUNDO.-Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Tele Azteca, Sociedad Anónima de Capital Variable, por las razones expuestas en el último considerando de la presente ejecutoria.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos al juzgado de su origen y, en su oportunidad, archívese el toca como asunto concluido.
Así, por unanimidad de votos de los señores Magistrados Jean Claude Tron Petit (presidente), Hilario Bárcenas Chávez y Jesús Antonio Nazar Sevilla, lo resolvió este Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, siendo relator el tercero de los nombrados.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19706-22d900cf/tribunal-federal-de-justicia-fiscal-y-administrativa-cuenta · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- RENTA. EL ARTÍCULO 25, FRACCIÓN XVIII, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY QUE ESTABLECE EL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE EN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO, AL PREVER QUE PARA QUE SEAN DEDUCIB (AMPARO EN REVISIÓN)
- AMPARO DIRECTO IMPROCEDENTE. SI YA SE RESOLVIO EL FONDO DEL ASUNTO EN OTRO JUICIO DE GARANTIAS, LA CUESTION DE PERSONALIDAD YA NO PUEDE PLANTEARSE EN UN NUEVO AMPARO (INTERRUPCION (AMPARO EN REVISIÓN)
- OBLIGACIONES TRIBUTARIAS. OBEDECEN A UN DEBER DE SOLIDARIDAD. (AMPARO EN REVISIÓN)
- ACTIVO. EL ARTÍCULO 5o., PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, EN CUANTO HACE UNA EXCEPCIÓN A LA AUTORIZACIÓN DE CIERTAS DEDUCCIONES, VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIB (AMPARO EN REVISIÓN)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- LEY REGLAMENTARIA DEL AMPARO. (s/clave)
- AMPARO ADMINISTRATIVO. (s/clave)
- AMPARO DIRECTO. (s/clave)
- AMPARO EN MATERIA CIVIL. (s/clave)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis