Corpus
Modo: Corpus Pro

RENTA. EL ARTÍCULO 25, FRACCIÓN XVIII, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY QUE ESTABLECE EL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE EN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO, AL PREVER QUE PARA QUE SEAN DEDUCIBLES LAS PÉRDIDAS ORIGINADAS POR LA ENAJENACIÓN DE ACCIONES Y OTROS TÍTULOS VALOR, SE REQUIERE QUE ESA OPERACIÓN SE HAYA EFECTUADO CONFORME A LOS LINEAMIENTOS SEÑALADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO MEDIANTE REGLAS DE CARÁCTER GENERAL, TRANSGREDE LA GARANTÍA DE LEGALIDAD TRIBUTARIA.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 46/2001. · Registro digital (IUS): 17338
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: GRUPO TELEVICENTRO, S.A. DE C.V.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Diciembre de 2002, , Pág. 173.

AMPARO EN REVISIÓN 46/2001. GRUPO TELEVICENTRO, S.A. DE C.V.

CONSIDERANDO:

TERCERO. Procede declarar firme el sobreseimiento decretado en el primer punto resolutivo de la sentencia recurrida, por no haber sido impugnado por la parte a quien pudiera perjudicar.

La autoridad recurrente aduce, sustancialmente, que no se le estudió debidamente su agravio respecto de la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo, toda vez que la quejosa debió promover el juicio de amparo cuando se le aplicó el artículo 25, fracción XVIII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que se verificó el día treinta de agosto de mil novecientos noventa y nueve, cuando presentó su declaración fiscal anual complementaria, y no así el posterior acto de aplicación que, en la especie, lo constituyó el oficio número 330-SAT-IV-C-2457/2000, de veintinueve de febrero de dos mil, por el cual se le resolvió la consulta formulada, consintiendo de manera expresa la constitucionalidad del precepto impugnado.

Es infundado el agravio sujeto a estudio, como enseguida se pasa a demostrar.

El Juez de Distrito correctamente resolvió el planteamiento de las causas de improcedencia invocadas por la autoridad responsable, las cuales fueron las siguientes:

a) Que procede sobreseer en el juicio con fundamento en la fracción VI del artículo 73 de la Ley de Amparo, en virtud de que el artículo 25, fracción XVIII, párrafos primero y segundo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, impugnados por la quejosa, no le deparan perjuicio sino que requieren de un acto posterior de aplicación.

b) Procede el sobreseimiento en el juicio de mérito, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, toda vez que resulta aplicable la causa de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 73, al no haber acreditado la quejosa su interés jurídico.

c) También procede sobreseer en el juicio con apoyo en estas disposiciones legales, porque la quejosa sólo sufrió un perjuicio económico y no jurídico.

En relación con estos argumentos el Juez de Distrito consideró, en esencia, lo siguiente:

En relación con las causas de improcedencia hechas valer por las responsables, previstas en las fracciones V y VI del artículo 73 de la Ley de Amparo, referentes a que el desahogo de la consulta que presentó la quejosa no afecta su interés jurídico ni repercute en su esfera jurídica, sino sólo en la económica, el juzgador de garantías señaló que, de conformidad con el criterio sostenido por este Alto Tribunal, para acreditar el interés jurídico el peticionario debe resentir un perjuicio directo sobre sus intereses con motivo de un acto de autoridad, respecto del cual debe acreditarse que la norma general abstracta se concrete en forma individual en el sujeto, otorgando facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad, por incidir en su esfera jurídica, por lo cual, el oficio mediante el cual la responsable da respuesta a la consulta realizada por la quejosa, constituye el primer acto de aplicación del precepto impugnado, ya que con fundamento en el mismo se le hizo saber a ésta que no era posible confirmar el criterio de deducir de los ingresos acumulables las pérdidas fiscales generadas por ventas de acciones para efectos de la determinación de su utilidad fiscal correspondiente al año de mil novecientos noventa y ocho, lo anterior apoyado en diversa jurisprudencia de la Segunda Sala de este Alto Tribunal, de rubro: "CONSULTA. EL DESAHOGO DE UNA, POR LAS ADMINISTRACIONES FISCALES FEDERALES CONSTITUYE ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY EN QUE SE FUNDA.", la cual señala que de conformidad con el artículo 111, fracción XIX, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se otorga facultades a las Administraciones Fiscales Federales para resolver las consultas que los particulares les formulen, por lo que el oficio mediante el cual se desahogue dicha consulta, determinando que el quejoso se encuentra dentro de la hipótesis legal que prevé el precepto impugnado mediante el juicio de amparo, constituye el acto de aplicación de dicha norma.

El oficio de referencia es del tenor siguiente (fojas 84 a 87 del expediente de amparo).

"Servicio de Administración Tributaria. Administración General de Grandes Contribuyentes. Administración Central Jurídica de Grandes Contribuyentes. Oficio 330-SAT-IV-C-2457/2000. Exp. GTE-910314-GY8. Ciudad de México, 29 de febrero de 2000. C. Azucena Domínguez Cobián de San Martín. Representante legal de Grupo Televicentro, S.A. de C.V. Av. Vasco de Quiroga 2000, Col. Santa Fe, 01210, México, D.F. Me refiero a su escrito presentado el 17 de febrero del 2000, por medio del cual manifiesta los siguientes. Antecedentes. Grupo Televicentro, S.A. de C.V., es una sociedad mercantil constituida al amparo de las leyes de la República Mexicana y cuya actividad consiste en promover, construir, organizar, explotar y tomar participación en el capital y patrimonio de todo género de sociedades mercantiles, civiles, asociaciones o empresas industriales, comerciales, de servicios o de cualquier otra índole, tanto nacionales como extranjeras, así como participar en su administración o liquidación. El 26 de diciembre de 1998 enajenó ciertas acciones emitidas por una de sus empresas subsidiarias, generándose en dicha operación una pérdida fiscal de $2’530,250. En los términos del artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se establece que para efectos de determinar el resultado fiscal del ejercicio, se obtendrá primeramente la utilidad fiscal, la cual será equivalente a la diferencia entre la totalidad de los ingresos acumulables obtenidos en el ejercicio y las deducciones efectuadas en el mismo. En los términos de la fracción VI del artículo 22 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, las pérdidas generadas por la enajenación de acciones son un concepto susceptible de deducción. Por lo expuesto, Grupo Televicentro, S.A. de C.V., solicita se le confirme que resulta procedente deducir de los ingresos acumulables, cualquiera que éstos sean, las pérdidas fiscales generadas por ventas de acciones, de tal forma que para efectos de la determinación de su utilidad fiscal correspondiente a 1998, estuvo en posibilidad de deducir de sus ingresos acumulables la pérdida fiscal por venta de acciones determinada en cantidad de $2’530,250. Una vez analizada su petición, esta administración procede a emitir resolución tomando en consideración lo siguiente: I. Conforme a lo establecido en el artículo 17, fracción V, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para efectos del título II de la misma, se consideran ingresos acumulables, además de los señalados en otros artículos de dicha ley, la ganancia derivada de la enajenación de activos fijos y terrenos, títulos valor, acciones, partes sociales o certificados de aportación patrimonial emitidos por sociedades nacionales de crédito, así como la ganancia realizada que derive de fusión o escisión de sociedades y la proveniente de reducción de capital o de liquidación de sociedades mercantiles residentes en el extranjero, en las que el contribuyente sea socio o accionista. II. El artículo 25, fracción XVIII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, establece que no serán deducibles: (lo transcribe). III. La pérdida deducible, en los términos de la disposición transcrita, en la enajenación de acciones, se determinará conforme a lo establecido en el artículo 31 del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre al Renta y, en su caso, conforme a lo dispuesto en el artículo 32 del reglamento citado. IV. De acuerdo a lo anterior, Grupo Televicentro, S.A. de C.V. estuvo en posibilidad de deducir las pérdidas que hayan provenido de la enajenación de acciones, determinadas de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta y, en su caso, conforme al artículo 32 del mismo reglamento. Las pérdidas que Grupo Televicentro, S.A. de C.V. pudo deducir conforme a lo anterior, no debieron exceder del monto de las ganancias que, en su caso, hubiera obtenido por enajenación de acciones y otros títulos valor cuyo rendimiento no sea interés en los términos del artículo 7o. A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en el mismo ejercicio o en los cinco siguientes, pudiendo actualizar dichas pérdidas en términos de la fracción XVIII del artículo 25 de dicha ley. Consecuentemente, no es posible confirmar a Grupo Televicentro, S.A. de C.V., que estuvo en posibilidad de deducir de los ingresos acumulables, cualquiera que éstos sean, las pérdidas fiscales generadas por ventas de acciones determinadas en cantidad de $2’530,250, para efectos de la determinación de su utilidad fiscal correspondiente a 1998. Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 17 y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 1o. y 7o. de la Ley del Servicio de Administración Tributaria y 13, apartado A, fracción LV, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, vigente a partir del 4 de diciembre de 1999, en relación con la fracción XII del apartado B de dicho numeral y último párrafo del mismo, esta administración: Resuelve. Único. No procede confirmar a Grupo Televicentro, S.A. de C.V., que estuvo en posibilidad de deducir de sus ingresos acumulables, cualquiera que éstos sean, las pérdidas fiscales generadas por ventas de acciones determinadas en cantidad de $2’530,250, para efectos de la determinación de su utilidad fiscal correspondiente a 1998, por lo que para tales efectos deberá sujetarse a las disposiciones fiscales que le sean aplicables. Atentamente. Sufragio efectivo. No reelección. Por suplencia del administrador general de Grandes Contribuyentes, firma el administrador central Jurídico de Grandes Contribuyentes, con fundamento en el artículo 24, quinto párrafo, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de diciembre de 1999. Lic. Eduardo J. Ramírez Lozano. (Firma y rúbrica ilegibles)."

Por otra parte, la afectación que produce la aplicación de la norma reclamada no es únicamente de naturaleza económica, como aduce la responsable, sino que entraña una posible violación a las garantías de legalidad, equidad y proporcionalidad tributarias, previstas en el artículo 31, fracción IV, constitucional, afectando su esfera jurídica por inferir directamente en el régimen legal de obligaciones y derechos relacionados con la situación fiscal de la quejosa, situación que la legitima para acudir al juicio de garantías.

En virtud de lo anterior, la quejosa acredita la aplicación del dispositivo controvertido, así como la afectación en su esfera jurídica, ya que se causaron los efectos del mismo mediante un acto de aplicación de la autoridad.

Sostiene la autoridad responsable que la demanda de garantías fue promovida extemporáneamente por la quejosa, toda vez que el primer acto de aplicación de la norma impugnada se dio a través de la declaración complementaria de treinta de agosto de mil novecientos noventa y nueve, en donde presentó una pérdida fiscal en venta de acciones por la cantidad de $2’530,250.00 (foja 251 del expediente).

Contrariamente a lo manifestado por la autoridad hacendaria, el primer acto de aplicación de la norma tildada de inconstitucional no se realizó a través de dicha declaración, como se pasa a demostrar.

En efecto, el artículo 114, fracción I, de la Ley de Amparo, establece claramente que el amparo se pedirá ante Juez de Distrito contra una ley federal (Ley del Impuesto sobre la Renta), con motivo del primer acto de aplicación que cause perjuicio al quejoso.

El precepto en cuestión es del siguiente tenor:

"Artículo 114. El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito:

"I. Contra leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el presidente de la República de acuerdo con la fracción I del artículo 89 constitucional, reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los Estados, u otros reglamentos, decretos o acuerdos de observancia general, que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de aplicación, causen perjuicios al quejoso."

El artículo 25, fracción XVIII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, tiene la naturaleza de norma heteroaplicativa, por lo que para su impugnación se requiere de un acto concreto de aplicación y que el particular se sitúe dentro de la hipótesis normativa que genere, en consecuencia, la obligación de hacer o de no hacer a su cargo.

A fin de ilustrar la afirmación precedente debe tenerse en cuenta que los artículos 21, 22, 73, fracciones VI y XII, y 114, fracción I, de la Ley de Amparo (este último transcrito en párrafos anteriores), establecen las bases para la procedencia del juicio de garantías cuando se impugnan normas de carácter general, atendiendo a su propia naturaleza, es decir, si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio (autoaplicativas), o bien, si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la disposición jurídica combatida (heteroaplicativas).

En el primer caso, basta con que el gobernado se ubique en los supuestos previstos en un determinado ordenamiento legal que por su sola expedición le obliguen a hacer o dejar de hacer, provocando la afectación a su esfera jurídica, sin ningún acto ulterior de autoridad, para que esté en aptitud de ejercitar la acción constitucional dentro del plazo de treinta días, contados a partir de la entrada en vigor del precepto de que se trate, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 22 de la Ley de Amparo.

En el segundo caso, se requiere la realización de un acto de aplicación que imponga o haga observar los mandatos legales para que se produzca la actualización de la hipótesis normativa y, entonces, el término con que cuenta el agraviado para promover el juicio de garantías será de quince días, según la regla establecida en el artículo 21 de la ley citada.

Así, para la impugnación de las normas generales mediante el juicio de amparo se requiere acreditar que esas normas afectan la esfera jurídica de quien solicita la protección federal, ya sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato, o bien, porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación, el cual puede provenir, generalmente, por la actuación de una autoridad, pero también de los propios particulares, si mediante estas conductas se vincula de modo necesario al solicitante del amparo con lo dispuesto en los preceptos impugnados, por actualizarse sus supuestos.

El artículo 25, fracción XVIII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, establece:

"Artículo 25. No serán deducibles:

"...

"XVIII. Las pérdidas que provengan de la enajenación de acciones y otros títulos valor cuyo rendimiento no sea interés en los términos del artículo 7o. A de esta ley, salvo que su adquisición y enajenación se efectúe dando cumplimiento a los requisitos establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante reglas de carácter general.

"Las pérdidas que se puedan deducir conforme al párrafo anterior no excederán del monto de las ganancias que, en su caso, obtenga el mismo contribuyente en la enajenación de acciones y otros títulos valor cuyo rendimiento no sea interés en los términos del artículo 7o. A de esta ley, en el mismo ejercicio o en los cinco siguientes. Dichas pérdidas se actualizarán por el periodo comprendido desde el mes en que ocurrieron hasta el mes de cierre del ejercicio. La parte de las pérdidas que no se deduzcan en un ejercicio, se actualizarán por el periodo comprendido desde el mes del cierre del ejercicio en que se actualizó por última vez y hasta el último mes del ejercicio inmediato anterior al ejercicio en que se deducirá."

De la lectura del precepto anterior se colige que se trata de un dispositivo legal que prohíbe las deducciones que provengan de la enajenación de acciones y otros títulos valor cuyo rendimiento no sea interés en los términos del artículo 7o. A de la ley en comento, salvo que su adquisición y enajenación se efectúe dando cumplimiento a los requisitos establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante reglas de carácter general.

Para que se actualice la hipótesis mencionada se requiere necesariamente que la quejosa contribuyente, hubiese solicitado a la autoridad fiscal la autorización para deducir las pérdidas en cuestión, ya que no basta que haya hecho la declaración complementaria correspondiente.

En el caso concreto, la actualización de la hipótesis normativa se dio cuando la autoridad responsable contestó a la consulta realizada por la quejosa mediante el oficio 330-SAT-IV-C-2457/2000, de fecha veintinueve de febrero de dos mil, mediante el cual no confirmó el criterio que sostenía dicha quejosa, en términos del artículo 25, fracción XVIII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el perjuicio se dio cuando la autoridad recaudadora negó la deducción del impuesto y no cuando el quejoso declaró la pérdida con motivo de la venta de sus acciones, toda vez que no es la pérdida la que le acarrea el perjuicio jurídico sino la imposibilidad de deducirla, que se le hizo de su conocimiento precisamente a través del oficio 330-SAT-IV-C-2457/2000 en comento.

En este caso, se trata de un acto diverso (autorización) que condiciona la aplicación de la norma controvertida, por lo que se trata de una disposición heteroaplicativa, ya que para que se pueda actualizar el perjuicio jurídico se requiere la autorización correspondiente, otorgada necesariamente por la autoridad administrativa.

Al respecto, es de tomar en cuenta el criterio que actualmente sustenta el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el propósito de establecer las bases para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas.

La referida jurisprudencia de este órgano colegiado, identificada con el número P./J. 55/97, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, julio de mil novecientos noventa y siete, página cinco, que es del tenor literal siguiente:

"LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento.

"Amparo en revisión 2104/91. Corporación Videocinematográfica México, S.A. de C.V. 20 de febrero de 1996. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Juventino V. Castro y Castro y José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Rosalba Becerril Velázquez.

"Amparo en revisión 1811/91. Vidriera México, S.A. y otros. 4 de junio de 1996. Once votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Alejandro Sánchez López.

"Amparo en revisión 1628/88. Vidrio Neutro, S.A. y otros. 4 de junio de 1996. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Víctor Francisco Mota Cienfuegos.

"Amparo en revisión 1525/96. Jorge Cortés González. 8 de mayo de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Víctor Francisco Mota Cienfuegos.

"Amparo en revisión 662/95. Hospital Santa Engracia, S.A. de C.V. 29 de mayo de 1997. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: José de Jesús Gudiño Pelayo y Olga María Sánchez Cordero. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Alejandro Sánchez López.

"El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el siete de julio en curso, aprobó, con el número 55/1997, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a siete de julio de mil novecientos noventa y siete."

CUARTO. Sostiene la autoridad responsable, en su segundo agravio, lo siguiente:

"La sentencia que se revisa es ilegal porque se viola en perjuicio de la autoridad recurrente lo dispuesto por los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, toda vez que las consideraciones que llevaron a la a quo a declarar la inconstitucionalidad del artículo 25, fracción XVIII, párrafo primero, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se encuentran indebidamente motivadas, pues el a quo dejó de considerar que las reglas de carácter general a las que se refiere el artículo impugnado, únicamente establecen la posibilidad en favor de los contribuyentes de deducir las pérdidas que provengan de la enajenación de acciones, aunado al hecho de que las referidas reglas en ningún momento facultan a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para determinar en qué hipótesis procede o no la deducción de las pérdidas provenientes de la enajenación de acciones, como lo afirma el Juez de Distrito en la sentencia que se recurre, pues es la misma ley en el precepto impugnado la que señala la procedencia de la deducibilidad o no de las referidas pérdidas fiscales, remitiendo ésta únicamente a las reglas de carácter general que al efecto emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para el efecto de que se consideren determinados requisitos de orden técnico al momento de realizar la enajenación de las acciones."

Es infundado el anterior agravio.

Antes de entrar a su estudio se considera pertinente hacer algunas reflexiones respecto a las deducciones en materia fiscal.

El esquema fiscal del impuesto sobre la renta para las empresas en México, en lo que se refiere a la deducibilidad, establece gastos que pueden ser no deducibles porque la ley establece dicho tratamiento respecto de determinadas erogaciones, tales como algunos de los contemplados en el artículo 25 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Por otra parte, existen las deducciones llamadas "controlables" por la doctrina, en los que la deducibilidad depende del cumplimiento de ciertas normas o formalidades que corresponde a la administración de la empresa vigilar que invariablemente se cumplan. Este tipo de conceptos se pueden convertir en no deducibles si falta por cualquier motivo alguno de los requisitos señalados por la ley o la autoridad administrativa, fijados mediante reglas de carácter general, como en el presente caso lo es respecto de la fracción XVIII del artículo 25 de la Ley del Impuesto sobre la Renta que se impugna.

La deducción en el régimen mexicano fiscal, se traduce en un beneficio que determina una reducción del importe de la base imponible, con la finalidad de cumplir fines de política económica y social, conformándose por gastos que se pueden descontar para fijar la utilidad gravable de una empresa, dichos gastos pueden ser de carácter ordinario o ser una pérdida extraordinaria o imprevista.

Conforme al artículo 22 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, los contribuyentes pueden efectuar diversas deducciones a efecto de determinar la base gravable, tales como las adquisiciones de mercancías, los gastos, las devoluciones, descuentos o bonificaciones, los créditos incobrables, etcétera. En términos generales, todas estas deducciones se realizan en el momento y en la medida en que se traducen en una modificación negativa en el patrimonio del contribuyente.

De las consideraciones anteriores podemos inferir que las deducciones fiscales son un beneficio, un derecho que tiene el contribuyente para disminuir la base gravable que será objeto de la aplicación de la tasa del impuesto sobre la renta, en virtud de que sus actividades han reportado pérdidas.

Por otra parte, el objeto del gravamen del impuesto sobre la renta, lo constituyen todos aquellos recursos que obtienen los sujetos determinados en el artículo 1o. de la ley de la materia, causados con motivo de ingresos que se reflejen en un incremento en su patrimonio, por lo que la ley establece la deducibilidad en los casos en ella contemplados, porque de lo contrario puede traducirse en una seria afectación en la productividad de las compañías.

La hipótesis normativa que contempla el precepto legal impugnado establece un beneficio al causante, consistente en permitirle deducir las pérdidas de la enajenación de acciones y títulos valor, siempre que se cumpla con los requisitos que se establecen.

Expuesto lo anterior, se pasa al análisis del problema de constitucionalidad planteado.

El artículo 31, fracción IV, constitucional, ordena:

"Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos:

"...

"IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes."

Los artículos 10 y 25, fracción XVIII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigentes en mil novecientos noventa y ocho, establecen:

"Artículo 10. Las personas morales deberán calcular el impuesto sobre la renta, aplicando al resultado fiscal obtenido en el ejercicio la tasa del 34%.

"...

"El resultado fiscal del ejercicio se determinará como sigue:

"I. Se obtendrá la utilidad fiscal disminuyendo de la totalidad de los ingresos acumulables obtenidos en el ejercicio, las deducciones autorizadas por este título.

"II. A la utilidad fiscal del ejercicio se le disminuirán, en su caso, las pérdidas fiscales pendientes de aplicar de otros ejercicios.

"El impuesto del ejercicio se pagará mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas, dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que termine el ejercicio fiscal."

"Artículo 25. No serán deducibles:

"...

"XVIII. Las pérdidas que provengan de la enajenación de acciones y otros títulos valor cuyo rendimiento no sea interés en los términos del artículo 7o. A de esta ley, salvo que su adquisición y enajenación se efectúe dando cumplimiento a los requisitos establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante reglas de carácter general.

"Las pérdidas que se puedan deducir conforme al párrafo anterior no excederán del monto de las ganancias que, en su caso, obtenga el mismo contribuyente en la enajenación de acciones y otros títulos valor cuyo rendimiento no sea interés en los términos del artículo 7o. A de esta ley, en el mismo ejercicio o en los cinco siguientes. Dichas pérdidas se actualizarán por el periodo comprendido desde el mes en que ocurrieron hasta el mes de cierre del ejercicio. La parte de las pérdidas que no se deduzcan en un ejercicio, se actualizarán por el periodo comprendido desde el mes del cierre del ejercicio en que se actualizó por última vez y hasta el último mes del ejercicio inmediato anterior al ejercicio en que se deducirá."

Derivado del precepto constitucional transcrito, se desprenden las siguientes garantías en materia tributaria:

a) El Estado tiene la obligación de destinar las contribuciones al gasto público de la Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios.

b) Las contribuciones deben ser proporcionales y equitativas.

c) Las contribuciones deben estar establecidas en una ley.

En primer término, debe delimitarse el contenido y alcance del principio de legalidad tributaria, al respecto, el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte ha emitido las jurisprudencias que se transcriben a continuación:

"IMPUESTOS, ELEMENTOS ESENCIALES DE LOS. DEBEN ESTAR CONSIGNADOS EXPRESAMENTE EN LA LEY. Al disponer el artículo 31 constitucional, en su fracción IV, que son obligaciones de los mexicanos ‘contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes’, no sólo establece que para la validez constitucional de un tributo es necesario que, primero, esté establecido por ley; segundo, sea proporcional y equitativo y, tercero, sea destinado al pago de los gastos públicos, sino que también exige que los elementos esenciales del mismo, como pueden ser el sujeto, objeto, base, tasa y época de pago, estén consignados de manera expresa en la ley, para que así no quede margen para la arbitrariedad de las autoridades exactoras, ni para el cobro de impuestos imprevisibles o a título particular, sino que a la autoridad no quede otra cosa que aplicar las disposiciones generales de observancia obligatoria dictadas con anterioridad al caso concreto de cada causante y el sujeto pasivo de la relación tributaria pueda en todo momento conocer la forma cierta de contribu

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17338-2f1842f9/renta-el-articulo-25-fraccion-xviii-parrafo-primero · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.