Corpus
Modo: Corpus Pro

CONVENIOS DE DESARROLLO MUNICIPAL CELEBRADOS ENTRE EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y UN GOBERNADOR. CUÁNDO NO VIOLAN LA AUTONOMÍA MUNICIPAL.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 6/95. · Registro digital (IUS): 5008
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Junio de 1997, , Pág. 421.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 6/95. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.

MINISTRO PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA.

SECRETARIO: ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día treinta y uno de marzo de mil novecientos noventa y siete.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este alto tribunal, el nueve de junio de mil novecientos noventa y cinco, Héctor Guillermo Osuna Jaime, Rubén Fernández Aceves, Francisco Antonio García Burgos y Juan Marco Gutiérrez González, en sus respectivos caracteres de presidente municipal, secretario, síndico y jefe del Departamento Jurídico, todos del Decimocuarto Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Tijuana, Baja California, promovieron acción de controversia constitucional en los siguientes términos:

"I. NOMBRE DE LOS PROMOVENTES:

"Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Tijuana.

"II. LAS PARTES QUE EMITIERON LAS NORMAS GENERALES IMPUGNADAS ASÍ COMO DE LOS ACTOS DE APLICACIÓN.

"1. La H. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.

"2. C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

"3. C. secretario de Gobernación.

"4. C. secretario de Hacienda y Crédito Público.

"5. C. secretario de Desarrollo Social.

"6. C. secretario de Contraloría y Desarrollo Administrativo.

"Se señalan como partes también:

"C. procurador general de la República.

"C. Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Baja California.

"C. secretario general de Gobierno del Estado Libre y Soberano de Baja California.

"III. NORMA Y ACTOS CUYA INVALIDEZ SE RECLAMA Y EL MEDIO OFICIAL EN QUE SE PUBLICÓ.

"La expedición, promulgación, publicación, vigencia y aplicación del decreto que contiene el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1995, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 1994, en lo particular el artículo 14, por cuanto hace al Ramo 0026, antepenúltimo y penúltimo párrafo.

"Igualmente se solicita se invalide el Convenio de Desarrollo Social de 1995 que suscribieron el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado de Baja California.

"IV. PRECEPTOS CONSTITUCIONALES QUE SE ESTIMAN VIOLADOS:

"Los artículos 25 y 115 constitucionales.

"PROCEDENCIA DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL.

"A continuación nos permitimos transcribir en lo conducente el criterio sustentado por el pleno de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de 7 de noviembre de 1991, en el amparo en revisión número 4521/90, promovido por el síndico municipal del Ayuntamiento de Mexicali, B.C., que dice: (lo transcribe).

"V. ANTECEDENTES:

"1. El veintiocho de diciembre de 1994 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que contiene el Presupuesto de Egresos de la Federación de 1994 (sic).

"2. En dicho decreto, en su artículo 14, se dispone una partida denominada participaciones a entidades federativas y Municipios, por un total de N$84,259’300,000.00, divididos en 3 ramos:

"Ramo 25. Aportaciones para educación básica en los Estados, por N$28,888’900,000.00.

"Ramo 26. Solidaridad y desarrollo regional, por N$10,676’300,000.00.

"Ramo 28. Participaciones fiscales (sic), por N$44,694’100,000.00.

"3. Es el caso que el citado artículo del decreto de egresos, dispone que la cantidad relativa al Ramo 26, ‘Solidaridad y desarrollo regional’, será destinada a entidades federativas y Municipios, lo cual es correcto; mas sin embargo, las disposiciones subsecuentes del propio artículo en cita, establecen que dichas participaciones serán administradas por la Secretaría de Desarrollo Social y, además, dicho decreto carece de un mecanismo cierto y justo para la distribución del citado Ramo 26, por lo que venimos a plantear la presente controversia en los términos de los conceptos de validez que (sic) más adelante se expresan.

"4. Se manifiesta también el hecho, bajo protesta de decir verdad, de que la Federación y el Gobierno del Estado de Baja California han suscrito un convenio denominado ‘Convenio de Desarrollo Social’, en el cual se ha dispuesto la aplicación de la partida citada, ramo 26, prevista en el artículo 14 del decreto de marras, sin tomarle parecer ni consentimiento al Municipio de Tijuana, contrastando dicho acto con el artículo 115 constitucional.

"De dicho acto tuvimos conocimiento el 16 de mayo de 1995, lo cual se manifiesta bajo protesta de decir verdad."

SEGUNDO. El Ayuntamiento actor expresó los siguientes conceptos de invalidez:

"Primero. En efecto, el artículo 115, fracción IV, A) constitucional (sic) establece: ‘Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio libre, conforme a las bases siguientes:-I. Cada Municipio será administrado por un Ayuntamiento de elección popular directa y no habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado. Los presidentes municipales, regidores y síndicos de los Ayuntamientos, electos popularmente por elección directa, no podrán ser reelectos para el periodo inmediato. Las personas que por elección indirecta, o por nombramiento o designación de alguna autoridad desempeñen las funciones propias de esos cargos, cualquiera que sea la denominación que se les dé, no podrán ser electas para el periodo inmediato. Todos los funcionarios antes mencionados, cuando tengan el carácter de propietarios, no podrán ser electos para el periodo inmediato con el carácter de suplentes, pero los que tengan el carácter de suplentes sí podrán ser electos para el periodo inmediato como propietarios a menos que hayan estado en ejercicio. Las Legislaturas Locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podrán suspender Ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que la ley local prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacer los alegatos que a su juicio convengan. En caso de declararse desaparecido un Ayuntamiento o por renuncia o falta absoluta de la mayoría de sus miembros, si conforme a la ley no procediere que entraren en funciones los suplentes ni que se celebraren nuevas elecciones, las legislaturas designarán entre los vecinos a los Concejos Municipales que concluirán los periodos respectivos. Si alguno de los miembros dejare de desempeñar su cargo, será sustituido por su suplente, o se procederá según lo disponga la ley ... IV. Los Municipios administrarán libremente su Hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso: a). Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles. Los Municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones. b). Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados ...’

"Como puede apreciarse, el artículo 115 constitucional instituye el Municipio libre, con personalidad jurídica y patrimonio propios, asimismo, de acuerdo con la fracción II de este artículo constitucional, el de administrar libremente su Hacienda.

"Luego, entonces, debemos establecer previamente que de conformidad con la Constitución, en su artículo 115, fracción IV, se establece la potestad de los Municipios para administrar libremente su Hacienda, la cual se forma o integra, entre otros conceptos, de las participaciones federales que serán cubiertas por la Federación a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados.

"El precepto constitucional anteriormente transcrito, apoya y robustece la estructura política de los Ayuntamientos, así como los requisitos indispensables para la suspensión o revocación del mandato a los miembros de los Ayuntamientos; asimismo, tiene como propósito preservar a las instituciones municipales de injerencias o intervenciones en sus mandatos otorgados directamente por la ciudadanía, con la finalidad de consagrar un principio de seguridad jurídica que responda a las necesidades de hacer más efectiva la autonomía política de los Municipios, respetándose el orden federalista.

"Cabe destacar que el espíritu de nuestra Constitución Federal es el de preservar la autonomía de los Municipios y la personalidad jurídica de los mismos, confiriéndoles para tal efecto, jerarquía constitucional para el manejo de su patrimonio, esto es, con el propósito del robustecimiento político y jurídico de los Municipios.

"Así las cosas, viola la autonomía municipal y el principio de libre administración de su Hacienda, consagrados en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la expedición, promulgación y aplicación del decreto que contiene el Presupuesto de Egresos de la Federación, en lo particular su artículo 14, el cual establece en principio, en forma genérica, el monto destinado a participaciones federales a entidades federativas y Municipios (lo cual es correcto); mas, sin embargo, inmediatamente el decreto mencionado en su artículo impugnado, viola la Constitución al establecer un destino de dichos recursos imponiéndoselo en este caso a los Municipios, además de imponer como administrador de sus recursos, a la Secretaría de Desarrollo Social Federal.

"En efecto, si el Municipio integra su patrimonio, de entre otros conceptos, con las participaciones federales, como lo son las que determinó la Cámara de Diputados en los párrafos primero al cuarto del artículo 14 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1995, es decir, dichas participaciones forman parte de la Hacienda municipal desde el momento de su aprobación por la Cámara de Diputados, no existe duda entonces de que el resto de las disposiciones previstas en el decreto impugnado en su artículo 14, relativas a la administración de dichos recursos, son inconstitucionales, pues el administrador libre y autónomo de su Hacienda es el Municipio mismo, según lo establece nuestra Constitución en su artículo 115.

"Segundo. También violan el artículo 115 constitucional citado, los Ejecutivos Federal y del Estado de Baja California, mediante la celebración del Convenio de Desarrollo Social 1995, que tiene como objetivos, entre otros, coordinar la ejecución de acciones, así como la aplicación de recursos para la realización de obras y proyectos a fin de impulsar el desarrollo en la entidad y en sus Municipios. Que el Ejecutivo Federal y Estatal acuerden fortalecer a los Municipios en la aplicación y ejercicio de las facultades otorgadas por el artículo 115 constitucional, y para tal efecto, las partes impulsarán la participación de los Municipios para la atención de obras, proyectos y actividades prioritarias que decidan el gobierno municipal y sus comunidades.

"El referido convenio cuenta con diversos capítulos y cláusulas, destacándose de éstas, por considerar que tienen mayor relación, las siguientes:

"‘Cuarta. Los Ejecutivos Federal y Estatal acuerdan que el presente convenio constituye la única vía de coordinación entre ambos órdenes de gobierno y que todas aquellas acciones que tengan como propósito realizarse de manera conjunta, con la intervención que corresponda al Municipio, durante el presente ejercicio fiscal, se llevarán a cabo mediante acuerdos de coordinación o anexos de ejecución de este convenio, debiendo ser suscritos por los servidores públicos facultados para ello.

"‘En el caso de la concertación de acciones con los sectores social y privado que las dependencias y entidades de la administración pública pretendan llevar a cabo, los instrumentos de formalización serán los convenios de concertación.’

"‘Quinta. Las partes coordinarán sus acciones y recursos para apoyar la ejecución y conclusión, en su caso, de las obras y proyectos prioritarios de la entidad federativa, a través de los programas normales de inversión de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de los recursos federales que se asignen al Estado vía Ramo XXVI «Solidaridad y Desarrollo Regional», y de las aportaciones a estos programas que le correspondan a la propia entidad federativa.’

"‘Séptima. El Ejecutivo Federal, por conducto de las Secretarías de Desarrollo Social y de Contraloría y Desarrollo Administrativo, en el ámbito de sus respectivas competencias, llevarán a cabo el seguimiento, control y evaluación del ejercicio del gasto que corresponda a las vertientes de coordinación y de concertación que se realicen con recursos del Ramo XXVI «Solidaridad y Desarrollo Regional», conforme a las disposiciones legales aplicables.’

"‘Octava. Los Ejecutivos Federal y Estatal convienen que los recursos federales y estatales que se destinen a obras y acciones en beneficio directo de los grupos a los que se orientan las acciones del combate a la pobreza, deberán ser complementados con las aportaciones que en efectivo o en especie realicen dichos grupos.’

"‘Vigésima. Los Ejecutivos Federal y Estatal en forma coordinada, con la participación de los Municipios, convienen conjuntar acciones y esfuerzos para aplicar el AUSEE (sic) derivado del Programa de Emergencia Económica.’

"‘Cuadragésima. Los Ejecutivos Federal y Estatal se comprometen a fortalecer la organización social y los conductos de participación; por tal motivo, promoverán y fortalecerán, por medio de los Municipios, la colaboración organizada de la comunidad, para que actúe como mecanismo de participación solidaria en las obras que se realicen en la entidad, en el marco del Programa Nacional de Solidaridad.’

"‘Cuadragésima quinta. Los Ejecutivos Federal y Estatal se comprometen a aplicar los recursos destinados a la entidad federativa que provengan del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1995, en la ejecución de los programas materia del presente convenio, de acuerdo a lo dispuesto en el Manual Único de Operación 1995 de los Programas de Solidaridad y Desarrollo Regional y en la normatividad expedida para la celebración de acuerdos de coordinación, anexos de ejecución y convenios de concertación.

"‘El financiamiento de los programas que se efectúen total o parcialmente con dichos recursos deberá instrumentarse bajo los conceptos siguientes:

"‘1. Asignaciones de recursos del Ramo XXVI «Solidaridad y Desarrollo Regional», al Ejecutivo del Estado.

"‘2. Ministración de recursos que las dependencias y entidades de la administración pública federal realicen al Estado, vía Ramo XXVI «Solidaridad y Desarrollo Regional», para ejecutar sus programas normales en la entidad.

"‘3. Aplicación directa de recursos que las dependencias de la Administración Pública Federal realicen con cargo a lo previsto en sus programas normales de alcance estatal autorizados en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1995.

"‘Los Programas de Solidaridad y Desarrollo Regional, así como las acciones prioritarias del Estado que se financiarán en forma coordinada o concertada con recursos federales y estatales durante 1995, serán los contenidos en los Programas Operativos de Alcance Estatal.’

"‘Cuadragésima séptima. La formalización de los acuerdos de coordinación y anexos de ejecución, así como la de los convenios de concertación que se deriven de este convenio estará sujeta al dictamen de congruencia y a la autorización que sobre transferencia de recursos emita la Secretaría de Desarrollo Social, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Dicha autorización estará supeditada a la disponibilidad de recursos, en los términos del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1995, aprobado por la H. Cámara de Diputados.’

"‘Cuadragésima octava. El Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, se compromete a asesorar al Ejecutivo Estatal en la realización de acciones para la instrumentación o fortalecimiento de sus sistemas de control y evaluación y para el desarrollo y modernización de las administraciones públicas estatal y municipales, a fin de asegurar la aplicación transparente, honesta y eficaz de los recursos.’

"De la cláusula cuarta se desprende que los Ejecutivos Federal y Estatal acuerdan que dicho convenio constituye la única vía de coordinación entre ambos órdenes de gobierno y que todas aquellas acciones que tengan como propósito realizarse de manera conjunta, con la intervención correspondiente al Municipio, durante el ejercicio fiscal presente, se llevarán a cabo mediante acuerdos de coordinación o anexos de ejecución de este convenio.

"También se advierte que en la cláusula quinta se estipula que las partes coordinarán sus acciones y recursos para apoyar la ejecución y conclusión de las obras y proyectos prioritarios de la entidad federativa, mediante los programas normales de inversión de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de los recursos federales que se asignen al Estado vía Ramo XXVI ‘Solidaridad y Desarrollo Regional’, y de las aportaciones a estos programas que a la propia entidad federativa le corresponda.

"De la cláusula séptima se obtiene que el Ejecutivo Federal, por conducto de las Secretarías de Desarrollo Social y de Contraloría y Desarrollo Administrativo, llevarán el seguimiento, control y evaluación del ejercicio del gasto que corresponda a las vertientes de coordinación y de concertación que se realicen con los recursos del ramo 0026.

"Asimismo, en la cláusula octava se contempla que los Ejecutivos Federal y Estatal convienen que los recursos federales y estatales destinados a obras y acciones, en beneficio directo de los grupos a los que se orientan las acciones del combate a la pobreza, deberán ser contemplados con las aportaciones que en efectivo o en especie realicen dichos grupos.

"Por su parte, en la cláusula vigésima se estipuló que los Ejecutivos Federal y Estatal en forma coordinada, con la participación de los Municipios, convienen conjuntar acciones y esfuerzos para aplicar el AUSEE (sic).

"Igualmente, de la cláusula cuadragésima quinta se destaca que los Ejecutivos Federal y Estatal se comprometen a aplicar los recursos destinados a la entidad federativa que provengan del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1995, en la ejecución de los programas materia del multicitado convenio, de acuerdo a lo dispuesto al Manual Único de Operación 1995 de los Programas de Solidaridad y Desarrollo Regional y en la normatividad expedida para la celebración de acuerdos de coordinación, anexos de ejecución y convenios de concertación. Así también, en la citada cláusula se señala cómo deberá instrumentarse el financiamiento de los programas que se efectúen total o parcialmente con dichos recursos, los cuales son del tenor siguiente: ‘1. Asignaciones de recursos del ramo XXVI «Solidaridad y Desarrollo Regional», al Ejecutivo del Estado. 2. Ministración de recursos que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal realicen al Estado, vía Ramo XXVI «Solidaridad y Desarrollo Regional» para ejecutar sus programas normales en la entidad. 3. Aplicación directa de recursos que las dependencias de la Administración Pública Federal realicen con cargo a lo previsto en sus programas normales de alcance estatal, autorizados en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1995. Los programas de solidaridad y desarrollo regional, así como las acciones prioritarias del Estado que se financiarán en forma coordinada o concertada con recursos federales y estatales durante 1995, serán los contenidos en los programas operativos de alcance estatal.’

"De la cláusula cuadragésima séptima se advierte que la formalización de los acuerdos de coordinación y anexos de ejecución, así como la de los convenios de concertación, derivados del referido convenio, estará sujeta al dictamen de congruencia y a la autorización que sobre transferencia de recursos emita la Secretaría de Desarrollo Social en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; que la referida autorización se supeditará a la disponibilidad de recursos, en los términos del decreto de presupuesto de egresos anteriormente mencionado.

"Y por último, la cláusula quincuagésima octava, en lo conducente, señala que la inobservancia del convenio en cuestión, acuerdos de coordinación, anexos de ejecución y convenios de concertación, y el incumplimiento a lo dispuesto en los manuales correspondientes y de las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestales a que se refiere el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1995, por parte de las autoridades estatales, traerá como consecuencia la suspensión de la ministración de recursos federales para el financiamiento de los programas y acciones materia del convenio.

"Sin embargo y no obstante lo anterior, el Convenio de Desarrollo Social 1995, se contrapone con el precepto constitucional anteriormente invocado, toda vez que con la ejecución del referido convenio, se han invadido las atribuciones y facultades exclusivas del Municipio, lesionándose la jerarquía constitucional para el manejo de su Hacienda, en virtud de que tratándose de llevar a cabo obras, proyectos y actividades en los Municipios, son cuestiones que el propio Municipio deberá determinar de acuerdo a su patrimonio (del cual son parte integrante las participaciones federales) y proyectos que para tal caso existan.

"Asimismo, el presidente de la República, el gobernador del Estado de Baja California, el secretario de Desarrollo Social y el secretario de Contraloría y Desarrollo Administrativo, tienen las facultades legales que se encuentran establecidas en los ordenamientos jurídicos correspondientes, sin que de éstos se desprenda que tengan facultades para coordinar la aplicación de recursos para la realización de obras y proyectos a fin de impulsar el desarrollo en la entidad y en sus Municipios, es decir, que las citadas partes no tienen facultades ni atribuciones para determinar las aportaciones que deba hacer el Municipio, toda vez que la disposición y manejo del patrimonio del Municipio solamente le compete a éste en relación al principio de soberanía que todo Municipio debe tener.

"En el caso, la intervención de dependencias federales, como es la Secretaría de Desarrollo Social y Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, mismas que se encuentran sujetas a un régimen de jurisdicción federal, mediante un convenio firmado por los Ejecutivos Federal y del Estado de Baja California, entre otras autoridades, el cual contiene cláusulas de responsabilidad en caso de incumplimiento e inobservancia del mismo, cabe señalar que dicho convenio celebrado entre las partes anteriormente señaladas, trastoca directa y gravemente a la Constitución Federal y, por consiguiente, la voluntad de las partes plasmadas en el referido Convenio de Desarrollo Social de 1995, resulta inconveniente en virtud de que el cumplimiento a la Constitución Federal está por encima del referido convenio, sin que valga en contra, que mediante el mismo se verá beneficiada la población, pues al respecto cabe resaltar que resulta innecesario el referido convenio para llevar a cabo el programa de desarrollo a que se refiere, ya que para tal evento el Municipio puede implementar tales programas y, por otra parte, la Federación y el Estado deben hacer las aportaciones a la Hacienda del Municipio a que él tiene derecho, y que forma parte de su patrimonio, para llevar a cabo dichos programas, y así de esta manera, se enaltecería el espíritu de nuestra Constitución Federal, que es el de seguir conservando la autonomía de los Municipios y su personalidad jurídica, al haberle conferido para tal efecto jerarquía constitucional para el manejo de su patrimonio, esto es, con el propósito de robustecerlo política y jurídicamente.

"Consecuentemente, el citado Convenio de Desarrollo Social 1995, contraviene el artículo 115 en su fracción IV, A) constitucional (sic), que reserva al Municipio la libre administración de su Hacienda.

"El artículo 14 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1995, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 1994, es inconstitucional al establecer una erogación al Ramo XXVI destinado a Solidaridad y Desarrollo Regional.

"En efecto, del referido artículo se obtiene que dicho Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1995, tuvo a bien erogar para las entidades federativas y Municipios en el año en curso (sic) la cantidad de N$84’259,300.00, los que se distribuyen de la manera siguiente:

"N$28,888’900,000, de aportaciones para educación básica en los Estados.

"N$10,676’300,000, para solidaridad y desarrollo regional.

"N$44,694’100,000, de participaciones a entidades federativas y Municipios.

"Ahora bien, la erogación destinada para solidaridad y desarrollo regional, la cual es administrada por la Secretaría de Desarrollo Social, como se indica en el quinto párrafo del artículo 14 del Decreto del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 1995, fue prevista para las entidades federativas y Municipios para el año de 1995, como se precisa en el primer párrafo del precepto legal antes invocado.

"Asimismo, como ha quedado precisado en el párrafo anterior, las erogaciones previstas en el citado artículo 14 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1995, las mismas son destinadas para las entidades federativas y Municipios.

"Consecuentemente, al resultar que la Secretaría de Desarrollo Social administra la erogación correspondiente al Ramo XXVI para solidaridad y desarrollo regional, cuando dicha secretaría está sujeta a un régimen de jurisdicción federal, resulta por lo tanto que la secretaría en mención, al administrar la erogación del Ramo XXVI, lo hace en contravención del artículo 115, fracción II, constitucional, ya que la administración de la Hacienda le corresponde al Municipio y no a dependencias ajenas, como lo son la Secretaría de Desarrollo Social y Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo. Por ende, el artículo 14 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 1995 resulta inconstitucional, pues este presupuesto, una vez aprobado forma lisa y llanamente parte del patrimonio del Municipio, de ahí que sólo éste pueda administrarlo con libertad, de conformidad con la fracción IV, inciso b), del artículo 115 constitucional.

"El artículo 115, fracción IV, A) constitucional (sic), establece: ‘Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio libre, conforme a las bases siguientes: ... IV. Los Municipios administrarán libremente su Hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso ... a). Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles.’. Como puede apreciarse, el artículo 115 constitucional, instituye al Municipio libre con personalidad jurídica propia y, asimismo, de acuerdo con la fracción II de este artículo constitucional, el administrar libremente su Hacienda.

"El precepto constitucional anteriormente invocado apoya y robustece la estructura política de los Ayuntamientos, asimismo, tiene como propósito preservar a las instituciones municipales de injerencias o intervenciones en sus mandatos otorgados directamente por la ciudadanía, con la finalidad de consagrar un principio de seguridad jurídica que responda a las necesidades de hacer más efectiva la autonomía política de los Municipios, confiriéndoles para tal efecto jerarquía constitucional para el manejo de su patrimonio, esto es, con el propósito del robustecimiento político y jurídico de los Municipios.

"Por otra parte, la inconstitucionalidad del multicitado precepto también se debe a que, si en el caso se le ha conferido a la Secretaría de Desarrollo Social para administrar el Ramo XXVI, dicha facultad se ha efectuado al margen de la Constitución, en virtud de que los artículos 74 y 75 constitucionales no señalan que al aprobar el presupuesto de egresos, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión tenga facultades para designar administradores de las erogaciones a alguna secretaría, como en este caso a la de Desarrollo Social, sino que dicha erogación debe ser administrada por las entidades federativas y por el Municipio, ya que éste, al ser autónomo y tener personalidad jurídica propia, tiene la facultad constitucionalmente otorgada para administrar libremente su patrimonio, por lo que al imponérsele a la Secretaría de Desarrollo Social como administrador de las erogaciones que se le han previsto de conformidad con el primer párrafo del artículo 14 del Presu

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5008-cbe38da9/convenios-de-desarrollo-municipal-celebrados-entre-el-presidente · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.