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Modo: Corpus Pro

AUTONOMÍA DE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL DE LOS PODERES JUDICIALES LOCALES. AL CONSTITUIR UN PRINCIPIO FUNDAMENTAL DE LA INDEPENDENCIA DE ÉSTOS, NO PUEDE QUEDAR SUJETA A OTROS PODERES, PUES ELLO CONLLEVARÍA UNA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 116 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. PRESUPUESTO DE EGRESOS EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. LA FACULTAD DEL CONGRESO LOCAL PARA MODIFICAR SU MONTO ESTÁ CONDICIONADA A QUE SE EXPRESEN LAS RAZONES, SITUACIONES PARTICULARES Y ASPECTOS CONCRETOS QUE PROPICIEN LOS CAMBIOS, ASÍ COMO A QUE SE INVOQUEN LAS DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES QUE FUNDAMENTEN TAL ACTUACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 90 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA). PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2005. EL DECRETO RELATIVO, AL MODIFICAR LAS PARTIDAS PRESUPUESTARIAS RELATIVAS A LA REMUNERACIÓN DE MAGISTRADOS, CONSEJEROS Y JUECES TRANSGREDE LA FRACCIÓN III, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL ARTÍCULO 116 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL NUMERAL 57 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 19/2005. · Registro digital (IUS): 19457
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Abril de 2006, , Pág. 691.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 19/2005. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

MINISTRO PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA.

SECRETARIA: MARÍA DOLORES OMAÑA RAMÍREZ.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día ocho de diciembre de dos mil cinco.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por escrito presentado el tres de marzo de dos mil cinco, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Víctor Manuel Vásquez Fernández, en su carácter de presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Baja California, promovió controversia constitucional en la que señaló como órganos demandados y actos impugnados los siguientes:

"II. Nombre y domicilio del poder o poderes demandados. H. Congreso del Estado de Baja California, con domicilio ampliamente conocido en el edificio del Poder Legislativo del Estado de Baja California, sito en el centro cívico y comercial de la ciudad de Mexicali, Baja California."

"IV. Actos cuya invalidez se demanda y el medio oficial mediante el cual se haya llevado a cabo la publicación. Se reclaman de la autoridad señalada como demandada, los siguientes actos:

"a) Se demanda la invalidez del decreto emitido por la XVIII Legislatura del Estado de Baja California, que fue publicado en el Periódico Oficial número 3 del tomo CXII del Estado de Baja California, el día veinte de enero de dos mil cinco, donde se contiene el presupuesto de egresos del Poder Judicial del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal de dos mil cinco y el desglose del mismo, en el que establece la distribución por partidas, rubros y cantidades asignadas para cada una de ellas, ya que de una manera incorrecta y en forma extemporánea se publica el citado decreto en clara contravención del proceso que debe observarse para tal efecto, violando lo dispuesto por los artículos 27, fracciones I y XI, de la Constitución Política del Estado de Baja California; así como el artículo 30 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Baja California, puesto que en mi texto se deriva de autorización porque los otros poderes, el Legislativo o el Ejecutivo tengan sugerencia en los manejos del presupuesto del Poder Judicial, en cuanto a aspectos que son de carácter interno de este poder, como son el cubrir prestaciones de carácter laboral a su personal, alegando al caso, como en el presente de disminuir igualmente algunas de ellas y de suprimir otros, ya que pretende que el desglose del citado presupuesto forme parte del presupuesto de egresos del Estado de Baja California, que aprobó para el ejercicio fiscal de dos mil cinco, el cual entró en vigor el uno de enero de dos mil cinco.

"b) Se demanda la invalidez del decreto publicado el día veinte de enero de dos mil cinco en el Periódico Oficial número 3 del tomo CXII del Estado de Baja California, relativo al presupuesto de egresos del Poder Judicial del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal de 2005, que contiene la distribución por partidas, rubros, ramos y cantidades asignadas para cada una de ellas, así como los acuerdos contenidos en el dictamen número 62, de fecha treinta de diciembre de 2004, emitido por la Comisión de Hacienda y Presupuesto del poder ahora demandado, el cual sirve de base y fundamento al citado decreto, ya que de una manera incorrecta y excediendo en sus funciones el H. Congreso del Estado de Baja California le establece al Poder Judicial del Estado de Baja California la forma en que debe distribuir y ejercer el presupuesto de egresos que se le aprobó para el ejercicio fiscal de dos mil cinco, estableciéndole lineamientos en cuándo debe de gastar por cada una de las partidas, entre las cuales se encuentran las correspondientes a emolumentos y prestaciones que se les habían venido otorgando a Magistrados, consejeros, Jueces, directores y jefes de departamento de las diversas unidades administrativas, mismas que se habían autorizado reiteradamente desde hace más de diez años anteriores a la fecha actual, incluyendo el ejercicio fiscal anterior, o sea el de 2004, lo cual constituye desde luego una violación a la autonomía del poder ahora actor y una clara intromisión del poder demandado en los asuntos internos del Poder Judicial, misma que se traduce en una clara violación al principio de división de poderes."

SEGUNDO. En la demanda se señalaron como antecedentes de los actos impugnados los siguientes:

"Los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes del acto cuya invalidez se demanda y que me consta, a continuación los señalo:

"a) De conformidad con lo dispuesto por los artículos 65 de la Constitución Política del Estado de Baja California, en el mes de octubre de 2004, el Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California, órgano encargado de la administración del poder ahora actor, procedió a la integración del anteproyecto del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal de dos mil cinco.

"b) Con fecha 19 de noviembre de 2004, el H. Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado elaboró el proyecto de presupuesto del Poder Judicial del Estado de Baja California, para el ejercicio fiscal de dos mil cinco, por un monto total de $538'851,085.00, los cuales se destinarán a su operación y para el cumplimiento de sus fines de interés público.

"c) Con fecha 19 de noviembre de 2004, el entonces Magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, Lic. Felipe de Jesús Padilla Villavicencio, en su carácter de representante legal del Poder Judicial del Estado de Baja California remitió al titular del Ejecutivo del Estado de Baja California el proyecto del presupuesto de egresos del citado Poder Judicial y del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, incluyendo el del Tribunal de Justicia Electoral, de conformidad con lo establecido en el artículo 22 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Baja California.

"d) A su vez el Ejecutivo del Estado de Baja California, por conducto de su Secretaría de Planeación y Finanzas remitió, con fecha primero de diciembre de 2004, al Congreso del Estado el Proyecto de Presupuesto para el Gobierno del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal de 2005, en el cual contenía el proyecto de presupuesto de egresos correspondiente para el mencionado Poder Judicial, ajustándolo a la cantidad de $449'671,640.00 (cuatrocientos cuarenta y nueve millones seiscientos setenta y un mil seiscientos cuarenta pesos 00/100 moneda nacional).

"e) El entonces presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, Lic. Felipe de Jesús Padilla Villavicencio, en su carácter de representante legal del Poder Judicial del Estado de Baja California, compareció en sesión pública de fecha 13 de diciembre de 2004, ante los integrantes de la Comisión de Hacienda de la XVII Legislatura Constitucional del Congreso del Estado, a fin de que se expusieran los argumentos y justificaciones respectivas en cuanto al proyecto de presupuesto de egresos en mención, en la cual se manifestó que dicho proyecto se había elaborado en un marco de optimización de recursos y con la finalidad de dar cabal cumplimiento a la función jurisdiccional que constitucional y legalmente encomienda el Poder Judicial del Estado de Baja California.

"f) El 31 de diciembre de 2004, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Baja California, el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Baja California, para el ejercicio fiscal de 2005, periódico que se identifica con el número 59, tomo CXI, y que se publicó en nueve tomos, en donde aparece el artículo 4o., que dice: ‘El presupuesto de egresos del Poder Judicial para el ejercicio fiscal correspondiente al periodo comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil cinco, ascenderá a la cantidad de $371'822,393.00 (trescientos setenta y un millones ochocientos veintidós mil trescientos noventa y tres pesos 00/100 moneda nacional), distribuidos como sigue:

"‘Tribunal Superior de Justicia del Estado

de Baja California ................................................$366'822,393.00

"‘Tribunal de Justicia Electoral del Poder

Judicial del Estado de Baja California ................. 5'000,000.00

_______________

371,822,393.00.’

"g) Con fecha diecinueve de enero de 2005, a solicitud del entonces presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California consecuentemente representante del Poder Judicial de dicho Estado, el notario público número diez de la ciudad de Mexicali, Baja California, Lic. Ramiro E. Duarte Quijada, llevó a cabo una interpelación al encargado de la publicación del Periódico Oficial del Estado de Baja California, entendiéndose dicha interpelación con el C. Adolfo Preciado Sobampo, quien se desempeña como jefe del Archivo General del Poder Ejecutivo y quien es el jefe inmediato del coordinador del mencionado periódico oficial, por estar éste gozando de su periodo vacacional, donde se dio fe por parte del referido fedatario público que el citado jefe del Archivo General del Poder Ejecutivo, en vía de respuestas a las preguntas que se le formularon manifestó lo siguiente: a) Que la publicación del periódico oficial de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, consta de nueve secciones y que en forma concreta, el presupuesto de egresos del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal de dos mil cinco, aparece en la segunda sección; b) Que entendía que no se había hecho ninguna modificación o adición en alguna otra sección de dicha publicación específicamente en lo relativo al Poder Judicial del Estado; c) Que las nueve secciones de las que consta el presupuesto de egresos del Estado de Baja California, publicado el treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, se agregaron al acta levantada con motivo de la interpelación en mención; d) Que hasta la fecha en que se llevó a cabo la interpelación en mención, que fue el día diecinueve de enero de 2005, no se había publicado ninguna otra sección del citado presupuesto de egresos que fue publicado el treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro.

"h) Con fecha veinte de enero de dos mil cinco, o sea al día siguiente de la interpelación señalada en el inciso anterior, fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, el decreto, emitido por el Congreso del Estado de Baja California (XVIII Legislatura Constitucional) del Estado de Baja California, donde se contiene el presupuesto completo que se le aprobó al Poder Judicial del Estado, para el ejercicio fiscal de dos mil cinco, es decir el monto total autorizado, también conocido como techo financiero y el desglose y distribución por partidas, rubros, ramos y cantidades correspondientes, respecto a la forma en que se debe distribuir el presupuesto de egresos aprobado para el Poder Judicial del Estado de Baja California, lo cual se había omitido publicar el día treinta y uno de diciembre de dos mil cinco, reiterando que dicho dictamen fue publicado en forma extemporánea y dejando de observar el procedimiento que para tal efecto se establece en la Constitución Política del Estado de Baja California y en clara contravención del principio de división de los poderes locales, ya que indebidamente invade el poder demandado la esfera competencial del poder ahora actor, al excluir, ajustar y eliminar ramos y partidas, como se señaló con anterioridad y como se precisará más adelante.

"Es de mencionar que siempre que el dictamen 62 elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Poder Legislativo de Baja California no fue elaborado y sometido al procedimiento formal que por su aprobación establece la ley orgánica del citado Poder Legislativo en sus artículos 110, fracción II, 113, 116, 117, 118, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 131, 149, 160, 161 y demás relativos y aplicables, ya que únicamente fue aprobado por la comisión dictaminadora sin que conste que haya sido sometido a la aprobación del Pleno del Congreso."

TERCERO. En la demanda se señalaron como preceptos constitucionales violados los artículos 14, 16, 17 y 116, fracciones III, segundo párrafo y IV, inciso c), de la Constitución General de la República; 11, párrafo segundo, 57, 65, párrafo último y 90 de la Constitución Política del Estado de Baja California.

Los conceptos de invalidez que hace valer la parte actora son los siguientes:

"Primero. La autoridad demandada al emitir los actos cuya invalidez se demandan conculcó en perjuicio de mi representado lo dispuesto por el artículo 116, fracciones III, párrafo segundo y IV, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 11, párrafo segundo, 57, 64, 65, párrafo último y 90 de la Constitución Política del Estado de Baja California; 168, fracciones XIII y XXV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California y 27, fracción I, y 30 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del mismo Estado.

"a) En efecto, el Congreso del Estado de Baja California al emitir el decreto, de fecha treinta de diciembre de dos mil cuatro, el cual fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el día veinte de enero de dos mil cinco, lo hizo en clara contravención con lo dispuesto por las fracciones I y XI del artículo 27 de la Constitución Local del Estado de Baja California, en virtud de que no obstante que en el citado decreto se establece que fue emitido el treinta de diciembre de dos mil cuatro, el mismo fue publicado hasta el veinte de enero del presente año, lo cual trae como consecuencia que dicho acto esté afectado de invalidez, por no haber sido publicado oportunamente, específicamente, el día treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro conjuntamente con el presupuesto de egresos del Estado de Baja California, el cual aparece en la segunda sección del periódico oficial publicado en la fecha referida, asimismo por no haberse ajustado a los lineamientos del proceso que para tal efecto debió observar el Congreso del Estado de Baja California en cuanto a la aprobación del mencionado presupuesto de egresos, a su publicación y notificación al Poder Judicial ahora actor, aclarando que mediante oficio dirigido al presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Baja California y signado por CC. Diputado Silvano Abarca Macklis e Iván Alonso Barbosa Ochoa, en su carácter de presidente y secretario respectivamente de la Comisión Permanente del Congreso del Estado de Baja California, de fecha once de febrero de dos mil cinco, recibido en esa misma fecha, se notificó al poder ahora demandante el dictamen número 62 emitido por la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Congreso del Estado, consecuentemente, debe declararse su invalidez ya que el poder demandado pretende con su publicación extemporánea darle efectos retroactivos al primero de enero del año en curso, ya que, se insiste, que llevó a cabo su publicación el día veinte de enero del presente año, sobre todo porque en el propio presupuesto de egresos para el Estado de Baja California, del cual forma parte del presupuesto de egresos del Poder Judicial del Estado, se establece que el mismo va a entrar en vigencia a partir del uno de enero de dos mil cinco, lo cual constituye una contravención a lo dispuesto por los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, pues vulnera las garantías de seguridad jurídica, legalidad y de la debida fundamentación y motivación que ya se le trata de dar efectos retroactivos a una norma en perjuicio del Poder Judicial del Estado de Baja California, sin haberse observado las leyes del procedimiento y sin haberse fundado y motivado dicho acto.

"Para el efecto de mayor claridad a lo señalado en el párrafo anterior se transcribe el artículo 30 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Baja California:

"‘Artículo 30. Al aprobarse el presupuesto de egresos por el Congreso del Estado o por los Ayuntamientos, según corresponda, se remitirá al Ejecutivo Estatal para efectos de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

"‘La publicación del presupuesto de egresos tanto del Gobierno del Estado, incluyendo a cada uno de los poderes que lo integran, como de los Ayuntamientos, deberá comprender el desglose a nivel de ramos, programas y partidas. Consecuentemente, también deberán de cumplir con el mismo requisito de publicación de su presupuesto de egresos, los organismos dotados de autonomía que reciben subsidio oficial.’

"Del precepto antes transcrito, se desprende que la vigencia del presupuesto de egresos para el Estado de Baja California tiene una vigencia de un año, es decir, que su periodo de vigencia inicia el uno de enero y concluye el treinta y uno de diciembre del año que corresponda, en tal virtud es inconcuso que el presupuesto de egresos del año que se trate deberá ser aprobado y publicado a más tardar el treinta y uno de enero, resultando pertinente señalar que en el caso que nos ocupa sólo se publicó el treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, la cantidad global que se aprobó respecto del presupuesto de egresos del Poder Judicial ahora actor y posteriormente y en forma extemporánea se publicó el veinte de enero del año en curso, el presupuesto de egresos referido en forma completa, es decir, estableciendo la cantidad global y el desglose por partidas, ramos y cantidades reiterándose que fue en forma indebida, ya que debió haberse publicado el treinta y uno de diciembre del año próximo pasado, como lo hizo inclusive en cuanto al Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, por lo que deberá declararse la invalidez del decreto en mención.

"b) El Congreso del Estado de Baja California al emitir el decreto, de fecha treinta de diciembre de dos mil cuatro, el cual fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el día veinte de enero de dos mil cinco, mediante el cual no sólo modifica y/o altera el presupuesto que se le había presentado para su aprobación, sino que al grado de reasignar recursos que según establece en el dictamen 62, emitido por su Comisión de Hacienda y Presupuestos, el cual sirve de base para dicho decreto, es para reflejar austeridad y racionalización del gasto público, siendo entre otros los siguientes: 1. Excluir en todos los grupos de gasto el recurso presupuestado para la operación de dos nuevas Salas de justicia; 2. Eliminar el incremento en las percepciones de Magistrados, consejeros y demás personal jurisdiccional y de confianza hasta el nivel de jefe de departamento, ajustándolas al nivel que mantenían en 2004; 3. Eliminar el pago de prima vacacional para Magistrados y consejeros; 4. Ajustar el pago de gratificación de fin de año a Magistrados y consejeros a un máximo de treinta días; 5. Eliminar las percepciones adicionales del Juez y Magistrado que integran el Consejo de la Judicatura; 6. Ajustar las partidas de 30301 asesoría; 30606 propaganda institucional; 30701 pasajes; 30702 viáticos; y 30803 recepciones y celebraciones varias a un importe similar al cierre del ejercicio de 2004; 7. Excluir el pago de pasajes a familiares o amigos de Magistrados, en caso de viajes; 8. Eliminar los recursos para la adquisición de equipo de transporte; 9. Ajustar las partidas de previsión para aumento salarial del grupo 10000; 10. Eliminar el recurso destinado para el pago de seguros de vida y gastos médicos para Magistrados, consejeros y demás personal jurisdiccional y de confianza hasta el nivel de jefe de departamento, afectando las partidas 10214 seguros de vida y 10244 servicios médicos; viola el principio de división de los Poderes Locales y la autonomía del Poder Judicial del Estado de Baja California, lo cual se encuentra establecido el artículo 116, fracción III, párrafo segundo, de la Constitución Federal y los artículos 11, párrafo segundo, 57, 65, párrafo último y 90 de la Constitución Local del Estado de Baja California, ya que se excede en sus facultades el citado Congreso, cuenta habida que no sólo se limita a establecer un techo financiero al Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Baja California, para el ejercicio fiscal de 2005, en la cantidad de $366'822,393.00 (trescientos sesenta y seis millones ochocientos veintidós mil trescientos noventa y tres pesos 00/100 moneda nacional), sino que llega al grado de establecer la forma en que se debe distribuir dicho presupuesto por partidas, rubros, ramos y cantidades haciendo ajustes, exclusiones y eliminaciones de ramos y partidas, lo cual en forma evidente constituye una intromisión en el referido Poder Judicial y con tal actitud pretende que exista una dependencia de dicho poder con el Poder Legislativo, pues invade en forma indebida la esfera competencial del mismo, en virtud que en el citado dictamen pretende realizar funciones que constitucional y legalmente no le corresponden, esto es, ejercer un presupuesto aprobado a un poder diverso al legislativo; cabe aclarar que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 57 y 63 de la Constitución Política del Estado de Baja California y de la fracción XXV del artículo 168 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California, al órgano del Poder Judicial del Estado que le corresponde ejercer el presupuesto de egresos del citado poder es el Consejo de la Judicatura del Estado, por lo que en tales circunstancias resulta indebido el proceder del Congreso Local demandado al determinar la forma en que se debe ejercer el mencionado presupuesto llegando al extremo de excluir, eliminar y ajustar montos y rubros respecto de las partidas del citado presupuesto de egresos, sin tomar en consideración que la mayoría de los rubros suprimidos se habían venido otorgando desde ejercicios anteriores y que eran derechos adquiridos para los funcionarios y empleados a los que se les había venido otorgando; además de dejar de tomar en consideración la reinstalación de diez Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, ordenada por los Tribunales Federales en relación de juicios de amparo que hicieron valer en forma oportuna por considerar que habían sido removidos incorrectamente, reinstalación que fue ordenada se llevara a cabo con los mismos emolumentos, términos, condiciones y prestaciones que lo venía desempeñando, lo cual desde luego sería imposible en caso de que quede firme la ilegal determinación del Congreso del Estado de Baja California en el sentido de ajustar, excluir y eliminar partidas y ramos como se señaló con antelación.

"Para el efecto de mayor claridad a lo señalado en el párrafo anterior se transcriben en sus partes conducentes los artículos 57 y 64 de la Constitución Política del Estado de Baja California y las fracciones XIII y XXV del artículo 168 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California:

"Artículo 57 de la Constitución Local. ‘El Poder Judicial del Estado ejercerá por el Tribunal Superior de Justicia, Tribunal de Justicia Electoral, juzgados de primera instancia, Juzgados de Paz y jurados.

"‘Contará con un Consejo de la Judicatura, el cual ejercerá funciones de vigilancia, disciplina, supervisión y administración.

"‘La representación del Poder Judicial estará a cargo del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, el cual se elegirá y desempeñará sus funciones en los términos y por el periodo que la ley señale.

"‘La ley garantizará la independencia de los Magistrados, consejeros y Jueces en el ejercicio de sus funciones, así como la plena ejecución de sus resoluciones.

"‘Corresponde al Tribunal de Justicia Electoral como máxima autoridad jurisdiccional electoral estatal y órgano especializado del Poder Judicial garantizar el cumplimiento del principio de legalidad de los actos y resoluciones electorales.

"‘La remuneración de los Magistrados del Poder Judicial a excepción de los Magistrados electorales, así como de los Jueces de primera instancia, Jueces de Paz y consejeros de la Judicatura del Estado, no podrán ser disminuidos durante su gestión.’

"Artículo 64 de la Constitución Local. ‘Las funciones de la vigilancia, administración, supervisión y disciplina del Poder Judicial del Estado, excluyendo las facultades jurisdiccionales de Magistrados y Jueces, estará a cargo del Consejo de la Judicatura en los términos que establezcan las leyes conforme a las bases que señale esta Constitución ...’

"Artículo 90 de la Constitución Local. ‘... Para garantizar la independencia económica del Poder Judicial, contará con presupuesto propio, el que administrará y ejercerá en los términos que fijen las leyes respectivas. Éste no podrá ser inferior al aprobado por el Congreso para el ejercicio anual anterior. ...’

"Artículo 168 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California. ‘Son atribuciones del Consejo de la Judicatura del Estado. ... XIII. Formular anualmente el proyecto de presupuesto de egresos del Poder Judicial y someterlo al Ejecutivo del Estado para su remisión y aprobación en su caso al Congreso del Estado. ... XXV. Ejercer el presupuesto de egresos del Poder Judicial del Estado, relativo a la administración de justicia.’

"El Consejo de la Judicatura cumplió con formular el proyecto de presupuesto conforme a las necesidades del Poder Judicial, sin embargo, el Poder Legislativo de Baja California no lo aportó en los términos solicitados y fue más allá de sus facultades cuando lejos de aprobarlo disminuyó y en unos casos hasta suprimió el monto de algunas partidas y rubros entre ellas las referidas a pago de aguinaldos, seguros de gastos médicos y primas vacacionales cuyos montos no pueden ser disminuidos atento a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 57 de la Constitución Política del Estado de Baja California.

"Cabe mencionar que en virtud de diversas sentencias de amparos se concedió a todos y cada uno de los promoventes (actuales Magistrados reinstalados) la protección de la Justicia Federal y se resolvió su reinstalación con derecho al pago de todas y cada una de sus prestaciones, dentro de los cuales se incluyera los pagos de aguinaldos de 60 días al año, primas vacacionales, seguros de gastos médicos y de vida.

"Resultan aplicables las tesis de jurisprudencia sustentadas por el Pleno de esa H. Suprema Corte de Justicia, que a continuación se transcriben:

"‘DIVISIÓN DE PODERES. PARA EVITAR LA VULNERACIÓN A ESTE PRINCIPIO EXISTEN PROHIBICIONES IMPLÍCITAS REFERIDAS A LA NO INTROMISIÓN, A LA NO DEPENDENCIA Y A LA NO SUBORDINACIÓN ENTRE LOS PODERES PÚBLICOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.’ (se transcribe su texto).

"‘DIVISIÓN DE PODERES. PARA EVITAR LA VULNERACIÓN A ESTE PRINCIPIO EXISTEN PROHIBICIONES IMPLÍCITAS REFERIDAS A LA NO INTROMISIÓN, A LA NO DEPENDENCIA Y A LA NO SUBORDINACIÓN ENTRE LOS PODERES PÚBLICOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.’ (se transcribe su texto).

"‘PODERES JUDICIALES LOCALES. CONDICIONES NECESARIAS PARA QUE SE ACTUALICE LA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES EN PERJUICIO DE AQUÉLLOS.’ (se transcribe su texto).

"‘PODERES JUDICIALES LOCALES. LA LIMITACIÓN DE SU AUTONOMÍA EN LA GESTIÓN PRESUPUESTAL IMPLICA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES.’ (se transcribe su texto).

"‘PODERES JUDICIALES LOCALES. LA VULNERACIÓN A SU AUTONOMÍA O A SU INDEPENDENCIA IMPLICA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES.’ (se transcribe su texto).

"Asimismo, le solicito a la H. Suprema Corte de Justicia que al momento de analizar los conceptos de invalidez que se hacen valer, tome en consideración el criterio contenido en la tesis de jurisprudencia que a continuación se transcribe:

"‘CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL CONTROL DE LA REGULARIDAD CONSTITUCIONAL A CARGO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, AUTORIZA EL EXAMEN DE TODO TIPO DE VIOLACIONES A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.’ (se transcribe su texto).

"Por otra parte, se señala que la presente controversia se promueve dentro del término previsto por el artículo 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, toda vez que los actos cuya invalidez se demandan fueron publicados el día veinte de enero de dos mil cinco, en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, consistente en el presupuesto de egresos para el Estado de Baja California, completo y correspondiente al ejercido fiscal de dos mil cinco, resultando aplicable en sentido contrario la siguiente tesis de jurisprudencia sustentada por esa H. Suprema Corte de Justicia:

"‘CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA UN DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS QUE NO HA SIDO PROMULGADO NI PUBLICADO.’." (se transcribe su texto).

CUARTO. Por acuerdo de cuatro de marzo de dos mil cinco, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que correspondió el número 19/2005 y, por razón de turno, designó como instructor al Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia.

QUINTO. Por auto de cuatro de marzo de dos mil cinco, el Ministro instructor admitió la demanda de controversia constitucional; ordenó emplazar a la autoridad demandada para que formulara su contestación y dar vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.

SEXTO. El Poder Legislativo del Estado de Baja California, dio contestación a la demanda en los siguientes términos:

"Se niega la procedencia de invalidez de los actos que se reclaman a esta autoridad, toda vez que los mismos fueron emitidos acorde a las facultades que expresamente la Constitución Política del Estado de Baja California reserva al Congreso del Estado, depositario del Poder Legislativo Local, siguiendo los lineamientos estable

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19457-c353a848/autonomia-de-la-gestion-presupuestal-de-los-poderes · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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