CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE SOBRESEERSE EN ELLA, AL ACTUALIZARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 19, FRACCIÓN VI, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CUANDO SE IMPUGNA UN ACTO DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO QUE FORMALMENTE NO HA INICIADO. PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. SU TITULAR CARECE DE FACULTADES PARA MODIFICAR EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL PODER JUDICIAL LOCAL, CONFORME AL ARTÍCULO 22, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA. PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2006. EL DECRETO 174 QUE LO CONTIENE, AL MODIFICAR LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES DESTINADAS A LAS REMUNERACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE JUECES Y MAGISTRADOS TRANSGREDE LA FRACCIÓN III, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL ARTÍCULO 116 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y EL NUMERAL 57 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 42/2006. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.
MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.
SECRETARIO: ALFREDO VILLEDA AYALA.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintidós de agosto de dos mil seis.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por escrito presentado el veinticuatro de febrero de dos mil seis, ante la Administración de Correos del Servicio Postal Mexicano de la ciudad de Mexicali, Baja California, y recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el seis de marzo siguiente, Víctor Manuel Vásquez Fernández, en su carácter de presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Baja California, promovió controversia constitucional en la que señaló como órganos demandados y actos impugnados los siguientes:
Autoridades demandadas:
1. XVIII Legislatura Constitucional del Congreso del Estado de Baja California.
2. Gobernador Constitucional del Estado de Baja California.
Actos reclamados:
"A) Del Gobernador Constitucional del Estado de Baja California se demanda:
"a) La invalidez de la alteración y/o modificación, así como sus consecuencias jurídicas, llevadas a cabo dentro y durante el procedimiento para la elaboración del proyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal del año dos mil seis, correspondiente al Poder Judicial del Estado de Baja California y especialmente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, reduciendo la cuantía establecida en el mismo y remitiendo al Congreso del Estado de Baja California para su aprobación, en relación con el mencionado presupuesto del Tribunal Superior de Justicia, un presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal dos mil seis, que no fue representado por este Poder Estatal actor, ya que al modificarse por el Ejecutivo dejó de corresponder al proyecto de presupuesto aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado y remitido al Ejecutivo para que a su vez lo remitiera al Congreso del Estado.
"B) De la Legislatura Constitucional del Estado de Baja California se demanda:
"a) La invalidez del Decreto Número 174, cuyo texto es el siguiente:
"‘Primero. Se aprueba el presupuesto de egresos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, para el ejercicio fiscal correspondiente al periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2006, hasta por la cantidad de $397'963,242.00 (trescientos noventa y siete millones novecientos sesenta y tres mil doscientos cuarenta y dos pesos 00/100 moneda nacional) en la forma y términos del documento (anexo 1) que se adjunta al presente decreto y forma parte integrante del mismo.’
"Este decreto apareció publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California número 2, tomo CXIII, correspondiente al día trece de enero de dos mil seis.
"b) La invalidez del Dictamen Número 189 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Congreso del Estado de Baja California, aprobado por el Pleno de dicha legislatura en sesión ordinaria de fecha diecinueve de enero de dos mil seis, notificado mediante oficio al Poder Judicial del Estado, en fecha nueve de febrero de dos mil seis y publicado como Decreto Número 182 en el Periódico Oficial del Estado de Baja California de fecha 17 de febrero de 2006, cuya invalidez también se demanda.
"c) La invalidez del Dictamen Número 190 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Congreso del Estado de Baja California, aprobado por el Pleno de dicha legislatura en sesión ordinaria de fecha diecinueve de enero de dos mil seis. Este dictamen se notificó mediante oficio al Poder Judicial del Estado, en fecha treinta y uno de enero de dos mil seis. Y hasta esta fecha, no se tiene conocimiento de que se haya publicado como decreto en el Periódico Oficial del Estado.
"d) La invalidez del Dictamen Número 191 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Congreso del Estado de Baja California, aprobado por el Pleno de dicha legislatura en sesión ordinaria de fecha diecinueve de enero de dos mil seis, notificado mediante oficio al Poder Judicial del Estado, en fecha nueve de febrero de dos mil seis y publicado como Decreto Número 183 en el Periódico Oficial del Estado de Baja California de fecha 17 de febrero de 2006, cuya invalidez también se demanda."
SEGUNDO. En la demanda se mencionaron como preceptos constitucionales violados los siguientes:
"Artículos 16, párrafo primero, 17 y 116, fracción III, segundo párrafo y fracción IV, inciso c), de la Constitución General de la República; 11, párrafo segundo, 57 in fine, 65, párrafo último y 90, párrafo segundo, de la Constitución Política del Estado de Baja California."
TERCERO. El actor narró como antecedentes del caso los siguientes:
"Los hechos y abstenciones que me constan y que constituyen los antecedentes de los actos cuya invalidez se demanda, son los siguientes:
"1) Entre los meses de septiembre, octubre y parte del mes de noviembre del año próximo pasado (dos mil cinco) y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 65, último párrafo, de la Constitución Política del Estado de Baja California y 168, fracción XIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California, como órgano encargado de la administración del poder ahora actor, según dispone el primer párrafo del numeral 155 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California, procedió a la formulación del proyecto del presupuesto global de egresos del Poder Judicial para el ejercicio fiscal de dos mil cinco, (sic) que incluye al Tribunal Superior de Justicia y al Tribunal de Justicia Electoral del Estado.
"2) Ese presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal de dos mil cinco (sic), se proyectó hasta por un monto total de $650'599,473.00 (seiscientos cincuenta millones quinientos noventa y nueve mil cuatrocientos setenta y tres pesos 00/100 moneda nacional).
"3) En fecha dieciocho de noviembre de dos mil cinco, se remitió por parte del Consejo de la Judicatura al titular del Ejecutivo del Estado, el proyecto de presupuesto de ingresos para el Poder Judicial y del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, de conformidad con lo establecido en el artículo 22 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Baja California.
"4) A su vez, el representante del Poder Ejecutivo del Estado, en fecha primero de diciembre de dos mil cinco, remitió al Congreso del Estado, el proyecto de presupuesto para el Gobierno del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal de 2005 (sic) incluyendo anexo el proyecto de presupuesto de egresos para el Poder Judicial del Estado, con la observación, corrección, ajuste o disminución al presupuesto remitido, reduciéndolo a la cantidad de $394'975,303.77 (trescientos noventa y cuatro millones novecientos setenta y cinco mil trescientos tres pesos 77/100 moneda nacional).
"5) Luego, el treinta de diciembre de dos mil cinco, se publicó en el ejemplar del Periódico Oficial del Estado de Baja California, que se identifica con el número 59 del tomo CXII, el presupuesto de egresos para el Estado Baja California para el ejercicio fiscal del año dos mil seis, aunque únicamente la cantidad total conocida como ‘techo financiero’. Dentro de ese presupuesto se contiene el artículo 4o. que dice:
"‘El presupuesto de egresos del Poder Judicial, para el ejercicio fiscal correspondiente al periodo comprendido del primero de enero al 31 de diciembre de 2006, ascenderá a la cantidad de $404'592,254.77 (cuatrocientos cuatro millones quinientos noventa y dos mil doscientos cincuenta y cuatro pesos 77/100 M.N.), distribuidos como sigue:
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California $394'975,303.77
Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado de Baja California
$9'616,951.00
_____________
$404'592,254.77’
"6) Finalmente, con fecha trece de enero de dos mil seis, fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, el Decreto Número 174, emitido por la XVIII Legislatura Constitucional del Estado de Baja California, donde se contiene el presupuesto de egresos completo que se aprobó al Poder Judicial del Estado para el ejercicio fiscal del año dos mil seis, es decir, el monto total autorizado y no sólo el concepto conocido como ‘techo financiero’ (presupuesto bruto o global) publicado como se dijo en el antecedente retropróximo, el día treinta de diciembre de dos mil cinco, sino además, el desglose y distribución por partidas, rubros, conceptos y cantidades correspondientes, respecto a la forma en que debe aplicarse y distribuirse el presupuesto de egresos aprobado para el Poder Judicial del Estado de Baja California. Y es precisamente en este documento, donde a ciencia cierta este poder actor advierte el recorte, disminución y supresión de partidas por parte del Poder Legislativo que se traducen en una actuación violatoria del principio de división de poderes consagrado en la Constitución Federal."
CUARTO. Como conceptos de invalidez la parte actora adujo en el primer apartado del capítulo respectivo de la demanda, en síntesis, que el Poder Ejecutivo demandado carece de facultades para enviar al Poder Legislativo Estatal un presupuesto de egresos distinto del que le envió el Poder Judicial actor, ya que el primero, para esos efectos, es un mero intermediario entre los otros dos poderes.
En los conceptos de invalidez marcados como tercero y quinto, la parte actora expuso argumentos para demostrar la inconstitucionalidad de la aprobación de los Dictámenes 189 y 191 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Congreso del Estado de Baja California, ambos aprobados el diecinueve de enero de dos mil seis, que dieron lugar, respectivamente, a los Decretos 182 y 183 publicados en el Periódico Oficial de ese Estado el diecinueve de febrero siguiente.
En el concepto de invalidez marcado con el número cuatro se hicieron valer argumentos para impugnar la aprobación del Dictamen 190 también del Congreso mencionado, e igualmente aprobado el diecinueve de enero de dos mil seis, del cual no existe evidencia de que se hubiese publicado como decreto.
En relación con estos cinco actos reclamados en la demanda expresamente se menciona que se atacan, exclusivamente, por la orden que en ellos se contiene dada por el Congreso del Estado de Baja California para que se turnen los asuntos materia de los dictámenes y decretos a la Contraloría del Poder Judicial del Estado, a fin de que se delimiten y apliquen las responsabilidades administrativas que en su caso correspondan, y se informe en un plazo de sesenta días al propio Congreso sobre las medidas adoptadas, para los efectos legales conducentes, por presuntamente haberse ejercido recursos en las partidas presupuestales 30103, 10202 y 10244, respectivamente, sin que se tuviera disponibilidad presupuestal, incumpliéndose con lo previsto en los artículos 41 y 43, fracción II, primer párrafo, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Baja California.
Sin embargo, como ninguno de los tres Dictámenes (189, 190 y 191) y de los dos Decretos (182 y 183) será objeto de estudio de fondo, resulta innecesario transcribir o resumir los conceptos de invalidez que en contra de ellos se formulan.
En cambio, a continuación se reproduce el segundo de tales conceptos porque el mismo sí será objeto de análisis, en el que se afirma que la supresión de las partidas presupuestales destinadas al pago de gastos médicos y de seguro de vida de Jueces y Magistrados, viola el principio de inmutabilidad salarial previsto en la fracción III del artículo 116 constitucional y en el artículo 90 de la Constitución Política del Estado de Baja California:
"Segundo. Por otro lado, independientemente de los motivos expuestos con antelación para alcanzar la ineficacia del presupuesto de egresos del Poder Judicial del Estado de Baja California y muy especialmente del Tribunal Superior de Justicia de la misma entidad, también se reclaman por vicios propios a la Legislatura Constitucional del Estado, la constitucionalidad del Decreto Número 174, cuyo texto es el siguiente:
"‘Primero. Se aprueba el presupuesto de egresos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, para el ejercicio fiscal correspondiente al periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2006, hasta por la cantidad de $397'963,242.00 (trescientos noventa y siete millones novecientos sesenta y tres mil doscientos cuarenta y dos pesos 00/100 moneda nacional) en la forma y términos del documento (anexo 1) que se adjunta al presente decreto y forma parte integrante del mismo.’
"Este decreto apareció publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California de fecha trece de enero de dos mil seis.
"Los motivos que se tienen para integrar este punto de inconformidad son los siguientes.
"1. El Congreso del Estado demandado, violando el principio de autonomía e independencia (lo cual significa violar también el principio de división de poderes), del Poder Judicial y en especial del Tribunal Superior de Justicia, sin motivación legal, al aprobar el presupuesto de egresos para el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, mediante el Decreto Número 174 que apareció publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha trece de enero del año en curso, se reitera, sin tener causa justificada, suprimió de dicho presupuesto la partida conocida como ‘bienes muebles e inmuebles’ e identificada con el número de partida cincuenta mil (50000), que en su mayoría se refiere al equipamiento necesario del Tribunal Superior de Justicia para prestar su función de administrar justicia, pues aquí se incluyen los recursos necesarios para la adquisición de equipo de cómputo (computadoras, monitores, impresoras), mobiliario para oficina, equipo para oficina, entre otros.
"Al respecto, cabe señalar que la aprobación al presupuesto de egresos por parte del Congreso del Estado para el ejercicio fiscal del año dos mil cinco, sí contempló la inclusión en dicho presupuesto de esta partida cincuenta mil, denominada ‘bienes muebles e inmuebles’; en aquella ocasión, dicha partida alcanzó una cantidad equivalente a $3'151,304.00 (tres millones ciento cincuenta y un mil trescientos cuatro pesos 00/100 moneda nacional).
"En este orden de ideas, de conformidad con el párrafo segundo del artículo 90 de la Constitución Local, el Congreso del Estado no puede aprobar un presupuesto inferior al aprobado para el ejercicio anual inmediato anterior; o sea que, a la Legislatura Constitucional no le está permitido constitucionalmente hablando en el Estado de Baja California, que el presupuesto de egresos del año dos mil seis, resulte inferior al presupuesto de egresos aprobado para el año de dos mil cinco.
"Bajo esta temática, de primera mano podría pensarse que esta inconformidad carece de razón, por la sencilla razón de que en cantidad expresada en millones de pesos, el presupuesto de egresos de dos mil seis es mayor al presupuesto de egresos de dos mil cinco, pues mientras para el ejercicio fiscal de dos mil cinco, el Congreso del Estado aprobó una cantidad total de $366'822,393.00 millones de pesos (sic), para el año siguiente, es decir, este dos mil seis, aprobó la suma de $397'963,242.00 millones de pesos (sic); todo lo cual conduciría a creer en forma apresurada que no existe violación al apartado del artículo antes invocado.
"Sin embargo, el concepto de invalidez no está orientado en términos de lo antes mencionado. Por el contrario, la ilegalidad que se plantea pretende evidenciar desde otra perspectiva que el Congreso del Estado, al desaparecer la partida ya mencionada sí está aprobando un presupuesto inferior al del año próximo anterior, si no en cantidad de dinero, sí en cuanto al total de partidas (que resultan indispensables para el correcto y normal funcionamiento de la institución). Esto es, seguramente asignó mayor cantidad de recursos a otras partidas y con ello rebasó el total del presupuesto de egresos del año anterior (2005), pero ello no resulta justificación en derecho para desaparecer todo un grupo de partidas, cuando con antelación se habían venido reconociendo y al no existir en autos una causa legal que autorice dicha supresión de partidas, indudablemente que con esta actuación se irroga la correspondiente violación.
"En este punto es importante agregar, que ciertamente el Congreso del Estado, tiene facultades para modificar el presupuesto de egresos del Poder Judicial, donde se incluye el presupuesto de egresos del Tribunal Superior de Justicia, según se establece en el artículo 90, párrafo segundo in fine, de la Constitución Local, pero esa posibilidad se encuentra sujeta a que dicha modificación atienda a una causa fundada y motivada y en el caso, el dictamen que se tilda de inconstitucional no tiene ninguna justificación legal, pues el texto del dictamen y el anexo que contiene el desglose de las partidas se limita a señalar el monto del presupuesto y su detalle por partidas, pero no contiene ninguna fundamentación o motivación que respalde la modificación que sufrió ese presupuesto de egresos y menos una fundamentación o motivación de aquellas que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación denomina como reforzada.
"2. Alternativamente, el Congreso del Estado demandado, violando el principio de autonomía e independencia (lo cual significa violar también el principio de división de poderes), del Poder Judicial y en especial del Tribunal Superior de Justicia, sin motivación legal, al aprobar el presupuesto de egresos para el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, mediante el decreto número 174 que apareció publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha trece de enero del año en curso, reduciendo y suprimiendo partidas relacionadas a las remuneraciones en sentido amplio de Jueces y Magistrados, se reitera, sin tener causa justificada, conculcó en detrimento del Poder Judicial accionante por violación del artículo 116, fracción III, párrafo último, de la Constitución Federal y 11, párrafo segundo, 57, último párrafo y 90, párrafo segundo, todos de la Constitución Local, en la misma forma y términos que lo hizo el año próximo pasado, cuando aprobó el presupuesto de egresos de este poder para el ejercicio fiscal del año dos mil cinco, al disminuir y eliminar partidas del presupuesto de egresos que en primer lugar, se venían cubriendo o reconociendo en presupuestos anteriores y en segundo lugar, al vincularse con el concepto remuneraciones en sentido amplio de Jueces y Magistrados, éstas no debieron ser objeto de afectación alguna. De hecho, en contra de aquella determinación presupuestaria, este Poder Judicial también interpuso controversia constitucional (19/2005), la que en esta cuestión que se comenta, concluyó reconociendo la invalidez del presupuesto de egresos reclamado.
"La operancia de este concepto de impugnación, encuentra su punto de partida en el principio de división de poderes de las entidades federativas, que se encuentra contemplado en el artículo 116, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el caso del Estado de Baja California, en el artículo 11, párrafo segundo, del ordenamiento Constitucional Estatal, estos textos informan lo siguiente:
"‘Artículo 116 (párrafo primero). El poder público de los Estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo.’
"‘Artículo 11 (párrafo segundo). El Gobierno del Estado se divide para su ejercicio en tres poderes: el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, los cuales actúan separada y libremente, pero cooperando en forma armónica a la realización de los fines del Estado.’
"Estas disposiciones aseguran el ejercicio del poder público a través de los tres poderes reconocidos, prohibiendo que una sola persona tenga dos o más de estos poderes, lo que fortalece el principio de la división de poderes.
"Por ello, cuando uno de los tres poderes desconoce con sus actos la autonomía o independencia de otro poder, por vía de consecuencia está desconociendo el principio de división de poderes.
"En relación con esta temática, este Alto Tribunal al resolver diversas controversias constitucionales, ha considerado que de acuerdo al contenido del primer párrafo del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el poder de cada una de las entidades federativas debe estar dividido para su ejercicio entre tres poderes, de tal modo que ninguno pueda ejercer todo el Poder Estatal en su propio interés.
"Asimismo, ha establecido que la razón constitucional que inspira este principio coloca a cada uno de los poderes destinatarios de la norma en la obligación de respetar los mandatos prohibitivos que implícitamente contiene en el sentido de que no se extralimiten en el ejercicio del poder que les ha sido conferido.
"Bajo esta exposición, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que son tres las prohibiciones dirigidas a los poderes públicos de las entidades federativas, a fin de que respeten el principio de división de poderes, a saber, la no intromisión, la no dependencia y la no subordinación con respecto a los restantes.
"A manera de regla, explica el Supremo Tribunal, puede decirse que ninguno de los poderes públicos de los Estados de la Federación podrá realizar actos que den lugar a la intromisión, a la dependencia o a la subordinación de otro poder.
"La intromisión es el grado más elemental de la violación al principio de división de poderes, pues para actualizarse, basta con que uno de los poderes se inmiscuya o se entremeta en una cuestión que, por ser propia de otro, le sea ajena. La intromisión, empero, no implica que el poder que se entremete en los asuntos de otro, pueda incidir de manera determinante en la toma de decisiones o que genere algún tipo de sumisión o relación jerárquica. Este primer límite del principio de división de poderes resulta, podría decirse, leve, pues marca la frontera entre la violación y la no violación de tal principio.
"La dependencia conforma un segundo nivel de violación del principio de división de poderes, la cual representa un grado mayor de intromisión, puesto que implica la posibilidad de que el poder dominante impida al poder dependiente que tome decisiones o actúe autónomamente. La dependencia es, sin embargo, una situación contingente, pues, el poder dependiente puede verse obligado a cumplir las condiciones que el otro le imponga, pero tiene la opción de no tomar la decisión a fin de evitar la imposición.
"El término subordinación se traduce en el tercer y más grave nivel de violación al principio de división de poderes. La subordinación no sólo implica que el poder subordinado no pueda tomar autónomamente sus decisiones (como en la dependencia), sino que además debe someterse a la voluntad del poder subordinante. La diferencia con la dependencia es que mientras en ésta el poder dependiente puede optar por no tomar la decisión a fin de evitar la imposición por parte de otro poder, en la subordinación el poder subordinante no permite al subordinado ningún curso de acción distinto al que impone. Estas prohibiciones referidas a la no intromisión, no dependencia y no subordinación conforman, coloquialmente hablando, la columna vertebral del principio de división de poderes.
"Precisados los términos que la Suprema Corte de Justicia ha establecido para garantizar la plena vigencia del principio de división de poderes, es preciso recordar que el artículo 116 constitucional establece una serie de contenidos con el objeto de garantizar la autonomía y la independencia de los Poderes Judiciales Locales. Es decir, ha establecido las modalidades concretas respecto de las cuales no es posible admitir intromisiones, dependencias o subordinaciones por parte de un poder público respecto de otros.
"En lo que toca a la esfera reservada a los Poderes Judiciales de los Estados de manera específica se han previsto en la fracción III del artículo 116, principios que de conformidad con otro criterio jurisprudencial emitido por esta Suprema Corte de Justicia, implican la inamovilidad, la inmutabilidad salarial (que se refiere a la remuneración adecuada y no disminuible) y la carrera judicial de los juzgadores. Este criterio aparece en la tesis de jurisprudencia número 101/2000, aprobada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, correspondiente al mes de octubre de 2000, página 32, cuya voz y texto señalan:
"‘PODERES JUDICIALES DE LOS ESTADOS. MARCO JURÍDICO DE GARANTÍAS ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN III, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.’ (se transcribe).
"Lo antes dicho pone de manifiesto que dentro del principio de división de poderes, a fin de preservar la regularidad en el ejercicio de las atribuciones constitucionales establecidas a favor de cada uno de los poderes públicos, respetando diversos principios como son, el de no intromisión, no dependencia y no subordinación, también debe salvaguardarse otro principio en esta escala de valores, a saber, el principio de autonomía en la gestión presupuestal, que viene a constituir una condición necesaria para que los Poderes Judiciales Locales puedan ejercer sus funciones jurisdiccionales con plena independencia. De modo que, al resultar una circunstancia que condiciona la independencia judicial, la autonomía de la gestión presupuestal debe sumarse a la remuneración adecuada y no disminuible, carrera judicial e inmovilidad de los juzgadores, como principios fundamentales garantizados a través del artículo 116, fracción III, de la Constitución Federal.
"Por tanto, teniendo en cuenta que la autonomía de la gestión presupuestal tiene el carácter de principio fundamental de la independencia de los Poderes Judiciales Locales, es claro que no puede quedar sujeta a las limitaciones de otros poderes, pues ello conllevaría, como ya se dijo, a la violación del principio de división de poderes que garantiza el artículo 116 constitucional.
"Por su parte, también la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del de (sic) Baja California en la última parte del artículo 57, protege este principio de autonomía en la gestión presupuestal, la disposición es del tenor literal siguiente:
"‘Artículo 57 (último párrafo). La remuneración de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, la de los Magistrados del Tribunal de Justicia Electoral, así como de los Jueces de primera instancia, Jueces de Paz, Jurados y consejeros de la Judicatura del Estado, del Poder Judicial, no podrá ser disminuida durante el tiempo de su gestión.’
"Luego entonces, en mérito de todo lo que ha venido diciendo queda claro que el Congreso del Estado demandado al aprobar el dictamen número 174 que contiene el presupuesto de egresos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal del año dos mil seis, produjo una afectación directa al principio de autonomía en la gestión presupuestal del Poder Judicial del Estado de Baja California y, consecuentemente, al principio de división de poderes, toda vez que al haberse afectado, como consecuencia de las modificaciones realizadas por el Congreso Local al proyecto de presupuesto de egresos enviado por el presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura de Baja California, las partidas presupuestales relativas a la remuneración en sentido lato de Jueces y Magistrados, integrantes de dicho poder; se colocó al mismo en un estado de dependencia y subordinación con respecto al Poder Legislativo.
"En las anticipadas condiciones, se tiene por demás acreditado que la modificación emprendida por el Congreso demandado al presupuesto de egresos del Poder Judicial del Estado de Baja California y concretamente, al presupuesto de egresos del Tribunal Superior de Justicia del mismo Estado, sin duda representa una violación directa a lo establecido en el párrafo primero del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, párrafo segundo y último párrafo de la fracción III del mismo artículo y, último párrafo del artículo 57 de la Constitución Política del Estado de Baja California, que señalan que los Magistrados, consejeros y Jueces percibirán una remuneración adecuada e irrenunciable, la cual no podrá ser disminuida durante su encargo, en tanto que se eliminan y reducen partidas presupuestarias relativas a la remuneración que dichos servidores públicos habían estado percibiendo con anterioridad.
"Apoya lo anterior, la jurisprudencia que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, correspondiente al mes de septiembre de 2004, página 1187, cuyo rubro y texto dicen:
"‘PODERES JUDICIALES LOCALES. LA LIMITACIÓN DE SU AUTONOMÍA EN LA GESTIÓN PRESUPUESTAL IMPLICA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES.’ (se transcribe).
"Cabe señalar, que este Poder Judicial que ahora promueve, considera importante hacer notar que dentro del concepto de remuneraciones de Jueces y Magistrados no puede entenderse en sentido estricto, únicamente los emolumentos derivados como pago al concepto de salario, indudablemente que no esta acepción de remuneración abarca igualmente cualquier recurso reconocido a favor de Jueces y Magistrados, como son aquellos que se refieren a la seguridad social que todo trabajador tiene derecho a recibir, sea de base o de confianza; no se está hablando del concepto de salario total integrado, se está diciendo que si tradicionalmente, el presupuesto de eg
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19860-619d77f7/controversia-constitucional-debe-sobreseerse-en-ella-al-actualizarse · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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