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CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 160 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, QUE ESTABLECE QUE EN CASO DE AUSENCIA DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE LA ENTIDAD A LAS SESIONES QUE HUBIESE CONVOCADO CONFORME AL CALENDARIO ANUAL DE ACTIVIDADES COLEGIADAS APROBADO, ASÍ COMO A LAS SESIONES QUE HAYA CONVOCADO FUERA DE ÉSTE, SERÁ DESIGNADO PREVIA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL QUÓRUM Y POR MAYORÍA SIMPLE DE LOS MIEMBROS PRESENTES, UN CONSEJERO QUIEN SE ENCARGARÁ DE PRESIDIR LA REUNIÓN, DIRIGIR LOS DEBATES Y CONSERVAR EL ORDEN DURANTE EL TRANSCURSO DE LA SESIÓN, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 116 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 129/2006. · Registro digital (IUS): 20454
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Octubre de 2007, , Pág. 2841.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 129/2006. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

MINISTRO PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS.

SECRETARIA: MAURA ANGÉLICA SANABRIA MARTÍNEZ.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintitrés de agosto de dos mil siete.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por oficio presentado el catorce de agosto de dos mil seis, a través del Servicio Postal Mexicano, Víctor Manuel Vásquez Fernández, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California, promovió controversia constitucional, demandando la invalidez de los actos que a continuación se señalan, emitidos por las autoridades que se mencionan a continuación:

"II. La entidad, poder o poderes demandados. Los poderes demandados son: a) H. XVIII Legislatura Constitucional del Estado de Baja California, con domicilio ampliamente conocido en el edificio del Poder Legislativo del Estado de Baja California, sito en el centro cívico y comercial de esta ciudad de Mexicali, Baja California. b) Gobernador Constitucional del Estado de Baja California, con domicilio ampliamente conocido en el edificio del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, sito en el centro cívico y comercial de esta ciudad de Mexicali, Baja California. c) secretario general de Gobierno del Estado de Baja California, con domicilio ampliamente conocido en el edificio del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, sito en el centro cívico y comercial de esta ciudad de Mexicali, Baja California. d) Director del Periódico Oficial del Estado de Baja California, con domicilio ampliamente conocido en el sótano del edificio del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, sito en el centro cívico y comercial de esta ciudad de Mexicali, Baja California.". "IV. La norma general o actos cuya invalidez se demanda y el medio oficial mediante el cual se haya llevado a cabo la publicación. De las autoridades señaladas como demandadas, se reclama la invalidez de los siguientes actos: a) De la Legislatura Constitucional del Estado de Baja California, se demanda la invalidez de la aprobación del Decreto Número 203, mediante el que se aprobaron reformas a los artículos 157, 160 y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California, publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha 16 de junio de 2006. b) Del Gobernador Constitucional del Estado de Baja California, se demanda la promulgación del Decreto Número 203, mediante el que se aprobaron reformas a los artículos 157, 160 y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California, publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha 16 de junio de 2006. c) Del C. Secretario general de Gobierno del Estado de Baja California, se demanda la autorización del Decreto Número 203, mediante el que se aprobaron reformas a los artículos 157, 160 y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California, publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha 16 de junio de 2006. d) Del director del Periódico Oficial del Estado de Baja California, se demanda la publicación del Decreto Número 203, mediante el que se aprobaron reformas a los artículos 157, 160 y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California, publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha 16 de junio de 2006."

SEGUNDO. Los antecedentes del caso narrados en la demanda, son los siguientes:

"Único. En fecha 16 de junio de 2006, se publicó en el Periódico Oficial del Estado el Decreto Número 203, que contiene las reformas aprobadas por el Congreso del Estado a los artículos 157, 160 y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California."

TERCERO. En la demanda se señalaron como violados los artículos 116, fracción III, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 11, párrafo segundo, 57, párrafo quinto y 65, párrafo segundo, de la Constitución Política del Estado de Baja California, y se expresaron como conceptos de invalidez, los siguientes:

"VII. Los conceptos de invalidez. Único. Antes de iniciar el reclamo que sustenta este escrito de controversia constitucional, este Poder Judicial que ahora se inconforma, considera oportuno hacer notar que en la especie, únicamente se impugnan normas de carácter general (en contraposición a actos concretos de aplicación), por lo que la procedencia de esta inconformidad se rige por lo dispuesto en el artículo 21, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional ... Precisado lo anterior, en concepto de quien ahora se queja, el Decreto Número 203 que reformó los artículos 157, 160 y 163, todos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California, viola el principio de autonomía del Poder Judicial que represento, esta afirmación se sustenta en lo siguiente. Específicamente la reforma que produce esta invasión de atribuciones es la que se produjo con la adición de un párrafo tercero al artículo 160 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que se combate, pues a partir del día 16 de junio de 2006, fecha en que se publicaron las citadas reformas, se autoriza al Consejo de la Judicatura para designar en caso de ausencia del presidente del Tribunal Superior de Justicia (que también lo es del Consejo de la Judicatura por mandato constitucional), a uno de sus miembros quien por mayoría simple de los presentes asumirá el cargo de presidente del Consejo de la Judicatura por lo que se refiere a dicha sesión. Esta modificación aprobada por el Congreso del Estado, sin duda que resulta violatoria del principio de autonomía e independencia judicial, recogida a través del principio de división de poderes, cuya proyección en el ámbito de las atribuciones de las autoridades exige el respeto a la no intromisión, no dependencia y no subordinación entre cada una de las entidades, tal como reiteradamente lo ha venido sosteniendo esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se afirma lo anterior, porque en principio, la Constitución Política del Estado de Baja California en el artículo 65, párrafo segundo, con meridiana claridad establece que será el presidente del Tribunal Superior de Justicia, a su vez, presidente del Consejo de la Judicatura y que, además, tendrá voto de calidad en caso de empate; por lo que no resulta ajustado a derecho que ahora con la reforma que se tilda de inconstitucional, tácitamente se esté derogando esta disposición. Inconstitucionalidad que se palpa desde el momento en que la Ley Orgánica del Poder Judicial va más allá que la Constitución del Estado. Lo anterior además trasgrede el principio de división de poderes, pues con la reforma el Poder Legislativo vulnera la autonomía e independencia del Poder Judicial en los términos que ahora se comenta. Recordemos que el Poder Legislativo elige a tres de los siete consejeros del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado (artículo 65, párrafo segundo, de la Constitución Local), luego, ante la ausencia del presidente del Tribunal Superior de Justicia que también lo es del Consejo de la Judicatura, a una de las sesiones de este último cuerpo colegiado, podría acontecer que se nombrara como presidente aunque sea por esa ocasión a un consejero de aquellos que designó el Congreso del Estado y que no pertenecen al Poder Judicial, es decir, en caso de que no fuera ni el presidente del Tribunal Electoral, ni el Juez o Magistrado insaculado. Esta hipótesis que se plantea permitiría de alguna manera, que el Poder Legislativo a través de los consejeros que nombró se inmiscuyera en asuntos del Poder Judicial sin que tuvieran participación miembros de este poder. Lo que se afirma, implicaría reconocer simplemente a cualquier otro consejero que no ostenta el cargo de presidente del Tribunal Superior de Justicia, facultades que serían extralegales por no estar reconocidas en la ley; verbigracia, cualquier integrante del Consejo de la Judicatura (obviamente, que no fuera su presidente) podría ejercer las atribuciones a que se refiere el artículo 172 de la propia Ley Orgánica del Poder Judicial, que engloba las facultades del presidente del Consejo de la Judicatura, pudiendo por ejemplo, firmar resolución y acuerdos del Pleno del consejo, que bien podría interferir con la autonomía e independencia judicial de Jueces y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, que salvaguarda la Constitución Federal y Local en términos de los artículos 116 fracción III, párrafo segundo y 57, párrafo quinto, respectivamente. Por otro lado, esta reforma al artículo 160 de la Ley Orgánica del Poder Judicial con la inclusión de un párrafo tercero, también resulta incongruente con la propia codificación, pues el artículo 158 del ordenamiento en consulta, con claridad señala que el presidente del Consejo de la Judicatura será quien a sus vez, sea el presidente del Tribunal Superior de Justicia. Como sabemos, la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder Judicial están a cargo del Consejo de la Judicatura, luego, si se permite avalando la legalidad de esta reforma que otro integrante que no sea el presidente del Tribunal Superior de Justicia, pueda ejercer autoridad de mando como presidente del Consejo de la Judicatura, sin duda que so pretexto de esta prerrogativa, dicho presidente "sustituto o eventual", estará en facultades de incidir en la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial de todos los miembros del Poder Judicial, lo cual sería inadmisible porque ello ocurriría desatendiendo los principios de autonomía e independencia de que gozan Jueces y Magistrados del Poder Judicial, según estatuye el artículo 116, fracción III, párrafo segundo, de la Constitución Federal. En resumen, si la Constitución del Estado no admite excepción en cuanto a la persona que debe desempeñarse como presidente del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, pues al respecto únicamente reconoce como tal al presidente del Tribunal Superior de Justicia, queda claro que la reforma que aquí se combate, al permitir una excepción a lo anterior a través de la Ley Orgánica del Poder Judicial, resulta contraria a una norma de mayor jerarquía como lo es la Constitución Local al apartarse de ella, situación que por si sola debe alcanzar para invalidar la reforma en cuestión, independientemente de que, en su génesis la reforma desconoce el principio de división de poderes por atentar contra la autonomía e independencia de Jueces y Magistrados del Poder Judicial en los términos antes relatados."

CUARTO. Por acuerdo de veintitrés de agosto de dos mil seis, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo por presentada la demanda de mérito, ordenó formar y registrar el expediente relativo a la controversia constitucional, correspondiéndole el número 129/2006; y, por razón de turno, designó como instructor al Ministro Juan Díaz Romero.

Por auto del día veinticuatro del mismo mes y año el Ministro instructor tuvo por presentado al presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California, quien actúa en representación del Poder Judicial de la entidad, admitió la demanda de controversia constitucional, ordenó emplazar a las autoridades demandadas, y dar vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación corresponde.

QUINTO. Por oficio presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el día dieciséis de octubre del dos mil seis, el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Baja California y Titular del Poder Ejecutivo del mismo Estado dio contestación a la demanda, en los siguientes términos:

"... Capítulo correspondiente a la improcedencia de la demanda de controversia constitucional planteada.

"La controversia constitucional en que se actúa, es improcedente, por actualizarse la causal prevista en el artículo 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso numeral 21 del propio ordenamiento legal; en razón de que el acto que reclama la parte actora, constituye un acto tácitamente consentido. ... es incuestionable que la norma que supuestamente causa agravio a la actora, no es propiamente el párrafo tercero del artículo 160 en comento, sino el artículo 65 de la Constitución Local, ya que el procedimiento de elección de consejeros, por parte del Congreso del Estado, previsto en el citado numeral, en el cual la parte actora hace descansar su argumento relativo a la invasión de esferas fue consentido tácitamente, al no haber sido impugnado en los términos establecidos por el artículo 21 de la ley de la materia, circunstancia para la cual, deberá decretarse el sobreseimiento en la presente controversia, con fundamento en el artículo 20, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional.

"Apoyan los anteriores argumentos, las tesis que a continuación se transcriben:

"‘Novena Época

"‘Instancia: Pleno

"‘Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"‘Tomo: V, mayo de 1997

"‘Tesis: P./J. 29/97

"‘Página: 474

"‘CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. OPORTUNIDAD PARA PROMOVERLAS CUANDO SE IMPUGNEN NORMAS GENERALES.’ (se transcribe).

"‘Novena Época

"‘Instancia: Pleno

"‘Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"‘Tomo: III, junio de 1996

"‘Tesis: P./J. 32/96

"‘Página: 386

"‘CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO. CORRESPONDE ANALIZARLAS AL PLENO DE LA SUPREMA CORTE CUANDO NO SEAN MANIFIESTAS E INDUDABLES.’ (se transcribe).

"En los términos de los artículos 177 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 43 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta tesis es obligatoria para las Salas, Tribunales Unitarios y Colegiados de Circuito, Juzgados de Distrito, Tribunales Militares, Agrarios y Judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y administrativos y del trabajo, sean éstos federales o locales.

"‘Novena Época

"‘Instancia: Pleno

"‘Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"‘Tomo: III, junio de 1996

"‘Tesis: P./J. 31/96

"‘Página: 392

"‘CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. ORDEN PÚBLICO. TIENEN ESA NATURALEZA LAS DISPOSICIONES QUE PREVÉN LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO INSTITUIDO EN LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 CONSTITUCIONAL.’ (se transcribe).

"Contestación de los conceptos de invalidez:

"... Son infundados los planteamientos que, vía conceptos de invalidez, plantea el poder actor, toda vez que las reformas combatidas, no autorizan la intromisión del Poder Legislativo en el Poder Judicial, ni establecen facultades extralegales a favor de un diverso consejero distinto del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, eventos que se demostrarán a continuación.

"Previo a demostrar lo infundado de los argumentos que formuló la entidad actora, conviene precisar los siguientes asertos.

"El principio de división de poderes en nuestro país, se encuentra contenido en los artículos 40, 41, primer párrafo, 49, 115, primer párrafo, 116, primer párrafo, 122, primer párrafo y 124 de la Constitución Federal, los cuales respectivamente establecen: (se transcriben). De los preceptos transcritos se infiere, que el Estado mexicano fue conformado, por voluntad del pueblo, y para beneficio de éste, en forma republicana federal; asimismo, se desprende la existencia de cuatro órdenes jurídicos dentro del Estado mexicano; federal, local o estatal, del Distrito Federal y municipal; donde cada uno de ellos tiene competencias propias, que por lo general, son excluyentes entre sí, y cuentan con autonomía para su ejercicio.

"Concretamente, en el artículo 49 de la Constitución Federal, se estatuye la exigencia del equilibrio entre los distintos poderes del Estado y de las entidades federativas, a través de un sistema de pesos y contrapesos, tendiente a evitar la consolidación de un poder u órgano absoluto, capaz de producir una distorsión en el sistema de competencias previsto constitucionalmente a una afectación al principio democrático, a los derechos fundamentales, o a sus garantías.

"Así, de acuerdo a nuestra Constitución Federal, el Estado mexicano se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial; régimen bajo el cual se busca distribuir las funciones esenciales del Estado y con ello evitar la concentración de facultades en un solo órgano o individuo, a fin de impedir la conformación de un poder absoluto.

"Es indispensable aclarar que la función sustantiva de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, no es pura, sino que admite excepciones, las cuales se encuentran consignadas en la propia Constitución, y permiten a dichos poderes ejercer funciones que corresponden a la esfera de atribuciones de otro (verbigracia, el Poder Judicial ejerce funciones materialmente legislativas cuando expide acuerdos generales), de igual forma, nuestra Constitución admite la colaboración o coordinación entre poderes (verbigracia, el Poder Legislativo interviene en decisiones del Ejecutivo tales como nombramientos de funcionarios diplomáticos, nombramiento del procurador general de la República, etcétera).

"Opuesto al principio de división de poderes, se encuentra lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha denominado intromisión, injerencia y subordinación; las cuales ha definido como conductas violatorias del principio de división de poderes.

"Acorde a lo estipulado por el más Alto Tribunal de la Nación, la intromisión se produce cuando uno de los poderes interfiere en un asunto concerniente a otro; la dependencia impide, de manera antijurídica, tomar decisiones o realizar conductas de manera autónoma; y la subordinación, implica el sometimiento de uno de los poderes a otro.

"Tales reflexiones fueron establecidas en las tesis de jurisprudencia que a continuación se reproducen:

"‘Novena Época

"‘Instancia: Pleno

"‘Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"‘Tomo: XX, septiembre de 2004

"‘Tesis: P./J. 80/2004

"‘Página: 1122

"‘DIVISIÓN DE PODERES. PARA EVITAR LA VULNERACIÓN A ESTE PRINCIPIO EXISTEN PROHIBICIONES IMPLÍCITAS REFERIDAS A LA NO INTROMISIÓN, A LA NO DEPENDENCIA Y A LA NO SUBORDINACIÓN ENTRE LOS PODERES PÚBLICOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.’ (se transcribe).

"‘Novena Época

"‘Instancia: Pleno

"‘Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"‘Tomo: XX, septiembre de 2004

"‘Tesis: P./J. 81/2004

"‘Página: 1187

"‘PODERES JUDICIALES LOCALES. CONDICIONES NECESARIAS PARA QUE SE ACTUALICE LA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES EN PERJUICIO DE AQUÉLLOS.’ (se transcribe). Ahora bien, por lo que respecta a la materia de la presente controversia constitucional, aduce la parte actora, que la modificación aprobada por el Congreso del Estado al artículo 160 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California, la cual fue publicada en el Periódico Oficial del Estado el dieciséis de junio de dos mil seis, es violatoria del principio de autonomía e independencia judicial, recogido a su vez, del principio de división de poderes, cuya proyección en el ámbito de las atribuciones de las autoridades, exige el respeto a la no intromisión, no dependencia y no subordinación entre las entidades que constituyen los poderes públicos.

"En el caso específico, de la adición realizada al artículo en estudio, es indiscutible que en forma alguna se configuran los supuestos de intromisión, dependencia y subordinación entre las entidades públicas a que alude el poder actor, en virtud de que la indicada adición, no estatuye ni contempla alguna facultad nueva o extraordinaria a favor del Poder Legislativo o del Ejecutivo, en perjuicio del Poder Judicial; ni prevé disposición que permita una actuación antijurídica, en deterioro de la autonomía e independencia del Poder Judicial del Estado de Baja California.

"Contrario a lo que afirma la entidad actora, la reforma reclamada no autoriza intromisión, dependencia o subordinación en perjuicio de la esfera competencial del Poder Judicial del Estado, en razón de que no establece ninguna disposición que contenga una hipótesis en la cual se permita que los Poderes Legislativo o Ejecutivo se inmiscuyan en cuestiones que trastoquen la autonomía e independencia del Poder Judicial.

"El párrafo tercero del artículo 160 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California, cuya invalidez se demanda, se establece lo siguiente: (se transcribe). De la lectura del tercer párrafo impugnado, se advierte que solamente se autoriza que en caso de ausencia del presidente del Consejo de la Judicatura (y del Tribunal Superior de Justicia del Estado) que éste pueda ser sustituido por otro consejero, en una sesión previamente convocada, cuando se haya verificado quórum en dicha sesión, y sea designado por mayoría simple de los miembros presentes; tal sustitución obedece, como se desprende de la propia norma, al propósito razonable de dirigir debates y preservar el orden en el transcurso de la reunión.

"Como se indica, el supuesto normativo contenido en la adición cuya invalidez se demanda, tiene como único objeto el regular una situación eminentemente operacional, eventual y transitoria, que tiene que ver con el funcionamiento operativo del Pleno del Consejo de la Judicatura; tal como lo es una ausencia temporal de su presidente, lo cual, en modo alguno, implica o reconoce una figura nueva que estatuya un "presidente designado o interino", el cual haya sido autorizado para asumir atribuciones expresamente reservadas al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, tales como la representación legal del Poder Judicial del Estado de Baja California.

"Es incuestionable que la adición combatida no autoriza que el consejero designado para presidir la sesión, comparta las atribuciones propias y que de manera exclusiva pertenecen al presidente del Tribunal Superior de Justicia; tales como las consignadas en los artículos 57 y 65 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, los cuales, resulta necesario transcribir, en su parte de interés, a fin de ilustrar el anterior argumento (se transcriben). Los preceptos reproducidos establecen una atribución exclusiva del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, cuyo alcance no fue extendido a un diverso consejero, pues, como se precisó, el párrafo añadido al artículo 160, que aquí se combate, no autoriza al consejero designado, a asumir atribuciones legalmente reservadas al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado; esto es, el alcance de las facultades reservadas expresamente al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, no se amplían al consejero designado para presidir una sesión, por ausencia del presidente; sino que las premisas añadidas al artículo 160 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, únicamente se circunscriben a lo siguiente:

"Que el consejero designado presida una sesión en ausencia del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

"Dirija los debates; y,

"Se encargue de preservar el orden en la sesión.

"Ello significa que una vez agotada la sesión, cesan automáticamente las funciones del consejero designado para presidir tal evento; todo lo cual lleva a concluir, que no existe dualidad de funciones entre el consejero designado para presidir la sesión, con las atribuciones concedidas previamente y de manera exclusiva por la ley y la Constitución Local, al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado y del Consejo de la Judicatura; puesto que dichas atribuciones son de carácter unipersonal y pertenecen únicamente al presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California.

"Conforme a lo expresado, es inconcuso que la reforma cuya invalidez se demanda, no introdujo la facultad al consejero designado en ausencia del presidente del Tribunal Superior de Justicia, de compartir las atribuciones de éste, en virtud de que la norma combatida, deja intactas sus facultades, las cuales se encuentran específicamente tuteladas por la Constitución Local, la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y su reglamento interno.

"Los anteriores argumentos evidencian lo infundado del concepto de invalidez en estudio, por lo que procede declarar la validez de la reforma impugnada.

"Por otra parte, resulta inaceptable jurídicamente, el planteamiento vertido por la parte actora, relativo a que la reforma cuya invalidez se demanda, consiente en la invasión de esferas entre poderes, y que ésta se origina en la condición de que tres de los consejeros que integran el Pleno del Consejo de la Judicatura son designados por el Congreso del Estado, por lo que de ser elegido uno de ellos para presidir la reunión, se permitiría que el Poder Legislativo, a través de los consejeros que nombró, se inmiscuyera en asuntos propios del Poder Judicial del Estado.

"Es importante puntualizar, previo a demostrar lo infundado del anterior argumento, que el mecanismo consignado en el artículo 65 de la Constitución Local, que prevé la participación del Poder Legislativo en la elección de los consejeros, goza de plena vigencia, debido a que no ha sido declarado inválido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni forma parte de los actos cuya invalidez se demandan en la presente controversia constitucional.

"El artículo 65 en comento, establece literalmente lo siguiente: (se transcribe). Como se desprende del numeral reproducido, a fin de integrar el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, tres de los consejeros son elegidos por el Congreso del Estado, por mayoría calificada. Sin embargo, una vez concluido el procedimiento de selección y sean expedidos los nombramientos de los funcionarios elegidos por el Poder Legislativo, dichos servidores públicos, se integran plenamente al Poder Judicial del Estado, sin que exista en la ley o en la Constitución Local, un vínculo jurídico de jerarquía, mando, subordinación o pertenencia entre los consejeros elegidos y el Congreso del Estado.

"Ello es así, debido a que el procedimiento de selección no contempla una situación en que los servidores públicos se encuentren en tránsito de un poder a otro, ni se establece que los elegidos como consejeros sean miembros del Poder Legislativo; sino que tal como lo dispone el precepto constitucional en cita, las personas del Congreso del Estado elija como consejeros, deberán ser aquéllas que se hayan distinguido por su capacidad, honestidad y honorabilidad en el ejercicio de las actividades jurídicas y además, reunirlos requisitos que para ser Magistrados establece la ley; y, consecuentemente, no pertenecer o laborar en otra entidad o dependencia. La anterior consideración se robustece tomando en consideración que una vez integrados al Poder Judicial, los consejeros deben desarrollar su función conforme al principio de legalidad, lo que significa que las autoridades sólo pueden actuar conforme a la forma prevista y autorizada por las leyes que las crean y dan competencia; y, en el caso concreto, ni la Constitución Local, ni en los ordenamientos legales aplicables, establecen diferencias respecto del ámbito de atribuciones, obligaciones y facultades conferidas a los consejeros que integran el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, con independencia del mecanismo mediante el cual hayan sido electos; de todo lo cual se colige, que unos y otros sin diferencia alguna deben actuar de conformidad a lo establecido por la Constitución Local, la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y su reglamento interno, en estricto apego al principio de legalidad que estatuye que los autoridades sólo pueden hacer lo que les está permitido por un acto materialmente legislativo.

"Tal principio ha sido materia de estudio en diversos criterios emitidos por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, quienes han concluido lo siguiente:

"...

"‘PRINCIPIO DE DIVISIÓN FUNCIONAL DE PODERES. SUS CARACTERÍSTICAS.’ (se transcribe).

"‘Novena Época

"‘Instancia: Segunda Sala

"‘Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"‘Tomo: XIV, octubre de 2001

"‘Tesis: 2a. CXCVI/2001

"‘Página: 429

"‘AUTORIDADES INCOMPETENTES. SUS ACTOS NO PRODUCEN EFECTO ALGUNO.’ (se transcribe).

"‘Novena Época

"‘Instancia: Segunda Sala

"‘Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"‘Tomo: XXII, septiembre de 2005

"‘Tesis: 2a./J. 115/2005

"‘Página: 310

"‘COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA A PARTICULARES DEBE FUNDARSE EN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA, CITANDO EL APARTADO, FRACCIÓN, INCISO O SUBINCISO, Y EN CASO DE QUE NO LOS CONTENGA, SI SE TRATA DE UNA NORMA COMPLEJA, HABRÁ DE TRANSCRIBIRSE LA PARTE CORRESPONDIENTE.’ (se transcribe).

"Como se aprecia de las tesis reproducidas, es incuestionable que acorde al principio de legalidad, las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite; debido a lo cual, se evidencia que no existe la invasión de competencia aducida, en razón de que una vez que los funcionarios designados se integran al Consejo de la Judicatura, éstos sólo pueden obrar de conformidad a lo permitido por la Constitución Local, la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y su reglamento interno; y estas normas, en forma alguna autorizan la invasión de esferas que arguye la entidad actora.

"No obstante lo infundado de los planteamientos vertidos en la demanda de controversia constitucional, relativos a una supuesta invasión de esferas en perjuicio del Poder Judicial del Estado; cabe añadir, que la situación que

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20454-6418af47/controversia-constitucional-el-tercer-parrafo-del-articulo-160 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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